Restringen paso de buses por el Serpentín de Pasamayo durante todo el 2026

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso la suspensión de la circulación de vehículos destinados al transporte de pasajeros en el Serpentín de Pasamayo durante todo el año 2026 y 2027, como parte de una medida preventiva orientada a reducir el riesgo de accidentes en este tramo crítico de la Panamericana Norte.

La restricción fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 031-2025-MTC/18, publicada este domingo 21 de diciembre en el diario oficial El Peruano. De acuerdo con el MTC, la decisión se sustenta en las condiciones geométricas adversas de la vía, la cual presenta una sola calzada bidireccional, curvas de radio reducido, pendientes pronunciadas y una alta exposición a fenómenos geodinámicos, factores que incrementan el peligro para la seguridad vial.

La medida regirá las 24 horas del día, desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027, y comprende todo el tramo PE-1NA, entre el kilómetro 44 de la Panamericana Norte (sentido sur–norte) y el kilómetro 75 (sentido norte–sur).

Según lo establecido, la prohibición alcanza a los vehículos de las categorías M2 y M3, es decir, aquellas unidades destinadas al transporte de personas con más de ocho asientos, sin contar el del conductor, independientemente de su peso bruto vehicular.

El MTC precisó que esta disposición busca salvaguardar la vida y la integridad de los usuarios de la vía, promoviendo el uso de rutas alternas más seguras para el transporte interprovincial de pasajeros mientras se mantenga vigente la restricción.

Tribunal Constitucional rechaza hábeas corpus de Pedro Castillo y ratifica su permanencia en prisión

El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada e improcedente la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa del expresidente Pedro Castillo, que buscaba su excarcelación temporal para ser sometido a una intervención quirúrgica cardíaca y la sustitución de la medida de prisión preventiva por detención domiciliaria.

La acción legal impulsada por los abogados de Castillo pretendía que se ordene su liberación para recibir atención médica especializada, alegando un presunto problema de salud que requeriría un tratamiento fuera del penal donde cumple reclusión por diversos procesos penales. También se solicitó que, tras la intervención, se le permita cumplir la medida de detención en casa bajo supervisión médica y familiar.

No obstante, en su resolución el TC concluyó que la demanda no acreditó una vulneración de derechos fundamentales, como el derecho a la salud o la protección contra tratos irrazonables en el contexto de su encarcelamiento. Por esa razón, decidió rechazar el recurso y declaró infundado el pedido de excarcelación y de cambio de medida privativa de libertad.

«Este Tribunal Constitucional declara que no se ha acreditado la vulneración de los derechos a la salud y a no ser objeto de tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto a la forma y las condiciones en las que Pedro Castillo Terrones cumple su reclusión bajo mandato judicial y la administración del INPE», se lee en la resolución.

Poder Judicial descarta golpe de Estado y ratifica condena contra Pedro Castillo solo por conspiración

El jueves 4 de diciembre, durante la lectura de sentencia, el Poder Judicial determinó que el anuncio de cierre del Congreso del 7 de diciembre de 2022 no constituyó rebelión y confirmó que la responsabilidad penal de Pedro Castillo corresponde únicamente al delito de conspiración.

En su resolución, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema confirmó la condena impuesta al exmandatario por 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, además de 2 años de inhabilitación para que no pueda ejercer cargos públicos. Al mismo tiempo, el PJ dejó sin efecto las acusaciones más severas que se le atribuían como golpe de estado y abuso de autoridad por los que la Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de 34 años de prisión.

Gobierno amplía por 30 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao

El Gobierno prorrogó por 30 días calendario, a partir del 21 de diciembre del 2025, el estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao para hacer frente a la creciente ola de criminalidad.

El decreto supremo 140-2025-PCM, que dispone dicha medida, fue publicado en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

Durante la vigencia de la norma, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

El dispositivo establece también que en el plazo mencionado se restringirá o suspenderá el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Asimismo, detalla que para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación de acuerdo con el artículo 4 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo N.º 002-2018-PCM, y la normatividad vigente.

«Las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin necesidad de permiso previo», se lee en el decreto supremo.

Asimismo, detalla que para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación de acuerdo con el artículo 4 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo N.º 002-2018-PCM, y la normatividad vigente.

«Las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin necesidad de permiso previo», se lee en el decreto supremo.

Conflicto interno en Somos Perú: Vocero oficial acusa a José Jerí de «estar pagando favores al Fujimorismo, APP y Acción Popular»

A pesar de que José Jerí Oré se mantiene como miembro de la bancada de Somos Perú, su relación con el partido se ha ido deteriorando. Según reveló el vocero oficial del grupo parlamentario, Héctor Valer Pinto, el distanciamiento empezó apenas una semana después de asumir el mando del país, cuando Jerí solicitó licencia a su militancia. Desde entonces no ha respondido los reiterados mensajes enviados por los miembros de su bancada para buscar el diálogo.

«Queremos saber a donde va a conducir el país el presidente, porque hasta ahora no ha emitido un decreto supremo de política general del Gobierno», puntualizó Valer Pinto a este diario, subrayando que la falta de comunicación se traduce en falta de claridad sobre los lineamientos generales entre el Poder Ejecutivo y Somos Perú. Como última medida, anunció que el 18 de diciembre envió un oficio formal solicitando a Jerí Oré que acceda a una reunión con los miembros de la bancada oficialista en Palacio de Gobierno.

Ilich López controlaría el Ministerio de Energía y Minas

Tras los informes revelados por medios periodísticos en donde se indica que Ilich López tendría una red de influencias dentro del Ministerio de Energía y Minas, el vocero oficial de Somos Perú, aseguró que la falta de comunicación de Jerí deja abierta la posibilidad de que las investigaciones sean ciertas.

«Hasta la fecha el presidente de la República no se ha pronunciado al respecto de este tema y lamentablemente no sabemos si es verdad o no. Y si fuese mentira, no tenemos prueba alguna para poder desmentir», reveló.

Asimismo, mencionó que el claro distanciamiento de Jerí con los miembros de Somos Perú está afectando al desarrollo de las labores legislativas de los congresistas de la bancada. «Estamos preocupados porque la mayor parte de la bancada oficialista, no son invitados a las diversas reuniones que el presidente de la República tiene en diferentes regiones», denunció Valer, asegurando que esto no sucede con miembros de otras bancadas como Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso o Acción Popular.

«Esa misma fraternidad con la que invita a todos los congresistas de cada región, excepto a los de Somos Perú, queremos tener», puntualizó el congresista Valer Pinto.

José Jerí está cumpliendo favores del Fujimorismo, APP y Acción Popular

Ante las reuniones constantes de José Jerí con miembros de otras bancadas, Valer arremetió indicando que se trataría de un intercambio de favores.

«Él está pagando posiblemente los favores que el Fujimorismo le haya solicitado devolverle, porque de alguna manera los votos del Fujimorismo lo llevaron a ser presidente de la República», sentenció. Puso como ejemplo el vínculo cercano que ha generado con el parlamentario Ilich López, con quien fue visto paseando por Huancayo, a tal punto que el propio gobernador regional le reclamó al presidente de la República la «falta de objetividad» en sus acciones con relación a la región de Junín.

«El congresista Ilich López tendría mayor preponderancia y mayor poder de decisión política que el mismo presidente de la República en la región Junín. Eso fue lo que denunció el propio gobernador regional», reveló Héctor Valer.

Finalmente, el vocero de la bancada del corazón recalcó que ellos miran de lejos como gobierna Jerí Oré y que, muy diferente a lo que la ciudadanía piensa, no son considerados para la toma de decisiones.

«Son varias cosas que el señor presidente tiene que explicar, por lo menos al país, pero no lo ha hecho hasta ahora, y menos hacia su bancada Somos Perú, que es a la que, hasta hoy, pertenece», concluyó.

De interés nacional la creación del corredor económico Chancay – Loreto – Brasil

Con 21 votos a favor y 1 en contra, la Comisión Permanente aprobó, en primera votación, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 11186/2024-CR que declara de interés nacional la creación del corredor económico Chancay – Loreto – Brasil con la finalidad de integrar la región amazónica al eje logístico nacional e internacional y promover el desarrollo sostenible.

El presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Víctor Flores Ruíz (bancada FP), explicó que el puerto de Chancay se perfila como el principal puerto de la costa del Pacífico sudamericano y uno de los tres más grandes de América, por su capacidad proyectada que asciende a 5 millones de contenedores al año.

Además, se estima que concentrará a alrededor del 50 % de los 580 mil millones de dólares que mueve el anualmente el comercio entre China y América del Sur.

Asimismo, la ruta directa hacia Asia reducirá los tiempos de navegación de 40 a 25 días, lo que incrementará significativamente la competitividad logística del Perú.

No obstante, señaló Flores Ruíz, el cierre de brechas no ha acompañado el crecimiento acelerado por el megapuerto de Chancay especialmente en materia de conectividad vial, transporte urbano, servicios básicos y planificación territorial.

“Por estas razones, se vuelve necesario impulsar la implementación de un corredor que permita articular el megapuerto con el interior del país y aprovechar la posición estratégica de Loreto, como la región amazónica más extensa del Perú y puerto natural hacia el Brasil, mediante los ejes de Tabatinga y Manaos”, expresó.

Agregó que, el corredor fortalecería la integración logística, dinamizaría el comercio regional y posicionaría al Perú como un actor clave en el vínculo comercial entre Sudamérica y Asia

Finalmente, hizo hincapié en que su implementación facilitaría el intercambio comercial entre costa, sierra y selva del país, así como con Brasil.

Reinfo hasta fines de 2026: Congreso ratifica dictamen que amplia proceso de formalización minera

Con 13 a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, la Comisión Permanente del Congreso aprobó, en segunda votación, una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2026 o hasta que entre en vigor la esperada Ley Mape. De esta forma, el Parlamento mantiene abierta una vez más esta especie de licencia sin caducidad que se ha convertido en un escudo de impunidad para la minería ilegal.

Una vez que esté lista la autógrafa de ley, el presidente José Jerí dispondrá de 15 días hábiles para promulgarla en el diario oficial El Peruano. Por lo pronto, sus declaraciones previas apuntan a una conformidad con la decisión de los congresistas, ya que no se realizaron cambios al dictamen de la Comisión de Energía y Minas y se mantuvieron los aportes del Poder Ejecutivo.

Además de autorizar una prórroga adicional de un año, la norma ordena un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, coordinado por el INEI junto con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ingemmet, así como el sinceramiento obligatorio de ubicación georreferenciada por parte de los titulares y la transferencia del acervo documentario desde los gobiernos regionales al Minem.

Reinfo: Confemin pide a presidente que promulgue la norma

En diálogo con este medio, el presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), Máximo Franco Bequer, se mostró poco satisfecho con la ratificación del dictamen, pero consideró que representa un alivio de cara al año que viene. No perdió la oportunidad de pedirle al presidente José Jerí que agilice su promulgación esta semana.

«No estamos recontra satisfechos, pero por lo menos estamos aliviados de tener un año más para seguir trabajando. Ahora, le hacemos un llamado al presidente Jerí para que el gobierno se siente a conversar con nosotros y agilice la promulgación de la norma, de modo que podamos regresar a nuestras labores», indicó.

De igual forma, advirtió que la prórroga de un año adicional otorgado por el Congreso es insuficiente para que se pueda elaborar una nueva Ley Mape. En su opinión, la falta de voluntad política y la incapacidad de las autoridades de Estado provocará que continúe la espiral de extensiones del proceso de formalización minera.

A su turno, el exviceministro de Gestión Ambiental, José De Echave, responsabilizó al Minem de desentenderse de su rol como autoridad del sector para ofrecer alternativas ante el entrampamiento de la Ley Mape. Si bien creó una Mesa Técnica que produjo un documento con 11 aportes, dichos insumos no tuvieron peso en el debate.

«En el último año, la estrategia del Minem fue desatenderse del tema y darle carta libre a la Comisión de Energía y Minas (…). Entonces, sí creo que su actitud ha sido irresponsable, pero además hay que observar algo. Por ejemplo, existen evidencias de puertas giratorias que involucran al personal del Minem con el sector informal», explicó.

Reinfo: los votos del Congreso que aprobaron su ampliación

El dictamen que extiende el Reinfo hasta el 2026 recibió los votos de respaldo de los grupos parlamentarios de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos, Juntos por el Perú, Somos Perú y la Bancada Socialista, quienes prácticamente repitieron los mismos argumentos para darle luz verde a esta norma que se enmarca en un contexto preelectoral. En el caso de las abstenciones, esta vez vinieron de Perú Libre.

Solo se opusieron Ilich López de Acción Popular, el fujimorista Arturo Alegría, Gladys Echaíz y Karol Paredes de Avanza País, así como Ruth Luque del Bloque Democrático Popular. Precisamente, la legisladora de izquierda cuestionó que se haya excluido del debate a los pueblos indígenas, pese a que este sector es uno de los principales afectados por el avance de la minería informal e ilegal.

«Se ha excluido de manera arbitraria a las poblaciones indígenas, actores que en sus territorios tendrían mucho que decir. Es bien irresponsable el texto que han aprobado porque no hay ninguna cláusula ambiental. No se puede generar una afirmación y seguir justificando frente al grave deterioro ambiental que existe (..) Se ha perdido una gran oportunidad», enfatizó.

Desde la vereda contraria, el congresista Roberto Sánchez reconoció que la ampliación del proceso de formalización pone al descubierto el fracaso de la políticas públicas del país para atender la expansión desenfrenada de la minería artesanal y a pequeña escala. Además de ello, no se ha podido avanzar con la aprobación de la Ley Mape, que sigue durmiendo el sueño de los justos.