Perú se expone a un arbitraje desfavorable en tribunales internacionales tras romper acuerdo con Francia

El régimen interino de José Jerí, a través de Provías Nacional, entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), resolvió de manera unilateral el contrato con PMO Vías, la oficina de gestión de proyectos que opera como el brazo técnico del acuerdo de gobierno a gobierno (G2G) firmado entre Perú y Francia en 2021. Este acuerdo está diseñado para la ejecución de importantes obras de infraestructura como la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa que incluye un puente que conecta al nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) defienden que el acuerdo con Francia sigue vigente. Sin embargo, para especialistas consultados por este diario, la afirmación resulta en los hechos falsa.

En diálogo con La República, la exministra de Transportes Paola Lazarte asegura que resolver el contrato con PMO Vías equivale a extinguir el acuerdo con Francia.

EGIS representa a Francia

«En un contrato Estado–Estado, quien firma no es una empresa privada como tal, sino un representante debidamente acreditado por cada país. En este caso, (la empresa) EGIS firmó en representación del Estado francés y Provías Nacional por parte del Estado peruano. No existe una figura en la que tú le rescindes el contrato solo al representante legal sin afectar a quien representa», apuntó.

Francia gestiona obras como la Nueva Carretera Central y Vía Expresa Santa Rosa bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G) a través del consorcio PMO Vías.

El Gobierno ha apelado a la cláusula anticorrupción del contrato para cerrar filas con EGIS. Sin embargo, Lazarte señala que las causas de resolución del contrato están vinculadas a actos de corrupción relacionados con otro proyecto y deben estar debidamente acreditadas mediante condenas judiciales o reconocimientos formales ante el Ministerio Público peruano.

«El argumento utilizado ha sido un caso de corrupción de una filial de EGIS en otro país y en otro proyecto, incluso previo a la firma del acuerdo», cuestionó.

Más allá del aspecto contractual, alerta sobre el frente diplomático que se abre. «No se trata solo de cortar un contrato administrativo. El Perú está imputando corrupción, en los hechos, al Estado francés. Eso tiene implicancias que van más allá del MTC», señaló.

A su juicio, si existían cuestionamientos a EGIS, el camino razonable hubiera sido primero sentarse con el Estado francés para ajustar la composición de la PMO de forma diplomática y no resolver de manera unilateral.

Defensa legal debilitada

El experto en proyectos de infraestructura y arbitrajes Edgar Zúñiga Morán coincide en que la posición del Estado peruano, apelando a la cláusula anticorrupción, es vulnerable. El problema, señala, es el momento en que se decide invocarlas.

«Si el Estado tenía conocimiento de estos actos de corrupción de una filial de EGIS hace uno o dos años y aun así continuó ejecutando el contrato, entra en juego la doctrina de los actos propios y la tolerancia al incumplimiento. En un arbitraje internacional, eso pesa mucho», explicó a La República.

Resolver ahora, después de haber seguido adelante con el proyecto, debilita seriamente la defensa del Perú. Zúñiga considera además que el oficio de Provías con el que se resuelve el contrato es «gaseoso» y poco sólido en su sustento. A su juicio, un tribunal arbitral no solo evaluará la letra de la cláusula, sino el contexto completo.

PMO Vías, operador técnico del acuerdo de gobierno a gobierno entre Perú y Francia, informó que Provías Nacional, adscrita al MTC, puso fin al contrato de manera unilateral.

«Si hace una semana la ministra de Economía (Denisse Miralles) decía que no había recursos para estos proyectos y luego se apela a la cláusula anticorrupción, el tribunal va a ver eso como una excusa», afirmó.

En medio de este escenario, empieza a ganar espacio la narrativa de un eventual giro hacia las Asociaciones Público-Privadas (APP). Para Lazarte, esta alternativa no solo es tardía, sino que se presenta con un discurso engañoso. «Hay una falsa narrativa de que con las APP, al Estado no le cuesta los proyectos. Eso es falso. No todos los proyectos pueden ser APP autosostenibles. En la carretera central, por ejemplo, sería técnica y socialmente inviable financiarla solo con peajes», manifestó.

Señal negativa al mercado y se paralizan obras

La exministra de Transportes, Paola Lazarte, dice que la señal que se envía al mercado internacional «es que el Perú no cumple sus contratos y que en nuestro país, la estabilidad jurídica es periódico de ayer».

El experto en infrastructura, Edgar Zuñiga, señala que el primer riesgo es un eventual arbitraje internacional impulsado por Francia o sus operadores, que no sería contra el MTC, sino contra el Estado peruano.

Además, un número considerable de empresas subcontratadas, peruanas y extranjeras, que ya venían trabajando en estudios y etapas previas, podrían iniciar sus propias demandas. Y en tercer lugar, la paralización efectiva de las obras.

«Las obligaciones de ambas partes quedan en suspenso porque está resuelto el contrato y las obras se paralizan», precisó el especialista.

Gobierno allana camino con decreto que limita medidas cautelares en arbitrajes

Para la exministra Lazarte, no es un detalle menor que, apenas un día antes de resolver el acuerdo con Francia, el Poder Ejecutivo haya aprobado un decreto que limita el uso de medidas cautelares en los arbitrajes. Es decir, esta norma reduce la posibilidad de que las empresas frenen decisiones del Estado mientras se resuelven disputas contractuales.

Hasta ahora, estas medidas permitían solicitar que no se modifiquen contratos, no se cancelen proyectos o no se ejecuten decisiones administrativas hasta que un tribunal arbitral emita un fallo. Con el nuevo decreto, esa herramienta queda restringida, lo que fortalece la posición del Estado frente a eventuales reclamos.

El propio decreto señala que «no proceden las medidas cautelares destinadas a impedir, paralizar o retrasar el inicio o la continuidad de la ejecución de obras en salud e infraestructura vial»

Frente a ello, Lazarte advirtió que el Gobierno ya estaría evaluando aplicar esta lógica en otros proyectos. «Ya le mandaron comunicación al gobierno de Japón para la carretera Eje Vial 4 en Amazonas. Lo mismo estarían pensando para Majes Siguas y Chavimochic», apuntó.

Franja electoral: Fiscalía iniciará investigación por presunto mal uso por parte de los partidos políticos

La Fiscalía de la Nación iniciará una investigación preliminar por el presunto mal uso de fondos públicos destinados a la franja electoral, mecanismo estatal que financia espacios de difusión para los partidos políticos en campaña hacia las elecciones 2026. La medida se adopta tras denuncias sobre el destino de estos recursos entregados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, informó que la carpeta será remitida al sistema especializado en delitos de corrupción. El objetivo es determinar si el dinero público cumplió su finalidad legal o si existió un uso distinto al autorizado por la norma electoral.

La franja electoral permite que las organizaciones políticas accedan a publicidad en radio y televisión sin contratar directamente los espacios. El financiamiento proviene del presupuesto público y la ONPE administra la distribución. Por ello, cualquier irregularidad no solo compromete a las agrupaciones, también afecta la transparencia del proceso rumbo a las elecciones generales 2026.

El anuncio ocurre en medio de cuestionamientos públicos sobre contratos de difusión que habrían concentrado montos elevados en determinados medios de comunicación por parte de los partidos País para Todos, Primero La Gente y Alianza para el Progreso.

Investigación alcanzaría a todos los partidos políticos que recibieron la franja electoral

La Fiscalía precisó que la indagación no se limitará a un solo partido. Revisará la ejecución del presupuesto asignado a todas las organizaciones que accedieron a la franja electoral. La finalidad es verificar si el dinero se destinó exclusivamente a propaganda electoral autorizada.

De confirmarse irregularidades, podrían configurarse delitos contra la administración pública, como peculado u otros vinculados al uso indebido de recursos estatales. La responsabilidad podría alcanzar a representantes legales o encargados de finanzas de los partidos políticos, según lo que determinen las diligencias.

Lluvias en el Perú: se registraron 36 fallecidos en lo que va del año, según Indeci

Intensas lluvias que se llevan vidas. En lo que va de 2026, se registraron 36 fallecidos por causa de las precipitaciones que afectan varias regiones de nuestro país. El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Arroyo Sánchez, recomendó a la población evitar exponerse.

El representante del organismo informó que 14 de las víctimas fallecieron por las tormentas eléctricas que acompañan las lluvias. Las personas restantes perdieron la vida producto de los deslizamientos, huaycos y ahogamientos. Las regiones en las que más muertes se reportaron fueron las localidades de la sierra sur y sierra central, y en los departamentos de Amazonas y Cajamarca.

Además, Arroyo precisó que es importante que la población se mantenga resguardada durante las lluvias, pues algunos de los fallecimientos se debieron a “los rayos que caen sobre objetos metálicos o los teléfonos celulares”.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Además, el jefe de Indeci recomendó estar atentos a los mensajes de aviso en los celulares del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate) que dan cuenta de la ocurrencia de precipitaciones. Indicó que durante el 2026 se emitieron 25 señales por esta modalidad.

Por otro lado, recordó a las familias contar con su mochila de emergencia lista con alimentos, materiales de primeros auxilios y una radio, pues las líneas telefónicas suelen colapsar o resultar dañadas por las lluvias.

Presidencia amenaza con denunciar a periodistas por investigar órdenes a favor de amigas de Jerí, pero luego retrocede

Insólito. A través de la cuenta oficial de X (antes Twitter) de la Presidencia se publicaron dos comunicados referidos a las investigaciones sobre un grupo de mujeres vinculadas a José Jerí, quienes obtuvieron órdenes de servicio por hasta 11.000 soles. En el primer comunicado, uno de los puntos afirmaba que se «están evaluando las acciones legales correspondientes en aras del respeto a la institucionalidad del Despacho Presidencial». Sin embargo, ese comunicado fue retirado y reemplazado por uno nuevo en el que se eliminó dicha frase.

Diversos usuarios en redes sociales señalaron que las cuentas oficiales del Despacho Presidencial habían cambiado el comunicado con rapidez. Por su parte, el portal de periodismo independiente ‘La Pista Clave’, que ha investigado el caso, respondió al hecho a través de su cuenta de X: «Respete usted, señor Jerí, la investidura y la institucionalidad del Despacho Presidencial. Precisamente en aras del respeto a esa institucionalidad —más allá del ocupante de turno— seguiremos investigando e informando a la ciudadanía sobre estos hechos».

Según un reportaje emitido por el programa dominical Cuarto Poder, cinco personas que visitaron a José Jerí en el despacho presidencial recibieron, pocos días después, órdenes de servicio por parte del Estado. Los montos de estos pagos oscilan entre S/ 6.000 y S/ 11.000.

Desde la Presidencia de la República indicaron que todas las contrataciones se realizaron respetando el procedimiento establecido y que las visitas quedaron debidamente registradas en el sistema correspondiente. Además, señalaron: «Se pretende informar de manera tendenciosa el horario de ingreso y salida de las jóvenes profesionales, insinuando que han pasado horas con el señor presidente, afirmación que no se ajusta a la verdad (…)».

Izquierda: primer comunicado publicado y luego eliminado por la Presidencia del Perú | Derecha: segundo comunicado publicado.

Las visitas a José Jerí

Durante la ceremonia de juramentación de José Jerí como presidente, la ingeniera Guadalupe Vela se encontraba en el palco reservado para los familiares, sentada junto a la madre del nuevo mandatario. Días después, el 1 de noviembre —fecha feriada—, ingresó al despacho presidencial a las 6:48 p.m. Veinte días más tarde, el 21 de noviembre, recibió una orden de servicio de EsSalud por más de S/6.000 para prestar servicios especializados en seguridad y salud en el trabajo.

Poco después, el 28 de noviembre, obtuvo otra orden de servicio, esta vez por S/11.000, contratada como locadora de servicios (FAG) en el Ministerio del Ambiente. Al ser abordada por Cuarto Poder, inicialmente expresó incomodidad por la grabación, pero luego confirmó la reunión y explicó que se trató de un encuentro de carácter personal, dado que mantiene una amistad de larga data con el presidente.

Ese mismo 1 de noviembre, en compañía de Guadalupe Vela, ingresó al despacho presidencial Rubiel Cristina Beraun. Apenas diecinueve días después, el 20 de noviembre, Beraun obtuvo una orden de servicio por S/6.500 con el despacho presidencial para realizar un análisis de acciones de comunicación interna. También el 1 de noviembre, pero más tarde, a las 8:35 p.m., acudió Violeta Veas. Un mes después de esa visita, fue designada como jefa de la Secretaría Nacional de la Juventud del Perú, organismo adscrito al Ministerio de Educación. Cuando el equipo periodístico intentó contactarla en su centro de trabajo, un funcionario informó que estaba en una reunión y que respondería más adelante.

Previamente, Fiorella Melgarejo había registrado ingresos a Palacio el 20, 24 y 28 de octubre, siendo el primero de ellos a la 1:48 p.m. Al ser consultada por los periodistas, la abogada prefirió no hacer declaraciones en ese momento. Por su parte, Alicia Camargo visitó el despacho de Jerí el 14 de octubre a las 8:00 p.m. Tres días después, el 17 de octubre, fue contratada como locadora de servicios FAG en la Secretaría General de Palacio de Gobierno. Estas coincidencias entre visitas y posteriores contrataciones o designaciones han sido registradas y destacadas por el programa Cuarto Poder.

Criminalidad en el Perú empezó a crecer a partir del 2021 y no en el 2017 como aseguró Keiko Fujimori

El portal de verificación de PerúCheck calificó como «falsa» la afirmación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien mencionó, el pasado 25 de enero durante una entrevista en ATV, que «la criminalidad explotó en el año 2017 con la apertura de las fronteras, y el descontrol en ese momento es cuando llegó».

De acuerdo con el espacio de verificación del Consejo de Prensa Peruana (CPP), las cifras y especialistas concluyen que el 2017 no ha sido un punto de inflexión en el auge de la inseguridad ciudadana.

En comunicación con el citado medio, el investigador especialista de seguridad, Noam López, aseguró que dos cifras que miden la criminalidad en el Perú, como la encuesta de victimización y la tasa de homicidios. El primero de ellos arrojó que en 2017 el total de personas que reportó haber sido blanco de algún delito bajó y no subió en 3% (de 29% a 26%). Lo que sí indica el cuadro es que la criminalidad comenzó a crecer desde el 2021.

«El año 2017 no implica un punto de inflexión para el crecimiento de la criminalidad, menos aún una ‘explosión’, según el registro de muertes dolosas del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC)», concluye PerúCheck.

Cifras porcentuales de evolución de la victimización en Perú entre 2015 y 2025, según PerúCheck. Fuente: DataCrim INEI

Por otro lado, la tasa de homicidios, que analiza los muertos por cada 100 mil habitantes, creció solo 0.1% (53 muertos más) de 2016 a 2017, por lo que pasó de 7.7 (2.425 muertos) a 7.8 (2.487). Sin embargo, del 2017 al 2018, esta cifra se redujo a 7.6 por cada 100 mil habitantes en el Perú (2.452 muertos). Es más, reducen a 5.8 en 2020 (1.923 muertos) durante la pandemia de la covid-19.

Expertos desmienten la versión de Keiko Fujimori

PerúCheck se contactó con el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, quien explicó que en 2017 la criminalidad redujo. “A partir de 2016, 2017, empieza a producirse una disminución de la victimización que se ha sostenido. Recién a partir del año 2021 se produce un incremento”, detalló.

“No se puede afirmar que hay una explosión de la criminalidad desde el año 2017”, sostuvo.

En tanto, Noam López comentó que, si se fijan en los datos entre 2013 y 2020, «no se registra una variación positiva vertiginosa en las cifras de criminalidad». “Esa afirmación [de Keiko Fujimori] no tiene respaldo estricto en los datos”, recalcó.

«La criminalidad no “explotó” en 2017, como señaló Keiko Fujimori. La estadística de homicidios y victimización demuestra que, más bien, ese año no incrementó. Expertos consultados por este medio también desmintieron lo dicho por la candidata Keiko Fujimori. Por lo tanto, PerúCheck califica sus afirmaciones como falsas», concluye el informe verificador de PerúCheck.

MEF: Sunat recaudó más de s/ 1037 millones en el puerto de Chancay durante 2025

El dinamismo del megapuerto impulsó la recaudación aduanera, con mayor ingreso de vehículos, graneles y maquinaria, consolidando a Chancay como un eje clave del comercio exterior.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) recaudó S/ 1037 512 464 por las operaciones realizadas en el terminal portuario de Chancay durante el año 2025, reflejando el creciente protagonismo de esta infraestructura en el comercio exterior del país.

El 60 % de la recaudación se concentró en el segundo semestre del año, siendo octubre el mes de mayor recaudación, con más de S/ 121,3 millones. Este desempeño permitió que la Intendencia de Aduana de Chancay se ubique en el sexto lugar a nivel nacional en términos de recaudación aduanera.

La recaudación estuvo impulsada principalmente por la importación de vehículos, en su mayoría de procedencia asiática, que generó S/ 247,1 millones. Le siguieron las importaciones de graneles, con S/ 233,3 millones, maquinaria, con S/ 217,5 millones, y otros conceptos que, en conjunto, aportaron S/ 349,6 millones.

En cuanto al volumen de operaciones, entre junio y diciembre se registró el mayor número de declaraciones de importación, destacando agosto, con 2 936 declaraciones, y diciembre, con 2975. En el caso de las exportaciones, los mayores registros se observaron en julio y agosto, con 1 463 y 1 313 declaraciones, respectivamente.

Durante el 2025, un total de 1873 importadores canalizaron sus operaciones a través del megapuerto de Chancay. Asimismo, se movilizaron 126 384 TEU de transbordo, teniendo como principal puerto de origen China, con destino a otros terminales marítimos de la región, lo que consolida a Chancay como un nodo logístico relevante en la costa del Pacífico.

En esa línea, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, destacó que estos resultados reflejan no solo el creciente dinamismo del terminal portuario de Chancay, sino también la importancia estratégica de esta infraestructura para el comercio exterior peruano, así como el fortalecimiento de las acciones de control, facilitación y fiscalización desarrolladas por la SUNAT.

“El desempeño del puerto de Chancay demuestra cómo una infraestructura moderna, acompañada de una gestión aduanera eficiente, contribuye a dinamizar el comercio, fortalecer la recaudación y mejorar la competitividad del país”, concluyó la titular del MEF.