Por Jaime Toledo
La reciente decisión del Poder Judicial que prohíbe a Ositrán supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades del Puerto de Chancay ha generado un intenso debate jurídico y político en el país, especialmente por sus implicancias en materia de regulación, soberanía y control estatal de infraestructuras estratégicas.
Como es de conocimiento público, el Poder Judicial declaró fundada la acción de amparo presentada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. y ordenó que Ositrán se abstenga de ejercer funciones regulatorias sobre el terminal portuario.
El juzgado determinó que el Puerto de Chancay constituye una infraestructura de titularidad privada y de uso público, financiada íntegramente con capital privado y sin contrato de concesión estatal. En ese sentido, concluyó que no corresponde aplicar el régimen de regulación integral propio de infraestructuras concesionadas, ya que ello vulneraría los derechos constitucionales de propiedad, libertad de empresa y seguridad jurídica de la empresa demandante.
Asimismo, precisó que el carácter de “uso público” del puerto constituye únicamente una condición funcional del servicio y no habilita automáticamente la aplicación del marco jurídico previsto para puertos concesionados por el Estado.
La relevancia del Puerto de Chancay trasciende el ámbito local. El proyecto, que involucra capitales vinculados a la República Popular China, ha sido observado por el gobierno de Estados Unidos, que ha manifestado preocupación por la creciente presencia estratégica china en infraestructura portuaria de América Latina.
Desde sectores políticos y diplomáticos estadounidenses se ha advertido que el control de puertos estratégicos por empresas vinculadas al Estado chino podría tener implicancias geopolíticas, comerciales y de seguridad en la región. En ese contexto, la exclusión de Ositrán como ente supervisor podría interpretarse como un debilitamiento del rol regulador del Estado peruano en una infraestructura considerada estratégica para el comercio internacional.
Pese a la trascendencia del fallo, el alcalde del distrito de Chancay, Juan Álvarez Andrade, oportunamente no emitió un pronunciamiento claro respecto a si considera necesaria o no la intervención de OSITRÁN en la supervisión del puerto.
Esta mañana, en entrevista en Radio Programas del Perú, ante la pregunta directa del periodista Jorge Rodríguez:
¿ALCALDE, OSITRÁN DEBE ENCARGARSE DE LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUERTO DE CHANCAY…?
La respuesta del burgomaestre fue:
“CON OSITRÁN O SIN OSITRÁN, IGUAL ESTÁ SUPERVISADO, VIGILADO EL PUERTO DE CHANCAY…”
Una afirmación que ha sido considerada por diversos sectores como evasiva y carente de precisión jurídica. Más aún si se toma en cuenta que el alcalde no solo ostenta un cargo político, sino que también es abogado, por lo que podría haber emitido una opinión estrictamente técnica sobre la necesidad o no de supervisión estatal especializada.
El hecho de que el alcalde no haya cuestionado ni respaldado explícitamente la decisión judicial, sumado a su respuesta ambigua en medios de comunicación, ha despertado suspicacias en parte de la ciudadanía. Algunos sectores consideran que su postura evidenciaría conformidad con la exclusión de OSITRÁN y, en consecuencia, con un modelo de supervisión menos visible por parte del Estado.
Además, se le atribuye cierta afinidad política y discursiva con el proyecto impulsado por capitales chinos, lo que alimenta la percepción de que existiría una posición favorable a la consolidación de un esquema de gestión con menor injerencia regulatoria nacional.
UN DEBATE DE FONDO: REGULACIÓN Y SOBERANÍA
Más allá de posiciones individuales, el debate central gira en torno a una cuestión clave: ¿Debe el Estado peruano, a través de sus organismos reguladores, mantener facultades de supervisión sobre infraestructuras estratégicas de uso público, aun cuando sean de titularidad privada?
El Puerto de Chancay no es solo una inversión privada; es una plataforma logística con impacto nacional e internacional. La decisión judicial abre una discusión profunda sobre los límites del control estatal, la defensa de la soberanía económica y el equilibrio entre promoción de la inversión privada y tutela del interés público.
Mientras tanto, la ciudadanía de Chancay y el país entero esperan una postura clara de sus autoridades locales y nacionales frente a un tema que trasciende lo jurídico y se proyecta hacia el futuro geopolítico del Perú.
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