Megapuerto de Chancay cumple un año como nuevo hub portuario del pacífico sur

Marcando un año de transformación para la conectividad marítima y el desarrollo económico del Perú, el Puerto de Chancay, operado por Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. (CSPCP), celebra este viernes 14 de noviembre su primer aniversario desde su inauguración oficial.

El Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (TPMC), durante sus primeros 12 meses de operación, ha recibido 289 naves (67% de carga en contenedores y 33% carga general), movilizando más de 270,000 TEUs hasta octubre de este año.

En ese mismo periodo, el puerto gestionó operaciones de comercio exterior por 1,880 millones de dólares (FOB) —1,161 millones de dólares en importaciones y 718 millones de dólares en exportaciones—, de acuerdo con cifras de Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

La entidad recaudadora reportó, además, que entre enero y octubre de 2025 percibió 821.6 millones de soles por tributos aduaneros en el puerto.

Entre los principales productos movilizados destacan minerales, harina de pescado, paltas, uvas y arándanos en exportación, y maquinaria pesada, paneles solares, electrodomésticos y granos en importación.

Actualmente, el puerto opera con tres servicios principales de línea —WSA3 y WSA5 de COSCO Shipping Lines y ACSA1 de CMA CGM—, además de tres servicios alimentadores de X-Press Feeders, con una ruta hacia el norte (WSX) y dos hacia el sur (CPX y CHX).

Para fines de 2025 se proyecta alcanzar un movimiento total de 352,591 TEUs, superando la meta inicial de 350,000.

IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico también se refleja en la reducción del tiempo de transporte entre Perú y Asia en 10 a 15 días, lo que ha incrementado la competitividad de los productos peruanos y abaratado los costos de importación.

La inversión total en la primera fase alcanzó los 1,300 millones de dólarese, con 7,500 empleos generados entre directos e indirectos durante la construcción y 830 en la etapa operativa.

En el ámbito local, más del 56% del personal operativo del puerto es chancayano.

En la fase de obras se generaron 2,100 empleos locales, y la empresa ha ejecutado más de 29.1 millones de dólares en inversión social, que incluye más de 20 acuerdos con asociaciones de pescadores, vecinales y comerciales.

Estas iniciativas abarcan la construcción de infraestructura urbana, proyectos de seguridad ciudadana, circuitos turísticos, escuelas deportivas, becas académicas, campañas médicas y compensaciones económicas durante la etapa constructiva.

FONDO SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE CHANCAY

Además, el valor inmobiliario en la zona se ha multiplicado por más de tres desde la ejecución del proyecto y el desarrollo del puerto impulsó la creación del Fondo Social para el Desarrollo de Chancay, creado por ley en abril de 2025, que destinará el 20% de la renta de aduanas de la provincia de Huaral al cierre de brechas en infraestructura y servicios públicos.

Asimismo, se han entregado proyectos de Obras por Impuestos como el nuevo mercado de abastos y el polideportivo de Chancay, en beneficio de la comunidad.

El TPMC es el primer terminal privado de uso público del Perú, desarrollado íntegramente con financiamiento privado y bajo estándares internacionales.

Su operación, sujeta a la regulación de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), ofrece servicios abiertos a todas las líneas navieras y se distingue por ser el primer puerto del país donde el 100% de la carga será escaneada, gracias a equipos donados por Estados Unidos.

“Este primer año confirma la visión con la que nació el Puerto de Chancay: ser un punto de conexión estratégico entre Sudamérica y Asia, y un motor para el desarrollo sostenible del país y su gente”, destacó Gonzalo Ríos, Gerente General Adjunto de Cosco Shipping Ports Chancay Perú.

Con miras a sus siguientes fases de expansión y a los proyectos públicos de mejora de conectividad, Ríos reafirmó que el Puerto de Chancay continuará consolidándose como un hub regional de comercio y un motor de desarrollo para el país.

Megapuerto de Chancay espera el reglamento de la ZEE para atraer a gigantes como Temu: El impacto en el bolsillo de los peruanos

A un día de conmemorar el primer aniversario de su inauguración, el Megapuerto de Chancay se posiciona como una infraestructura estratégica para Perú, con una inversión que supera los $ 1,300 millones. Sin embargo, este terminal, gestionado por Cosco Shipping, todavía está pendiente de la reglamentación de la Zona Económica Especial (ZEE)

Salvador Penagos, asistente legal del Megapuerto de Chancay, conversó con RPP y confirmó que la ZEE ya es una ley aprobada y que el gobierno dispone de 90 días para emitir el reglamento. Penagos proyecta que el reglamento estaría listo en aproximadamente dos semanas, lo que considera “bastante positivo para el país”.

En entrevista con RPP, Paola Fune, gerenta de relaciones institucionales y comunicaciones de Cosco Shipping, calificó la ZEE como «sustancial» y fundamental para atraer grandes empresas internacionales, ya que les permitiría almacenar su producción:

“Por ejemplo, Temu. Temu no tiene donde almacenar aquí. Si nosotros hacemos la ZEE almacenarían aquí y ahorrarían mucho más los costos de transporte y de almacenaje en los costos al usuario”.

Otro desafío urgente es la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) por la Municipalidad Provincial de Huaral. Fune subrayó la necesidad de esta herramienta para el crecimiento ordenado: “El puerto crece, la ciudad debe acompañar. El puerto acompaña la ciudad, la ciudad acompaña al puerto en el crecimiento”.

Capacidad operacional y productos estratégicos

Actualmente, el Megapuerto de Chancay se encuentra operando en la fase uno. Paola Fune, detalló la capacidad actual y las proyecciones de crecimiento:

“Nosotros tenemos un puerto que en este momento está trabajando con 350,000 TEUs. Nosotros recibimos naves muy grandes, más o menos de 500 metros. Son como cinco cuadras más o menos”.

Fune añadió que la proyección es gestionar “500,000 TEUs” para diciembre. A largo plazo, Salvador Penagos indicó que las proyecciones iniciales de esta fase involucran “1 millón de TEUs, 6 millones de toneladas”.

El Megapuerto de Chancay facilita el movimiento de una gran variedad de productos. Las exportaciones peruanas se centran en productos perecibles que requieren eficiencia en el traslado:

“Se está sacando mucha palta por acá. También estamos trabajando con granos que traen de Argentina”, señaló Paola Fune.

Penagos destacó que los arándanos, de los cuales Perú es el número uno mundial, son clave para el mercado asiático, junto con una gran variedad de frutas del norte del país. El acortamiento del tiempo de viaje permite que la fruta llegue con «mejor calidad».

En cuanto a la carga que ingresa, se incluyen productos de carga, vehículos menores y mayores, suministros para el sector minero y construcción. Fune resaltó la recepción de vehículos eléctricos que ha ampliado el mercado, y el uso del puerto como punto de conexión regional, trasladando vehículos recibidos en Chancay hasta Chile.

“Se está sacando mucha palta por acá. También estamos trabajando con granos que traen de Argentina”, señaló Paola Fune.

Automatización e inclusión laboral

El Puerto de Chancay es moderno, tecnológico y completamente automatizado. César Ausejo, jefe de software de Cosco Shipping, explicó cómo la automatización impacta la operación:

“Las grúas nos permiten hacer todo el proceso de carga y descarga de manera automática, sin que una persona las esté manejando. Las controlamos de manera remota”.

Esta modalidad ha transformado el tipo de empleo requerido, ya que la operación remota es un «trabajo de oficina» y es «muy amigable con el trabajador». Ausejo explicó que la automatización ha permitido «eliminar barberas de entrada» por capacidad física, género, edad e incluso para personas con capacidades diferentes.

Hoy el presidente José Jerí cumple 39 años… ¿Qué regalo le darías tú?

Este 13 de noviembre, el presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, celebra su cumpleaños número 39, consolidándose como uno de los líderes más jóvenes que ha asumido la jefatura del Estado en la historia reciente del Perú.

Abogado y político limeño, nacido el 13 de noviembre de 1986, Jerí asumió la Presidencia de la República el 10 de octubre de 2025, luego de la vacancia presidencial de Dina Boluarte declarada por el Congreso. Su gestión fue presentada bajo el lema de “Gobierno de Transición y Reconciliación Nacional”, con el objetivo de restaurar la estabilidad institucional y promover un clima de diálogo político.

A sus 39 años, Jerí se distingue como el octavo presidente peruano en menos de una década, el tercero más joven en la historia republicana y el primero perteneciente a la generación millennial. Su ascenso al poder marcó un nuevo capítulo en la política nacional, caracterizado por un liderazgo más cercano, moderado y enfocado en la reconstrucción de la confianza ciudadana.

Antes de llegar a Palacio, José Jerí fue presidente del Congreso de la República durante el período 2025-2026 y congresista por Lima desde 2021, tras reemplazar al expresidente Martín Vizcarra como accesitario. Militante del partido Somos Perú, Jerí mantiene una postura ideológica de centro conservador, priorizando el orden institucional, la gobernabilidad y el diálogo entre fuerzas políticas.

En esta fecha especial, el presidente cumple años en medio de una coyuntura compleja, pero con el desafío de liderar un gobierno de transición que busca reconciliar al país, en una etapa marcada por la búsqueda de consensos y estabilidad democrática.

Congreso: Proponen penalizar hasta con 10 años de cárcel a quienes total o parcialmente se cubran el rostro durante protestas

La congresista Elizabeth Medina Hermosillo (Somos Perú) presentó un proyecto de ley con el objetivo de modificar el Código Penal, a fin de sancionar el ocultamiento de rostro y la manipulación de menores de edad y personas con discapacidad durante un contexto de protestas sociales.

En ese sentido, el Proyecto de Ley N.º 13104/2025-CR, presentado el jueves 6 de noviembre, a través de la plataforma institucional del Congreso, propone evitar la impunidad de quienes usen objetos o prendas que cubran el rostro para delinquir en manifestaciones. Asimismo, tiene por finalidad resguardar la integridad física y psicológica de los menores de edad y personas con discapacidad.

¿A cuánto ascenderían las penas?

De acuerdo con el texto formulado por el ‘partido del corazón’, plantea la modificatoria de los artículos 315° y 452° del Código Penal. En el caso del primero, detalla como agravante que si el agente utiliza objetos y/o prendas para cubrir su rostro o parte del rostro, la pena privativa de la libertad será no menor de ocho ni mayor de diez años y con 365 a 500 de multa.

Para el artículo 452°, la fórmula plantea dos sanciones: la prestación de servicio comunitario de 20 a 40 jornadas o con 60 a 90 días-multa, en los siguientes casos:

El que oculta su rostro en protestas sociales, marchas y/o reunión tumultuaria donde se cometan disturbios.
El que autorice y/o lleve a menores de edad o personas con discapacidad a protestas sociales, marchas y/o reunión tumultuaria donde se cometan disturbios.

Fundamentos del proyecto de ley

El documento hace referencia a que en países como Chile, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Austria, Dinamarca, España, Francia, Reino Unido, Suecia, Suiza y Ucrania, existen «leyes anti máscara» reguladas como prohibiciones o tipos penales, con el fin evitar el ocultamiento de rostros y lograr la identificación de quienes ocasionen daños a la propiedad pública o privada o lesionen la integridad de las personas en protestas sociales.

Del mismo modo, aclara que, si bien es cierto que el derecho a la protesta está reconocido en la Constitución Política del Perú, este no es ilimitado, puesto que, sanciona cuando se realizan actos de violencia contra la autoridad.

Asimismo, puntualiza que actualmente no se contempla en el Código Penal cuando se usan prendas u objetos para ocultar el rostro durante una movilización, por lo que, considera que debería agregarse esos agravantes a fin de que puedan ser sancionados, previa identificación y que los delitos cometidos no queden impunes.

La congresista plantea entonces sancionar a quienes oculten sus rostros en protestas, haciendo hincapié en las manifestaciones registradas desde finales del 2022 hasta octubre último.

Ministerio Público reporta 56 choferes asesi*nados y 30 mil extorsiones denunciadas en Lima y Callao en 2025

Según cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre enero y la primera semana de noviembre de 2025 se han registrado 56 homicidios de choferes en Lima Metropolitana y el Callao. En su mayoría, las víctimas fueron atacadas por sicarios en motocicleta, un patrón que se ha convertido en el método más recurrente para asesinar a transportistas en zonas urbanas.

En síntesis, ocho de cada diez atentados se producen bajo esta modalidad: interceptación desde una moto lineal y disparos a corta distancia, muchas veces sin amenazas previas. El aumento de estos crímenes está directamente relacionado con el incremento explosivo de las denuncias por extorsión, que afecta especialmente al sector transporte.

La República conversó con diversos expertos para conocer cómo en Perú las cifras de extorsiones, asesinatos y detención por dicho delito aumentaron drásticamente no solo en el último año, sino en los últimos cuatro años, que refleja la expansión del crimen organizado y la debilidad de la respuesta del Estado.

Septiembre fue el mes más violento

Entre enero y julio de 2025, el promedio mensual de transportistas asesinados era de cinco. Sin embargo, en el último trimestre del año, la violencia se ha intensificado. Septiembre cerró con 31 homicidios, la cifra mensual más alta del año. Octubre registró 18 muertes y en los primeros días de noviembre ya se había sumado una nueva víctima.

El incremento de homicidios se produce en un contexto de creciente inseguridad y extorsión. Según el SIDPOL-PNP, entre enero y octubre de 2025 se han registrado 23.213 denuncias por extorsión, lo que representa un aumento del 27,4% respecto al mismo período de 2024 (18.215 casos).

Este fenómeno también tiene un impacto geográfico claro. Las denuncias crecieron especialmente en Lima Metropolitana (+49,8%) y el Callao (+45,6%). Asimismo, 19 regiones muestran incrementos respecto a 2024, incluyendo Junín, Lambayeque, Arequipa, Loreto y Cusco.

En promedio, cada 19 minutos se reporta una denuncia por extorsión en el país, lo que equivale a 76 denuncias diarias. La tendencia es clara: el 2025 será el año con más denuncias de extorsión registradas en la historia reciente del Perú.

José Saavedra Molina, presidente de Misión Internacional de Ciudades Seguras (MIC Latam), alerta que este mes representa un ejemplo claro de cómo el gobierno de Dina Boluarte no priorizó «bajo ninguna circunstancia un planteamiento estratégico para combatir la delincuencia». «Revisando las estadísticas, los cuales resultan preocupantes, no damos cuenta que esa administración no puso atención a un factor importante que muchos expertos en seguridad ciudadana hemos demandado: inteligencia territorial para ubicar y desarticular bandas criminales que afectan al transporte público», indica.

Menos del 1% de los extorsionadores termina en prisión

A pesar del alarmante número de denuncias, el sistema de justicia penal muestra una preocupante ineficiencia para sancionar estos delitos. Según datos del INPE, entre enero y julio de 2025, solo 295 personas ingresaron a penales por extorsión, y de ellas, apenas 11 tienen sentencia firme (3,8%). Las restantes 284 permanecen como procesadas sin condena definitiva.

Para Stefano Corzo, especialista en seguridad ciudadana, las organizaciones criminales tienen una alta capacidad de adaptación, por lo que las medidas de emergencia solo logran reducir temporalmente la actividad delictiva. A ello se suma, observa, la falta de un sistema judicial y penal robusto que garantice sanción efectiva. “No basta con capturar extorsionadores si al final terminan libres por falta de pruebas o por procesos mal estructurados. El Estado ha fracasado en construir una cadena de justicia que funcione desde la denuncia hasta la condena”, señala.

En términos históricos, entre 2022 y octubre de 2025 se han acumulado 84.581 denuncias por extorsión, pero solo 363 personas más han sido encarceladas por este delito en ese período. Es decir, el aumento de reclusos por extorsión representa apenas el 0,4% del total de denuncias, lo que evidencia una impunidad estructural en el combate contra las mafias.

Ante este escenario preocupante, Wilfredo Pedraza, exjefe del INPE y exministro del Interior durante el Gobierno de Ollanta Humala, criticó que el actuar director de la institución encargada de los centros penitenciarios no haya promovido, en primer lugar, cumplido su rol de ejecutar la política penitenciaria nacional al permitir que cabecillas de organizaciones criminales continúen operando en las cárceles. «Eso no saldrán en las estadísticas. Quedará para la anécdota y un saber de conocimiento público, pero de nada sirve encerrar a los extorsionadores si no se combate la delincuencia no solo en las calles, sino dentro de las instalaciones penitenciarias», asegura.

Actualmente, solo 1.390 personas están recluidas por extorsión, de las cuales el 54% (750) está sin sentencia. “Ningún día del año ha registrado cero homicidios en el país”, alerta el analista de datos Juan Carbajal, quien ha revisado las cifras penitenciarias y las bases del SINADEF.

«Queda en manos del Congreso y José Jerí si, lejos del estado de emergencia, no se establecen objetivos a largo plazo para combatir a los delincuentes, extorsionadores o no», advierte Pedraza.

Regiones afectadas y montos exigidos

La Fiscalía también alerta que una denuncia por extorsión se presenta cada 20 minutos en el país. Las zonas más afectadas por el crimen organizado son La Libertad, junto con distritos limeños como Los Olivos, Ate y Villa El Salvador.

Las organizaciones criminales exigen hasta S/15.000 por unidad de transporte, lo que convierte al sector en uno de los más vulnerables. En paralelo, los robos continúan siendo el delito más frecuente, con 40.125 denuncias por hurto y asalto hasta septiembre. Lima Norte y Lima Sur concentran los mayores índices de estos delitos.

Congreso marca récord en gasto anual de planillas: supera los 800 millones de soles en 2025

El Congreso de la República del Perú se perfila para cerrar el 2025 con un gasto sin precedentes en planillas y obligaciones sociales. De acuerdo con el analista de datos Juan Carbajal, los desembolsos por remuneraciones del Parlamento superarán los S/ 800 millones, cifra que marca el nivel más alto de los últimos doce años. Esta información fue difundida a través de la plataforma X (antes Twitter), donde el especialista compartió un gráfico basado en cifras oficiales del Portal de Transparencia del Congreso.

Carbajal precisó que desde el inicio de la gestión parlamentaria en 2021, los gastos anuales en personal no han dejado de incrementarse. Las planillas del Legislativo reflejan un crecimiento sostenido que coincide con un aumento en la cantidad de trabajadores, asesores y funcionarios de apoyo. En su publicación, el analista resaltó que el actual Parlamento es el que más ha invertido en personal desde que existen registros comparables.

El periodo 2021-2025 muestra una tendencia ascendente

El análisis difundido por Carbajal evidencia que, entre 2021 y 2025, el Congreso experimentó un incremento progresivo en su gasto total por remuneraciones y beneficios laborales. Este aumento se explica, según las cifras oficiales, por la expansión de las áreas administrativas y la contratación de personal de asesoría parlamentaria. En comparación con años anteriores, el salto es considerable, pues el gasto anual supera los niveles observados en periodos legislativos previos.

El analista Juan Carbajal advirtió que el Parlamento alcanzará un gasto récord en remuneraciones este 2025. X: Juan Carbajal

La proyección para el cierre de 2025 ubica al Congreso como la entidad pública con el mayor crecimiento relativo en gasto de personal, en un contexto nacional marcado por restricciones fiscales y baja aprobación ciudadana hacia la institución. Los datos de Transparencia muestran que, mientras en 2014 el gasto no alcanzaba los S/ 500 millones, once años después esta cifra bordea los S/ 820 millones, reflejando un incremento superior al 60%.

Más trabajadores y asesores en el Parlamento

Informes parlamentarios y revisiones de portales especializados estiman que el Congreso cuenta con más de 3 mil 600 trabajadores, entre personal de apoyo a los despachos, comisiones y áreas administrativas. En esta cifra se incluyen asesores, asistentes y técnicos adscritos a las oficinas de gestión, así como personal logístico y de seguridad.

De acuerdo con el exoficial mayor José Cevasco, la creación continua de comisiones especiales e investigadoras ha generado una demanda creciente de personal técnico, lo que eleva los costos operativos. Cada grupo de trabajo requiere su propio equipo de asesores, lo que multiplica las planillas. A esto se suma el gasto promedio de más de S/ 47 000 mensuales por despacho congresal, que abarca los sueldos de hasta siete asesores, según datos de ECData.

Bonos y compensaciones elevan ingresos del personal legislativo

Con 67 votos a favor, el Congreso aprobó restablecer el nombre original de la plaza situada frente al Palacio Legislativo, que pasará a llamarse Plaza de la Constitución. Oposición denuncia intento de borrar símbolos. Foto: Congreso de la República

El Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo (SITRAPOL) tambiién solicitó la entrega de un nuevo bono superior a S/ 10 mil 700, bajo el concepto de “cumplimiento de objetivos institucionales”. En su oficio, dirigido a la Mesa Directiva presidida por Eduardo Salhuana, el gremio propuso que dicho monto sea exento de impuestos y adicional a la gratificación de julio, sin carácter remunerativo ni pensionable.

El documento justifica el pedido en el cumplimiento de metas vinculadas al proceso de transición hacia la bicameralidad, que —según el sindicato— habría incrementado la carga laboral. Los trabajadores señalan que han contribuido a “fortalecer la institución legislativa” mediante la modernización de procesos y la adopción de nuevas herramientas tecnológicas.

Bono anterior por “cierre de pliego”

En enero de 2024, el Congreso aprobó una bonificación extraordinaria de S/ 20 mil 600 para todo su personal activo, equivalente a cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT). El beneficio fue otorgado tras una negociación colectiva entre el Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sintracon) y la presidencia del Parlamento, entonces encabezada por Alejandro Soto.Crédito: Congreso de la República

Según el acuerdo firmado, la denominada “Bonificación Especial Extraordinaria por Cierre de Pliego” debía entregarse en los meses de enero de 2024 y 2025. Este beneficio se extendió a todos los trabajadores, incluidos los de confianza, y se sumó a otros ingresos como gratificaciones y asignaciones complementarias. El sindicato argumenta que el esfuerzo adicional realizado durante el último año justifica la solicitud de una nueva compensación económica.

Gasto en representación y baja confianza pública

Además del presupuesto en remuneraciones y beneficios durante registros de hace un año, los congresistas perciben S/ 2 mil 800 mensuales por concepto de semana de representación, suma exenta del pago de impuestos. Según especialistas en gestión pública, este esquema de ingresos —que incluye sueldos, bonificaciones y compensaciones adicionales— ubica al Congreso entre las entidades con mayor gasto promedio por funcionario en el país.

El repunte del gasto coincide con un periodo de profunda desaprobación social hacia el Parlamento. Los ciudadanos cuestionan la transparencia en la asignación de recursos y la falta de resultados legislativos. Mientras la economía nacional mantiene un crecimiento moderado, el Congreso continúa aumentando sus egresos internos, lo que ha reavivado el debate sobre la gestión del gasto público y la eficiencia institucional.