Tras la reciente marcha que se realizó este último fin de semana en contra el Gobierno de Pedro Castillo, el movimiento ‘Reacciona Perú’ convocó a una nueva movilización para el próximo 20 de noviembre, fecha en que llegará al Perú el grupo de alto nivel, conformado por la Organización de Estados Americanos (OEA), para analizar la situación política del país.
Tras anunciar la segunda movilización contra el Poder Ejecutivo, Lucas Ghersi, uno de los promotores de la marcha, denunció un “uso desproporcionado” de la fuerza por parte de la Policía Nacional durante la manifestación del último sábado, 5 de noviembre.
“Denunciamos el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía, lo cual ha sido denunciado por la Defensoría del Pueblo. Hubo un intento no de controlar un disturbio, sino de disolver la manifestación. Y eso es un atentado contra nuestro derecho fundamental de reunirnos pacíficamente”, dijo durante una conferencia de prensa realizada en el Hotel Bolívar.
Dos obreros resultaron heridos este domingo luego de que dos estructuras del nuevo puente de Lurín se desplomaran mientras eran colocadas. Esta infraestructura, cuya construcción inició en julio pasado, se encuentra ubicada a la altura del kilómetro 33 de la antigua Panamericana Sur y está a cargo de la Municipalidad de Lima, a través de Emape.
Los dos afectados fueron trasladados de emergencia hacia el hospital Santa Marta para ser atendidos. Desde ayer hasta el próximo martes 8 se había previsto el desvío de vehículos por la colocación de estas cinco vigas de concreto en una obra que estaba programada a entregarse el 28 de diciembre.
El alcalde de Lurín, Augusto Alvizuri, responsabilizó a Emape, entidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de la caída de las estructuras de puente Lurín en plena etapa de construcción.
«La construcción del puente ya estaba en un 85 % como consecuencia de la ubicación de las cinco vigas. Faltaba un 15 % de la obra iba a ser culminada el 15 de diciembre pensando en el verano y en la demanda de la circulación vial. Esto genera una preocupación en nuestra población. Como medida de prevención se ha suspendido el pase de las unidades motorizadas que la población entiende. Ya habían terminado de instalar las vigas y eso ha ocurrido», indicó el burgomaestre a RPP Noticias.
Para Alvizuri, es probable que la mala colocación de las vigas haya sido la causa del desplome del puente este domingo. Asimismo, pidió que la Municipalidad de Lima, a través de Emape, brinde explicaciones.
El legislador fujimorista Arturo Alegría García, quien se opuso a la aprobación del informe de investigación del Congreso que responsabiliza a Repsol por el derrame de petróleo en Ventanilla, se reunió previamente con una persona de la empresa Llorente y Cuenca (LLyC), que hacía lobby a favor de la compañía española.
Llorente y Cuenca divulgó una “ayuda memoria” entre los congresistas, en la que sostiene que la comisión que presidió la legisladora Margot Palacios, de Perú Libre, emitió un informe “sesgado” por “razones ideológicas”.
El informe al que se refería Llorente y Cuenca atribuye a Repsol el deficiente manejo del vertido de petróleo frente a las costas de Ventanilla, “ocasionando un daño irreparable a la ecología y a la biodiversidad del área geográfica que ha sido contaminada en su mayor plenitud”.
El 15 de setiembre, Arturo Alegría, cuando el informe estuvo en la agenda del Pleno para su debate y aprobación, interpuso una cuestión previa con los mismos argumentos de Repsol y propuso que el documento regresara a la comisión.
“Es una lástima que cuando se emite un informe este venga cargado de un sesgo político e ideológico”, fueron las palabras del fujimorista Alegría.
Con 60 votos a favor y 42 en contra, la mayoría del Parlamento respaldó la cuestión previa de Alegría (ver recuadro).
Repsol contrató a Llorente y Cuenca para que manejara la crisis que estalló luego del derrame de petróleo en Ventanilla, confirmó este diario.
El documento de Llorente y Cuenca alega que el informe de la comisión del Congreso es “ideológico”, porque “Perú Libre es un partido de izquierda con un marcado discurso antiempresarial, que busca caracterizar a las grandes empresas como enemigas de la ciudadanía”.
El informe de la consultora está firmado por Paola Fune Zambrano, en ese entonces directora senior de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca. Ella se reunió con el congresista fujimorista Arturo Alegría.
Entrevistado por La República, Arturo Alegría aceptó que se reunió con Llorente y Cuenca. Pero negó haber conversado sobre el caso de Repsol.
“De manera formal, (Llorente y Cuenca) no me lo ha pedido (rechazar el informe). Dudo que me hayan enviado esa información por otro canal. Pero, más allá de eso (…), qué bueno en todo caso que una consultora (Llorente y Cuenca) se dé cuenta de la carga negativa que tenía este informe”, declaró Alegría a este diario.
Otro de los legisladores visitados por Llorente y Cuenca fue el congresista fujimorista Nano Guerra García, aunque dijo que no le hablaron del tema de Repsol. Sin embargo, votó para que no se debata el informe de investigación y regrese a la comisión.
“Esta chica (Paola Fune Zambrano, de Llorente y Cuenca) sí ha estado en la reunión que nos pidió, pero para ver temas de casinos. Tú sabes que Llorente y Cuenca ve varios temas. (…) Creo que vino con otras personas”, señaló Guerra García.
Paola Fune también visitó congresistas de otras bancadas, como José Cueto Aservi, de Renovación Popular, quien aceptó el encuentro con Llorente y Cuenca.
“Sí, han ido a mi oficina. Ella (Paola Fune) ha ido una o dos veces, no recuerdo. No solamente del caso Repsol, no me acuerdo si ha hablado el tema de Repsol, porque ella estaba viendo un tema de transporte. Ahora, de repente, hemos tocado el tema de Repsol, seguro que sí. No recuerdo. Primero que no sé si tengo ese informe. (…) Esa es su chamba, lo lógico es que vaya a buscar a varios. Para eso le pagan”, aceptó Cueto.
La marcha contra el presidente Pedro Castillo denominada “Reacciona Perú” pudo convertirse en tragedia debido al uso de bombas lacrimógenas en el centro de Lima, por parte de la Policía Nacional. Los efectivos del orden pretendieron controlar la movilización de miles de personas que salieron a las calles para exigir la salida del presidente, en todo el país.
En el centro de Lima y en las diferentes regiones, miles de ciudadanos salieron a manifestarse reclamando la salida del presidente Castillo, quien respondió señalando que se mantendrá en el cargo hasta el último día de su gestión.
Durante la marcha, se registraron incidentes entre los manifestantes y los agentes de la Policía cuando los ciudadanos comenzaron a llegar a las inmediaciones del Paseo de los Héroes Navales, en el Cercado de Lima, para participar en la movilización convocada contra el gobierno de Pedro Castillo.
Portando camisetas de la selección peruana y carteles con mensajes como “No a los actos de corrupción” y “Fuera, Castillo”, los manifestantes empezaron a concentrarse desde las 2:00 p.m. para dirigirse al Congreso de la República, ubicado en la avenida Abancay.
Choque. Hubo enfrentamientos y bombas lacrimógenas. Foto: Gerardo Marín/La República
Hubo enfrentamientos
Ante el avance de los manifestantes en las diferentes calles del centro de Lima, la policía hizo uso de la fuerza para evitar que lleguen a puntos claves como el Congreso y Palacio de Gobierno, registrándose enfrentamientos. Fue entonces cuando las fuerzas del orden utilizaron bombas lacrimógenas. Allí se registraron los momentos de mayor tensión en la movilización.
Frente al uso de gases para dispersar a los manifestantes, la Defensoría del Pueblo exhortó a la Policía a “hacer uso racional y estrictamente necesario del gas lacrimógeno” y fue cuando se dio parte de la detención de algunos manifestantes.
Alberto Huerta, de la Defensoría del Pueblo, invocó a la Policía Nacional evitar el uso de bombas lacrimógenas durante la marcha ‘Reacciona Perú’, recomendando su solamente necesario, para evitar la “afectación a la salud de las personas que se movilizan”.
El Pleno del Congreso aprobó el proyecto que declara de interés nacional y necesidad pública la introducción en el currículo nacional escolar del curso Historia del Terrorismo en el Perú para que se enseñe de manera obligatoria en la secundaria.
“Es necesario recordar el accionar de Sendero Luminoso y el MRTA ante el alarmante desconocimiento que tienen los jóvenes”, dice en sus fundamentos la iniciativa de la congresista Jeny López Morales (Fuerza Popular) que contó con 81 votos a favor y tuvo el respaldo de Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Podemos.
La norma fue aprobada ayer pese a que el Consejo Nacional de Educación (CNE) emitió el 8 de noviembre del 2021 una opinión negativa.
“El Proyecto Educativo Nacional 2036 señala la importancia de reafirmar una educación ciudadana, en ello la enseñanza de la historia debe contribuir a fomentar el espíritu crítico y reflexivo de los/as estudiantes al analizar el pasado (alejándolos del juicio y las interpretaciones facilistas); por lo tanto, incorporar contenidos referidos a la historia del terrorismo en el Perú no garantiza la comprensión de la complejidad de nuestro pasado que asegure un presente y futuro que afirme nuestra democracia basada en el respeto a los derechos humanos de todos los peruanos”, dice el informe.
Además, el CNE recordó que la CVR concluye que el 75% de las víctimas fueron de la población más desposeída y que evidenció un profundo desprecio tanto de parte de los miembros del PCP-SL y el MRTA como de agentes del Estado (Fuerzas Armadas y Policiales).
“La CVR responsabilizó al PCP-SL por la barbarie sufrida en esas dos décadas, pero, además, evidenció violaciones a los derechos humanos ejercidas desde el Estado y la indiferencia de un sector de la sociedad peruana que reclamó una solución rápida sin importar el costo social que conllevó”, se anota.
“Por lo expuesto, el proyecto de ley no cuenta con la opinión favorable del CNE desde el análisis técnico”, dice el documento.
Más de 1 millón de reclamos fueron presentados por los usuarios de los servicios de telecomunicaciones ante las empresas operadoras durante el primer semestre del año, lo que significó un aumento de 54.81 % respecto a lo reportado en similar periodo del año anterior, informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).
Movistar fue la empresa que concentró la mayor cantidad de reclamos presentados, con 864 970, equivalente al 73.12% del total. A una considerable distancia, se ubicaron Claro, con 154 139 reclamos (13.03 %) y Entel, con 89 686 (7.58 %). En tanto, Bitel y DirecTV registraron 23 184 (1.96 %) y 9960 (0.84 %) reclamos, respectivamente, mientras que otras empresas registraron 41 038 reclamos (3.47 %).
De acuerdo a los datos publicados en el Portal de Información de Usuarios, los reclamos por el servicio telefónico móvil fueron mayoría, alcanzando el 54.06 % de los reclamos presentados por los usuarios ante las empresas operadoras. Por otra parte, los reclamos por el servicio de telefonía fija representaron el 32.04 %; acceso a internet fijo, 7.78 %; televisión de paga, 5.60 % y servicios empaquetados 0.52%.
Según el Estudio de Satisfacción del Usuario 2021, Movistar es el único operador cuyo nivel de satisfacción de sus usuarios con el servicio móvil, está muy por debajo del 50 %. Solo el 40 % de sus usuarios están satisfechos con su servicio móvil. En tanto, el 58% de los usuarios de Entel y Bitel y el 48 % Claro, están satisfechos con su servicio móvil.
El mismo estudio arrojó que, en el 2021, solo el 38 % y el 49 % de los usuarios Movistar y Claro, respectivamente, volverían a contratar el servicio móvil con estas empresas, siendo los únicos operadores móviles cuya fidelidad de sus usuarios está por debajo del 50 %. Mientras que, el 53% de los usuarios de Entel y Bitel, volverían a contratar el servicio móvil con dichas empresas.
RECLAMOS:
Los usuarios tienen derecho a presentar un reclamo si no están conforme con su servicio público de telecomunicaciones. La mayor incidencia de inconvenientes o problemas con los servicios, así como una inadecuada atención de los reclamos influyen en la satisfacción de los usuarios y su nivel de fidelidad con su empresa operadora.
ENFOQUE REAL 