Víctor Díaz, jefe regional del Indeci, declaró en emergencia e inhabitable la comunidad de La Perla- Atavillos Bajo en Huaral tras los deslizamientos que ha dejado como saldo dos personas fallecidas y cinco desaparecidas.
¿POR QUÉ SE TOMÓ ESTA DECISIÓN?
El jefe de Indeci sostuvo que posiblemente aparezcan otros desbordes y es por eso que se quiere prevenir. Además, dijo que están tomando acciones para salvaguardar la vida de los pobladores. “Se están realizando las coordinaciones internas para evacuar a la población, que se dará de manera gradual”, dijo en Canal N.
Agregó que las maquinarias, las que van ayudar a restaurar los daños provocados por los deslizamientos, todavía se encuentran en camino debido a la dificultad de la carretera que hace su arribo con lentitud.
Por su parte, el ministro de Justicia, José Tello, también se sumó a esta disposición y remarcó que la evacuación de los moradores será progresivamente. “La zona es complicada”, acotó.
¿POR QUÉ SE SUSPENDIERON LAS LABORES DE RESCATE?
El titular del Minjus declaró la suspensión de las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes en Huaral, ya que se confirmó que los equipos del Ejército, Defensa Civil y Bomberos no tenían las condiciones seguras para realizar la labor. ¿La razón? Aún la tierra se encuentra humedecida producto de las lluvias, así como en las partes altas del cerro.
Sin embargo, el ministro dijo que ya se delegó a un equipo pequeño de rescatistas para que continúen las labores de rescate, especialmente de Carmen Milla Rique.
Esta mujer se quedó enterrada en su vivienda. Su mamá se comunica por teléfono con ella. “Está en mi casa, por eso estoy exigiendo que la saquen. No puedo hablar bien, seguramente porque ya se estará ahogando. (Mi hija) también pudo hablar con su papá hace un momento, pero no puede hablar bien”, señaló desesperada la madre.
EL SALDO DE FALLECIDOS Y HERIDOS QUE DEJÓ EL DESLIZAMIENTO
Hasta el momento hay 30 familias empadronadas, 58 damnificadas, 8 afectadas, 2 personas fallecidas, 5 desaparecidos, 24 viviendas destruidas, 5 inmuebles afectados, un colegio al igual que un local comunal.
El Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima declaró improcedente el habeas corpus presentado a favor de Alberto Fujimori contra la Presidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que solicitaba la libertad del exmandatario.
El recurso cuestionaba la resolución de la CIDH del 7 de abril del 2022, en la que se ordenó no dejar en libertad al otrora gobernante, a pesar de tener una sentencia a favor del Tribunal Constitucional (TC) basada en el indulto otorgado a Pedro Pablo Kuczynski.
El Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima dispuso que esta demanda de habeas corpus, promovida por María Elena Cabrera Valdivia a favor de Alberto Fujimori, no procede, por lo que se ordenó el archivo del caso.
Como se conoce, en abril del 2022 la CIDH ordenó al Perú que no acate el fallo del Tribunal Constitucional a favor de que Alberto Fujimori sea liberado al restituir su indulto. De esta manera, el exlíder de Fuerza Popular permanecerá preso cumpliendo sus sentencias por los delitos de los casos Barrios Altos, La Cantuta y otros.
La Tercera Sala Penal Transitoria condenó a doce años de prisión al exministro del Interior, Daniel Urresti, como coautor del delito de homicidio contra el periodista Hugo Bustíos, ocurrida en 1988. La Fiscalía se mostró conforme con la sentencia, pero la defensa anunció que presentará un recurso de apelación.
La lectura de sentencia fue de ocho horas en las que se analizó todas las pruebas encontradas. El tribunal señaló que se emitió una sentencia condenatoria contra Daniel Urresti, pero con una pena reducida por la demora en el proceso.
Daniel Urresti fue detenido al concluir la lectura de la sentencia por personal de la Dirincri. Tras ello, será internado en un penal que determine el INPE en las próximas horas.
El periodista Hugo Bustíos fue asesinado presuntamente por miembros de la base militar del Ejército peruano de Castropampa en Huanta (Ayacucho), quienes se encontraban vestidos de civil. Daniel Urresti aseguró en una de las audiencias que no sabía que Hugo Bustíos realizaba una labor periodística.
La Fiscalía señaló en su tesis que Urresti habría conocido la orden que se dio de asesinar al periodista y dispuso el operativo como exjefe de la Sección de Inteligencia y Contrainteligencia (S-2) de la base contrasubversiva de Castropampa (Huanta) al momento de ejecutarse los hechos.
La excandidata presidencial Keiko Fujimori Higuchi y los hermanos Joaquín y Osías Ramírez Gamarra, quienes pertenecieron al partido político Fuerza Popular y financiaron la campaña de esta, son parte de las 14 personas imputadas por un vasto caso de crimen organizado vinculado con lavado de activos en agravio de la Universidad Alas Peruanas (UAP) y del Estado, según el mandato del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Víctor Zúñiga Urday.
Durante el periodo en el que su tío Fidel Ramírez Prado y otros miembros de su familia mantenían bajo férreo control la UAP, Joaquín y Osías Ramírez hicieron millonarios contratos simulados con la entidad universitaria mediante empresas de fachada. Con los fondos adquirieron y revendieron centenares de inmuebles e hicieron otros negocios para transferir dinero a la campaña de Keiko Fujimori.
Keiko Fujimori con Fidel Ramírez Prado. Foto: La República
En el caso también están implicados la viuda de Fidel Ramírez, Nancy Gallegos Vela, y las hijas de la pareja, Maribel Ramírez Gallegos, además de los cónyuges de estas, Yohny Ramírez Núñez y Marco Urteaga Cabrera. Asimismo, varios de los socios de Joaquín Ramírez, entre ellos Edmon Jordan Montes, quien está directamente relacionado con un caso de presunto lavado que vincula a Keiko Fujimori.
Agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila), en cumplimiento de la resolución judicial, ha procedido a la incautación de 243 bienes inmuebles que obtuvieron los participantes de la presunta organización criminal, entre los que se encuentran 171 propiedades en todo el país (la gran mayoría en Lima), además de 111 vehículos y aeronaves que adquirieron los investigados con fondos ilícitos.
Las autoridades incautaron aeronaves como parte del operativo de incautación vinculado con Joaquín Ramírez. Foto: La República
Fidel Ramírez y su esposa Nancy Gallegos llegaron a poseer 86 millones de acciones Clase A de la UAP, además de otros 4,4 millones de acciones de Clase B de la misma universidad. La hija Nancy Ramírez Gallegos tuvo 300.000 acciones Clase B.
La disposición del juez Víctor Zúñiga también ordenó la incautación de la totalidad de las acciones de la familia de Fidel Ramírez, e incluso las que fueron transferidas a terceras personas, porque se entiende que se hizo la operación para evitar la persecución de la justicia.
Incautación realizada a inmuebles vinculados con Joaquín Ramírez este 11 de abril. Foto: La República
La resolución judicial recuerda las declaraciones del expiloto Jesús Vásquez Ybañez, quien en el 2016 reveló que Joaquín Ramírez Gamarra, entonces jefe de la campaña presidencial de Keiko Fujimori, le confió que había “lavado” US$15 millones para financiar a la excandidata de Fuerza Popular y que la modalidad para blanquear el dinero ilícito fue un negocio de grifos.
Los agentes de la Dirila siguieron la ruta del dato y se dieron con que Joaquín Ramírez y su hermano Osías Ramírez hicieron millonarias transferencias entre sus empresas Norgrifos y Compañía General de Combustibles, mediante diversas operaciones simuladas, como alquileres, ventas de locales, etc. Las autoridades no descartan que esta trama haya servido para captar y lavar los US$15 millones de los que habló el expiloto Jesús Vásquez.
Sin embargo, hay otros casos que relacionan directamente a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular, en las que participó el brazo derecho inmobiliario de Joaquín Ramírez, Edmond Jordan Montes, mediante presuntas empresas de fachada. Por ejemplo, la simulación de una compra-venta de una casa en la cuadra 40 de la avenida Arequipa, Miraflores, donde funcionó el local partido.
Este 11 de abril, miembros de la Fiscalía incautaron inmuebles del exsecretario de Fuerza Popular. Foto: composición Jazmín Ceras/LR
Montes adquirió la empresa Mondreu con dinero de la UAP, luego la vendió a Lima Ingeniería y Construcción y Capricornio Import, de propiedad de Joaquín Ramírez, y en la transacción se incluía la casa de la avenida Arequipa. Esta operación tiene todas las características de una triangulación.
Edmond Jordan Montes reaparece en otro caso muy similar: compró a Keiko Fujimori y a su esposo un inmueble en Cieneguilla por US$201.010, cuando la excandidata presidencial lo había adquirido a US$144.946. Para las autoridades, se trató de una sobrevaloración para presuntamente lavar dinero de origen ilícito.
Keiko Fujimori simuló venta de inmueble en Cieneguilla. Foto: documento
El 9 de abril de 2019, la UAP confirmó la muerte por enfermedad de Fidel Ramírez. Para entonces había organizado todo para que la propiedad pasara a manos de su esposa, sus hijas y sus yernos. Pero los socios de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas, conformada por exintegrantes de las Fuerzas Armadas, contrataron una auditoría y descubrieron que el clan de la familia Ramírez había depredado la universidad y formularon una denuncia penal por presunto lavado de activos, entre otros delitos.
El 25 de julio de 2019, la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos dispuso investigar a Keiko Fujimori, Joaquín Ramírez y a otras 11 personas, y después se incorporó al excongresista fujimorista Osías Ramírez, el 30 de noviembre de 2022. Para 2020, la administración de la UAP ya se encontraba en manos de una nueva gestión.
Como parte del proceso de desvincularse de la administración corrupta del clan Ramírez, la nueva administración de la UAP entregó toda la documentación relacionada con presuntos actos ilegales, y añadió una denuncia contra las anteriores autoridades, según reveló una investigación de La República, el 5 de abril de 2021. En el material había más evidencia sobre los vínculos de Keiko Fujimori.
Según el mandato judicial, además de los beneficios económicos ilegales que supuestamente recibióla tres veces excandidata presidencial, ella también prestó apoyo político de su partido Fuerza Popular para blindar las actividades de los Ramírez.
Keiko Fujimori ya enfrenta un pedido fiscal de 30 años de prisión por crimen organizado y lavado de activos por haber captado dinero sin declarar para financiar sus campañas de 2011 y 2016, y haber usado “pitufos” que simularon hacer aportes con el propósito de justificar el manejo de millones de fondos de origen ilícito.
Autoridades UAP: Fiscalía comete una arbitrariedad y abuso de autoridad
La Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas (COOPALASPE), única accionista de la UAP, mostró su rechazo al allanamiento que realizó la Fiscalía a propiedades de la institución académica. COOPALASPE aseguró que Joaquín Ramírez y su familia ya no poseen ningún vínculo con la casa universitaria por lo que aseveraron que el accionar de las autoridades públicas muestran un «claro abuso de autoridad».
Aunque oficialmente el verano ya terminó, las altas temperaturas continúan acompañando a los peruanos en diversas regiones como Lima, donde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó una sensación térmica de hasta 37 grados.
El remedio para muchos ha sido la compra de ventiladores, cuya importación no sería suficiente para cubrir la demanda, así lo indica Javier Ugarte, presidente del gremio de Comerciantes de Artefactos Electrodomésticos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
“Este año se han importado 183 mil ventiladores, la importación ha crecido en febrero y marzo a casi el doble del año pasado (…). Si bien hay una importación mayor que la del año pasado, esta va a ser insuficiente para cubrir la demanda, si el ciclo de calor continúa no va a haber más productos para los meses de mayo y junio”, comentó.
Para la CCL, la importación de más ventiladores podría tomar cinco meses, pero los vendedores de Mesa Redonda son más optimistas. El presidente de la Asociación de Importadores de Mesa Redonda, Roberto Díaz, señala que la nueva carga de ventiladores tardaría al menos un mes en llegar.
Díaz indica que ya se superaron las ventas del 2019 y que, debido a la mayor demanda y la reducida cantidad de ventiladores que quedan, los precios han subido hasta en un 20 % en Mesa Redonda.
El Gobierno publicó hoy un decreto que destina más de 209 millones de soles para acciones en regiones declaradas en estado de emergencia por las intensas lluvias, huaicos e inundaciones, y que, según pronósticos meteorológicos, continuarán en las próximas semanas.
Según la norma se autoriza autorizó la transferencia de partidas correspondientes al año fiscal 2023 de los recursos de la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas “hasta por la suma de S/ 209 179 974 soles a favor de diversos gobiernos regionales y gobiernos locales de las zonas declaradas en estado emergencia”.
No incluyen capacitación
El decreto aclara que las acciones inmediatas «no incluyen capacitación, asistencia técnica, seguimiento, adquisición de vehículos, remuneraciones o retribuciones, salvo en este último caso cuando se trate de servicios de terceros vinculados directamente con la atención de la población frente al peligro inminente».
Asimismo, los gobiernos regionales y locales tendrán hasta los 15 días calendarios de cada mes para presentar «un informe de las acciones realizadas y los resultados obtenidos en el marco de los establecido en la presente norma».
Hasta fin de año
El decreto que lleva las firmas de la presidenta Dina Boluarte Zegarra, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda y los ministros de Economía, Alex Contreras Miranda y de Defensa, Jorge Chávez Cresta, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023.
ENFOQUE REAL 