Mucho se ha hablado de la reactivación económica a propósito del estado actual de la economía popular en el Perú y de la necesidad de generar empleo formal con mayor velocidad. Incluso el Gobierno ha presentado diversos planes en ese sentido, los cuales, evidentemente, han sido palabras al viento. Dentro de los sectores clave para impulsar el empleo en el país —que viene reduciéndose por miles en los últimos meses— se encuentran, sin duda, la agricultura, las mipymes y el emprendimiento, la pesca, el transporte y los servicios, entre otros. Cabe señalar que la apertura comercial del Perú hacia el mundo podría mejorar la situación económica mediante acuerdos de libre comercio o acercamientos económicos con países como India e Indonesia, algo que merece ser estudiado.
Entre todos estos temas, uno realmente potente desde la dimensión económica es el de la minería. Hoy se encuentra en el centro del debate, sobre todo por el caso del REINFO y los paros. La minería tiene dos dimensiones distintas, aunque relacionadas: por un lado, la viabilidad social de la gran minería o minería moderna; por el otro, la formalización de la pequeña minería o minería artesanal. Ambas son importantes. Es necesario precisar que la minería informal es un fenómeno distinto de la minería ilegal, como se vio en Pataz, donde los operarios asesinados pertenecían a una operación en proceso de formalización, mientras que los agresores eran elementos vinculados a la minería ilegal, la cual debe ser combatida con firmeza y sin tregua.
En cuanto a la gran minería moderna, el Perú cuenta con más de 50 mil millones de dólares en proyectos nuevos o ampliaciones actualmente paralizados. El quid del asunto es cómo hacer viables socialmente estas inversiones. Se requiere un nuevo impulso gubernamental, más allá de la segunda etapa de Perú Libre, que desburocratice significativamente los trámites necesarios. Es fundamental simplificar los procedimientos para viabilizar las inversiones mineras.
Asimismo, es urgente redefinir el canon minero. Debemos avanzar hacia un canon comunal, en el que parte de los recursos vayan directamente a las comunidades, permitiéndoles ejecutar proyectos de salud, educación e infraestructura. Además, se debería destinar un 20 % de ese canon reconfigurado como asignación directa de dinero a los ciudadanos del área de influencia. Esto ayudaría a reducir intermediarios y neutralizar el activismo antiminero que se alimenta del descontento social y del escaso rol articulador del Estado.
Reducir trámites, aplicar un canon comunal y entregar recursos directos a los ciudadanos puede ser un combo potente para viabilizar socialmente la inversión minera.
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