El Congreso de la República publicó hoy la Ley N° 31990, que modifica el Código Procesal Penal y limita la figura de la colaboración eficaz a un plazo máximo de ocho meses. La norma fue aprobada por insistencia en diciembre de 2023, pese a las observaciones del Ejecutivo.
La ley establece que el plazo para la colaboración eficaz, desde la solicitud hasta la celebración del acuerdo o su denegación, será de ocho meses. Este plazo puede ser prorrogado por cuatro meses más en casos justificados, y hasta por ocho meses adicionales en casos de crimen organizado.
El aspirante a colaborador eficaz está obligado a proporcionar toda la información relevante que posea, así como los medios para su corroboración. De no hacerlo, o de proporcionar información falsa, afectará la viabilidad del acuerdo.
El fiscal, por su parte, tiene el deber de proteger el secreto del proceso de colaboración eficaz y salvaguardar la identidad del aspirante.
Las diligencias de corroboración y la información obtenida podrán ser utilizadas en otros procesos, cautelando la identidad del declarante. El fiscal decidirá si aporta el testimonio del colaborador a juicio, reservando su identidad si existe riesgo para su vida.
Disposiciones finales
El Poder Ejecutivo tiene 30 días hábiles para adecuar el reglamento a la nueva ley. Los procesos de colaboración eficaz en trámite se regirán por los nuevos plazos, con el cómputo del plazo a partir de la entrada en vigor de la ley.
La norma fue suscrita por el presidente del Congreso, Alejandro Soto, y su primer vicepresidente, Arturo Alegría.
La Municipalidad Provincial de Huaral, a través de la subgerencia de Licencias y Comercio, en colaboración con la gerencia de Fiscalización y Control, llevó a cabo inspecciones de seguridad en edificaciones con nivel de riesgo muy alto a clínicas y policlínicos en nuestro distrito.
Las intervenciones tienen como objetivo garantizar la seguridad y bienestar de los pacientes en la ciudad de Huaral, por ello las visitas inopinadas se vienen realizando a los establecimientos de salud que aún tienen observaciones pendientes por subsanar.
El subgerente de Licencias y Comercio de la MPH, Dr. Carlos Colán, destacó que bajo las disposiciones del alcalde provincial, Fernando Cárdenas Sánchez, se busca que los establecimientos verificados, cumplan con los estándares de calidad establecidos por la normatividad vigente.
Durante la visita, que incluyó la Clínica San Andrés, y los Policlínicos Respimed y Peruano Japonés – Sakura, el equipo de inspectores verificó las instalaciones eléctricas, la señalización correcta enmarcados en la normativa de seguridad en edificaciones, además de revisar la documentación presentada por los administradores de los establecimientos.
Esta iniciativa refleja el compromiso de la Municipalidad Provincial de Huaral con la seguridad y el bienestar de la comunidad, garantizando que los centros de salud operen en condiciones óptimas para brindar atención a los ciudadanos.
Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo se vieron inmersos en un accidente de tránsito en Chiclayo. El hecho se produjo cerca del molino El Pirata, cuando los alumnos se transportaban en el auto de uno de ellos. El vehículo habría impactado contra un camión de grandes proporciones. Las víctimas cursaban el octavo ciclo de la carrera de Educación Secundaria con especialización en Ciencias Sociales. La tragedia se dio cuando se dirigían a sus viviendas tras asistir a sus clases en la noche del lunes. No era la primera que el grupo de amigos se trasladaban en tal vehículo.
Un amigo del grupo contó para La República que dos de ellos se encuentran en condición grave. Una de las víctimas se halla conectada a un respirador artificial, mientras que el conductor del automóvil en el que iban sufrió la fractura de ambas piernas. El chofer del camión se habría dado a la fuga. Los familiares solicitan ayuda económica, ya que la unidad pesada no contaba con SOAT. Los otros ocupantes del vehículo se encuentran recuperándose satisfactoriamente al recibir daños menores.
Los compañeros de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo piden justicia para capturar al conductor, así como también solicitan ayuda a la población para correr con los gastos de hospitalización de quienes se hallan con peor estado de salud.
¿Qué se sabe del accidente que involucró a alumnos de la Universidad Pedro Ruiz Gallo?
Los estudiantes del octavo ciclo de la carrera de Educación Secundaria sufrieron un accidente durante la noche del último lunes. A la altura del molino El Pirata, en la carretera Chiclayo-Lambayeque, el auto manejado por uno de los alumnos colisionó con un camión que circulaba con la zona. El chofer del vehículo pesado escapó del lugar y dejó su unidad en medio de la carretera.
Según el denunciante y amigo de los estudiantes de la universidad que se accidentaron, sus compañeros salían de clases, por lo que abordaron el automóvil de uno ellos para trasladarse a sus viviendas. Tras despedirse, tomaron la vía Chiclayo-Lambayeque, en donde minutos después ocurrió el siniestro. Cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital Regional de Lambayeque, mientras que el último está recuperándose en una clínica local.
El camión no contaba con SOAT y el chofer se dio a la fuga
Una de las amigas del grupo de alumnos accidentados de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo contó que, luego de la tragedia, el conductor del camión huyó del lugar. Ella mencionó que los familiares de la persona que se encuentra en coma están realizando fuertes gastos por la compra de medicinas, por lo que pidió ayuda para poder solventarlos y proveer con su recuperación. Asimismo, pidió la captura del chofer que se dio a la fuga.
Este jueves 21, durante una ceremonia por el quinto aniversario del Subsistema Nacional Subespecializado en Extinción de Dominio, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, alertó que el Congreso incluyó una contrarreforma en la bicameralidad que generaría impunidad en altos funcionarios que cuentan con antejuicio político.
«Se ha publicado esta ley de reforma constitucional y en el artículo 100, tercer párrafo, está hablando de la acusación a altos funcionarios. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación evalúa conforme a sus atribuciones el ejercicio de la acción penal ante la Corte Suprema», explicó el titular del Poder Judicial.
Y luego comparó con lo que disponía dicho artículo antes que el Congreso apruebe la bicameralidad. «¿Qué decía antes? En el caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días, el vocal supremo penal abre instrucción correspondiente», detalló.
Para contextualizar las declaraciones del magistrado Javier Arévalo, es necesario precisar que conforme al artículo 99 de la Constitución, los altos funcionarios cuentan con la prerrogativa del antejuicio político. Cuando el titular del Ministerio Público necesita formalizar la investigación preparatoria, primero presenta una denuncia constitucional ante el Congreso contra el funcionario imputado. El Pleno finalmente evalúa, debate y vota un informe final sobre esa acusación. De ser aprobado, el fiscal de la Nación queda facultado para formalizar la indagación y acusarlo ante la Corte Suprema.
Lo que ha trastocado el Congreso con su contrarreforma es que ahora el fiscal de la Nación, luego de que el Pleno apruebe una acusación constitucional, no está obligado a proceder con la acción penal en el plazo de cinco días, como antes lo señalaba la carta magna. Es decir, con base en su criterio, el jurista decidirá si procede ante la Corte Suprema.
Por eso, el titular del Poder Judicial enfatizó el problema que ha generado el Congreso con esta contrarreforma incluida en la bicameralidad y sus consecuencias. «Estamos dejando abierta la posibilidad que a futuro un fiscal politizado o una Corte Suprema politizada, que ve el tema de investigación preparatoria, pueda no procesar. Es un retroceso terrible en la lucha contra la corrupción de los altos funcionarios que se ha aprobado y que nadie se ha dado cuenta», advirtió.
¿Cómo favorece esta ley a los congresistas investigados?
En el caso de la suspendida Patricia Benavides, 14 congresistas están investigados por la fiscal suprema Delia Espinoza. Cuando ella decida formalizar indagación preparatoria deberá presentar denuncias constitucionales contra estos parlamentarios y será el Pleno la instancia final que evalúe la procedencia.
De recibir luz verde la acusación, el titular del Ministerio Público no estará sujeto a un plazo para proceder con la demanda ante la Corte Suprema. Es la trampa que incluyó el Congreso en la bicameralidad y que juega en pared con las pretensiones de blindaje.
La trampa incluida por el Congreso en la bicameralidad
Así estaba el artículo 100 de la Constitución antes de la bicameralidad
Andrea Luna confirmó que sufrió el robo de su camioneta cuando estaba estacionado en el frontis de una cafetería en Miraflores. Asimismo, dio a conocer que el delincuente le pidió hacer un pago para que le devuelva su vehículo y que este dinero debía ser entregado en un lugar de Lima Norte.
La actriz señaló que realizó la denuncia respectiva y que las autoridades ya están investigando las cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero de los delincuentes.
PIDEN JUSTICIA. Un repartidor de delivery fue brutalmente agredido en el distrito de Surquillo, en Lima, desencadenando un plantón de sus compañeros, que realizaron una protesta para exigir máxima sanción contra el sujeto que atacó a su compañero de labores.
El incidente, captado por una vecina, muestra a la víctima en el suelo y al agresor amenazándolo con una bicicleta. La víctima, Luis Briceño, relató que el ataque se produjo tras tocar repetidamente un timbre para entregar un pedido, lo que irritó al vecino, identificado como Danny Eduardo Cano Nolasco.
A pesar de que le avisó a su agresor que tenía heridas en el estómago producto de una reciente operación de colostomía, Briceño fue golpeado sin contemplaciones.
Producto de esta salvaje agresión, el repartidor motorizado terminó con una serie de contusiones, además presenta una obstrucción intestinal severa y hasta un tumor. En ese sentido, pidió ayuda económica para solventar los gastos de su tratamiento médico.
PIDEN CAPTURA DE AGRESOR
Cano Nolasco, con estudios en administración y gestión pública, ha sido denunciado y deberá presentarse ante la Fiscalía.
Según denunciaron, las autoridades no hacen absolutamente nada para identificar y capturar al responsable para que responda ante la justicia. En tal sentido, hicieron un llamado al Ministerio Público para que inicie una investigación de oficio sobre esta brutal agresión.
ENFOQUE REAL 