“Lo de Repsol no tiene nombre”

Por Dante Pacheco:

El 15 de enero se cumplió un año de la desgracia ecológica más grande ocurrida en el mar peruano, el derrame de 12 000 barriles de petróleo a causa de una maniobra negligente de la empresa REPSOL, la misma que inicialmente negó su directa responsabilidad en el problema y que luego lo reconoció, pero alegando que solamente se trataba de 6000 barriles. La tragedia afectó las playas de ventanilla y todas las del litoral del norte chico, incluyendo Chacra y Mar, Puerto de Chancay, Chorrillos, etc.

El crudo de petróleo contaminó inmediatamente no solo las aguas del mar, también el fondo marino y las playas de toda la zona norte hasta Huacho, provocando inmediatamente la muerte de innumerables especies de la fauna marítima además de numerosas aves. REPSOL no estuvo a la altura de las circunstancias pues no tenía ningún plan de contingencia de modo que improvisaron personal que sin el equipo necesario fueron obligados a tratar de recoger el petróleo del mar y de la arena de las playas, cosa que no fue posible pues hasta ahora -después de un año- las afectaciones están a flor de arena. En lo particular, Chacra y Mar y Chancay lucen con sectores contaminados como lo muestran extensas manchas negras a lo largo del litoral porque las actividades tradicionales están paralizadas, como la pesca y el comercio, dejando pérdidas cuantiosas a miles de familias que mal seleccionadas apenas recibieron tres mil soles como una especie de compensación y que en la práctica no significan nada… entretanto también se afectó la normal concurrencia de veraneantes en esta época del año, perjudicándose los vendedores de comida, los transportistas, los ambulantes, entre otros ante la mirada fría y deshumanizada de la empresa transnacional que apenas si pagó multas simbólicas que impusieron algunas entidades tutelares, pues nadie, ni siquiera el Gobierno les exige mayor responsabilidad frente a la terrible desgracia.

La contaminación y el petróleo no desaparecerán de la noche a la mañana, tardará unos años en recuperar todo lo contaminado, por lo que las victimas solo sobrevivirán con lo poco que les dieron, peor aún aquellos que nunca fueron reconocidos como perjudicados y tienen que comerse las uñas por la desidia de las autoridades y la insensible REPSOL que inexplicablemente sigue operando en nuestro país luego de haber ocasionado grandes y millonarias pérdidas. En actos desesperados, algunos grupos de perjudicados, como el caso de los pescadores, tímidamente realizan vigilias a orillas del mar con la esperanza de que REPSOL y el propio Gobierno les dé una mirada compasiva, para ayudarlos a salir del problema y enfrentar el sostenimiento de sus familias, quienes resultan ser las más perjudicadas. Hasta cuando soportaremos los abusos de estas empresas transnacionales que en nuestras tierras y con nuestros recursos hacen lo que les da la gana.

CIDH “no encontró” peruanos que respondan “a algún tipo de organización”, como afirma Boluarte

Contraposición. Desde que comenzaron las movilizaciones que aclaman la renuncia de la clase política, la narrativa de la mandataria Dina Boluarte ha sido sugerir que los manifestantes son “manipulados” por “azuzadores internacionales”. El Congreso con 88% de desaprobación, que le otorgó la investidura al gabinete Otárola, replicó el discurso como si estuviese mimetizado. Se culpó a Evo Morales de injerencista y se pidió raciocinio a los demandantes. “No se dejen manipular”, dijo más de una vez la primera presidenta en la historia mundial republicana con casi media centena de muertes en contexto de protesta social, como escribió el historiador y analista internacional Isaac Bigio en Hildebrandt en sus Trece.

Estas acusaciones hechas por funcionarios no fueron expuestas con nombres que certifiquen ni descripciones de las articuladas mafias que supuestamente promovieron a las personas. Tanto Boluarte como su primer ministro insisten en que “ingresó armamento desde Bolivia” para equipar a los protestantes. Peor aún, este 2023, cada institución del Estado deberá encabezar sus documentos con “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”, cuando hay 49 muertos por salir a las calles a demandar políticas.

En ese contexto fue que llegó un grupo de diplomáticos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 11 de enero arribaron el primer vicepresidente y relator para Perú, Stuardo Ralón, y el comisionado Joel Hernández, acompañados de la secretaria ejecutiva adjunta para monitoreo, cooperación técnica y capacitación, María Claudia Pulido, y el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca. Divididos en grupos para visitar Lima, Ica, Arequipa, Juliaca, Ayacucho y Cusco, pretendieron observar la situación de vulneración civil.

A Ralón le tocó ir a Juliaca, epicentro fúnebre de todas las ciudades del Perú en las que se han registrado fenecidos. En lugar de percatarse de la “manipulación” de “elementos externos”, Stuardo vio “mucho dolor y tristeza”, como recordó en “No hay derecho”.

“De los testimonios, no encontramos en las personas algo que dijera que están respondiendo a algún tipo de otra organización, sino una manifestación auténtica de un descontento por el abandono que esa región (Puno) ha tenido históricamente y que muchas veces, durante largo tiempo, sobre todo, cuando se acercan los procesos electorales, se ofrecen muchas cosas que posteriormente no se cumplen. Cuando se ven los resultados, sigue siendo una región, pareciera estar muy desconectada, digamos en un nivel de pobreza muy distinto al que (…) uno encuentra en la capital”, contó.

También percibió “un ambiente de estigmatización generalizada”, en el que se “pretende indicar que todas las personas que pueden estar manifestando su inconformidad podrían ser calificadas como terroristas o ‘terrucos’”. Este recurso discursivo invalida al señalado arbitrariamente, quitándole su condición de humano y volviéndolo un objetivo de la “insurgencia” a eliminar, según estudiosos de ciencias sociales.

A diferencia de la interpretación de Boluarte, “lo que hay en el ambiente es una generalización en el discurso, en las declaraciones de algunos funcionarios que alimentan un ambiente de molestia, indignación, que no ayudan a pacificar la situación, si no, alimentan la violencia”.

Plantean proyecto de ley para que policías puedan disparar si manifestantes los superan en número

El legislador Jorge Montoya Manrique de la bancada Renovación Popular presentó, el último jueves 12 de enero, la iniciativa n.° 3973/2022-CR denominada “Proyecto de ley que modifica el Decreto Legislativo 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú”.

Esta propuesta se da en el marco de las manifestaciones que se vienen dando en todo el país y que piden la salida de Dina Boluarte, así como el adelanto de elecciones. Cabe precisar que estas protestas ya dejó el saldo de casi 50 víctimas mortales, entre ellos un policía que falleció calcinado dentro de su patrulla en la región de Puno.

Este proyecto de ley busca derogar el principio de proporcionalidad que señala el Decreto Legislativo 1186, el cual regula el uso de la fuerza letal progresiva de la Policía.

“Proporcionalidad: el uso de la fuerza es proporcional cuando el nivel de fuerza empleado para alcanzar el objetivo legal buscado corresponde a la resistencia ofrecida y al peligro representado por la persona a intervenir o la situación a controlar”.

Según el documento, el inciso antes referido sería suprimido y reemplazado por el principio de defensa de la vida, el cual tiene como prioridad y finalidad la protección de la misma.

“Defensa de la vida: el uso de la fuerza tiene como prioridad y finalidad la defensa de la vida y la salud de las personas, incluyendo la propia de personal policial que interviene”.

Cabe precisar que el texto alude a un supuesto crítico: cuando supere en número a los policías y realicen acciones violentas. Estas son las situaciones en las que se podría usar el arma de fuego, según el proyecto de ley impulsado por el congresista Montoya:

  • En defensa propia o de otras personas en caso de peligro real e inminente de muerte o lesiones graves.
  • Cuando se produzca una situación que implique una seria amenaza para la vida durante la comisión de un delito particularmente grave.
  • Cuando se genere un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves como consecuencia de la resistencia ofrecida por la persona o el grupo de estas que vaya(n) a ser detenida(s).
  • Cuando la vida de una persona o varias de estas es puesta en riesgo real, inminente y actual por quien se está fugando.
  • Cuando se genere un peligro real o inminente de muerte del personal policial u otro individuo, por la acción de grupos de personas que los superan en número y que se encuentran realizando acciones agresivas y violentas.

Gobierno destina más de 98 millones de soles para adquirir alimentos a favor de las ollas comunes

A través del Decreto de Urgencia 002-2023, el Gobierno destinó más de 98 millones de soles al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para financiar la atención alimentaria complementaria en favor de las ollas comunes, a nivel nacional.

Con esta medida se estima beneficiar a 3355 ollas comunes que atienden a 224 438 usuarios diariamente. El Midis, mediante el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, realizará la adquisición de alimentos para su distribución a las organizaciones sociales de base.

Los alimentos adquiridos por el programa nacional serán entregados en los almacenes o puntos que determinen los gobiernos locales, quienes serán los responsables de la adecuada y oportuna distribución.

El decreto de urgencia tiene como objeto disponer de manera excepcional medidas extraordinarias, que contribuyan la atención de las personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad, auto organizadas en ollas comunes, a fin de mitigar los efectos del continuo y persistente incremento de precios en la canasta básica de alimentos.

En ese sentido, a través del mismo decreto, el Poder Ejecutivo autorizó al Midis otorgar, de forma excepcional, una subvención adicional extraordinaria de S/200, S/250 y S/300, a favor de las personas pobres y/o pobres extremas, usuarias de los programas sociales Juntos, Pensión 65 y Contigo, respectivamente, para mitigar los efectos del aumento de precios en la canasta básica de alimentos.

La norma señala que la subvención adicional extraordinaria se otorgará a las 1.4 millones de personas usuarias de los programas sociales Juntos, Pensión 65 y Contigo que perciban las subvenciones correspondientes de los citados programas a diciembre del 2022. Para dicha entrega, el Poder Ejecutivo autorizó una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2023, hasta por la suma de S/329 millones, a favor del Midis para financiar el otorgamiento de la subvención adicional extraordinaria.

El Midis es responsable de la adecuada implementación del otorgamiento de la subvención adicional extraordinaria, así como del uso y destino de los recursos comprendidos. Además, se precisa que los recursos que se transfieran en el marco del presente decreto de urgencia no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos de aquellos para los cuales son transferidos.

Cabe anotar que, el presente decreto de urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023.

Repsol gana apelación contra el OEFA y se libera de millonaria multa

Este domingo 15 de enero se cumple un año del desastre ecológico más grande que ha afectado al mar peruano, debido al derrame de más 11.000 barriles de petróleo. Sin embargo, lejos de hacer efectivas las sanciones contra la responsable, la Refinería La Pampilla S.A.A. de Repsol se ha liberado de una millonaria multa, de acuerdo a un documento al que este diario tuvo acceso.

En julio de 2022, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) le impuso la primera multa a Repsol por 1.087 UIT, que equivalen S/5 millones 004.491, ya que encontró responsabilidad administrativa de su parte por no identificar las zonas afectadas por el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla.

En respuesta, la empresa apeló la sanción, cuestión que quedó a cargo del Tribunal de Fiscalización Ambiental, también de la OEFA. De acuerdo a la Resolución N.º 003-2023-OEFA/TFA-SE, el ente declaró nula la Resolución Directoral N.º 1017-2022- OEFA/DFAI, a través de la cual se sancionó a la firma al haberse “vulnerado el principio del debido procedimiento y el deber de motivación”. Además, se señaló que corresponde retrotraer el procedimiento administrativo sancionador “hasta el momento en el que el vicio se produjo”.

Con relación a la vulneración del principio de debido procedimiento, la empresa sostuvo que OEFA no cumplió con remitir dos informes de supervisión. “Si es que ha habido un error o negligencia de parte de la Dirección de Fiscalización [de OEFA] habría que ver cuál fue el argumento de la Dirección en la resolución de primera instancia”, señalan fuentes consultadas por este medio. Se debe tener en cuenta que OEFA maneja un sistema electrónico donde queda registro del ingreso de cada documento, por lo que verificar si estos informes no se entregaron oportunamente no es una tarea compleja.

De esta manera, los afectados, entre los que se encuentran miles de familias, cientos de animales, 2 áreas naturales protegidas y más de 20 playas, perdieron su primera batalla.

Resolución del Tribunal de Fiscalización Ambiental
Resolución del Tribunal de Fiscalización Ambiental

Evidente conflicto de interés

¿Cómo la empresa que más perjuicio le ha causado al mar peruano se ha liberado una multa millonaria? Esta es una pregunta válida, ya que se debe recordar que la compañía tiene ahora 5 sanciones económicas en el marco de los 7 procedimientos administrativos sancionadores iniciados por OEFA. De los mencionados, 2 se encuentran impugnados ante el Tribunal de Fiscalización Ambiental y los otros 3 se hallan en plazo legal para presentar recurso de impugnación, los cuales vencen este mes.

Por ello, llama la atención que la secretaria técnica del Tribunal de Fiscalización Ambiental, Angélica María García Gilio, sea la esposa de Adolfo Eugenio Huapaya Venegas, ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial de la Refinería La Pampilla, de acuerdo a la declaración jurada presentada por García en abril de 2021, cuando asume este cargo.

Dicho ente cumple un rol fundamental, puesto que entre las funciones que tiene está la de proporcionar a los vocales —quienes admiten o rechazan las apelaciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental— asesoría técnica especializada a través de un equipo de profesionales multidisciplinario, según el Reglamento Interno de este tribunal.

“La secretaria técnica es la que proyecta las resoluciones de sanción, es la asesora legal, elabora las resoluciones y las expone ante el tribunal para su aprobación o eventual observación”, precisan fuentes especializadas. Por lo tanto, García —al tener una relación personal con un trabajador de la empresa Repsol— debió abstenerse, hecho que no ocurrió en todo el proceso de la primera resolución de apelación que le ha sido favorable a la empresa.

El 71% de peruanos rechaza el gobierno de Dina Boluarte que solo tiene un mes y días en el poder

La presidenta Dina Boluarte y el Congreso son muy desaprobados por la ciudadanía en el país y la mayoría cree que hubo excesos de las fuerzas del orden en el manejo de las protestas que rechazan al Gobierno y al Parlamento, según muestra la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

El estudio consultó a la población del sábado 7 al jueves 12 de enero y tiene márgenes de error de 2,8 puntos por encima y debajo de cada resultado al representar la situación nacional.

Aproximadamente, 71% de los peruanos desaprueba la forma como Boluarte está conduciendo su gobierno. Son más de dos tercios del país o siete de cada diez connacionales coincidiendo en esta calificación negativa sobre ella, grosso modo.

Solo un 19% de la ciudadanía aprueba cómo la mandataria dirige el Poder Ejecutivo: es una quinta parte del Perú, más o menos, que la favorece.

El Congreso está peor. Un 88% de la población reprueba su desempeño y apenas un 9% lo aprueba.

En un mes, agravó su situación, que ya era mala: en diciembre último, tenía a un 80% en contra y un 15% a favor en la misma evaluación.

El presidente de este poder del Estado, José Williams, es desaprobado por un 72% de los peruanos. Solo un 16% le da su aprobación.

Protestas y Castillo

Un 58% de la ciudadanía cree que hubo excesos de parte de las fuerzas de orden frente a las protestas recientes. Es una clara mayoría cuestionando la represión de agentes estatales.

Al contrario, un 26% de los connacionales, cerca de una cuarta parte del país, cree que las fuerzas del orden manejaron apropiadamente la convulsión.

Para una patente mayoría, estimada en un 60% de la población, se justifica que haya habido protestas en diciembre. En cambio, más o menos un tercio del país, 35% en el sondeo, considera que estas manifestaciones no tienen justificación.

Un 44% de los peruanos creen que los actores más importantes de esas movilizaciones fueron grupos de ciudadanos espontáneos u organizados. Un 27% atribuye esa responsabilidad a colectividades violentistas o vinculadas a terroristas y un 13% a agrupaciones relacionados con economías ilegales.

Un 50%, la mitad del país, se siente identificado con las protestas actuales. Un 46% no se siente identificado con estas.

Mayoritariamente, los peruanos no justifican atacar edificios públicos (un 90%), tomar aeropuertos (un 82%), agredir a fuerzas del orden (un 81%), paralizar negocios (un 74%) ni bloquear carreteras (un 68%).

Un 66% del país desaprueba que el expresidente Pedro Castillo haya intentado dar golpe de Estado. Un 30% sí lo aprueba.

Un 60% de los ciudadanos preferiría que Castillo no esté en prisión: un 41% cree que debe enfrentar juicios en libertad con restricciones, un 18% que debe hacerlo libre sin restricciones y un 1% que no debería afrontar esos procesos. Para un 34%, debe seguir sus juicios preso.