Chancay y Amazonía: riesgos y retos de la conectividad

El megapuerto de Chancay y su impacto en la Amazonía

La inauguración del megapuerto de Chancay a fines de 2024 ha sido presentada como un hito para la economía costera y una puerta de entrada para la carga brasileña hacia los mercados asiáticos. Sin embargo, la expansión de la conectividad vial terrestre necesaria para consolidar a Chancay como hub logístico plantea desafíos ambientales y sociales de gran magnitud para la Amazonía peruana.

Un estudio elaborado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la Universidad del Pacífico y Clark University, titulado “Desde Chancay a la Amazonía: panorama de expectativas, retos y oportunidades”, advierte que la infraestructura asociada al puerto podría provocar cambios territoriales, ambientales y sociales en la región amazónica. Entre los riesgos identificados se encuentran la pérdida de bosques, la proliferación de actividades extractivas ilícitas y la afectación de territorios indígenas.

Lecciones del pasado y riesgos actuales

César Gamboa, asesor senior de DAR, señala que el puerto de Chancay representa tanto una oportunidad como un reto para el país. “No se pueden sobreestimar los beneficios económicos ni subestimar los posibles impactos ambientales y sociales, especialmente considerando experiencias previas como la Carretera Interoceánica Sur”, advierte. La falta de previsión de impactos indirectos en el territorio amazónico ha facilitado en el pasado la presión sobre los bosques tropicales y el avance de la minería ilegal, como ocurrió en Madre de Dios.

El reporte destaca que la construcción de vías ha sido la segunda causa de deforestación en el Perú entre 2001 y 2019. En regiones como Loreto, Ucayali y San Martín, este factor ha contribuido significativamente a la pérdida de más de 1 millón 255 mil hectáreas de bosques, según el Programa Nacional de Conservación de Bosques.

Proyectos viales y amenazas a la Amazonía

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) propone una serie de obras viales complementarias, incluidas carreteras y ferrocarriles, para potenciar el megapuerto de Chancay. Sin embargo, el estudio advierte que la construcción de todas las vías proyectadas podría incrementar la deforestación, llegando a perderse alrededor de un millón de hectáreas adicionales en Loreto, Ucayali y San Martín hacia 2030.

Un caso emblemático es el proyecto de pavimentación del corredor vial Pucallpa–Nueva Italia–Sawawo–Breu, en Ucayali, que busca reforzar la conexión con Brasil. Esta vía atravesaría territorios habitados por pueblos indígenas, incluyendo la Reserva Indígena Murunahua, y afectaría a 48 localidades de comunidades amahuaca, asháninka, ashéninka, shipibo-konibo y yine. Además, cruzaría zonas de bosque primario y se superpondría a caminos abiertos ilegalmente por actividades extractivas, facilitando el avance de economías ilícitas como el narcotráfico y el tráfico de tierras.

Gobernanza y sostenibilidad: desafíos pendientes

Denisse Linares, líder del proyecto de DAR, enfatiza que las obras viales deben ir acompañadas de estrategias de seguridad y coordinación interinstitucional. “Se necesita presencia policial y coordinación con varios ministerios para evitar repetir errores de zonas como Madre de Dios y Ucayali, donde algunas vías han servido de corredor logístico para el tráfico de madera y el narcotráfico”, sostiene.

El estudio subraya la importancia de garantizar el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y aplicar criterios de sostenibilidad y enfoque intercultural en todas las etapas de los proyectos de infraestructura vial. Gamboa añade que el principal desafío no es frenar las oportunidades de crecimiento, sino fortalecer la gobernanza para que sea equitativa, participativa e inclusiva, promoviendo el diálogo multinivel, la transparencia y la rendición de cuentas.

PNP le alquila sus armas a narcotraficantes de la Amazonía, según medio español

Un documental realizado por el medio español RTVE reveló un grave hecho de corrupción que ocurre en el interior del país, específicamente en zonas críticas conocidas por la actividad de madereros ilegales y la producción de drogas.

Según pudieron conocer los periodistas extranjeros, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) estarían involucrados en el suministro de armas de fuego a grupos criminales dedicados al narcotráfico y la tala en la Amazonía peruana.

¿Los testigos de este hecho ilícito? Dos hombres que tenían cubierto el rostro, y quienes pertenecerían a una de las bandas que operan en esta parte del Perú, dieron a conocer ante la cadena española la forma en que se da el mencionado intercambio entre las organizaciones del bajo mundo y la Policía Nacional.

Diálogo

— Periodista: Ustedes tienen armas, claro.

—Testigo: Nos proveen a nosotros.

— Periodista: ¿Y quién les provee de armas?

— Testigo: (se ríe) La misma Policía

— Periodista: ¿La misma Policía les provee de armas?, ¿las compran ustedes?

— Testigo: No, te la alquilan.

En ese sentido, la periodista española les consulta cuál es su principal negocio en el mundo ilegal, a lo que los sujetos responden:

«Principalmente, la tala ilegal de madera, (que se consigue por) soborno a autoridades y también se coimea con los altos mandos».

De acuerdo a la versión de los entrevistados, dedicados a la extracción ilegal de madera, con la complicidad de las autoridades policiales, ellos pueden ejercer su actividad ilícita sin mayores problemas, lo que les permite producir alrededor de 200 millones de troncos en tan solo un año y, a su vez, con esto, financiar el otro negocio de la zona: el narcotráfico.

«(el narcotráfico) Es como pan caliente acá, estamos hablando de toneladas de cocaína, base, pasta, piedra, champán, whisky, vino (…) hay carteles bolivianos, peruanos, (pero los sobornados), en primer lugar, es la Policía. (ellos) Luego, lo venden, lo revenden», sentenciaron los testigos entrevistados por RTVE.

¿Quiénes le proporcionan madera a los narcotraficantes?

En cuanto a la distribución y obtención de este material, los sujetos aseguran que amenazan y sobornan a autoridades, altos mandos y hasta a las propias comunidades amazónicas, quienes incluso llegan a coludirse y reciben un porcentaje económico mediante este negocio ante la necesidad.

En tanto, conforme los especialistas consultados en el documental, una de las problemáticas de este asunto es la gran cantidad de hectáreas (22 millones ha) de tierras que no cuentan con títulos de propiedad. Esta situación representaría el acceso para que continúe la tala ilegal de madera.

» (…) Buenamente negociamos, pero si no quieren, ya pues. . . (el tema) es que todos tienen posición, más no tienen títulos», esboza uno de ellos.

El modus operandi de estas bandas criminales en la selva peruana, dedicadas a la invasión de terrenos para conseguir madera de manera ilegal, es tomar a la fuerza las tierras, quemarlas y después repartirlas a los suyos.

Si en caso los lugareños van y reclaman por su parte de tierra invadida, son amenazados de muerte con armas de fuego, las mismas que serían producto de la colusión entre la Policía Nacional del Perú con los narcotraficantes y madereros ilegales.

«7 días sin agua ni comida»: declaran estado de emergencia en la Amazonía de Perú por derrame de petróleo

El gobierno peruano declaró este lunes estado de emergencia en algunas zonas de la Amazonía, luego de que resultaran afectadas por un derrame de aproximadamente 2.500 barriles de petróleo procedentes del Oleoducto Norperuano, el pasasdo 16 de septiembre.

La medida, anunciada nueve días después del derrame y que regirá durante tres meses, pretende mitigar la contaminación ecológica, recuperar los ecosistemas y proteger la salud de las comunidades locales que se han visto fuertemente afectadas.

Se «ha evidenciado que, de un recorrido de 147,95 km (desde la quebrada Cuninico hasta el río Marañón), se ha afectado un área de 848.400 m2 de cuerpo de agua» y que en esas zonas además «se realiza pesca artesanal», según informó el Ministerio de Medio Ambiente en un comunicado.

Los recursos hídricos comprometidos son la principal fuente de abastecimiento de varias comunidades indígenas locales, por lo que la contaminación las ha dejado sin agua para atender sus necesidades básicas de alimentación y aseo.

«Vamos siete días y no tenemos ninguna novedad favorable a la comunidad por parte del Estado ni por parte de la empresa Petroperú, que solo ha entregado 50 cajas con agua. En Cuninico somos 272 familias, 50 cajas no nos alcanza (…) ¡Siete días sin agua ni comida! Se ha agotado toda la comida que hemos podido tener y ya no tenemos para las ollas comunes», dijo Galo Vásquez, líder de la comunidad Cuninico, en entrevista con un medio local.