La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público ordenó la suspensión de José Domingo Pérez Gómez en el cargo de fiscal provincial titular por el plazo de seis meses por presuntas infracciones administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones.
La resolución suscrita por la fiscal adjunta superior, Rosario Velasco Sánchez, responsable de la Unidad de Procedimiento Disciplinario ADC – Lima Centro, a la que tuvo acceso RPP, precisa que Pérez Gómez se encuentra impedido de ejercer durante este periodo las atribuciones propias de la condición de fiscal provincial y cualquier otra inherente a este cargo.
La magistrada precisa que dicha medida cautelar resulta necesaria para garantizar el normal desarrollo de la causa, impedir la obstaculización del procedimiento, garantizar la eficacia de la resolución que pudiera recaer o evitar que se continúen o repitan los hechos que son objeto de investigación u otra de similar significación.
La investigación seguida a Pérez Gómez se originó tras la anulación del juicio oral por el caso denominado “Cócteles” que involucra a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros.
En la misma se cuestiona al letrado por haber presentado un requerimiento acusatorio carente de una imputación debidamente fundamentada en los planos fáctico, jurídico y probatorio.
El apartamiento preventivo en el cargo impuesto a José Domingo Pérez Gómez se emitió luego de que el último 6 de enero el Fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ejecutara, a través de una resolución pública en el diario oficial El Peruano, la desactivación del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato del cual dicho letrado formaba parte.
La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, aseguró este domingo que Petroperú permanecerá bajo control del Estado y no será privatizada, pese a la situación económica que afronta la compañía.
«No hay privatización, Petroperú no se vende, Petroperú es de todos los peruanos y queremos tomar acción para que justamente se pueda recuperar esa operatividad que todos merecemos», manifestó a un medio nacional.
La titular del MEF explicó que la participación de Proinversión dentro de Petroperú tiene el objetivo de elaborar un plan que permita mejorar las finanzas en la empresa. Asimismo, reiteró que este era el único camino que podían tomar para salvar a la compañía.
«Si nosotros no tomábamos una medida de este tipo, pues de repente llegábamos a julio sin empresa de todos los peruanos. Entonces, lo que estamos haciendo es incorporar la participación de Proinversión para que, hacia finales de este mes, podamos tener un plan de promoción que incorpore herramientas financieras, como, por ejemplo, fideicomisos, en las cuales se pueda proteger los activos legalmente, los activos de los peruanos, manteniendo obviamente el control del Estado, pero incentivando la participación de la inversión privada», explicó la ministra.
La reforma en Petroperú
El Gobierno publicó la noche del pasado miércoles 31 de diciembre un decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial de Petroperú y asegurar la continuidad del abastecimiento de hidrocarburos en el país.
De acuerdo con el decreto, Proinversión asumirá facultades amplias que incluyen la representación de los derechos económicos y políticos de las acciones, la decisión sobre la transferencia de activos a fideicomisos y la selección de operadores especializados para la operación y mantenimiento de las unidades de negocio.
Se pronunció sobre moción de censura
Por otro lado, la ministra Miralles anunció que implementarán una mesa de diálogo para «alcanzar consensos». Esto, luego de conocerse la moción de censura contra el presidente José Jerí que promueve la bancada de Perú Libre por el decreto de urgencia para reformar Petroperú.
Para un sector del Congreso, las medidas del Ejecutivo abren la puerta a una privatización encubierta de la petrolera estatal y al eventual traspaso de sus activos al sector privado. Es por ello que la titular del MEF señaló que quiere reunirse con los parlamentarios para explicar los alcances de la norma.
«Nosotros somos totalmente respetuosos de las iniciativas, de las propuestas que puedan tener los señores congresistas, pero lo que queremos también es que, de repente, con más tiempo, podamos conversar con ellos, que entiendan bien, porque creo que se ha partido de un entendimiento erróneo de lo que hemos querido hacer», indicó.
Gran parte de los trabajadores del Estado se han quejado por años del monto mínimo que reciben como aguinaldo y bono de escolaridad. Actualmente, estas cifras rondan los 300 y 400 soles, respectivamente, entregados en marzo, julio y diciembre.
Aprueban aumento de aguinaldo y bono de escolaridad
Ahora, todo hace indicar que este panorama cambiará radicalmente ya que la Comisión de Educación, Juventud y Deportes del Congreso de la República aprobó recientemente un dictamen que aumenta dichas sumas a S/ 3.500,70, pero solo para los maestros.
La ley, que aún debe ser debatida, menciona que los beneficiaros serán los profesores de la Educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa, Educación Básica Especial y Educación Técnico-Productiva, y de los auxiliares de educación.
«La presente ley tiene por objeto disponer el incremento de los aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, así como de la bonificación por escolaridad, a favor de los docentes de Educación Básica Regular, Educación BásicaAlternativa, Educación Básica Especial y Educación Técnico-Productiva, y de los auxiliares de educación, estableciendo que dichos beneficios sean equivalentes a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala de la Carrera Pública Magisterial, con la finalidad de fortalecer la equidad remunerativa y reconocer la función esencial que desempeñan en el sistema educativo nacional», indica dicho dictamen.
Es importante precisar que el dictamen fue aprobado en comisión por lo que aún deberá ser debatida en el Pleno del Congreso. En caso de ser aprobada, la ley deberá ser promulgada por el Ejecutivo en el plazo correspondiente.
SUTEP acató parao en noviembre del 2025
En diferentes oportunidades, el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) ha paralizado sus labores para exigir al Estado el incremento de presupuesto para el sector educación y el aumento de las remuneraciones.
En noviembre del 2025, este sindicato exigió al Ejecutivo que se destine el 6 % del Producto Bruto Interno nacional a la educación. Adicional a ello, pidieron que los salarios se incrementen para los cesantes y jubilados.
«Este Gobierno no solo incumple la ley, sino que pretende reducir el presupuesto educativo en su nuevo proyecto, cuando lo que el país necesita es invertir más en formación y condiciones dignas para nuestros maestros y estudiantes», indicó al secretario general Lucio Castro en diálogo con Exitosa.
En resumen, la Comisión de Educación del Congreso aprobó el incremento del aguinaldo y el bono de escolaridad de S/300 y S/400 a 3,500,70. solo para los maestros.
Un centenar de oficiales de alta graduación de la Policía Nacional, a quienes la institución les asignó un vehículo mientras cumplían funciones entre los años 2014 y 2024, se resisten a proceder con la devolución de las unidades móviles de propiedad estatal, pese a que varios de los efectivos han pasado a la situación de retiro hace años.
Entre los que se han quedado indebidamente con las camionetas y automóviles se cuentan 2 tenientes generales, 22 generales y 76 coroneles, de acuerdo con fuentes de la Policía Nacional consultadas por La República.
Un informe del director del Órgano de Control Institucional de la Policía Nacional del Perú (OCI-PNP), Carlos Panizo Olivos, reportó que son 119 generales y coroneles en retiro los que no cumplen con la entrega de los coches, según las actas de la Sección de Control Vehicular Policial del Departamento de Administración del Parque Automotor de la División de Logística de la PNP.
Las fuentes consultadas manifestaron que los infractores recibieron reiteradas cartas notariales para que cumplan con retornar con las máquinas que se les adjudicó para que les sirva de apoyo en sus actividades policiales.
Sin embargo, fuentes de la Dirección de Logística de la Policía Nacional confirmaron a La República que luego de haber sido identificados los 119 oficiales generales y coroneles (ver lista completa) que continuaban aferrados a los coches de uso policial, solo 19 cumplieron con retornarlos a la institución como corresponde. El 84% se niega a la devolución de los bienes del Estado.
Entre los 119 casos, se ha reportado que 35 son oficiales que han fallecido, la mayoría del grado de coronel. Pero sus familiares se han apropiado de las unidades móviles pasando por alto que están obligados a reintegrar a la Policía Nacional. No se trata de una herencia.
No se dan por notificados
En un informe elaborado por el jefe de la Sección de Control Vehicular, del Departamento de Administración del Parque Automotor, de la División de Logística de la Policía Nacional, mayor PNP Jorge Chuman Piscoya, señala que un importante número de oficiales que pasaron al retiro solicitaron comprar los coches por los montos y plazos previstos. Pero nunca cumplieron.
Tampoco se acogieron a la figura de la transferencia vehicular, una opción que también les ofrece la institución policial. Ni siquiera responden a las comunicaciones oficiales de la PNP.
De acuerdo con las normas y procedimientos para la asignación, reasignación y uso de los vehículos del parque automotor de la Policía Nacional, las camionetas y automóviles de seguridad deben ser devueltos a la Dirección de Logística de la PNP, en buenas condiciones de funcionamiento y conservación, en un plazo de 7 días calendarios desde el momento del pase al retiro de los oficiales generales y coroneles.
La Policía Nacional destina importantes recursos públicos para la adquisición de vehículos. Como reveló una investigación de La República, en 2025 el Alto Mando autorizó el desembolso de S/17,3 millones para la adquisición de 8 vehículos de alta gama Audi, 40 camionetas Toyota RAV4 y 120 Toyota Corolla para los tenientes generales, generales y coroneles en actividad.
La norma establece que los oficiales que fueron dados de baja, tienen la posibilidad de solicitar al día siguiente de su pase al retiro, la compra del vehículo en un plazo de 30 días calendarios para los trámites de transferencia de propiedad a nombre del usuario. Para dicha finalidad deben presentar un certificado de Gravamen Vehicular Policial y de Infracciones de Tránsito y Transporte, acreditando no contar con deudas pendientes.
No obstante, pese al tiempo transcurrido y a las recomendaciones de la Contraloría General, la Dirección de Administración de la Policía Nacional -que tiene a cargo la División de Logística y la Sección de Control Vehicular de la PNP- no han conseguido recuperar los vehículos el Estado que fueron entregados en la última década (2014- 2024). Y lo que es peor, tampoco se ha puesto en conocimiento de estos hechos a la Procuraduría Pública Ministerio del Interior para las respectivas denuncias penales.
Este sábado 17 de enero vence el plazo para que los partidos políticos y movimientos regionales soliciten la inscripción de alianzas electorales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con miras a participar en las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.
El trámite debe realizarse ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) y permitirá a las agrupaciones presentarse en coalición en los comicios que se realizarán en octubre.
De acuerdo con el cronograma electoral, las organizaciones políticas deberán elegir a sus candidatos en el mes de mayo, a través de elecciones internas, como paso previo a la inscripción de listas.
Si no cumplen con este plazo, los partidos solo podrán competir de manera individual en el proceso electoral.
Las primarias se llevarán a cabo en dos fechas: 17 y 24 de mayo, según defina cada organización. Los resultados podrán ser proclamados hasta el 1 de junio.
– 16 de junio: fecha límite para presentar solicitudes de inscripción de fórmulas y listas a todos los cargos subnacionales.
– Hasta el 5 de agosto: publicación de listas admitidas.
El Congreso de la República promulgó este viernes, por insistencia, la Ley 32551, que modifica la Ley Universitaria en dos aspectos sustanciales relacionados a los grados académicos que deben tener los catedráticos para dictar clases en los claustros universitarios.
Con las rúbricas del presidente y vicepresidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi y Waldemar Cerrón, respectivamente, la norma incorpora dos disposiciones complementarias a la Ley Universitaria. Por un lado, establece que para aquellos catedráticos que ingresaron a la docencia «durante y hasta» la vigencia de la antigua ley universitaria -promulgada en 1983 y derogada en 2014- será «opcional» el requisito de contar con maestría o doctorado para dictar clases, tal como estipula la norma vigente.
Cabe señalar que la actual Ley Universitaria establece como «obligatorio» que los docentes tengan grado de Maestro para dictar clases en el nivel pregrado, grado de Maestro o Doctor para maestrías y programas de especialización, y grado de Doctor para la formación a nivel de doctorado; mientras que la antigua norma indicaba que, para el ejercicio de la docencia universitaria, se podía contar solo con título profesional.
En ese sentido, la Ley Universitaria vigente, al momento de su promulgación en 2014, estableció un plazo de 5 años para que los catedráticos sin maestría o doctorado pudieran cumplir con dichos requisitos. Sin embargo, a lo largo de más de 10 años, se han dado sucesivas prórrogas al plazo. La última ampliación, dispuesta por el Congreso, finalizó el pasado 30 de diciembre.
No obstante, ese mes, el Pleno del Parlamento aprobó con 84 votos a favor, 4 en contra y 10 abstenciones la norma oficializada hoy, que no solo vuelve opcional el requisito para contar con dichos grados para los catedráticos que ingresaron a la docencia con la antigua norma, sino que, además, los exonera de esos requisitos académicos para ser promovidos en la carrera docente, pese a que esta es de naturaleza meritocrática.
Asimismo, la norma amplía hasta diciembre de 2026 el plazo para que los catedráticos que ingresaron a la docencia con la actual Ley Universitaria cumplan con tener maestría o doctorado para impartir clases en las universidades públicas y privadas.
Detalle de la normativa oficializada este viernes.Fuente: El Peruano
Más de 10 años de prórrogas
La Ley N° 30220 o Ley Universitaria fue promulgada en julio de 2014. Ese mismo año, una comisión del Congreso -encabezada por la fujimorista Martha Chávez– y los colegios de abogados de Lima y Lima Norte presentaron sendas demandas de inconstitucionalidad contra la norma.
Al año siguiente, el Tribunal Constitucional (TC) declaró infundadas esas demandas. No obstante, estableció que el plazo de 5 años para que los catedráticos cumplan con el requisito de contar con maestría o doctorado para impartir clases se contara desde el momento de la publicación del fallo, es decir, desde noviembre de 2015.
En mayo de 2020, el gobierno de Martín Vizcarra emitió el Decreto Legislativo N° 1496, mediante el cual se amplió dicho plazo hasta el 30 de noviembre de 2021. Esto como parte de las medidas de emergencia sanitaria frente a la pandemia la COVID-19.
Cumplido ese plazo, en 2021, el actual Congreso impulsó la Ley 31364 que amplió nuevamente ese plazo hasta el 30 de diciembre de 2023.
Finalmente, en diciembre de 2023, el Parlamento volvió a impulsar una nueva prórroga a través de la Ley N° 31964. Esta vez hasta el 30 de diciembre de 2025.
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