Los familiares de las víctimas de los crímenes ocurridos en los 80’ y 90’, además de las víctimas de las protestas sociales del gobierno de Manuel Merino y Dina Boluarte se congregaron frente a la Defensoría del Pueblo, para hacer escuchar su voz de protesta y sobre todo entregar una misiva al Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, solicitándole retire la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía que ha presentado el pasado 12 de septiembre ante el Tribunal Constitucional.
“De no retirar la demanda presentada y el TC resuelve que la ley de amnistía es constitucional, estaría enterrando nuestras esperanzas de justicia, estarían atropellando 4 décadas de lucha continua como familiares, estarían siendo cómplices de estos criminales” indica la misiva.
Los familiares precisan que detrás de esta iniciativa existe el interés que se declare justamente constitucional esta ley de amnistía, quedando los jueces y fiscales impedidos de ejercer el control difuso, ellos sostienen que tal situación dejaría en absoluta indefensión a cientos de familias.
Familiares de víctimas protestaron en las inmediaciones de la Defensoría del Pueblo
Congresista Luque emplaza a Josué Gutiérrez
La congresista Ruth Luque también participó del plantón frente a la sede de la Defensoría, ella sostuvo que “la presencia de Josué Gutiérrez ha desvirtuado de manera completa lo que representa la Defensoría del Pueblo en nuestro país”; además, lo emplazó a retirar la demanda contra ley de amnistía para demostrar que realmente cree en la inconstitucionalidad.
Otra que se hizo presente en la protesta fue la excongresista, Indira Huilca, hija de Pedro Huilca, exlíder sindicalista asesinado hace más de 32 años, ella precisó que serían 700 víctimas con casos sentenciados que podrían perjudicarse de declararse constitucional la ley de amnistía.
“Ese es un número preocupante que fueron violentadas en sus derechos en los 80 en nuestro país, y que con mucho esfuerzo consiguieron justicia, porque estamos hablando de 700 casos sentenciados, probados por la justicia de manera plena y que hoy se está buscando queden en la total impunidad”.
Familiares de víctimas en contra de la Ley de Amnistía
La voz de las familias
Luzdilan Camargo, madre de Inti Sotelo, joven asesinado en las protestas sociales del gobierno de Manuel Merino, sostuvo que habiendo pasado más de 5 años de la muerte de su hijo aún no ha encontrado justicia.
“La palabra justicia en Perú están inverosímil, tan difícil de alcanzar, estamos yendo a paso de tortuga, el caso no avanza, como los demás casos, no hay nadie detenido”.
Finalmente, Gisela Ortiz, representante de los familiares del caso La Cantuta, calificó de complot político lo que habría entre el ejecutivo, el Congreso, el TC y el Defensor del Pueblo, para que la amnistía se imponga
Los indicios de que existiera detrás un interés alejado de la inconstitucionalidad nace a raíz de las declaraciones que diera un adjunto de derechos humanos de la Defensoría en abril pasado en el Congreso de la República. Carlos Fernández Millán, indicó en ese entonces que «existe una gran preocupación porque han pasado cerca de 30 años y el sistema de justicia no ha podido resolver estos casos, perjudicando a muchas familias policiales y militares” respaldando así la ley de amnistía.
La mirada internacional volvió a posarse sobre el megapuerto de Chancay, una de las obras más ambiciosas de la región que promete reconfigurar el comercio entre Latinoamérica y Asia. El prestigioso medio Bloomberg publicó un amplio reportaje en el que destaca que, junto con el desarrollo económico que debería traer esta inversión millonaria, también está emergiendo una ola de inseguridad y violencia que preocupa a empresarios, vecinos y especialistas.
De acuerdo con el informe, lo que debía ser un símbolo de progreso se ha convertido también en terreno fértil para bandas criminales que ven en la zona nuevas oportunidades. Extorsiones, tiroteos, amenazas con explosivos y un repunte de homicidios marcan el día a día de una ciudad que, hasta hace poco, era conocida por su tranquilidad y por la pesca artesanal.
“El papel del puerto en el futuro económico del Perú preocupa a expertos que temen que se convierta en un foco criminal tan notorio como el Callao, el principal terminal de contenedores del país”, advierte el reportaje, que narra cómo la sombra del crimen se superpone a las grúas y contenedores que reconfiguraron el horizonte de Chancay.
El reportaje de Bloomberg arranca con la historia de Vladimir Cantoral, un ingeniero eléctrico que recibió llamadas de la temida banda Los Pulpos de Trujillo. Los delincuentes le exigieron “apoyo logístico”, un eufemismo para pedir dinero bajo amenaza. Minutos después, le enviaron fotos de su DNI y videos con armas, dejándole claro que estaban vigilando cada uno de sus pasos. No fue el único: cuando acudió a denunciar a la comisaría, le dijeron que era la quinta extorsión registrada en un solo día.
Las cifras confirman el problema. Entre enero y agosto de este año se registraron 966 denuncias de extorsión en la región Lima Provincias, donde se encuentra Chancay. Esto representa un incremento del 25% respecto al mismo periodo del 2024. Además, la provincia de Huaral, que alberga al megapuerto, figura entre las cinco con mayor tasa de homicidios en el país, cuando hasta hace pocos años no aparecía en los rankings de violencia.
Los ataques armados se han vuelto recurrentes. Bloomberg recuerda que en una sola semana sicarios abrieron fuego en un garaje, dejando dos muertos y siete heridos, y días después balearon a un grupo en un complejo deportivo, con un saldo de otras dos víctimas mortales. Las autoridades reconocen que la extorsión digital y presencial es el delito que más crece en la zona, alimentado por pandillas como Los Monos de Quepepampa y Puros Hermanos Sicarios, además de facciones vinculadas al Tren de Aragua.
Los expertos citados en el informe advierten que los puertos son puntos estratégicos para el narcotráfico y la delincuencia organizada. Roberto De La Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, recordó que estas infraestructuras siempre generan un atractivo para mafias que buscan rutas de salida al exterior. Y aunque la empresa Cosco Shipping, administradora del terminal, asegura que opera con los más altos estándares internacionales y tecnología de control, la violencia se concentra en los alrededores, donde la población se siente cada vez más vulnerable.
Impacto social y económico del megapuerto: “Prácticamente no tenemos negocio” El megapuerto de Chancay, inaugurado en noviembre pasado por Dina Boluarte y Xi Jinping, es una obra de US$ 1.300 millones que busca triplicar las exportaciones agrícolas del país y proyecta que, hacia 2034, la ciudad pase de 70 mil a más de 210 mil habitantes. Según el plan oficial, se crearían 58 mil nuevos empleos y se consolidaría un “crecimiento ordenado y sostenible”. Sin embargo, en paralelo a la promesa de progreso, los testimonios recogidos en Bloomberg muestran una comunidad que siente que los beneficios aún no llegan.
Los pescadores artesanales son uno de los sectores más golpeados. La construcción del puerto modificó las corrientes marinas y redujo drásticamente la pesca de especies como el bonito o el pejerrey. “Quince años atrás llenaba 15 cajones en un solo día, ahora apenas dos”, relató Julio César López, un pescador de 61 años que tuvo que reinventarse ofreciendo paseos turísticos en bote. Pero ni siquiera esa alternativa se sostiene: un accidente en altamar en febrero, donde murieron una madre y su hija, frenó el turismo y dejó a decenas de familias sin ingresos.
El comercio local también resiente los cambios. Dueños de restaurantes en la bahía aseguran que el agua está contaminada y que la afluencia de visitantes cayó en picada. “Prácticamente no tenemos negocio”, contó Socorro Rosa Trujillo, dueña de un conocido local de cevichería. Frente a esa crisis, muchos vecinos piensan en migrar, pero otros se resisten a dejar atrás años de esfuerzo invertido en sus negocios.
La presión sobre la infraestructura también ha quedado en evidencia. Uno de los carriles del puente de Chancay colapsó en febrero, causando un accidente con tres muertos. Para especialistas, este hecho refleja cómo las obras locales no se prepararon para soportar el tránsito masivo que traerá el puerto, un escenario que se repite en el terreno de la seguridad: sin un plan de contingencia claro, temen que la violencia continúe escalando.
La Comisión de Economía del Congreso aprobó este miércoles, por mayoría, el octavo retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) En total, 24 congresistas votaron a favor, ninguno en contra y tres se abstuvieron.
La medida no contempla ninguna excepción, así los trabajadores podrán disponer de hasta S/21.400 (4 UIT) de forma voluntaria.
Víctor Flores, presidente de la Comisión de Economía, manifestó en conferencia de prensa que de todas maneras este dictamen, hoy mismo, pasará a ser debatido en el Pleno del Congreso.
«Ya estamos haciendo la recolección de firmas de todos los congresistas de la comisión para que hoy mismo, en la noche, se agende en el Pleno y se toque para después votarlo. De tal manera que hoy mismo tendremos un consenso de ideas mayoritario para que la población se vea beneficiada», expresó.
Flores también añadió que con lo aprobado se ha quitado esa norma que obligaba a los trabajadores independientes pagar, de manera gradual, aportes a las AFP.
Desde septiembre de 2023, Felipe Arriagada Subercaseaux lleva el timón de Grupo Empresas Navieras (GEN), firma que controla filiales como Agencias Universales S. A. (Agunsa) y Compañía Marítima Chilena (CMC), siendo el gerente general (CEO) del conglomerado. El ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile arribó a GEN con un recorrido previo en los sectores de transporte, finanzas e infraestructura.
Con una perspectiva situada en el puente de mando del grupo, el profesional conversó con PortalPortuario y repasó los puntos más relevantes del presente y el futuro que la empresa tiene en el radar en Chile y en el exterior, en medio de aguas agitadas por la incertidumbre comercial global. En el escenario nacional, Arriagada revisó el escenario actual, donde resaltan las próximas concesiones portuarias y el crecimiento de dicha industria en el país, y planteó que “más que hacer grandes inversiones en puertos, es mejor tratar de mejorar la conectividad”.
¿Qué balance puede hacer de este año para GEN?
Ha sido un año con bastantes desafíos, la verdad es que a nivel internacional hubo cambios importantes en todo aspecto, económicos y políticos, y eso nos ha llevado a tener que actuar de manera distinta a lo que uno tenía programado al inicio del año, pero -de momento- ha sido un buen año en toda nuestra línea de negocios. Lo que es la parte de los terminales, hemos tenido buenos resultados; en lo que es la parte logística, también con crecimientos importantes; en todo lo que es agenciamiento también; y además ya la entrada en operación de las nuevas naves que CMC adquirió el año pasado. Seguimos con nuestro crecimiento internacional, seguimos expandiéndonos en Estados Unidos, tenemos crecimientos importantes también en lo que es logística en Europa, especialmente en España, y también Ecuador, Colombia y Perú. Así que, hasta el momento, diría que estamos bastante contentos con lo que ha sido el año.
¿Cómo proyecta que será el cierre de 2025?
Creo que ha sido un buen año, ya queda poco, pero, por lo que queda, las proyecciones nos muestran que tenemos volúmenes, tenemos cargas, tenemos clientes que están muy contentos y satisfechos y eso nos motiva a seguir creciendo. Esperamos tener resultados bastante interesantes para este año.
¿Cuál ha sido el comportamiento del mercado latinoamericano? ¿Se ha visto impactado por la política arancelaria de Estados Unidos?
Yo creo que han habido impactos, pero la verdad es que, en nuestra opinión, todavía no están totalmente reflejados en la actividad, especialmente en Latinoamérica. Yo diría que sí hubo una disminución en los volúmenes últimamente en la entrada de Estados Unidos, pero a nivel latinoamericano creo que la carga se mueve igual, puede ser que de repente cambie el destino, pero no vemos que haya un efecto importante en lo que es transferencia de Latinoamérica a nuestro mundo.
Mirando al futuro, ¿Qué desafíos marcarán el rumbo del grupo?
Tenemos varios desafíos, yo creo que uno de ellos es seguir creciendo; rentabilizar aquellas inversiones recientes que están en periodo de desarrollo; seguir en toda la línea que es el crecimiento sostenible, hemos puesto bastante hincapié en cómo crecer, en crecer de manera ordenada y respetuosa con el medioambiente, las comunidades y las personas; también tenemos que seguir mejorando nuestros números, los indicadores y seguir con esta expansión que va paso a paso aumentando en Estados Unidos nuestra penetración, ya estamos allá participando en tres terminales, tenemos operación logística en prácticamente toda la costa este de Estados Unidos, así que por ese lado, seguir creciendo.
¿Y en otros continentes?
Europa también es otro desafío que queremos seguir avanzando, tenemos ahí un par de iniciativas que esperamos desarrollar entre 2025 y 2026, donde hay un crecimiento especialmente en el segmento logística; Ecuador también tiene un crecimiento súper importante; estamos inaugurando centros de distribución en Colombia; estamos inaugurando bodegas graneleras en Manta; así que la verdad es seguir creciendo, es seguir haciendo las cosas bien, tenemos un equipo profesional increíble y con eso creo que podemos llegar mucho más lejos.
En el ámbito nacional, ¿Cómo observan el proceso de las próximas licitaciones para las concesiones portuarias?
Nosotros creemos que son sumamente interesantes las licitaciones que vienen, el grupo tiene su origen en la quinta región -Región de Valparaíso-, por lo tanto, el participar en Valparaíso y San Antonio lo encontramos súper relevante. Hoy día, de hecho, estamos operando en Valparaíso en el Terminal 2, por lo que sí nos interesa.
¿Se están preparando para competir con grandes operadores de nivel mundial?
Yo diría que más que competir, creo que es más bien una oportunidad de trabajar con operadores internacionales, porque hoy día, al menos como están las bases, siempre tiene que haber un 60%/40% y, por lo tanto, siempre hay espacio para trabajar e integrarnos con alguien y creemos que estamos dispuestos a competir, creo que esa es la forma de poder adjudicare concesiones, tanto San Antonio como Valparaíso creemos que es interesante, así que hay que ver cómo se desarrollan las licitaciones, pero por supuesto que es parte de nuestro foco.
¿Ve un retraso en el proceso?
Más allá de finalmente si están o no atrasadas, la verdad es que hay timings que se tienen que dar, hay concesiones que terminan y uno tiene que tener en cuenta que, lo más probable, es que lleguen a su término en las fechas que están, así que a uno no lo queda más que prepararse y esperar tener los mejores tiempos para poder hacer los mejores análisis, pero en eso estamos preparándonos. Sabemos en qué va a terminar esto, en el sentido de que en cierta fecha hay que tener una respuesta y estamos trabajando para eso.
Respecto al proyecto de ley para crear el Royalty Portuario, ¿Cómo observan la iniciativa?
Es seguir poniéndole impuestos a los exportadores, esto no es que sea finalmente el puerto el que pague, sino que va a ser el exportador; estamos hablando de las pymes y empresas agrícolas, en el fondo, de todas las cargas que salen de nuestro país. Creemos que puede ser que, desde el punto de vista finanzas aporte, entre comillas, dinero al arca fiscal, pero para ser sincero, creo que es ponerle restricciones adicionales a lo que es el crecimiento de Chile, a las exportaciones, que son parte importante de nuestro crecimiento, y eso nos deja cada vez menos competitivos. Si tomas como ejemplo la uva en Chile, hoy día compite con Perú, compite con Sudáfrica, entonces seguimos poniendo impuestos, seguimos poniendo Royalty y finalmente no vamos a poder competir, no vamos a tener mercado. Creemos que esto complica no a los puertos en sí, porque al final nosotros vamos a tener que traspasar esa tarifa a los clientes, no a nosotros y va a tener un efecto en el crecimiento y lo que hoy necesita Chile es crecer. No estamos de acuerdo en ese tipo de Royalty.
En materia logística, ¿Cuáles son los retos que tiene el país por delante?
El gran desafío está en la parte de ferrocarriles, ese es un desafío importante. Hoy día tenemos puertos en la quinta región que tienen capacidad, pero que en algún momento van a necesitar capacidad adicional, porque tenemos puertos en otras zonas que tienen capacidad disponible y que si uno los pudiera unir por ferrocarril, por ejemplo, podría ser mucho más interesante que hacer grandes construcciones como el Puerto a Gran Escala -Puerto Exterior de San Antonio-. Desde el punto de vista aeropuertos, se ha avanzado muchísimo; en lo que es carreteras, también; pero en el trasfondo, que son principalmente los puertos, creemos que en este momento, más que hacer grandes inversiones en puertos, es mejor tratar de optimizar la conectividad entre los distintos puertos y los distintos centros de consumo.
¿Eso se alinea con lo dicho por el gerente de CSAV?
Sí, lo compartimos. En el fondo, creemos que -hoy día- hay varios terminales, hay que tratar de utilizarlos y finalmente eso te da beneficios en todo sentido, ya que hay diversas regiones y ciudades que van generando actividad y eso es algo necesario. Si focalizamos todo en un solo lugar, tiene efecto en la operación.
Respecto a los corredores bioceánicos, ¿Apuntaría a una falta desarrollo de esas infraestructuras en el centro y sur de Chile?
Todos estos proyectos se van desarrollando en la medida que se van necesitando esas capacidades, donde hay movimientos de carga, donde hay demanda. Efectivamente, puede ser que en el sur esté más lento, pero no creo que sea por falta de interés, sino que son proyectos grandes y que se van haciendo en su tiempo.
En el caso del paso Cristo Redentor, ¿Qué falta para desarrollar y reforzar ese eje vial?
Creo que el Estado en general tiene distintas prioridades y ellos van asignando los recursos en función de lo que creen que es lo más importante. Por supuesto que para nosotros todas las inversiones que se hagan en lo que es logística o que mejore la logística, nos gusta y creemos que aporta valor, pero también entendemos que el Estado tiene que priorizar sus inversiones y que este proyecto en algún momento se irá a desarrollar, cuando llegue el momento indicado; nos encantaría que se hiciera, pero sabemos que hay muchas necesidades y puede ser que no sea hoy día la prioridad.
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través de la Resolución N° 0368-2025-MIDAGRI, declaró cada segundo domingo de septiembre el ‘Día Nacional del Pan con Chicharrón de Cerdo Peruano’.Play Video
Con firma del ministro de la Producción, Sergio González Guerrero, encargado de despacho del Midagri, se dispuso la «ejecución de acciones sectoriales, para promover el consumo de la carne de cerdo peruano».
La resolución indica que esta decisión se justifica porque la carne de cerdo es «un insumo fundamental en la elaboración de nuestros platos tradicionales, que constituyen parte importante de las expresiones culturales de alcance local y regional en nuestro país».
Asimismo, el documento oficial precisa que este alimento «constituye una tradición culinaria profundamente arraigada en el imaginario colectivo peruano, especialmente como desayuno dominical en hogares y mercados populares». Por tanto, su conmemoración contribuye «a reforzar la identidad y el orgullo por las costumbres nacionales, fomentar la diversidad cultural y alimentar la cohesión social a través de la gastronomía».
Resolución ministerial hace referencia al ‘Mundial de Desayunos’
Como se recuerda, el pasado sábado, 13 de septiembre, Perú se coronó campeón del Mundial de Desayunos, una competencia organizada por el streamer español Ibai Llanos.
El influencer anunció al Perú como campeón de la competencia gracias al pan con chicharrón, que se enfrentó en la final de dicho torneo a la arepa reina pepiada de Venezuela.
Este hecho fue tomado en cuenta dentro de la resolución, pues se indica que la Asociación Peruana de Productores de Porcinos (Asoporci) solicitó instaurar esta fecha festiva, ya que el pan con chicharrón «es una tradición peruana, un punto de encuentro familiar y un símbolo de la cultura que recientemente ha sido reconocido a nivel internacional al coronarse en el ‘Mundial de Desayunos’”.
La Policía Nacional del Perú (PNP) ha determinado que toda la información vinculada a denuncias policiales será considerada confidencial. Este carácter reservado se aplicará a todas las denuncias que presenten los ciudadanos por cualquier tipo de delito, según la Resolución Directoral N° 009-2025-DIRTIC-PNP-SEC, de fecha de 25 de agosto de 2025, a la que tuvo acceso La República.
La reserva de está información tendrá una duración de cinco años. Se entiende que al cabo de ese periodo, los ciudadanos recién podrán conocer que personas han sido denunciadas y por que delito. Antes, todo se manejará en secreto. Con ello, se limita la consulta pública sobre las denuncias registradas en la institución. El hecho ha sido visto como una afectación a la libertad de información.
«Clasificar como información reservada Clasificar como información reservada en la Policía Nacional del Perú, independientemente del soporte en que se encuentre, toda la información de denuncias contenida en la base de datos del Sistema de Denuncias Policiales y del Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal, por un plazo de cinco (05) años a partir de la fecha, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución», precisa el artículo 1 de la referida resolución directoral
La decisión de la PNP de declarar reservada por cinco años toda la información contenida en las denuncias policiales se sostiene, según su propio argumento, en la necesidad de resguardar las investigaciones y proteger la seguridad ciudadana. Sin embargo, este razonamiento resulta problemático, ya que extiende la reserva a toda la base de datos de denuncias, sin diferenciar entre casos sensibles y aquellos que podrían ser accesibles sin poner en riesgo el curso de una investigación.
Además, la PNP justifica la medida en la protección de derechos fundamentales, como la dignidad y la integridad de las personas, pero paradójicamente esta reserva puede afectar a las propias víctimas de delitos, que verían restringido su derecho a la información y al control ciudadano sobre cómo se gestionan sus denuncias. Con esta decisión, la institución corre el riesgo de consolidar un modelo donde la seguridad se usa como excusa para reducir la vigilancia ciudadana sobre la actuación policial. En lugar de fortalecer la confianza en la institución, la decisión puede reforzar sospechas de encubrimiento y falta de rendición de cuentas.
«En efecto, sin la debida reserva de la información contenida en las denuncias registradas en la base de datos del Sistema de Denuncias Policiales y del Sistema de Registro de Denuncias Investigación Criminal, se pondría en riesgo la finalidad esencial de la Policía Nacional del Perú, que es prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Asimismo, la seguridad ciudadana, la seguridad nacional y la estabilidad democrática constituyen bienes jurídicos de interés nacional que permiten la gobernabilidad y el desarrollo del país. En ese sentido, la unidad orgánica proponente ha recomendado clasificar la información contenida en las bases de datos del Sistema de Denuncias Policiales y del Sistema de Registro de Denuncias Investigación Criminal como información reservada», argumenta la indica resolución directoral
La resolución dispone que la Unidad de Recepción Documental de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la Policía Nacional será la encargada de registrar y custodiar la información que ha sido declarada reservada.
Denuncias contra la PNP por muertes en protestas serían blindados del análisis público
La decisión de la PNP de declarar como reservadas todas las denuncias policiales por un plazo de cinco años puede convertirse en un obstáculo serio para las investigaciones sobre las más de 60 muertes registradas durante las protestas sociales de 2022 y 2023 en contra de Dina Boluarte.
En ese periodo, organismos nacionales e internacionales como la Comisión Inteamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional documentaron un patrón de uso excesivo de la fuerza, con un número significativo de víctimas por impactos de proyectiles disparados por agentes estatales. Con la nueva medida, las denuncias que ciudadanos o familiares presentaron en comisarías y que alimentan la base de datos policial quedarían blindadas de escrutinio público.
Además, esta reserva limita el acceso de fiscales, periodistas y organizaciones de derechos humanos a información clave sobre cómo se registraron las denuncias contra efectivos policiales, qué diligencias se realizaron y en qué estado se encuentran. Cabe recordar que, según cifras del Ministerio Público del 2024, más de cincuenta investigaciones fiscales siguen abiertas contra policías y militares implicados en muertes y lesiones graves durante las manifestaciones.
Para los deudos de los asesinados, el acceso a los expedientes y al tratamiento que la PNP dio a cada denuncia es vital no solo para exigir justicia, sino también para demostrar si existió encubrimiento institucional. La medida cerraría durante un lustro este espacio de fiscalización pública.
Especialista señala que la decisión de la PNP va en contra de la Ley de Transparencia: «Las excepciones deben ser de carácter restringido»
En diálogo con el portal independiente Epicentro, el abogado Ronald Gamarra señaló que esta disposición de la Policía Nacional del Perú persigue fines contrarios al derecho a la libertad informativa de los ciudadanos y, en consecuencia, vulnera lo establecido por la Ley de Transparencia.
“(…) La regla frente a todo acto y a toda información en poder de la autoridad es que dicha información debe ser de acceso público, y el Estado tiene la obligación de entregarla al ciudadano. (…) Las excepciones deben ser de carácter limitado. (…) Esta resolución excede las posibilidades de excepción permitidas por la ley. Lo que se pretende es ocultar a la ciudadanía el conjunto de denuncias presentadas: aquellas contra el Ministerio del Interior, contra efectivos policiales, entre otras. Ese es el verdadero sentido de resoluciones como esta”, afirmó Gamarra.
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