El domingo 5 de abril de 1992, el fallecido exdictador Alberto Fujimori ejecutó un quiebre del orden constitucional en el Perú. A través de un mensaje a la Nación difundido por televisión, anunció la disolución del Congreso de la República, la intervención del Poder Judicial, el Ministerio Público y otras instituciones del Estado. El hecho, conocido como “autogolpe”, marcó un punto de inflexión en la democracia del país y también para los medios de comunicación que sufrieron ataques a la libertad de expresión y fueron censurados.

Aquel episodio que Fujimori intentó justificar como una «reestructuración» de las instituciones del Estado dejó una huella imborrable en la historia del Perú.

Las acciones no se limitaron al anuncio. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tomaron el control de instituciones clave. Tanques y militares rodearon el Congreso, que quedó «temporalmente» cerrado. Los parlamentarios fueron impedidos de ingresar a la sede legislativa. Algunos políticos denunciaron persecución y allanamientos en sus domicilios. También se restringieron libertades civiles y se estableció control sobre medios de comunicación.

El cierre del Congreso implicó la ruptura del equilibrio de poderes establecido en la Constitución de 1979, vigente en ese momento. Fujimori asumió facultades extraordinarias mediante decretos ley. En los meses siguientes, gobernó sin Parlamento y consolidó un régimen de carácter autoritario, respaldado por el alto mando militar.

“Como presidente de la República he constatado directamente todas estas anomalías y me he decidido a tomar las siguientes trascendentales medidas: Primero, disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo que se aprobará mediante un plebiscito nacional», comenzó su mensaje el exdictador.

“Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Tercero, reestructurar la Contraloría General de la República», continuó Fujimori. Con el anuncio, Fujimori selló el inicio de una nueva dictadura en el Perú.

A 34 años del autogolpe de Alberto Fujimori: La República fue víctima del régimen fujimorista

Las Fuerzas Armadas tomaron canales de televisión, diarios y radioemisoras con la finalidad de evitar que se informe sobre la medida del régimen fujimorista. La República no fue la excepción.

Tras la intervención militar, el 6 de abril de ese año este diario sacó una edición histórica con varias páginas en blanco. En su portada se detallaron una por una las medidas dictadas por Fujimori, consideradas contrarias al orden democrático.

Los periodistas trabajaron bajo la amenaza de ser apresados y censurados por el régimen fujimorista. Luego del mensaje televisado del entonces presidente, efectivos militares ingresaron a la redacción de La República y afirmaron que su presencia buscaba impedir que la publicación “se desborde”.

Autogolpe del 5 de abril: comunidad internacional rechazó el régimen y violaciones a los DD. HH.

La comunidad internacional reaccionó con preocupación. La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el quiebre democrático y activó gestiones diplomáticas. Varios países suspendieron temporalmente su cooperación con el Perú. Sin embargo, la dictadura fujimorista mantuvo el control interno y avanzó en la reorganización del Estado.

En noviembre de 1992, se convocó a elecciones para un Congreso Constituyente Democrático (CCD). Este organismo tuvo la tarea de redactar una nueva Carta Magna. La Constitución de 1993 fue aprobada en referéndum y estableció un sistema unicameral, además de permitir la reelección presidencial inmediata, lo que facilitó la continuidad de Fujimori en el poder.

El régimen también fue cuestionado por violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción. Casos como las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), atribuidas al grupo Colina, fueron posteriormente investigados y condenados por el Poder Judicial. A finales de la década, la difusión de los “vladivideos”, que evidenciaban sobornos a políticos y empresarios por parte de Vladimiro Montesinos, asesor presidencial, precipitó la caída del gobierno.

En noviembre del 2000, Fujimori viajó a Asia y renunció a la presidencia vía fax desde Japón. El Congreso rechazó la renuncia y lo destituyó por “incapacidad moral permanente”. Años después, fue extraditado desde Chile y condenado a 25 años por violaciones a los derechos humanos y corrupción.