Joven rapero muere por disparo durante protesta contra el gobierno de José Jerí

Las protestas contra el gobierno de transición de José Jerí terminaron en tragedia. Eduardo Ruiz Sáenz (32), rapero limeño conocido como “Trvko”, falleció tras recibir un disparo de arma de fuego durante los enfrentamientos registrados en la Plaza Francia, en el Centro de Lima. De acuerdo con testigos y periodistas, el proyectil habría sido disparado por un policía de civil en medio del operativo de control de las manifestaciones.

La Defensoría del Pueblo confirmó el deceso y exhortó al Ministerio del Interior a realizar una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades. Sin embargo, desde el Ejecutivo, el propio presidente José Jerí intentó inicialmente minimizar la gravedad de los hechos al afirmar que solo había “un civil herido”, pese a los reportes periodísticos que ya daban cuenta de siete víctimas por la represión policial.


La víctima: un músico de barrio y activista social

Ruiz Sáenz era un artista urbano del distrito de San Martín de Porres, conocido por sus letras críticas al poder y su activismo juvenil. La congresista Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, acudió al Hospital Loayza y confirmó el fallecimiento del joven tras recibir un impacto de bala en el tórax. En declaraciones públicas, Luque señaló que la Fiscalía ya tomó conocimiento del caso y se espera el inicio de las diligencias periciales y la revisión de videos de cámaras de seguridad en la zona.

El caso recuerda los episodios de represión vividos en las protestas de 2020 y 2022, donde el uso de armas letales por parte de la Policía Nacional fue ampliamente cuestionado por organismos internacionales.


El Gobierno promete investigación “conforme a ley”

Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, aseguró que ha dispuesto “de forma inmediata” la apertura de una investigación interna. “Que las pesquisas determinen con objetividad los hechos y responsabilidades”, señaló el titular del Interior. A su vez, un representante del Ministerio Público ya se encuentra en el hospital Arzobispo Loayza para levantar las primeras diligencias.

Por su parte, el presidente José Jerí Oré publicó un mensaje en redes sociales lamentando la muerte de Ruiz Sáenz y ofreciendo condolencias a su familia. Sin embargo, su pronunciamiento generó críticas por la falta de un reconocimiento claro del uso de la fuerza letal durante las protestas.


Escalada de tensión en Lima y regiones

La muerte de “Trvko” ha encendido una nueva ola de indignación. Diversas organizaciones sociales y colectivos culturales convocaron vigilias en Lima, Arequipa y Trujillo, exigiendo justicia y denunciando la represión policial. En tanto, la Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a garantizar el derecho a la protesta pacífica y evitar el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los efectivos de la PNP.

El caso marca un punto crítico para el gobierno de transición, que había prometido priorizar la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos. Ahora, la presión política y social recae sobre el ministro Tiburcio Orbezo, figura clave en la política de orden interno.

Paro nacional del 15 de octubre: Gremios de transporte informan que se brindará el servicio con normalidad

Gremios de transporte público negaron que paralizarán sus servicios durante la convocatoria a movilizaciones del miércoles 15 de octubre, por lo que el tránsito se da con normalidad.

No acatarán paro

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Cámara de Transporte Urbano, Corporación de Transporte Urbano de Lima y Callao, Conecsa Consorcio Empresarial del Callao S. A., Asociación Metropolitana de Empresas de Lima y Callao, Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, ASESTRACA y UGTRANM Perú informaron que presentarán con normalidad sus servicios. 

«Las empresas agremiadas que suscriben el presente comunicado han acordado por unanimidad prestar servicios normalmente el día 15 de octubre. En atención a ello, solicitamos que las autoridades, frente a las movilizaciones convocadas, brinden garantías para evitar daños a las unidades de transporte, al personal que opera el servicio y a los usuarios», indicaron. 

En la comunicación pública, manifiestan su respeto al derecho a la protesta pacífica, garantizada por la Constitución Política e hicieron un llamado a los organizadores de estas manifestaciones para que garanticen el derecho de la ciudadanía para que desarrollen sus labores con normalidad. En ese sentido, rechazaron el uso de la violencia, la imposición y el daño al patrimonio público y privado. 

Respecto a su decisión, expusieron que la misma fue tomada tras sostener reuniones con el presidente José Jerí, quien les manifestó su compromiso de enfrentar la criminalidad, especialmente la ola de extorsiones y sicariato, un problema que los aqueja desde hace más de un años. 

«Instamos al Poder Ejecutivo que asuma un real liderazgo, adopte medidas concretas y muestre resultados a la brevedad. Desde el primer paro convocado en septiembre del 2024, enarbolamos como única bandera, el derecho a la vida, por ello, marcamos distancia con los aprovechando estos momentos difíciles que vive el país, tratan de introducir reivindicaciones de carácter social», exhortaron. 

Finalmente, expresaron su confianza y esperanza en que las autoridades del Poder Ejecutivo y el Congreso de la República cumplan con los compromisos asumidas en las actas con relación a la lucha frontal y decidida contra la criminalidad. 

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PNP garantiza transito normal

En diálogo con Exitosa, el jefe de la Región Policial Lima, el General de la PNP Enrique Felipe Monroy, detalló que el sector de transportistas negó que acatarán el paro con la condición de que se brinden las garantías, por ello están ejecutando el Operativo Amanecer Seguro. 

Respecto al despliegue policial para las manifestaciones y movilizaciones hacia el Centro de Lima que se esperan en horas de la tarde, Felipe Monroy detalló que su plan es garantizar la protesta de la población.

En ese sentido, los gremios de transportistas anunciaron que no acatarán el paro de este miércoles 13 de octubre y pidieron garantías para brindar sus servicios. 

José Jerí tomó juramento a su gabinete ministerial tras más de 100 horas: Estos son todos los ministros que reemplazaron a los de Dina Boluarte

Luego de cuatro días de haber asumido la Presidencia de la República de forma interina, tras la destitución por vacancia de Dina Boluarte, José Jerí tomó juramento a su nuevo gabinete ministerial. El acto fue celebrado en Palacio de Gobierno, marcando así el comienzo de una etapa de transición cuyo principal objetivo es concluir el mandato iniciado en 2021, previsto hasta el 28 de julio de 2026.

La demora en la conformación del Consejo de Ministros generó fuertes cuestionamientos, sobre todo porque aunque convocó distintas reuniones con alcaldes y gobernadores regionales, todos sus actos carecían de refrendo ministerial ante la ausencia de un equipo.

Durante los días previos a la juramentación, Jerí solo anticipó que su gabinete no incluiría congresistas ni exministros de la administración anterior, optando por figuras con experiencia técnica y capacidad de diálogo.

El acto de toma de juramento se desarrolló en el salón dorado de Palacio de Gobierno la tarde del martes 14 de octubre, con la presencia de representantes de diversos sectores políticos y autoridades nacionales. El cargo de presidente del Consejo de Ministros (PCM) recayó en Ernesto Álvarez Miranda, extitular del Tribunal Constitucional, en reemplazo de Eduardo Arana. La composición del gabinete destaca la apuesta del actual Ejecutivo por técnicos de carrera y especialistas sectoriales.

A continuación, la lista completa de los ministros que reemplazan a los titulares designados durante el mandato de Dina Boluarte:

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM): Ernesto Álvarez Miranda, en reemplazo de Eduardo Arana.

Relaciones Exteriores (Cancillería): Hugo de Zela, en reemplazo de Elmer Schialer.

Defensa (Mindef): César Díaz, en reemplazo de Walter Astudillo.

Economía (MEF): Denisse Miralles, en reemplazo de Raúl Pérez Reyes.

Interior (Mininter): Vicente Tiburcio, en reemplazo de Carlos Malaver.

Justicia (Minjus): Walter Martínez, en reemplazo de Juan Manuel Cavero.

Educación (Minedu): Jorge Figueroa, en reemplazo de Morgan Quero.

Salud (Minsa): Luis Quiróz, en reemplazo de César Vásquez.

Desarrollo Agrario (Midagri): Vladimir Cuno, en reemplazo de Ángel Manero.

Trabajo (MTPE): Óscar Fernández, en reemplazo de Daniel Maurate.

Producción: César Quispe, en reemplazo de Sergio González.

Comercio Exterior y Turismo: Teresa Mera, en reemplazo de Desilú León.

Energía y Minas: Luis Bravo, en reemplazo de Jorge Montero

Transportes y Comunicaciones (MTC): Aldo Prieto, en reemplazo de César Sandoval.

Vivienda: Wilber Sifuentes, en reemplazo de Durich Whittembury.

Mujer (Mimp): Sandra Gutiérrez, en reemplazo de Ana Peña.

Ambiente (Minam): Miguel Ángel Espichán, en reemplazo de Juan Castro.

Cultura (Mincul): Alfredo Luna, en reemplazo de Fabricio Valencia.

Desarrollo e Inclusión Social (Midis): Lesly Shica, en reemplazo de Fanny Montellanos.

Ahora, el nuevo gabinete encabezado por José Jerí debe presentarse oficialmente ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza, un requisito constitucional que habilita al Ejecutivo a continuar con el ejercicio pleno de sus funciones. El trámite implica que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) exponga ante el pleno las principales líneas de acción y énfasis de la gestión, incluyendo los ejes de seguridad, desarrollo económico y combate a la corrupción.

Según lo estipulado por la legislación peruana, la exposición de la política general de gobierno debe realizarse en un plazo máximo de 30 días desde la juramentación del gabinete. Tras la presentación, el Congreso debate y vota la moción de confianza. Para su aprobación, se requiere una mayoría calificada de los legisladores presentes, lo que hace imprescindible la construcción de consensos con las principales fuerzas políticas representadas en el Parlamento.

La obtención del respaldo congresal marca una etapa determinante para la estabilidad del Ejecutivo. Un rechazo al voto de confianza obligaría a José Jerí a reestructurar su equipo ministerial, mientras que la aprobación permitiría el inicio pleno de la agenda programática de la actual gestión.

La ciudad sudamericana que China convirtió en su nuevo eje estratégico a través de un megapuerto que cambia las rutas del Pacífico

El comercio global está experimentando un cambio silencioso pero profundo. En el extremo occidental de Sudamérica, una ciudad portuaria hasta hace poco desconocida se ha convertido en una de las apuestas más ambiciosas de China fuera de Asia. Su ubicación estratégica frente al océano Pacífico y su acceso directo a las rutas marítimas hacia Shanghái o Hong Kong la han vuelto un punto clave para el intercambio de mercancías, minerales y productos agrícolas.

El objetivo es claro: acortar los tiempos y los costes del transporte entre América del Sur y Asia, un tramo que hasta ahora dependía de puertos congestionados o rutas indirectas. Lo que antes tardaba semanas podría reducirse a poco más de veinte días, abriendo una nueva puerta comercial hacia Oriente.

El megapuerto que transformó el mapa del Pacífico

Megapuerto De Chancay
© Presidencia Perú, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0&gt;, via Wikimedia Commons

Esa ciudad es Chancay, situada a unos 75 kilómetros al norte de Lima, en Perú. En 2024, su megapuerto —construido con una inversión de 3.400 millones de dólares— entró oficialmente en funcionamiento, marcando un antes y un después en la relación económica entre China y América Latina.

El proyecto está liderado por la empresa estatal COSCO Shipping, una de las mayores navieras del mundo, junto a la minera peruana Volcan. En conjunto, convirtieron a Chancay en el primer puerto automatizado e “inteligente” de América del Sur, capaz de recibir los enormes buques de 24.000 contenedores (TEU) que dominan las rutas globales de carga.

Pero su importancia va mucho más allá de la ingeniería: Chancay es la primera gran base marítima china en el Pacífico sudamericano, un enclave que forma parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el megaproyecto global de infraestructura con el que Pekín busca fortalecer su presencia económica y política a escala mundial.

Ni Paita ni Chancay: Matarani, el puerto que se consolida como hub al sur de Perú

La infraestructura portuaria que moviliza casi la mitad de las exportaciones mineras peruanas, inicia una etapa de transformación con inversiones millonarias y nuevos proyectos, desafiando a los gigantes tradicionales y ampliando la ruta comercial entre Sudamérica y Asia.

El sur del Perú enfrenta un giro estratégico en materia portuaria: el terminal de Matarani recibió recientemente la autorización para una inversión histórica de casi 700 millones de dólares y la extensión de su concesión por 30 años a manos de Terminal Internacional del Sur (Tisur).

De este modo, este puerto -que ya mueve hasta la mitad de las exportaciones de cobre peruanas- busca convertirse en el eje logístico central para el comercio exterior de la macrorregión sur, marcando distancia con los históricos puertos de Paita y la nueva infraestructura de Chancay.

Esta transformación, destacada por fuentes consultadas por BioBioChile, pone bajo el foco sudamericano a una localidad clave para Chile y la región andina.

La consolidación de Matarani llega tras la aprobación de la Adenda N° 5 al contrato de concesión, suscrita por el Gobierno de Perú y publicada en el Diario Oficial El Peruano, que incorporará obras de modernización y ampliación con una cifra récord de 700 millones de dólares, por encima de los 120 millones ya comprometidos.

El acuerdo fue firmado por la ahora vacada presidenta Dina Boluarte y estipula una ampliación del plazo de concesión por tres décadas, según la información oficial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Minería y agroexportación

El puerto, ubicado en la provincia de Islay, Arequipa, apunta a atender tanto los flujos actuales como el crecimiento proyectado de la minería peruana, la agroexportación y la industria manufacturera, en especial considerando su actual tasa de ocupación.

El plan de inversiones contempla ocho etapas sucesivas, diseñadas para garantizar la continuidad de los servicios portuarios, minimizar cuellos de botella y posicionar a Matarani como entrada y salida estratégica del comercio sudamericano.

De acuerdo con el MTC, el nuevo texto de la adenda incluye mejoras obligatorias y eventuales que irán ejecutándose a lo largo de los próximos años.

El documento especifica la construcción de un nuevo amarradero multipropósito, la instalación de grúas eléctricas, la renovación y ampliación del muelle actual, un almacén de minerales con capacidad para 40.000 toneladas métricas y espacios especializados para la gestión de contenedores.

Según el expediente técnico citado por Infobae Perú, el 65% de las inversiones se realizará en los próximos tres a cuatro años, como respuesta a la creciente demanda derivada de proyectos mineros como Majes Siguas II, Corani, Los Calatos, Cotabambas y Haquira.

Economía regional

El impacto se refleja también en el empleo y la economía regional: las obras generarán aproximadamente 1.800 empleos directos durante la fase constructiva y aportarán a las arcas estatales unos 356 millones de dólares, al tiempo que se estima un efecto multiplicador de hasta 11.000 millones en inversiones derivadas.

Además, la estructura del contrato mantiene una retribución del 5 % sobre los ingresos brutos para el Estado peruano, así como una retribución especial del 9,85 % por la operación del denominado “Proyecto Bahía Islay” y una adicional del 1% cuyo disparador es superar cierto umbral de ingresos.

La historia de Matarani como enclave logístico estratégico data de 1999, cuando fue adjudicado en concesión a TISUR, filial vinculada al Grupo Tramarsa –propiedad de Grupo Romero y del fondo Global Infrastructure Partners-BlackRock.

A lo largo de 25 años, el concesionario ha invertido más de 290 millones de dólares, lo que llevó a la multiplicación por seis de la capacidad operativa de la terminal.

En la actualidad, el puerto moviliza entre el 40 % y el 50 % del volumen total de cobre que exporta el Perú y presta servicios a sitios de alto valor como Cerro Verde, Las Bambas y Antapaccay.

El gerente general de TISUR, Mauricio Núñez del Prado, subrayó el carácter estructural de estas inversiones: “La ampliación de Matarani, además, resulta fundamental para la realización de grandes proyectos mineros del sur”.

Según Núñez del Prado, “en conjunto, estos proyectos representan alrededor de 11.000 millones de dólares en inversiones”, cita recogida por Gestión. Añadió que la terminal también atiende a Constancia y Mina Justa, sumando una plataforma de exportación vital para empresas chilenas y bolivianas que requieren salida al Pacífico.

¿Riesgo de saturación?

La atención recae sobre el riesgo de saturación del puerto en el corto plazo: “La aprobación de la adenda llega en un momento clave, puesto que, a la fecha, el terminal enfrenta una muy alta tasa de ocupación.

Dado el crecimiento previsto en la carga, Matarani podría convertirse en un cuello de botella para la producción del sur del país. Por ello, es indispensable ampliar su capacidad cuanto antes”, sostuvo Núñez del Prado. La necesidad de responder a la demanda minera es central para las operaciones actuales y para la proyección a mediano plazo.

Un aspecto relevante para el público chileno y los socios andinos es la relación de Matarani con las cadenas logísticas internacionales. De acuerdo con RPP Noticias, los puertos de Matarani y Chancay sellaron una alianza estratégica para el cabotaje que facilita la conexión del sur del Perú, Bolivia y Brasil con los mercados asiáticos.

Esta colaboración, impulsada por la visión de largo plazo de Cosco Shipping –operadora del nuevo megapuerto de Chancay-, ha permitido la primera recalada de una nave entre ambos terminales, evento esperado por exportadores de la agroindustria, textiles, cargas refrigeradas y, recientemente, productos brasileños.

“En junio, finalmente se concretó la primera recalada o la primera nave que conecta a Matarani con Chancay. A partir de ahí, dos veces al mes que se da esta operación, con productos relevantes como textiles, agroindustria, refrigerados, biológicos y recientemente carga brasileña ya se están comercializando por este servicio”, detalló Núñez del Prado.

El marco legal reciente, que permite a un puerto regional como Matarani transportar mercancía hacia otro puerto peruano, fue el detonante para concretar el cabotaje. Este cambio se suma al desafío logístico presentado por el puerto del Callao, cuya capacidad limitada para tráfico local agravaba la problemática de los exportadores del sur.

Interés nacional

La proyección de Matarani no solo responde a la minería. La Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República del Perú aprobó por unanimidad declarar de interés nacional la construcción del Desembarcadero Artesanal Turístico Acuático en la localidad de Matarani.

Según el dictamen legislativo, la infraestructura y el equipamiento planeados buscan potenciar la pesca artesanal, fortalecer la producción con valor agregado y mejorar la integración turística.

“La iniciativa no propone reutilizar instalaciones antiguas, sino impulsar una infraestructura moderna que permita el desarrollo integral de Matarani”, afirma el Congreso en su dictamen.

La decisión de extender la concesión a TISUR no ha estado exenta de controversias y voces críticas. Altavoz recogió el testimonio del exgobernador regional de Arequipa, Eduardo Vera Ballón, que calificó la decisión como un “atraco a la región” que perpetúa el monopolio privado en un activo estratégico.

Vera Ballón consideró que “TISUR, que debería ser un motor de desarrollo regional, se convierte en una caja fuerte para intereses foráneos, mientras la población arequipeña sigue sin ver beneficios tangibles en empleo, infraestructura o regalías”.

Según el exgobernador, la concesión original, otorgada durante los años del régimen fujimorista, ya había sido señalada por falta de transparencia, situación que a su juicio se agrava con la prórroga y la falta de licitación internacional abierta a más postores.

El exgobernador sostuvo que, en su gestión, impulsó iniciativas para fiscalizar la concesión y alertó que la carga de proyectos y regalías no se refleja en la economía local.

“Arequipa no puede ser rehén de los monopolios. Exigimos una auditoría inmediata al MTC y la revisión de esta concesión para que los beneficios queden en la región, no en bolsillos privados”, exhortó Vera Ballón, en declaraciones recogidas por Altavoz.

Inversiones privadas

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por su parte, subraya que la iniciativa busca garantizar que las inversiones privadas generen mayores beneficios económicos y sociales, estimulando el desarrollo del comercio exterior y la macroregión sur.

De acuerdo a esa entidad, la reestructuración contractual refuerza el control estatal gracias a la creación de un cuadro de penalidades y planes de conservación de la infraestructura portuaria, elementos que contribuirán a mantener la calidad del servicio y la continuidad de las operaciones.

El operador privado defiende que el puerto de Matarani genera actualmente 700 empleos directos y, desde el inicio de la concesión, ha aportado 60 millones de dólares al Estado peruano.

Sumando los efectos indirectos, el desarrollo de las operaciones mineras en el sur, atendidas por el puerto, se traduce en más de 250.000 empleos, cifra de referencia para analistas del sector logístico y productivo sudamericano.

La capacidad gerencial, la continuidad operativa y el paquete de inversiones previstas para los próximos 30 años, aseguran desde Tisur, permitirán evitar futuros cuellos de botella y ampliar la capacidad de atención a proyectos como Zafranal (2.000 millones de dólares en inversión), Tía María (1.800 millones), Majes-Siguas II, Los Calatos, Haquira, Falchani y otros.

El acuerdo y sus cifras claves han recibido cobertura de medios internacionales que coincidieron en destacar el carácter estructural que tiene para la infraestructura logística del sur peruano y su efecto en la economía regional.

La atención regional recae ahora en la posibilidad de que este corredor logístico se convierta en el principal articulador del flujo productivo hacia Asia y el Pacífico, superando la tradicional centralidad de Callao y abriendo nuevas alternativas para exportadores y operadores logísticos del Cono Sur.

Paro nacional 15 de octubre: transportistas, Bloque Universitario, Sutep y otros sectores participarán en la protesta

Este miércoles 15 de octubre, diversas organizaciones sociales, sindicatos y colectivos estudiantiles saldrán a las calles para protestar ante el aumento de extorsiones, robos violentos, así como por la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte y la reciente asunción de José Jerí como nuevo jefe de Estado.

La movilización tiene como objetivo exigir medidas urgentes y efectivas para frenar a las bandas criminales que afectan gravemente no solo al sector transporte, sino también a agrupaciones de comercio y otros rubros.

¿Quiénes se movilizarán este 15 de octubre?

Entre los principales participantes confirmados está el Bloque Universitario, que agrupa a estudiantes de San Marcos, Villarreal, Agraria La Molina y la PUCP. Este sector reclama medidas concretas para enfrentar la inseguridad y la falta de oportunidades laborales para los jóvenes.

Asimismo, algunos dirigentes del sector transporte han anunciado su respaldo a la jornada de protesta, entre ellos Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional y uno de los líderes de los paros de su sector en 2024, así como Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas.

«Los transportistas estamos listos para hacernos escuchar. Nosotros nos sumaremos y nos movilizaremos este 15 de octubre, porque ya estamos cansados de tanta criminalidad en el país. No nos quedaremos de brazos cruzados», indicó Carrera a La República.

Además, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) sostuvo que se plegará a la movilización en rechazo a la inseguridad, el deterioro del sistema educativo y la falta de diálogo con el Gobierno.

«Nosotros, como Sutep, tenemos un acuerdo de participar conjuntamente con otras organizaciones en esta movilización del 15 de octubre. Pero también hemos acordado impulsar un paro nacional para el 13 de noviembre», declaró Lucio Castro, secretario general del Sutep.

Por otro lado, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), junto con la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y otras organizaciones de defensa campesina e indígena, hicieron un llamado a sus miembros para sumarse al paro del próximo miércoles.

«¡Los pueblos indígenas rechazamos la continuidad del pacto mafioso y antiderechos que mantiene secuestrado al Estado! Las organizaciones indígenas nacionales expresamos nuestra indignación ante la crisis política y moral que atraviesa el país», señalaron en redes sociales.

Finalmente, agrupaciones de trabajadores estatales, colectivos feministas, plataformas culturales y asociaciones vecinales también han confirmado su participación en diversas regiones.

Los que no participarán en el paro nacional

A medida que se acerca la fecha, algunos sectores que inicialmente apoyaban la medida han decidido restrocceder, especialmente ciertos gremios del transporte urbano formal. Entre ellos se encuentran dirigentes como Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT); Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra); Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano (CTU); y Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú.

Estos dirigentes sostuvieron una reunión con el presidente José Jerí en Palacio de Gobierno, donde lograron un acuerdo que los llevó a decidir no sumarse a la movilización prevista para el 15 de octubre.

De igual forma, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Segundo, quien protagonizó una caminata de sacrificio desde La Libertad hasta Lima, que duró cerca de 40 días, anunció, tras reunirse con el mandatario, que tampoco respaldará el paro nacional convocado para este miércoles.

Pues bien, se prevé una gran concentración desde las 8:00 a.m. en el centro histórico y en zonas estratégicas como la Av. Abancay y la Plaza Dos de Mayo.

Por su parte, la Policía Nacional ha anunciado que desplegará personal en puntos clave para garantizar el orden, mientras que voceros del Gobierno han llamado al diálogo y la calma.

La marcha de este 15 de octubre será una prueba clave para el Gobierno de José Jerí, que asume el poder en medio de un aumento de criminalidad en el país. La población ha decidido alzar la voz nuevamente. Y esta vez, el mundo entero estará mirando.