El proceso contra Alberto Fujimori como autor mediato de los crímenes de seis campesinos de Pativilca, se quebraría debido al cierre de la 4ta Sala Penal Superior Liquidadora que ve casos de derechos humanos, ordenada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que preside Javier Arévalo, para fines de julio.

El abogado de Aprodeh, Christian Huaylinos, que lleva el caso Pativilca, advirtió que con el cierre de dicho tribunal el juicio oral que empezó en diciembre del año pasado, tendría que reiniciarse. Explicó que por norma si se cambian dos jueces de un colegiado se quiebra el proceso, lo que ocurriría en este juicio porque lo verían tres nuevos magistrados.

«En este caso se cambiarían tres jueces porque es el cierre de toda la Sala, y señalan que los casos van a ser redistribuidos a otro colegiado, a otros jueces, y eso implica el quiebre del proceso porque es imposible que para julio se tenga una sentencia en este caso», explicó.

Precisó que en este momento la Sala, presidida por la jueza Miluska Cano, están tomándose las declaraciones de los integrantes del Destacamento militar Colina, pero faltan otras etapas, por lo que es imposible que en un mes se tenga un fallo.

Recordó que Vladimiro Montesinos y algunos miembros del grupo Colina se acogieron a la terminación anticipada.

Advirtió que el juicio volvería a fojas cero, con lo que se anularía todas las decisiones tomada por la Sala anterior, entre ellas la resolución del 2018 señalando que el juicio debía continuar porque el indulto que le otorgaron no aplicaba el derecho de gracia.

Sostuvo que la defensa de Fujimori volvería a pedir que lo separen del proceso por el indulto, lo que será evaluado por una nueva Sala, que no ha visto casos de derechos humanos.

«Si el nuevo colegiado decide aceptar el pedido se separaría a Fujimori del proceso y eso seria un daño irreparable», advirtió.

Por su parte, el abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), calificó la decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial como un grave retroceso, pues muchos casos se quebrarían o se tendría que apurar su culminación.

«Es una resolución tomada por unanimidad y nos ha dejado sin una Sala que vea casos de derechos humanos. Es un colegiado que tenía 15 años viendo estos temas. Prácticamente es el cierre del subsistema de derechos humanos, porque la resolución dice que a partir del 1 de agosto los expedientes que tenía esta Sala pasarán aleatoriamente a los demás colegiados, es decir, que irán a tribunales que ven delitos comunes», alertó.

Sostuvo que uno de los afectados es el juicio a efectivos de la Marina por la desaparición forzada del periodista de La República, Jaime Ayala Sulca, a quien representa, y otros pobladores de Huanta, así como los crímenes contra evangélicos en la comunidad de Callqui y las fosas con 50 cadáveres halladas en Pucayacu. Son hechos cometidos en 1984 en Huanta, Ayacucho.

Actualmente hay audiencias dos veces por semana, lo que se o tendrá que ampliar. Aún así, es demasiado apresurado dada la etapa en que está el caso.

«Está bien que se avance, que se incrementen las audiencias por semana, pero se afectará a los otros casos. Si hay tres o cuatro audiencias por semana por varias horas, le quitará horas a los otros, como el caso Luccmahuaycco», refirió.

En este momento en el proceso por las violaciones a derechos humano en Huanta se está terminando el debate de piezas procesales de los abogados de las víctimas, luego viene las piezas procesadas de la defensa de los acusados y del tercero civil responsable. También falta la requisitoria fiscal, los alegatos de todos los abogados y la defensa de los propios acusados. Cinco días después fijan fecha para dictar sentencia.

Esos son solo dos de los numerosos casos sobre violaciones a derechos humanos que siguen esperando justicia y que se verán afectados con la decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de desactivar la sala que ve casos de derechos humanos.