Congresista que pidió citar a ministro por crisis de gas fue retirada de su comisión: acusa a Roberto Sánchez

Por Eber Trigoso

La congresista Katy Ugarte denunció que el vocero de la bancada de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, la retiró de la presidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso.

La parlamentaria señala que coincidentemente luego de que impulsara la citación del ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, por el desabastecimiento de gas natural.

Según la parlamentaria, la decisión se concretó durante el pleno del Congreso del jueves 5 de marzo, poco después de que promoviera que el titular del sector acudiera al Parlamento para explicar la crisis energética.

“Quiero mencionar y poner en conocimiento que el señor Roberto Sánchez me retiró de la Comisión de Defensa del Consumidor el jueves en el último pleno; por eso es que ya no citamos, ya no soy presidente de la comisión”, declaró en conversación con Expreso.

Ugarte explicó que antes de su salida había coordinado una reunión con el ministro para abordar el problema del gas natural. La sesión estaba prevista para el martes 10 de marzo.

La legisladora impulsó la convocatoria del titular de Energía y Minas con el fin de que informe sobre el desabastecimiento de gas natural que afecta a la población.

En cuanto a su relación política dentro del Parlamento, recordó que su grupo se incorporó a la bancada vinculada a Roberto Sánchez como parte del bloque magisterial.

“Él es dueño de su bancada y nosotros nos hemos adherido como bloque magisterial”, señaló.

Asimismo, indicó que intentó comunicarse con el líder de la agrupación para conocer los motivos de su retiro, pero no obtuvo respuesta, afirmando que lo llamó más de 10 veces.

La salida de Ugarte de la presidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor ocurre en medio de cuestionamientos al Ejecutivo por la crisis de abastecimiento de gas natural en el país.

Congresista Darwin Espinoza, en presunto estado de ebriedad, termina en comisaría tras agredir a ciudadano

Darwin Espinoza protagonizó un nuevo incidente público. El congresista de la bancada Podemos Perú se vio envuelto en un conflicto con un ciudadano, aparentemente bajo efectos de alcohol. Según un adelanto del programa ‘Beto a Saber’ de Willax, el ataque surgió tras un cuestionamiento relacionado con su labor parlamentaria.

El hecho culminó con la presencia de ambos en una comisaría, donde se observó al denunciante con signos de sangrado y una venda, mientras Espinoza permanecía junto a él, según las imágenes difundidas por el avance televisivo.

El legislador no se ha pronunciado oficialmente sobre la agresión. Sin embargo, fue captado participando en la sesión plenaria durante la votación de un dictamen que otorga beneficios de CTS y gratificación a trabajadores con contrato CAS.

Las imágenes completas del incidente se emitirán este jueves por la noche, mientras la opinión pública sigue atenta a la reacción del parlamentario ante este nuevo escándalo.

El congresista Darwin Espinoza golpeó a un ciudadano que le reclamó por su trabajo en el Parlamento.
El congresista Darwin Espinoza golpeó a un ciudadano que le reclamó por su trabajo en el Parlamento.

Antecedentes de Darwin Espinoza

Espinoza ya estuvo vinculado a investigaciones por presunta corrupción y tráfico de influencias, favoreciendo a empresarios pesqueros a cambio de sobornos, caso en el que también participó la empresaria Sada Goray, según reportes de Cuarto Poder.

Posteriormente, una pesquisa de Punto Final reveló que utilizó recursos del Congreso para promover la inscripción de su movimiento regional Adelante Áncash, incluyendo impresión de fichas de afiliación y almacenamiento de materiales en su despacho.

Se identificó que tres empleados contratados con fondos del Estado participaron en tareas de afiliación durante su horario laboral. Además, se detectó un elevado número de consultas al Reniec desde una cuenta vinculada al parlamentario, lo que llevó a su suspensión temporal.

Estas acciones han reavivado las críticas sobre la ética de Espinoza y la gestión de su oficina parlamentaria, en un contexto de supervisión constante por parte de medios y organismos.

En 2024, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra Espinoza y la legisladora Kira Alcarraz, también de Podemos Perú, bajo sospecha de intercambio de favores y beneficios indebidos.

Este seguimiento judicial se suma a las controversias previas del congresista, afectando su imagen pública y generando debates sobre su comportamiento tanto dentro como fuera del Congreso.

Congreso aprueba leyes de gasto para captar votos a un mes de las Elecciones 2026

El Congreso se juega sus últimas cartas para captar votos en las elecciones de 2026. Ayer, jueves 11 de marzo, desde el Legislativo se promovieron leyes de gasto para beneficiar a trabajadores CAS, personal militar y policial, nombramientos en EsSalud y una bonificación económica excepcional para los veteranos que combatieron el terrorismo.

En el caso de la Ley CAS, el Pleno aprobó —en segunda votación— el proyecto que pretende modificar el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) con la finalidad de que los trabajadores reciban gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Al respecto, el congresista de APP, Alejandro Soto, indicó que el régimen CAS cuenta con aproximadamente 348.750 trabajadores; sin embargo, no argumentó cómo se financiará el gasto, menos si se realizó un estudio para viabilizar la propuesta.

El Consejo Fiscal adelantó el impacto negativo de las propuestas que plantea el Congreso. Con respecto a la Ley CAS, el CF indicó que la iniciativa costaría 3.050 millones de soles anuales. S/2.000 millones corresponderían a gratificaciones y S/1.050 millones al pago de CTS.

Eso no fue todo. Ayer también el Pleno aprobó por insistencia la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que modifica el Decreto Legislativo N.° 1133, para el ordenamiento del régimen de pensiones del personal militar y policial.

Según mencionó el exministro Luis Miguel Castilla, la medida tiene un gasto de 3.800 millones de soles anuales, por lo que aprobar la propuesta observada es perjudicial.

«El caso de otorgarle gratificación y CTS a los trabajadores CAS significa un gasto de 3.050 millones de soles sin fuente de financiamiento. Esto es gasto permanente, a lo que se suma la insistencia de la autógrafa que le otorga, en buena medida, la cédula viva nuevamente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Esto suma 3.800 millones de soles», dijo Castilla.

«Entonces estamos hablando de más de 6.800 millones de soles de gasto rígido que se va sin financiamiento y que el Congreso irresponsablemente ha aprobado. Esto va a hacer mucho más difícil el cumplimiento de las reglas fiscales y dudo que el Ejecutivo tenga la capacidad de observar estas leyes», añadió el exministro.

CAS COVID y beneficio a licenciados veteranos

Pero no solo el CAS a trabajadores y el beneficio económico al servicio militar y policial sacó adelante el Congreso; Fernando Rospigliosi aprovechó la oportunidad para firmar la autógrafa de la ley que autoriza el nombramiento al régimen laboral 728 a trabajadores del EsSalud.

Sobre el tema, el Consejo Fiscal también adelantó un gasto de 944 millones de soles anuales que afectarían las finanzas públicas, por lo que se necesitan acciones urgentes para frenar su deterioro.

A ello se suma el proyecto de ley N.° 3385, que dispone un beneficio económico a los licenciados que cumplieron servicio militar obligatorio entre 1980 y 2000 en zonas declaradas en estado de emergencia.

 Alejandro Soto Reyes, participante también de esta medida, explicó que la norma dispone una bonificación económica de 1.130 soles mensuales, la cual será otorgada de manera progresiva, priorizando a los veteranos de mayor edad y a aquellos que presenten discapacidad permanente.

Al respecto, el exministro Castilla dijo que es presumible que la permisividad y la subordinación del Ejecutivo continúen, lo que podría marcar el inicio de un fuerte populismo legislativo de cara a las elecciones que se realizarán en un mes.

«Eso es lo que yo pienso, y creo que pueden venir más bombas fiscales como esta, que van a constreñir o reducir el espacio fiscal, es decir, la disponibilidad presupuestal del siguiente gobierno. Esto se suma a este desgobierno en materia económica propiciado por un Congreso prepotente y un Ejecutivo absolutamente permisivo. un párrafo digerible», sentenció Castilla.

Municipalidad Provincial de Huaral desarrolló la Tercera Sesión del Comité de Gestión Local para el Manejo Integrado de la Zona Marino Costera

La Municipalidad Provincial de Huaral, a través de la Gerencia de Gestión Ambiental, realizó la Tercera Sesión del Comité de Gestión Local para el Manejo Integrado de la Zona Marino Costera (ZMC) 🌊, espacio que reúne a diversas instituciones y actores comprometidos con la gestión y conservación del litoral de la provincia.

Durante esta sesión, los participantes trabajaron en la identificación y ajuste de los problemas ambientales presentes en la ZMC. Para ello, se partió de los problemas previamente identificados en la segunda sesión, a los cuales se sumaron las modificaciones y aportes enviados por las municipalidades de Chancay y Aucallama tras dicha reunión. Esta consolidación permitió que los miembros del comité evaluaran posibles mejoras, ajustes y precisiones a cada problemática.

Con la asistencia técnica de especialistas del Ministerio del Ambiente (MINAM) 🌱, se validaron y perfeccionaron los problemas ambientales identificados, asegurando que cumplan con los criterios necesarios y que estén enfocados en las problemáticas reales que afectan a la zona marino costera de la provincia de Huaral.

Este trabajo colaborativo sienta las bases para la formulación de estrategias y acciones orientadas a la gestión sostenible del ecosistema marino costero.

La Municipalidad Provincial de Huaral reafirma su compromiso de seguir promoviendo espacios de coordinación interinstitucional que contribuyan a la protección, conservación y manejo sostenible de la zona marino costera, en beneficio del medio ambiente y del desarrollo de la provincia.

Gobierno declara estado de emergencia en 10 regiones por peligro inminente ante intensas lluvias

El Gobierno oficializó este jueves la declaratoria de estado de emergencia en diversos distritos pertenecientes a diez regiones del país, debido al peligro inminente generado por las intensas precipitaciones pluviales proyectadas para los próximos meses.

La medida fue promulgada a través del Decreto Supremo N° 034-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, y lleva las firmas del presidente de la República, José María Balcázar, la jefa del Gabinete, Denisse Miralles, y diversos ministros de Estado.

Regiones en riesgo

La declaratoria de emergencia, calificada en el nivel 4, tendrá una vigencia de 60 días calendario y se aplicará en localidades específicas de las siguientes regiones:

  • Amazonas
  • Áncash
  • Apurímac
  • Ayacucho
  • Cajamarca
  • Junín
  • Lima
  • Moquegua
  • Pasco
  • San Martín

De acuerdo con la norma, la decisión se sustenta en informes técnicos emitidos por el Senamhi, el Cenepred y la Comisión Multisectorial del Fenómeno El Niño (ENFEN). Estas entidades advirtieron sobre los escenarios de riesgo climático para el periodo marzo-mayo de 2026, los cuales amenazan directamente la vida, la salud, la agricultura y la ganadería en las zonas expuestas.

Asimismo, el documento del Ejecutivo subraya que la capacidad de respuesta operativa y financiera de estos 10 gobiernos regionales es «insuficiente» para hacer frente a la magnitud del evento, lo que hace obligatoria la intervención técnica del Gobierno Nacional.

Plan de acción y financiamiento

Durante los próximos dos meses, las autoridades regionales y locales deberán ejecutar medidas inmediatas de reducción del riesgo, respuesta y rehabilitación. Estas labores contarán con el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la intervención de hasta 10 ministerios, entre ellos Salud, Defensa, Vivienda y Transportes.

Finalmente, el decreto precisa que la ejecución de todas las obras y acciones logísticas se financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Congreso aprobó interpelar al ministro de Transportes por contrato de la nueva Carretera Central

El Pleno del Congreso de la República aprobó la moción de interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Pietro Barreto, quien deberá responder un pliego de preguntas relacionado con el contrato de la nueva Carretera Central y otros temas vinculados al sector.

La decisión fue anunciada por el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, quien dio cuenta de la admisión de la moción de orden del día (21430), la cual solicita la presencia del titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para que responda sobre el proyecto de inversión de la nueva Carretera Central.

Según lo dispuesto por la presidencia del Parlamento, el ministro deberá acudir al Pleno el jueves 19 de marzo a las 15:00 horas para contestar las interrogantes formuladas por los legisladores.

El titular de Transportes deberá explicar por qué el 3 de febrero de 2026 se decidió resolver el contrato de asistencia técnica con la empresa francesa EGIS, que formaba parte del acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G) con Francia.

La decisión de separar a EGIS se basó en informes de la Defensoría del Pueblo que señalan que empresas vinculadas a este grupo económico están inhabilitadas por el Banco Mundial y el BID debido a prácticas fraudulentas o de corrupción en otros países.

Sin embargo, el Congreso criticó que el MTC no haya informado a tiempo a los gobiernos regionales sobre esta crisis contractual, lo que genera desconfianza y posibles demandas internacionales contra el Estado.