La Justicia recibió la denuncia el año pasado: Un oficial y dos subalternos de la Policía Nacional del Perú que allanaron un hospedaje donde se apropiaron de bienes y dinero en efectivo y, además, y exigieron dinero a extranjeros a cambio de su libertad, pasarán 18 meses en prisión preventiva, según lo dispuso hoy el Poder Judicial.
El caso le llegó a un representante del Ministerio Público en mayo del 2025. El noviembre del 2025 también se les investigó y se les intervino también por otro caso juntos a un coronel PNP y a otros cuatro suboficiales de la misma institución.
La fiscalía dispuso asimismo intervenir los teléfonos de los policías, revisar los videos de las cámaras de seguridad y confirmó la denuncia.
El alférez Junior Bryan Mauricio Kohatsu y los suboficiales Marcelo Alexander Benavides Masgo y Neil Eduardo Rafael Román son investigados por los delitos de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, y robo agravado en agravio de una ciudadana.
El oficial prestaba servicios en la comisaría de Chaclacayo, los otros dos en el Departamento de Investigación Criminal de San Martín de Porres.
De acuerdo a la denunciante (cuya identidad no se difundió para garantizar su seguridad) ellos habrían intervenido ilegalmente a extranjeros en un hospedaje, valiéndose del estado de emergencia decretado por el Gobierno, para luego pedirles dinero a cambio de su liberación.
Los policías investigados se habrían apropiado violentamente de fuertes sumas de dinero y bienes hallados en el inmueble, para luego intervenir a los ciudadanos que se encontraban dentro del hospedaje y trasladarlos a la sede del Depincri.
Los detalles que la denunciante dio al fiscal habrían sido confirmados por los videos y las escuchas telefónicas.
El alférez y los dos suboficiales habían sido detenidos junto a un coronel Marvin Sánchez y a los suboficiales Petter Llanca, Ronaldo Castillo, Julio Rayme y Miguel Egas por participar, en noviembre pasado, en la siembra de drogas y cobro de coimas.
El Fiscal Provincial Jorge Mauro García Juárez, precisó que los efectivos policiales involucrados habrían participado en la intervención de dos ciudadanos en Lurín, a quienes se les quitó su vehículo y luego los subieron a un patrullero, para después llevarlos a su sede policial, en el distrito de San Martín de Porres, donde intentaron sembrarles drogas y otras especies.
Ante la negativa de los ciudadanos por la detención y el presunto ‘sembrado’ de elementos ilícitos se habría producido un enfrentamiento entre ellos, siendo que el alférez Junior Mauricio, quien laboraba en esa Depincri, les dijo ‘que arreglen’ con Mervin Sánchez, quien en ese momento era el comandante y sería él quien habría pedido 3 mil soles para liberarlos.
Los ciudadanos intervenidos habrían aceptado pagar el dinero y luego uno de ellos procedió con denunciar los hechos ante las autoridades fiscales.
La última medida de 18 meses de prisión preventiva fue dispuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte (primer despacho) tras una investigación por los delitos de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la fu8nción policial y robo agravado.
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Juez Richard Concepción Carhuancho.
Resultados del operativo:
El restaurante chicharronería “Lupita” fue sancionado por no cumplir con los requisitos mínimos de calidad de agua establecidos en la normativa sanitaria vigente. Asimismo, se le aplicaron las sanciones correspondientes y se le otorgó un plazo para subsanar las observaciones detectadas, a fin de adecuarse a las disposiciones legales y garantizar condiciones seguras para el consumo humano.
El restaurante “Cocina con Fuego” no presentó irregularidades graves; sin embargo, se le dejaron recomendaciones preventivas orientadas a fortalecer la aplicación de los principios generales de higiene. Entre ellas, mejorar las prácticas de manipulación de alimentos, el mantenimiento de sus instalaciones y la capacitación continua de su personal en seguridad alimentaria, con la finalidad de garantizar una mejor calidad en el servicio y proteger la salud de los clientes.
El restaurante “El Huaralino” y el restaurante campestre “San Blas” fueron clausurados debido a que no contaban con los principios mínimos generales de higiene, situación que representa un riesgo directo para la salud pública. En ambos casos, se aplicaron las sanciones correspondientes y se les indicó que deberán corregir las deficiencias observadas para poder solicitar el levantamiento de la medida.
La Municipalidad Provincial de Huaral continuará realizando operativos de fiscalización e inspecciones sanitarias de manera permanente, exhortando a los propietarios de establecimientos comerciales a cumplir estrictamente con las normas de salubridad, en beneficio de la salud y el bienestar de toda la población.
ENFOQUE REAL 