La Comisión Especial Multipartidaria de Impulso y Seguimiento del Proyecto Terminal Multipropósito de Chancay, se reunirá este lunes 8 de setiembre, para debatir sobre la Creación de la Unidad Ejecutora 023 de la Autoridad Nacional Autónoma del Terminal Portuario de Chancay, y el Informe de auditoría de la Contraloría N° 003-2025-2-0004-AC, inversiones portuarias Chancay.
La Unidad Ejecutora 023, «Autoridad Nacional Autónoma del Terminal Portuario de Chancay», fue creada el 20 de junio de 2025, formalizada mediante una norma publicada en el diario oficial El Peruano. Esta unidad se integra en el Pliego 001 (Presidencia del Consejo de Ministros) y tiene como objetivo gestionar y potenciar el desarrollo estratégico e integral del megapuerto de Chancay, buscando la eficiencia y la independencia para agilizar las decisiones y las operaciones.
Los expositores serán Fabricio Valencia Gibaja – Ministro de Cultura, el Director Ejecutivo de la Autoridad Nacional Autónoma para el desarrollo estratégico e integral del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay de la Presidencia de Consejo de Ministros – PCM., Janes Rodríguez López , el Gerente de Control Político, Institucional y Económico de la Contraloría General de la República, Jorge Antonio Llamoctanta Trejo, el Subgerente de Control del Sector Económico y Financiero de la Contraloría General de la República, y Roxana Del Pilar Torres Mosquera – Jefa de OCI de la Superintendencia del Mercado de Valores de la Contraloría General de la República.
Al importe evento han sido invitados Pieter Van Dalen Luna – Decano del Colegio de Arqueólogos, y el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chancay, Juan Álvarez Andrade. La reunión se iniciará a las 11:00 a.m., en la Sala Fabiola Salazar Leguía.
Preside la Comisión el congresista Roberto Sánchez Palomino, del Grupo Parlamentario Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial.
El avance de las inversiones chinas en infraestructura portuaria en América Latina se ha convertido en un tema de creciente debate estratégico. En el Perú, el proyecto del puerto de Chancay, liderado por la empresa estatal china Cosco Shipping Ports junto a socios locales, ha despertado inquietudes sobre sus implicancias más allá del ámbito comercial.
Para el profesor Evan Ellis, investigador del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, en conversación con RPP, esta obra plantea riesgos que deben ser evaluados en el marco de la seguridad hemisférica. Durante una entrevista con el medio mencionado, advirtió que Chancay no solo debe analizarse como un megaproyecto logístico, sino también como un posible punto de vulnerabilidad en caso de tensiones globales, especialmente frente a la presencia de China en el Pacífico.
El trasfondo de la inversión
El académico recordó que en 2019 Cosco adquirió el 60% del proyecto, lo que le otorgó el control operativo y legal del puerto, mientras que la empresa peruana Volcán se mantuvo como socio minoritario. “Ese tipo de control exclusivo nunca antes había sido permitido en el Perú”, afirmó. Para Ellis, esta decisión marcó un cambio en las reglas locales y reflejó cómo la promesa de desarrollo puede terminar inclinándose hacia los intereses de Pekín.
Si bien el puerto de Chancay ha sido presentado como una oportunidad para abaratar costos logísticos y convertir al Perú en un hub regional, Ellis advierte que los principales beneficiarios serían las compañías chinas. En su análisis, la reducción de costos en el transporte marítimo terminaría fortaleciendo las rutas controladas por Cosco en otros países, mientras que los beneficios directos para el Perú serían más limitados de lo que se proyecta.
Beneficios en disputa
El especialista señaló que incluso la creación de una zona económica especial dentro del puerto ha generado expectativas irreales. Mientras las autoridades peruanas creen que se trata de un mecanismo para potenciar el comercio local, Ellis subraya que en la práctica responde a las exigencias de la empresa china para operar con ventajas tributarias.
Además, destacó los planes de conectar el puerto con Brasil mediante un corredor bioceánico con inversiones que superarían los USD 12.000 millones. Según Ellis, aunque se presenta como un proyecto de desarrollo regional, en última instancia reforzaría la posición estratégica de los operadores chinos.
Riesgo militar y geopolítico
Más allá del aspecto comercial, Ellis enfatizó que el puerto también debe evaluarse desde una perspectiva militar. Tras dos décadas de trabajo con las Fuerzas Armadas peruanas, el profesor reconoció el compromiso de estas instituciones con la soberanía nacional. Sin embargo, recordó que los cambios políticos frecuentes en el país pueden abrir la puerta a escenarios imprevisibles.
En un eventual conflicto en el Indo-Pacífico, explicó, las fuerzas estadounidenses deben considerar la posibilidad de que infraestructuras controladas por China en América Latina sean utilizadas para fines estratégicos. “Si los chinos tuvieran acceso, podrían emplear el puerto de Chancay para reabastecer sus buques de guerra”, advirtió en conversación con RPP, lo que representaría una vulnerabilidad para Washington en la costa pacífica sudamericana.
La necesidad de cooperación
Ellis subrayó que su planteamiento no busca generar alarmismo, sino promover un diálogo con el Perú para reducir riesgos. Destacó que ya existen esfuerzos de colaboración, como la implementación de escáneres de carga confiables para reforzar la seguridad. “Se trata de trabajar juntos para que una presencia comercial preocupante no se convierta en un riesgo estratégico en tiempos de guerra”, puntualizó.
Finalmente, reconoció que una mayor participación de capitales norteamericanos en proyectos de infraestructura en el Perú habría equilibrado la situación. Sin embargo, la ausencia de inversión estadounidense en su momento dejó el terreno libre para que China asumiera el liderazgo en Chancay. El reto ahora, concluyó, es reforzar la cooperación bilateral para que el desarrollo portuario se traduzca en beneficios reales para el Perú sin comprometer la seguridad hemisférica.
Los impactos ambientales del puerto de Chancay
La construcción y operación del megapuerto de Chancay ha provocado alteraciones sensibles en el entorno costero: obras de relleno y dragado han modificado hábitats marinos y áreas húmedas cercanas, con reportes que señalan afectación al humedal de Santa Rosa y a sitios de anidación y descanso de aves migratorias. Pescadores locales y organizaciones ambientales denuncian una reducción en la disponibilidad de recursos pesqueros y cambios en las poblaciones de peces que sostienen su subsistencia, además de ruidos, polvo y un incremento del tránsito pesado que han deteriorado la calidad de vida en la zona.
También hay cuestionamientos sobre la gestión y cumplimiento de normas: informes y notas periodísticas han documentado problemas técnicos en obras —como hundimientos y trabajos sin permisos actualizados— y la intervención de entidades de control que han abierto investigaciones y órdenes de fiscalización. Estas controversias han alimentado la desconfianza de comunidades y colectivos civiles, que piden mayor transparencia, evaluación independiente y medidas de mitigación más estrictas antes de que la operación a gran escala se consolide.Los impactos ambientales del Puerto de Chancay tienen que ver no solo con el humedal Santa Rosa, sino también con la playa más icónica de la zona. – Crédito Reuters/Angela Ponce/File Photo
En el plano macro, mientras autoridades y promotores destacan la dimensión comercial y las expectativas de crecimiento que trae el puerto —posicionándolo como un nodo clave de comercio trans-Pacífico—, expertos advierten que los beneficios económicos corren el riesgo de verse erosionados si no se atienden los pasivos ambientales y sociales: la recuperación ecológica, la reparación de daños a pesquerías y la creación de canales efectivos de diálogo con la población local aparecen como condicionantes para que el proyecto sea realmente sostenible.
Autorizan el Megapuerto de Corío, proyecto que superará ampliamente la capacidad del puerto de Chancay
La Autoridad Portuaria Nacional dio un paso decisivo al otorgar la Viabilidad Técnica Temporal Portuaria al futuro terminal marítimo de Corío, en Arequipa. Este aval se concretó el 8 de agosto, tras resolverse 25 observaciones que habían retrasado el proceso, y concede un plazo de tres años al consorcio promotor para completar estudios de ingeniería, sostenibilidad ambiental y análisis económicos, que serán determinantes para obtener la autorización definitiva.
El puerto se levantará en Punta de Bombón, provincia de Islay, y seguirá el modelo de inversión privada que ya se aplicó en Chancay, sin necesidad de recursos estatales. La iniciativa está liderada por el Consorcio Hub Corio Megapuerto del Sur, integrado por Leet Arquitectura Ingeniería & Construcción S.A.C. y Beton Terra Ingenieros S.A.C., que presentó su plan actualizado a inicios de agosto. La medida se enmarca en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Portuario, con el objetivo de descentralizar la actividad logística y reducir la concentración de carga en el Callao.
Gracias a su profundidad natural de 28 metros, Corío destaca como un puerto con condiciones excepcionales frente a los 17,9 metros de Chancay. Esta ventaja permitirá recibir naves de gran calado, incluidos los buques portacontenedores más grandes del mundo, con capacidad para transportar más de 20.000 TEU.
Ya es oficial. Hoy se publicó la Ley nº 32431 que dispone que es nulo el despido de los trabajadores que tenga por motivo diagnóstico de cáncer, su tratamiento y los efectos derivados, incluso si el trabajador presta servicios por menos de cuatro horas diarias, se encuentra en periodo de prueba o tiene la condición de confianza.
Así lo dispone la modificación del artículo 65 del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo el cual ha sido publicada en el boletín de las Normas Legales del diario El Peruano.
La misma restricción se da mediante la incorporación del artículo 35-A en el Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y como artículo 49-A en la Ley 30057, Ley del Servicio Civil.
Readaptación tras la enfermedad
Además, dispone que si un trabajador con diagnóstico de cáncer no puede desempeñar su labor anterior debido a sus condiciones físicas o cognitivas, el empleador debe readaptar su puesto de trabajo a sus nuevas condiciones, sin reducir su remuneración.
La disposición lleva la firma del presidente del Congreso y señala que el Poder Ejecutivo adecúa la normativa reglamentaria y otras disposiciones legales a lo dispuesto en la presente ley, en un plazo de 60 días hábiles contados desde su vigencia.
El Congreso de la República volvió a ser blanco de críticas ciudadanas, esta vez a través de una modificación en Google Maps. Durante horas de la mañana del miércoles 3 de septiembre, la sede del Parlamento apareció en la aplicación de geolocalización con el polémico nombre de “Palacio de las ratas”, un cambio realizado por usuarios de la plataforma.
Google Maps es una herramienta que muestra lugares emblemáticos en cada país, como instituciones públicas, museos y espacios históricos. En este caso, la denominación del segundo poder del Estado fue alterada, generando sorpresa entre quienes consultaron la ubicación del Congreso en la plataforma digital.Usuarios cambian nombre del Congreso en Google Maps. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Captura Google Maps)
Acto de protesta contra el Legislativo
El cambio de nombre no pasó desapercibido. Para muchos internautas, se trató de un acto de protesta frente al Legislativo que, según las últimas encuestas, obtuvo una desaprobación del 93% a nivel nacional. Con ello, la acción se interpretó como un reflejo del malestar social que existe en torno a la labor parlamentaria.
El descontento con el Congreso no es nuevo. Diversos analistas han señalado que la institución mantiene un nivel de confianza muy bajo, en medio de cuestionamientos por presuntos vínculos con la corrupción, falta de transparencia en su gestión y decisiones políticas consideradas impopulares por la ciudadanía.
Reacciones divididas en redes sociales
En plataformas como X (antes Twitter), las reacciones fueron inmediatas. Una parte de los usuarios celebró la modificación, señalando que reflejaba el sentimiento ciudadano hacia un Congreso que, según ellos, legisla en favor de intereses particulares y no del bien común de la ciudadanía que sufre la creciente ola de inseguridad en la país.
Sin embargo, no todos coincidieron con esta visión. Otros usuarios lamentaron lo ocurrido y pidieron respeto hacia las instituciones del Estado. Recordaron que el Congreso es el ente encargado de elaborar las leyes y que su papel es fundamental dentro de la democracia, más allá de las críticas que puedan recibir sus integrantes.Usuarios en Google Maps rebautizaron como ‘Palacio de las ratas’ al Congreso de la República. (Foto: X/@klandestinotv)
Peruanos no confían en el Congreso
Un reciente estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reveló que el descontento ciudadano hacia el Congreso de la República es casi unánime. Según la encuesta, el 93 % de la población desaprueba el desempeño de la representación nacional, una cifra que se mantiene en niveles históricamente altos desde octubre de 2023, cuando el rechazo al Parlamento comenzó a superar el 90 %. El punto más crítico se registró en marzo de este año, cuando la desaprobación alcanzó el 95 %.
El rechazo hacia el Legislativo es transversal y se manifiesta en todos los sectores del país. En Lima Metropolitana, así como en el Perú urbano y rural, la desaprobación supera el 90 %. De igual forma, en las macrozonas norte, centro, sur y oriente, las cifras muestran un descontento mínimo de 91 %, reflejando una tendencia generalizada de crítica hacia la labor parlamentaria sin distinción geográfica.Ojo, ni la Comisión de Economía ni el Congreso han definido fecha para el debate del retiro AFP. Esto es lo que se sabe. – Crédito Congreso
El estudio también revela que la desaprobación se mantiene alta en todos los grupos etarios y niveles socioeconómicos. Entre los jóvenes de 25 a 39 años, la crítica es aún más marcada, con un 95 % que cuestiona el trabajo del Congreso. Una percepción similar se registra en los niveles socioeconómicos A, B y C, donde el rechazo también alcanza picos del 95 %, lo que evidencia que la crisis de legitimidad del Parlamento no distingue entre sectores sociales.
La Novena Sala Penal Liquidadora de Lima impuso 13 años y 4 meses de prisión al exmandatario Alejandro Toledo por lavado de activos agravado en el emblemático caso Ecoteva, relacionado con la compra de lujosas propiedades financiadas con presuntos sobornos de Odebrecht. La condena se suma a los 20 años y 6 meses que ya cumple por el caso Interoceánica Sur.
Un nuevo capítulo en la caída de Toledo
El 3 de septiembre de 2025, el Poder Judicial dictó sentencia contra Alejandro Toledo Manrique, expresidente del Perú (2001-2006), en el marco del caso Ecoteva Consulting Group, una investigación que se arrastra desde hace más de una década y que se convirtió en símbolo de la lucha contra la corrupción de alto nivel en el país.
La Novena Sala Penal Liquidadora, tras evaluar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, declaró fundado en parte el pedido de la Fiscalía y determinó que Toledo actuó en coordinación con representantes de Odebrecht para canalizar sobornos a través de cuentas offshore y usarlos en la compra de propiedades en Lima y Tumbes.
“Se ha probado que, valiéndose de su alto cargo funcional en el Ejecutivo, concertó con representantes de la empresa Odebrecht la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur, a cambio de pagos canalizados mediante empresas constituidas en el extranjero y colocados en el sistema financiero con apariencia de legalidad”, señala la sentencia.
¿Qué es el caso Ecoteva y por qué es clave?
El núcleo de la acusación gira en torno a la empresa Ecoteva Consulting Group, constituida en Costa Rica en 2012 y vinculada directamente a la suegra de Toledo, Eva Fernenbug. Según la Fiscalía, esta compañía fue una fachada utilizada para blanquear fondos ilícitos provenientes de sobornos entregados por Odebrecht.
El dinero habría sido manejado por el empresario Josef Maiman, amigo personal de Toledo, quien transfirió los recursos a Ecoteva. Con esos fondos se financiaron adquisiciones millonarias como:
Una residencia en Las Casuarinas (Surco) valorizada en más de US$ 3 millones.
Oficinas y estacionamientos en la Torre Omega por US$ 800 mil.
Pago de hipotecas de inmuebles en La Molina, Camacho y Punta Sal.
La Fiscalía sostiene que este entramado financiero fue diseñado para dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos, constituyendo un esquema clásico de lavado de activos.
Fiscalía vs. Defensa: las posiciones enfrentadas
El Ministerio Público había solicitado 16 años y 8 meses de prisión contra Toledo, además de una reparación civil de S/ 38 millones a favor del Estado peruano. También están incluidos en el proceso:
Eliane Karp, esposa de Toledo, actualmente prófuga en Israel.
Eva Fernenbug, suegra del expresidente y propietaria formal de las propiedades adquiridas.
Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Toledo y uno de los operadores clave en la constitución de Ecoteva.
Por su parte, la defensa de Toledo sostuvo que los fondos utilizados provenían de recursos lícitos y que el proceso judicial carecía de pruebas directas. Sin embargo, el tribunal determinó que la ruta del dinero era consistente con los hallazgos de la Fiscalía y con las declaraciones de Josef Maiman, colaborador eficaz en el caso.
Segunda condena para Toledo y efectos legales
Esta no es la primera derrota judicial de Alejandro Toledo. En octubre de 2024, el expresidente fue condenado a 20 años y 6 meses por colusión y lavado de activos en otro proceso relacionado con los sobornos de Odebrecht por la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur.
La nueva condena de 13 años y 4 mesesse acumulará a la anterior, agravando su situación judicial y reduciendo las posibilidades de acceder a beneficios penitenciarios. Actualmente, Toledo cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo, donde comparte reclusión con otros expresidentes procesados por corrupción.
Impacto político y mensaje contra la impunidad
El caso Ecoteva representa un hito en la lucha contra la corrupción en Perú. La sentencia contra Toledo envía un mensaje claro de que incluso los más altos funcionarios pueden ser procesados y condenados.
La decisión judicial también fortalece los procesos abiertos contra otros expresidentes y altos funcionarios involucrados en el Caso Lava Jato, entre ellos Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García (fallecido).
Para los analistas, este fallo marca una nueva etapa en la relación entre política y justicia en el Perú, reforzando el papel del Poder Judicial en el combate a las redes de corrupción transnacional.