El Congreso menos legitimado de la historia sale en defensa de quienes asesinaron a su propio pueblo. Así lo demuestra la reciente aprobación de la ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. La iniciativa, originalmente propuesta por el congresista Jorge Montoya y presentada formalmente desde la comisión de constitución liderada por el fujimorista Fernando Rospigliosi, fue aprobada por 61 legisladores. Esta norma busca eliminar las penas a quienes cometieron actos de violencia bajo el amparo de la función militar. Ahora, la amnistía para los procesados y condenados mayores de 70 años está a solo una segunda votación de ser promulgada.
Las décadas señaladas por la ley corresponden al periodo en el que se desarrolló el Conflicto Armado Interno. En ese contexto, mientras el Estado enfrentaba la violencia de grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas también cometieron crímenes que excedieron sus funciones constitucionales, perpetrando ejecuciones extrajudiciales contra civiles acusados sin pruebas de ser terroristas.

Con la recuperación democrática, se iniciaron procesos judiciales contra militares responsables de matanzas, y se emitieron sentencias que marcaron un hito en la defensa de los derechos humanos en el país. Sin embargo, algunos casos continúan en trámite. Hoy, con la aprobación del Congreso, antiguos miembros del Ejército podrían quedar impunes por los crímenes cometidos durante aquellos años.

Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, advirtió que al menos 156 sentencias firmes y más de 600 procesos en trámite se verían afectados, lo que significaría un retroceso sin precedentes para la justicia en el Perú. “Esta medida no hace sino golpear la memoria y dignidad de los pueblos, hombres, mujeres, niños y niñas que sufrieron atrocidades y violaciones a sus derechos humanos”, declaró. En este informe, La República identificó algunos de los casos de violencia estatal que podrían verse beneficiados por esta norma.

Caso ‘El Frontón’: más de 20 procesados podrían quedar libres

El caso El Frontón se refiere a la matanza ocurrida el 18 de junio de 1986 en el penal del mismo nombre, durante un motín de presos acusados de pertenecer a Sendero Luminoso. La respuesta del Estado, bajo el gobierno de Alan García, fue una operación militar que culminó en la ejecución extrajudicial de al menos 100 internos. El hecho fue denunciado como una grave violación a los derechos humanos y ha sido objeto de investigaciones nacionales e internacionales.

En 2012, el Ministerio Público solicitó continuar el juicio oral contra los militares implicados en la matanza. Carlos Alberto Tello Aliaga, César Enrique Patrón Baldwin, Luis Enrique Román Rodríguez y Eladio Alberto Ching Benavides son algunos de los más de 20 acusados por la Fiscalía, quienes ahora podrían quedar impunes gracias a la ley promovida desde la Comisión de Constitución por Fernando Rospigliosi.

Carlos Rivera, abogado especialista en derechos humanos, señaló que todos los procesados en este caso podrían verse beneficiados. Además, advirtió que la redacción de la ley permite que la mayoría de sentenciados sin condena firme puedan acogerse a ella: “Aunque la ley parece establecer un marco restringido, en realidad es bastante amplia. Dice que solo quienes no tengan sentencia firme pueden pedirla, pero luego agrega que quienes tengan más de 70 años, aunque tengan sentencia firme, también pueden solicitarla. Entonces, son muy pocos los que quedarían fuera”, explicó.

Grupo Colina: Martín Rivas, a la espera de cumplir 70 años para salir libre

El Grupo Colina fue un escuadrón de la muerte integrado por militares que actuó de forma clandestina durante la dictadura de Alberto Fujimori. Bajo el pretexto de combatir al terrorismo, ejecutaron asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y masacres contra civiles. Estas acciones formaron parte de una política de Estado encubierta. Ahora, la ley de impunidad podría ser una carta de salida de prisión para su miembro más importante.

Martín Rivas, líder del grupo, fue condenado en 2010 a 25 años de prisión por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, y por el asesinato del periodista Pedro Yauri. En 2024 fue nuevamente sentenciado a 18 años por la masacre de Pativilca.

El militar retirado, que jamás mostró arrepentimiento durante el juicio, ahora cuenta con el respaldo del Congreso. Con la nueva ley, podría quedar libre apenas cumpla 70 años. Hoy, Rivas cumple su pena privativa de libertad con 67 años, el tiempo corre y esta medida, de contar con el refrendo del próximo Gobierno y Congreso, sería el as bajo la manga de Rivas para salir de prisión.

Familiares y sobrevivientes rechazan la ley

Teófila Ochoa, sobreviviente de la masacre de Accomarca —donde más de 60 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por miembros del Ejército— expresó su indignación por la aprobación de esta ley.

“Yo era una niña. He visto cómo asesinaban y violaban mujeres embarazadas. Luego, a hombres y mujeres los llevaron a una casa y los mataron. ¿A esos asesinos vamos a soltar? No puede ser. Estoy con dolor porque a mí me han dañado. El Estado nunca se preocupó por nosotros. Nadie piensa en los niños que hoy son madres y adultos, que han perdido a sus seres queridos y aún piden justicia. ¿Dónde está la justicia peruana?”, reclamó.

Doris Caqui, representante de familiares de víctimas de desapariciones forzadas, calificó la aprobación de esta norma como un grave retroceso en materia de derechos humanos. “Nos están quitando el derecho a tener un defensor, a seguir buscando a nuestros seres queridos. A eso se suma esta ley de amnistía”, cuestionó.

“Dicen que perdonan porque ‘son viejitos’, pero nosotros también hemos envejecido buscando justicia. Llevamos más de 40 años esperando respuestas. ¿Quién se preocupa por nosotros? Nuestros mejores años los dedicamos a luchar por la memoria de quienes desaparecieron”, agregó.

Por su parte, Sonia Rubina, familiar de una víctima de la masacre de Barrios Altos, pidió a los congresistas que reflexionen antes de aprobar la ley en segunda votación. “¿Qué pasaría si a uno de ellos les hubiera ocurrido lo mismo? A veces me olvido y pienso que mi hermana fue a trabajar… Por favor, no los dejen salir. Que cumplan la ley, como mi madre tuvo que vivir sin su hija, ellos también deben pagar hasta el final”, expresó entre lágrimas.