Un informe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) alertó sobre graves inconsistencias financieras en Alianza para el Progreso (APP), Perú Primero, Podemos Perú y Perú Libre, al identificar préstamos, aportes prohibidos y locales sin sustento documental.
Según el reporte, diundido por “Cuarto Poder”, estos partidos mantienen deudas millonarias con sus propios fundadores, familiares y entidades vinculadas, además de recibir contribuciones de personas sin autorización legal o con antecedentes.
De acuerdo al dominical. el caso más contundente corresponde a APP, que registra cerca de 20 millones de soles en deudas con su líder César Acuña, sus hijos, su ex cuñado y la Universidad César Vallejo, todos considerados préstamos clasificados como “créditos corrientes y no corrientes”.
Especialistas advierten que este esquema permite eludir los topes de financiamiento electoral, pues los préstamos no están sujetos a los mismos límites que los aportes directos.
Los expertos también señalan que estas deudas podrían terminar siendo canceladas con fondos públicos si son consideradas gastos ordinarios del partido, lo que implicaría un uso cuestionable de los recursos estatales destinados a fortalecer la actividad política.
Este domingo 7 de diciembre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) lleva a cabo las elecciones primarias bajo la modalidad de delegados para 37 organizaciones políticas —34 partidos y 3 alianzas electorales— con el fin de definir a sus candidatos para la Presidencia de la República, el Congreso y el Parlamento Andino.
Para este proceso, la ONPE tiene previsto instalar 77 mesas de sufragio distribuidas en 31 locales de votación ubicados en 30 distritos del país, donde deberán participar 1 206 delegados elegidos previamente por cada organización política.
Como parte de la logística electoral, el organismo ha dispuesto la instalación de 14 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), encargadas de conducir los comicios de manera presencial a nivel nacional entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m.
Centros de votación en Lima y Callao
Para garantizar la participación de los delegados de Lima Metropolitana y el Callao, la ODPE Lima Centro habilitará diversos colegios como locales de sufragio. En la capital funcionarán: IE Emblemática Melitón Carbajal, IE Argentina, IE Nuestra Señora de Guadalupe, IE Emblemático Alfonso Ugarte y IE Teresa Gonzales de Fanning- primaria. En el Callao solo la I.E 5005 Generalísimo don José de San Martín.
En el caso de la elección de candidatos bajo la modalidad de delegados, fijada para este 7 de diciembre, la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) exige que las organizaciones políticas obtengan el 10% de votos válidos de los delegados electos para continuar con su participación en el proceso electoral.
Partidos políticos que elegirán candidatos vía delegados:
1. Acción Popular 2. Ahora Nación – AN 3. Alianza para el Progreso 4. Avanza País – Partido de Integración Social 5. Partido Político Fe en el Perú 6. Frente Popular Agrícola del Perú 7. Fuerza Popular 8. Juntos por el Perú 9. Partido Político Libertad Popular 10. Partido Ciudadanos por el Perú 11. Partido Cívico Obras 12. Partido del Buen Gobierno 13. Partido Demócrata Unido Perú 14. Partido Demócrata Verde 15. Partido Democrático Federal 16. Partido Democrático Somos Perú 17. Partido Frente de la Esperanza 2021 18. Partido Morado 19. Partido País para todos 20. Partido Patriótico del Perú 21. Partido Político Integridad Democrática 22. Partido Político Nacional Perú Libre 23. Partido Político Perú Acción 24. Partido Político Perú Primero 25. Partido Político PRIN 26. Partido SÍCREO 27. Partido Político Perú Moderno 28. Podemos Perú 29. Primero La Gente- Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso 30. Progresemos 31. Salvemos al Perú 32. Partido Político Un Camino Diferente 33. Partido Político Cooperación Popular 34. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú
Alianzas Electorales que elegirán candidatos vía delegados
35. Unidad Nacional 36. Venceremos 37. Fuerza y Libertad
En el marco del lanzamiento oficial del Congreso Nacional de Minería – CONAMIN 2026, su presidente, el ingeniero Roque Benavides adelantó los principales ejes que marcarán esta nueva edición del evento, que se desarrollará del 15 al 19 junio en la ciudad de Trujillo, La Libertad.
En declaraciones a Rumbo Minero, resaltó que el encuentro reafirmará su apuesta por mostrar los beneficios y aportes de la industria minera tanto a nivel nacional como regional, con especial énfasis en el norte del país.
“Vamos a tener expositores internacionales y nacionales; vamos a integrarnos con el mundo académico, especialmente con las universidades, y ofreceremos un mensaje claro a las autoridades que serán elegidas en el 2026 sobre las bondades y la contribución de la industria minera al desarrollo, la descentralización y el bienestar del pueblo peruano”, indicó.
El REINFO: una norma de carácter temporal
Al ser consultado sobre el debate en el Pleno del Congreso respecto a la posible ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), Roque Benavides fue categórico al recordar que esta herramienta nació con un carácter estrictamente transitorio.
“El REINFO fue una legislación temporal, pero lamentablemente en el Perú esto suele volverse permanente. Tenemos que regresar a la temporalidad. Ya han pasado cerca de diez años y muchos inscritos aún no se han formalizado. Hay que hacer cumplir la ley y, al mismo tiempo, brindar alternativas que faciliten la formalización”, señaló.
La presión no puede estar por encima del Estado de Derecho
Respecto a los bloqueos registrados en Arequipa por parte de mineros de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN) como medida de presión para lograr la ampliación del REINFO, Benavides sostuvo que el derecho a la protesta no puede vulnerar el orden legal.
“Ellos pueden ejercer la presión que quieran, pero en el Perú debemos actuar siempre dentro del marco de la ley y del Estado de Derecho. Dicho mecanismo fue temporal y no se han formalizado; por ello, es necesario establecer obligaciones claras para quienes accedieron a este registro”, enfatizó.
El JEE Lima Centro 1 abrió un proceso para determinar si el presidente José Jerí infringió la neutralidad electoral al emitir declaraciones que habrían favorecido a Somos Perú durante una entrevista televisiva. El hecho se produjo en noviembre, en medio del proceso rumbo a las elecciones 2026, según un informe de fiscalización remitido al jurado.
El documento del JNE concluye que Jerí hizo referencias positivas hacia su partido político durante el programa “El valor de la verdad”, lo que podría constituir un acto que influya en la intención de voto de los electores. La fiscalización remarca que el mandatario participó en el espacio mediático en su calidad de presidente, condición que refuerza la obligación de imparcialidad.
La coordinadora de fiscalización, Wendolyne Zapata, también verificó registros oficiales que confirman que José Jerí continúa afiliado a Somos Perú y ha ejercido diversos cargos dentro de esa organización. Esta información refuerza la hipótesis de un beneficio electoral indirecto.
Con estos elementos, el caso fue elevado al pleno del JEE Lima Centro 1, que deberá decidir si corresponde iniciar un procedimiento sancionador contra el jefe de Estado por vulnerar las normas que regulan la conducta de autoridades en periodo electoral.
José Jerí habría favorecido a Somos Perú durante entrevista
El informe señala que las declaraciones de José Jerí durante la entrevista en Panamericana TV habrían constituido una forma de posicionamiento político a favor de Somos Perú. El mandatario calificó al partido como su “único amor político” y resaltó su papel en la gobernabilidad, expresiones que, según fiscalización, podrían incidir en el electorado.
La normativa revisada incluye la Ley Orgánica de Elecciones, el Reglamento de Propaganda Electoral y la Ley del Código de Ética de la Función Pública. Todos estos marcos coinciden en prohibir que autoridades usen su investidura para beneficiar movimientos políticos durante un proceso electoral. Según el informe, las frases del presidente se alinean con el tipo de infracción previsto en el artículo 32.1.2 del reglamento.
El documento agregó que el presidente no solo destacó cualidades de la agrupación, sino que reforzó su vínculo con el partido al recordar cargos internos que ocupó antes de llegar al Ejecutivo. Para la oficina de fiscalización, esta reiteración de identidad partidaria durante una entrevista nacional puede interpretarse como una estrategia de posicionamiento político que vulnera la obligación de neutralidad establecida para las más altas autoridades del país.
¿Qué dijo José Jerí en la entrevista?
En el informe del JNE, la oficina de fiscalización transcribió los pasajes en los que el presidente se refirió directamente a Somos Perú. Jerí declaró que el partido “siempre ha apoyado la gobernabilidad” y lo describió como su “único amor político”, en un contexto en el que también explicaba su trayectoria dentro de la agrupación. Para la fiscalización, estas expresiones constituyen un posicionamiento explícito hacia la organización política en pleno periodo electoral.
Las expresiones fueron consideradas relevantes porque no se produjeron en un acto partidario, sino en un programa televisivo de alta audiencia en el que Jerí participó investido como jefe de Estado. Eso, según el informe, implica un uso de su condición pública con potencial influencia en el electorado y podría configurar un acto de proselitismo indirecto a favor de Somos Perú en el marco de las elecciones 2026.
José Jerí: estás serían las consecuencias de probarse la infracción según reglamento del JNE
Si el JEE Lima Centro 1 determina que José Jerí vulneró el principio de neutralidad, el órgano electoral podría iniciar un procedimiento por infracción administrativa sustentado en el artículo 32.1.2 del Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en periodo electoral, aprobado mediante Resolución 0112-2025-JNE. Esta disposición establece que constituye infracción “practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato”.
También se toma en cuenta el artículo 33 del Reglamento, que define las condiciones para configurar la infracción. En el caso del presidente, la fiscalización sostiene que se cumple el literal b): una autoridad que, sin estar en una actividad oficial, invoca su condición para influir en la intención del voto. Para el JNE, basta con que una autoridad de alto rango haga declaraciones que posicionen a un partido en contexto electoral para activar una posible vulneración.
En términos de consecuencias, el sistema electoral no contempla sanciones penales ni destitución inmediata para un presidente en funciones. Sin embargo, el JEE sí puede emitir una declaración formal de infracción, una advertencia pública obligatoria, o incluso remitir antecedentes a otras entidades de control político, como el Congreso, debido a que el artículo 118 de la Constitución obliga al presidente a “cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones”. Un incumplimiento podría interpretarse como resistencia a un mandato electoral.
Además, una declaración de infracción por neutralidad puede afectar la legitimidad del Ejecutivo en plena campaña hacia las elecciones 2026, pues la LOE —artículos 346 y 347— exige imparcialidad absoluta a todas las autoridades del Estado.
La representación nacional aprobó, en segunda votación, el dictamen que propone declarar de interés nacional la recuperación y la restauración de los restos de la goleta Virgen de la Covadonga, hundida en el litoral del distrito de Chancay, provincia de Huaral, departamento de Lima.
La propuesta legal se sustenta en el Proyecto de Ley 10049/2024-CR. Fue aprobada, en primera votación, durante la sesión plenaria del 6 de noviembre del presente año. En esta ocasión obtuvo 86 votos a favor, 2 votos en contra y 11 abstenciones.
Los restos de la goleta Virgen de la Covadonga fue hundida por patriotas peruanos el 13 de setiembre de 1880, en el litoral del distrito de Chancay, y constituye parte del patrimonio cultural subacuático de importancia histórica y cultural para la República del Perú.
En su artículo único, se afirma que esta recuperación y restauración, se realizará en tanto su estado de conservación lo permita.
El canciller Hugo De Zela afirmó ante la OEA que los procesos de asilo político han sido distorsionados por «sesgos ideológicos”, en el marco del debate abierto en nuestro país por el caso de Betssy Chávez, condenada recientemente por conspiración y asilada en la Embajada de México. La postura de Perú es que antes de otorgar este beneficio se evalúe con información «objetiva» otorgada por el estado territorial y con «fuentes confiables».
Durante su intervención, el ministro sostuvo que el Perú no ha presentado un caso individual ante la OEA, pero sí consideró necesario alertar que el derecho de asilo ha “evolucionado negativamente”. Afirmó que algunos gobiernos están amparándose en la Convención para justificar protecciones que no corresponden a contextos de persecución política.
«No estamos planteando un caso específico de asilo diplomático como el de estos días con la señora Betssy Chávez. Sin embargo, sí queremos resaltar que estos casos recientes reafirman que se ha producido una evolución negativa en el derecho de asilo, consagrada en la Convención de Caracas de 1954. Se utiliza la Convención con quienes no sufren persecución política en estados democráticos y esta tendencia se apoya en reiteradas ocasiones en información distorsionada por sesgos ideológicos que socavan nuestra institucionalidad y buena vecindad y que no coinciden con el espíritu de la Convención», señaló.
¿Qué planteó el Perú ante la OEA sobre el derecho de asilo?
Según la posición peruana, un Estado que otorga el asilo político a alguien procesado por un delito común se expone a ser percibido como un «protector», afectando la confianza de la ciudadanía en las instituciones por considerar que se está otorgando un manto de impunidad. «El asilo crea obligaciones que pueden trascender al gobierno que lo concede, afectando potencialmente los derechos de la persona asilada», agregó.
En ese sentido, la propuesta concreta que llevó el canciller Hugo de Zela es que los países asilantes evalúen con información objetiva y fuentes confiables antes de decidir si otorgan o no el asilo político. La postura es que se deje de depender de lo que llama «criterios subjetivos» y se base en «procedimientos institucionales».
«Cuando se evalúen los pedidos de asilos diplomáticos, en el marco de la Convención de Caracas y otros instrumentos como los que nos vinculan en materia de lucha contra la corrupción, la naturaleza de los delitos se analice de manera oportuna y objetiva, con la información proporcionada por el estado territorial, así como por otras fuentes confiables antes de decidir si es procedente el asilo solicitado, ello exige que la aplicación del artículo 9 de la Convención, deje de depender exclusivamente de un criterio subjetivo y se base en procedimientos institucionales que aseguren objetividad, trazabilidad y responsabilidad del Estado», alegó el canciller De Zela.
México rechaza reinterpretación del asilo propuesto por Perú
La representante permanente de México ante la OEA, Luz Baños Rivas, defendió con firmeza la decisión de su país de otorgar asilo diplomático a Betssy Chávez y cuestionó que el Consejo Permanente sea utilizado —según dijo— para reinterpretar la Convención de Caracas de 1954. Sostuvo que este foro “no es el espacio competente” para revisar un tratado internacional y que cualquier modificación sería jurídicamente inviable sin la participación y el consentimiento de todos los Estados parte.
México argumentó que la sesión solo fue convocada después de conceder el asilo y solicitar el salvoconducto, lo que, a su juicio, sugiere que se intenta “cambiar las reglas del juego” por un caso particular, vulnerando el principio de irretroactividad. Baños insistió en que su país actuó dentro del marco interamericano vigente y advirtió que el debate abierto en la OEA “pone en riesgo la naturaleza humanitaria del asilo”.
Además, la delegación mexicana recordó que el asilo genera obligaciones vinculantes para los Estados y que el incumplimiento —en referencia directa al Perú por no otorgar el salvoconducto— podría derivar en vulneraciones a derechos humanos. Baños subrayó que la inviolabilidad de los locales diplomáticos y el respeto a los compromisos internacionales no son negociables, y reafirmó la disposición de México al diálogo, siempre bajo el respeto estricto al derecho internacional.
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