Un suboficial de la Policía Nacional perdió la vida en el río Chontayacu, en Uchiza, cuando intentaba salvar a un joven que fue arrastrado por la corriente. El hecho ocurrió el 16 de agosto y conmocionó a la provincia de Tocache.
Intento de rescate terminó en tragedia
El suboficial de tercera Clever Jaramillo Francisco (32), perteneciente a la DEPOTAD Santa Lucía, realizaba un trabajo de pesca en el río Chontayacu junto a Gerson Hilario Pascual (28) y un familiar, cuando ocurrió el accidente.
Hilario fue sorprendido por la fuerza del caudal y pidió ayuda. Jaramillo se lanzó al agua para auxiliarlo, pero ambos quedaron atrapados en una malla de pesca y fueron arrastrados por la corriente.
Autoridades recuperaron los cuerpos
Tras la alerta de los testigos, personal de la Comisaría de Uchiza llegó al lugar y halló sin vida a Jaramillo y Hilario minutos después. Las autoridades realizaron el levantamiento de los cuerpos y los trasladaron a la morgue para las pericias correspondientes.
El fallecimiento del joven policía causó gran pesar en Uchiza, donde vecinos y compañeros destacaron su espíritu de servicio. Además, señalaron que este es el segundo caso similar en menos de 48 horas, lo que genera preocupación por la seguridad en el río.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, se pronunció nuevamente por la situación de la expresidenta del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chávez, quien permanece en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Como se sabe, la también excongresista, a través de una carta que se hizo pública el último martes, anunció que había decidido retomar y radicalizar su huelga de hambre en el establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde está actualmente recluida.
Chávez Chino sostuvo que esa decisión respondía a que le es “humanamente imposible continuar resistiendo físicamente a todos los maltratos y abusos del INPE”, entidad adscrita al Ministerio de Justicia «y que responde directamente a Dina Ercilla Boluarte Zegarra”.
Tras hacerse pública la carta, el parlamentario Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú-VP) anunció que «más de 20 congresistas» presentaron un documento al Instituto Nacional Penitenciario, al «Ministerio de Justicia , Corte Suprema y Defensoría del Pueblo para el inmediato traslado de Betssy Chávez a un centro penitenciario dónde no corra riesgo su vida». Dicho establecimiento, según el documento, es el penal de mujeres Virgen de Fátima de Chorrillos.
Ante esta situación, el INPE indicó este viernes que dicha solicitud «debe ser presentada exclusivamente por la interna ante la institución para su respectiva evaluación, con el fin de determinar si procede o no su traslado».
Asimismo, «respecto a la denuncia formulada por la interna sobre presuntas amenazas contra su integridad», el instituto señaló que se realizó una investigación administrativa que determinó que «no existen elementos que corroboren y/o evidencien las presuntas amenazas o que pongan en riesgo su integridad personal».
Una pollería, ubicada en Villa El Salvador, fue escenario de un espeluznante hecho. En medio de un atraco, un niño de unos 10 años rogó por su vida. El video de las cámaras de seguridad dejan escuchar el llanto de la criatura. Nada detuvo a los hampones.
«Tengo 6 soles, se los voy a dar», dijo el pequeño, mientras los hampones amenazaban a los comensales y a los trabajadores con sus armas de fuego. Ocurrió la noche dle jueves.
El pequeño estaba aterrorizado. No sabía si salir del lugar o quedarse. Una trabajadora lo protegió. De acuerdo con Latina, el pequeño estaba esperando su pedido cuando irrumpieron violentamente los criminales.
INDIGNACIÓN
El hecho ha despertado una profunda indignación entre los vecinos, quienes aseguran sentirse desprotegidos frente a la delincuencia. No es la primera vez que ocurren asaltos en la zona, pero lo vivido por este pequeño ha causado especial conmoción.
Para la comunidad, lo sucedido evidencia que los delincuentes no conocen límites ni piedad, pues ni siquiera respetan la vida de un menor.
El Censo Nacional 2025 es el primero realizado de manera digital. Los censistas visitan cada casa del Perú, país con alto índice de delincuencia, con una tablet Lenovo. La pregunta de qué pasa si los dispositivos son robados ha sido una de las más frecuentes desde que iniciaron las jornadas el 4 de agosto. El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán, ha respondido ante la prensa que la información recabada de los ciudadanos estaría a salvo y que los aparatos tienen geolocalización para ser ubicados.
Sin embargo, recientemente, un nuevo Término de Referencia (TDR), al que ha tenido acceso este medio, revela que los censistas deberán cubrir el pago de una parte de las tabletas si en caso son robadas o extraviadas. Además, también se exige pagar una moratoria por cada día que tarden en realizar una correspondiente denuncia policial. Cabe mencionar que el INEI sí ha implementado medidas de seguridad para los encuestadores, como la instalación de un ‘botón de pánico’; pero ello no ha impedido que en las primeras semanas se registren robos.
Controversia contractual
«Los equipos y medios patrimoniales asignados por la Entidad al locador para la correcta ejecución de la prestación del servicio materia del contrato, es de responsabilidad exclusiva del Locador, debiendo asumir el pago del deducible del seguro en caso se produzca la pérdida, hurto o robo», indica el documento. A ello, añade que el censista (el locador) «deberá realizar la denuncia policial, bajo aplicación de penalidad por cada día de retraso posterior al hecho de la presentación de la misma ante la sede policial».
El documento fue compartido el último 19 de agosto vía WhatsApp. Censistas, del primer grupo de contratación, en diálogo con La República, señalan que no habían sido comunicados de esas condiciones en su contrato original.
El TDR fue compartido luego del contrato. Foto: captura de documento
«Legalmente, el INEI debería haber entregado los TDR antes de la firma del contrato, porque regulan las obligaciones, responsabilidades y penalidades. Además, la entrega tardía del TDR afecta el derecho a la información y el consentimiento informado del contratista», observa la abogada laboralista Alejandra Dinegro.
El contrato de los censistas está bajo modalidad de Locación de Servicios, el cual consiste en un acuerdo civil en que una persona se compromete a prestar un servicio específico a otra persona o empresa, y los TDR forman parte de los documentos contractuales.
«Si al censista le hicieron firmar en julio y recién le envían el TDR en agosto, podría interpretarse que se podrían modificar las condiciones de contratación de manera unilateral, lo cual vulnera el principio de transparencia y predictibilidad de las contrataciones públicas», señala la especialista legal.
Penalidad por demora
Por no realizar la denuncia ante la policía por la pérdida o robo en el plazo de un día, el documento indica que se aplica el pago del 0.10% de la UIT por cada día que pase. La demora para pagar el deducible solicitado también exige el 0.10% de la UIT. «La suma de penalidades no puede superar el 10% del contrato. Si aun así no paga, el INEI puede resolver el contrato por incumplimiento», apunta Dinegro.
Teniendo en cuenta que la UIT es de s/5.150 este año, cada día de retraso les cuesta s/5.15 a los censistas que han sido robados o han extraviado la tablet. Si se demoran en pagar 10 días, la multa llegaría a ser de s/51.50.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) convocó al Estado del Perú, a los representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y la Cantuta y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia pública sobre las medidas provisionales y la solicitud de ampliación efectuada por las representantes.
La audiencia se realizará este jueves 21 de agosto de 2025 a las 18:15 horas a las 20:00 horas (hora peruana), en la sede de la Corte Interamericana, ubicada en San José, Costa Rica, durante el 179° Período Ordinario de Sesiones del Tribunal.
Para el efecto el Congreso de la República del Perú dispuso la presencia del Dr. Ángel Delgado Silva, jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento Nacional y del Procurador Público del Congreso Manuel Peña quienes expondrán sus argumentos fácticos ante la Corte IDH.
Asimismo, dispone que la Secretaría de la Corte notifique la presente Resolución al Estado del Perú, a los representantes de las víctimas de ambos casos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La Presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado del Perú que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las victimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, suspenda el trámite del Proyecto de Ley N° 7549/2023-CR “Ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000” y, en caso de que éste no se suspenda, las autoridades competentes se abstengan de aplicar esta ley, a fin de que no surta efectos jurídicos hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuente con todos los elementos necesarios y se pronuncie sobre el fondo de la referida solicitud de ampliación de medidas provisionales y su impacto en los casos Barrios Altos y la Cantuta resueltos por la Corte.
Ley de Amnistía fue promulgada
La presidenta de la República, Dina Boluarte, promulgó el miércoles 13 de agosto la ley de amnistía que favorece a policías, militares y miembros de comités de autodefensa denunciados, acusados o procesados por violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000, en el contexto del conflicto armado interno.
Cabe indicar, que a través de un comunicado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú informó, que, también en el marco del irrestricto respeto de sus obligaciones jurídicas internacionales, participará en la audiencia convocada para este jueves 21 de agosto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de sus agentes acreditados.
El Poder Judicial dictó a un año y cinco meses de prisión suspendida a los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez Ortegón y John Amia López, luego de ser hallados culpables del delito de violación a la soberanía extranjera en perjuicio del Estado peruano.
La sentencia fue emitida por el juez del Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Loreto, quien también ordenó la expulsión inmediata de ambos ciudadanos del territorio nacional, prohibiéndoles reingresar al Perú por un periodo de cinco años.
En ese sentido, se ordenó que ambos ciudadanos paguen, de manera solidaria, una reparación civil de S/4,500, la cual deberá ser abonada en un plazo máximo de 24 horas. De no cumplirse con este mandato, la condena suspendida se convertiría en efectiva.
A través de sus redes sociales, el Poder Judicial informó que la sentencia fue emitida luego de un acuerdo de terminación anticipada entre el Ministerio Público y los ciudadanos extranjeros, quienes —según precisó la entidad— admitieron su responsabilidad en el delito imputado.
Intervienen a topógrafos colombianos en isla Chinería sin permiso del Estado peruano
La Policía Nacional detuvo a dos ciudadanos colombianos que realizaban mediciones topográficas en la isla Chinería, región Loreto, sin la autorización correspondiente del Estado peruano. La intervención se efectuó como parte del refuerzo de seguridad en la frontera que une Perú, Colombia y Brasil.
Los intervenidos, procedentes de Bogotá y Leticia, trabajaban con equipos de GPS satelital y señalaron que cumplían labores para una constructora colombiana.
“Solo nos enviaron a tomar mediciones, no sabíamos que era necesario un permiso especial”, declaró uno de ellos. Su compañero añadió que su labor “es el mismo que realizamos en Colombia” y negó cualquier actividad irregular.
La operación fue realizada por veinte efectivos en aguas del puerto de Santa Rosa. Ambos ciudadanos fueron trasladados a la comisaría local, donde se les informó que toda actividad en territorio peruano debe ser coordinada con las autoridades, incluso en zonas con libre tránsito para residentes.
ENFOQUE REAL 