El caso de la censista del INEI reportada como desaparecida y que fue ubicada 4 días después: ¿qué es lo que se sabe?

Aydaluz Mayté Sánchez Méndez (31), censista del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), fue reportada como desaparecida la mañana del 7 de agosto en el distrito de Mollepata, provincia de Santiago de Chuco, antes de comenzar sus labores censales. Cuatro días después, apareció en la provincia de Trujillo. ¿Qué ocurrió?

Hasta el momento, la información brindada por la Policía indica que Sánchez Méndez fue ubicada en el Barrio 2 del distrito de Alto Trujillo, en la provincia antes mencionada y que habría sido por propia voluntad que llegó hasta esta zona; sin embargo, se realiza una investigación.

Tras reportarse la desaparición de Aydaluz Mayté Sánchez, más de 100 personas se abocaron a realizar la búsqueda de la joven.
Tras reportarse la desaparición de Aydaluz Mayté Sánchez, más de 100 personas se abocaron a realizar la búsqueda de la joven. | Fuente: Policía Nacional

¿Cómo ocurrió la desaparición de censista de INEI?

El pasado 7 de agosto se reportó que la joven censista no acudió a realizar su labor. En la habitación que alquilaba solo se encontraron algunas de sus pertenencias, pero no se volvió a tener noticias de ella.

El jefe del INEI, Gaspar Morán, indicó en RPP que una compañera con quien compartía la habitación dijo que la notó diferente.

“La compañera con la que estaba alojada nos manifestó que la veía rara, algo preocupada, pero no pensó que iba a llegar a abandonar el trabajo; porque lo que ha hecho Mayté es un abandono del trabajo, al haberse ausentado desde el jueves”.

Luego de conocerse su desaparición, más de 100 personas se abocaron a realizar la búsqueda de la joven.

¿Cómo fue hallada censista de INEI reportada como desaparecida?

Cuatro días después de conocerse su desaparición, Aydaluz fue encontrada con vida en la ciudad de Trujillo, en la vivienda de un familiar del distrito de Alto Trujillo.

El jefe de la Policía en La Libertad, general Guillermo Llerena, señaló que se investigan las razones por las que la joven decidió salir de Santiago de Chuco y llegar a Trujillo, pero descartó que se haya tratado de un secuestro o situación similar.

Llerena precisó que la censista pasará por entrevistas y exámenes físicos y psicológicos. Asimismo, se solicitará el levantamiento del secreto de comunicaciones de su teléfono para establecer si tuvo llamadas o mensajes con personas que podrían haber participado en su desaparición.

“El personal de investigaciones va a hacer las respectivas entrevistas para poder determinar realmente qué es lo que ha sucedido. Me parece que ha sido un tema personal que está en proceso de investigación. Es muy probable que solicitemos el levantamiento del secreto de las comunicaciones de su teléfono para ver qué ha pasado, como parte del proceso de investigación”, indicó el oficial.

La hipótesis policial sostiene que la joven pudo haber decidido abandonar su trabajo por una motivación personal, debido a que salió de su habitación con una mochila que contenía algunas prendas y artículos de aseo. Para la Policía, esto indicaría que pensaba ubicarse temporalmente en otro lugar para luego retornar por sus otras pertenencias.

Asimismo, el general Llerena reveló que, durante los cuatro días de su desaparición, estafadores se hicieron pasar por secuestradores y llamaron a la madre de la censista para pedir dinero a cambio de información sobre su paradero.

“Ha habido llamadas de personas inescrupulosas a la familia, específicamente a la mamá, en las que indicaban que la tenían secuestrada y pedían una cantidad de dinero. Eso fue descartado totalmente”, señaló.

Además, la autoridad precisó que la joven tomó un vehículo hacia Trujillo y posteriormente llegó hasta la casa de sus tíos en el distrito de Alto Trujillo, lugar donde finalmente fue localizada.

Mientras tanto, el jefe nacional del INEI, Gaspar Morán, informó que los trabajos del censo se han reanudado en Mollepata y que aún se evaluará si Aydaluz Mayté retornará o no a sus labores tras las investigaciones.

Alcaldesa de Barranco viajó a Punta Cana con invitación falsa: Contraloría recomienda denunciarla penalmente

Un informe reciente de la Contraloría General de la República expuso una serie de irregularidades en el viaje realizado por la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas Gómez, a Punta Cana, República Dominicana, en marzo de 2024. El caso involucra uso de un documento falso para solicitar la autorización del viaje, el desembolso de viáticos sin sustento institucional y una rendición de gastos que no coincide con el lugar y la fecha del evento. La Contraloría concluyó que estos hechos constituyen un uso indebido de recursos públicos y recomendó la apertura de procesos penales y administrativos para los responsables.

El caso, revelado por Caretas, se remonta a febrero del año pasado, cuando la Municipalidad aprobó el viaje de Vargas con el argumento de que participaría en un “Curso de Capacitación” y en la Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La autorización se basó en una carta de invitación que presentaba logos del BID y de la organización ONWARD Internacional, y que supuestamente estaba firmada por el presidente de ONWARD, Félix González-Polar.

Sin embargo, al ser consultado por la Contraloría y por miembros del Concejo Municipal, González-Polar negó haber enviado esa invitación, haber organizado el evento o haber entregado cualquier tipo de beca o credencial a la alcaldesa Vargas. El BID también confirmó que no incluyó a Vargas como invitada oficial, ya que este evento está reservado a ministros y altos funcionarios financieros. La Contraloría estableció que la carta de invitación usada para justificar el viaje era falsa.

La situación generó mayor gravedad al conocerse que el documento presentado en mesa de partes, el cual avanzó con inusual rapidez, fue por parte de William Ronald Salazar Mateo, un activo militante de Renovación Popular, partido al que pertenece la funcionaria. La solicitud se derivó a varias dependencias municipales en solo unas horas y la asignación de viáticos se gestionó incluso antes de que el Concejo Municipal diera su aprobación formal.

El Acuerdo de Concejo que autorizó el viaje se emitió el 29 de febrero de 2024, junto con la Resolución de Alcaldía que asignó casi 11 mil 500 soles en viáticos. Los procesos de control que debían asegurar la validez del viaje y el buen uso de fondos públicos fallaron en distintos niveles.

La revisión de la rendición de gastos mostró más irregularidades. La alcaldesa Vargas entregó comprobantes de alojamiento y consumo emitidos nueve meses después del evento, en Lima, y a nombre de la empresa Roju Producciones SAC, cuyo giro es la publicidad y que no está vinculada a servicios turísticos ni gastronómicos. Estas facturas representaron más del 70% del total de los gastos justificados.

Además, la rendición se efectuó fuera del plazo legal de quince días, establecido por la ley para este tipo de viajes. Pese a estas inconsistencias, las áreas encargadas de la supervisión y el control dieron su aprobación final.

Otro dato destacado por la Contraloría es que Jessica Vargas no asistió al evento representando a la Municipalidad de Barranco. En los registros oficiales y en las listas del BID aparece como parte de la delegación de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), lo que nunca informó al Concejo Municipal ni justificó de manera formal.

Un año después del viaje, ante las observaciones y el avance de la investigación, Vargas devolvió la totalidad de los viáticos al municipio. No obstante, la Contraloría aclaró que esta devolución no corrige ni elimina las responsabilidades administrativas y penales señaladas en su informe.

CONTRALORÍA RECOMIENDA DENUNCIA PENAL

El Informe de Control Específico N° 006-2025-2-2166-SCE asigna presuntas responsabilidades administrativas y penales a la alcaldesa Jessica Vargas y a otros funcionarios de la Municipalidad de Barranco. Propone que la Procuraduría inicie acciones legales ante la Fiscalía por el presunto uso de documento falso, malversación de fondos y otros posibles delitos. Además, recomienda sanciones administrativas a los funcionarios responsables de otorgar las autorizaciones y validar la rendición de gastos sin los controles debidos.

¿QUIÉN ES WILLIAM RONALD SALAZAR MATEO?

William Ronald Salazar Mateo es un militante de Renovación Popular que ha ocupado un perfil público en los últimos años por su cercanía con autoridades municipales ligadas a este partido. En las elecciones municipales de 2022, Salazar Mateo postuló sin éxito al cargo de alcalde del distrito de Cieneguilla por Renovación Popular, obteniendo el tercer lugar en la contienda. Su derrota en las urnas no significó su retiro de la actividad política, ni de la esfera municipal.

De acuerdo a Sudaca, tras el ingreso de Rafael López Aliaga a la alcaldía de Lima, Salazar Mateo fue contratado por la Municipalidad Metropolitana de Lima bajo la figura de órdenes de servicio, recibiendo seis mil soles por trabajos relacionados con la coordinación de proyectos. Ese mismo año, obtuvo nuevos contratos con municipios distritales también liderados por Renovación Popular. Entre octubre y diciembre, facturó dieciocho mil soles a la Municipalidad de La Victoria por diversos servicios y, en 2023, recibió órdenes de la Municipalidad de Lince por un total de veinticinco mil soles para funciones como la coordinación de eventos y el monitoreo de redes sociales. Estas contrataciones se sumaron a ingresos totales de cuarenta y nueve mil soles durante 2023, todas provenientes de municipalidades gobernadas por su partido.

La influencia de la familia Salazar Mateo en la estructura de Renovación Popular no se limita a William. Su hermano, Cristian Salazar Mateo, figura con cargos de relevancia dentro de la Municipalidad de Lima, tales como integrante de la Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas y como miembro del Consejo Directivo del Patronato del Parque de las Leyendas.

Resaltan conexión Matarani – Chancay / Callao como un nuevo eje de competitividad logística en Perú

Los especialistas, Juan Manuel Gonzales, miembro del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, y Juan Carlos Paz, expresidente de la Autoridad Portuaria Nacional del Perú, concidieron en que la activación del cabotaje en Perú, lo cual ya ha quedado consolidado con el lanzamiento de dos servicios navieros son un nuevo eje para la competitividad logística del país.

“El lanzamiento del servicio WS4 de Hapag-Lloyd y la incorporación del servicio CHX de Cosco Shipping Lines marcan un hito en la conectividad marítima del Perú: Matarani estará conectado de manera regular con Chancay y el Callao a través de rutas internacionales que enlazan con los principales mercados atendidos por estas navieras. Este nuevo escenario se enmarca dentro de los alcances de la Ley de Cabotaje —inicialmente liberalizada por el Decreto Legislativo 1413 y consolidada por la Ley 32049— como palanca de competitividad y desarrollo territorial”, expusieron los expertos en un escrito conjunto compartido a PortalPortuario.

De la desconexión a la integración marítima

Los expertos sostuvieron, además, que “Matarani ha contado históricamente con una conectividad marítima limitada, el 2002 Evergreen Line instaló un servicio regular, que debido a limitaciones de la legislacion peruana, transbordaba en Colón, Panama. Sin embargo, entre 2018 y 2021 en el marco del D. Leg 1413, el servicio regular quincenal de Evergreen Line demostró que sí existe demanda y viabilidad para enlazar este puerto con rutas internacionales transbordando en Callao. La pandemia y la crisis global de los contenedores interrumpieron ese servicio, obligando a productores y exportadores a depender nuevamente del transporte terrestre hacia el Callao”.

“La nueva dupla de servicios —CHX (Cosco) y WS4 (Hapag-Lloyd)— reabre la posibilidad de que las cargas del sur, especialmente minería, agroexportaciones refrigeradas, pesca y manufacturas, se movilicen por vía marítima hacia Chancay y Callao y, desde allí, se integren a redes globales con menores tiempos y costos logísticos”, enfatizaron González y Paz.

Potencial productivo y ventajas logísticas

Los expertos detallaron que “el litoral de Arequipa, con 528 kilómetros, es el más extenso del país y alberga sectores de alto valor exportador: mandarinas, paltas, uvas, granadas, ajos, cebollas, algas, pota, bonito y mariscos. El enlace Matarani – Chancay / Callao permitirá reducir tiempos y costos frente al transporte terrestre de larga distancia hasta Chancay / Callao, descongestionar la red vial y mitigar impactos ambientales asociados al transporte por carretera, mejorar la frescura y calidad de perecibles, al reducir manipulación y traslados y aprovechar la infraestructura de Chancay y Callao como hubs del Pacífico Sur, con conexiones directas a Asia y otros mercados”.

Un marco normativo listo para ser usado

Gonzáles y Paz indicaron que “la Ley 32049 de cabotaje, que continúa el rumbo del D. Leg. 1413, ya elimina barreras a la participación de naves extranjeras y permite la prestación de servicios de transporte marítimo entre puertos peruanos. El reto ahora es operativo y fiscal: implementar un tratamiento tributario competitivo, garantizar facilidades aduaneras y asegurar que los fletes de cabotaje tengan incentivos equivalentes al transporte internacional”.

“La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), junto con gremios como Adex y Asmarpe, lleva más de ocho años impulsando este cambio. Ahora, con rutas regulares que unen el sur con el nuevo hub de Chancay y Callao, el trabajo conjunto entre sector privado, autoridades portuarias, aduanas y gobierno regional puede materializar un corredor marítimo sur–centro que transforme la logística nacional”, agregaron.

“Este primer contacto regular entre Matarani y Chancay/Callao es el inicio de una plataforma para reconfigurar el comercio marítimo del Perú. Con la ley de cabotaje vigente, la infraestructura en expansión y un hinterland productivo creciente, el sur peruano tiene la oportunidad de integrarse plenamente a las grandes rutas del comercio global desde su propia costa”, concluyeron.

Declaran estado de emergencia en distritos de Cusco y Ayacucho

El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia en ocho distritos de la provincia de La Convención (Cusco) y siete de la provincia de La Mar (Ayacucho) por un plazo de 60 días calendario, a partir del 14 de agosto, debido a la alta incidencia del tráfico ilícito de drogas y la presencia de organizaciones criminales en estas zonas.

La medida, establecida mediante un Decreto Supremo y publicada este domingo en El Peruano, incluye a los distritos cusqueños de Manitea, Kimbiri, Cielo Punco, Megantoni, Kumpirushiato, Echarate, Villa Virgen y Villa Kintiarina; así como a los ayacuchanos de Samugari, Anco, Unión Progreso, Ayna, Santa Rosa, Anchihuay y Río Magdalena.

En todos ellos, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Quedan excluidos el centro poblado Kiteni (La Convención), el «Eje Energético del Gas de Camisea» y el «Corredor Operacional Fluvial – Terrestre del Ene».

El decreto también dispone la prórroga, por el mismo periodo y desde la misma fecha, del estado de emergencia en los distritos de Pangoa y Río Tambo (Satipo, Junín), con exclusión de los centros poblados Puerto Ocopa y Quiteni, así como de la franja del río Ene.

Asimismo, se derogan los decretos supremos 085-2025-PCM, 090-2025-PCM y 099-2025-PCM, que contemplaban medidas similares en parte de estas jurisdicciones.

Conmoción en La Libertad: hallan sin vi**da a dos niñas en laguna de Quiruvilca y se presume que fueron ULTRA**JADAS

Profunda conmoción ha generado en la región La Libertad el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos menores en una laguna del sector El Tambo, distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco.

Las niñas, identificadas como Sandra (7) y Lizeth (13), eran primas y, según versiones preliminares, habrían sido ultrajadas antes de ser arrojadas al agua. Sin embargo, será la necropsia la que determine la causa exacta de sus muertes.

Agentes de la Policía Nacional y ronderos locales llegaron al lugar para recuperar los cuerpos y trasladarlos a la morgue, luego de que inicialmente fueran llevados a la comisaría de Quiruvilca para las diligencias correspondientes.

Efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huamachuco se encuentran en la zona recolectando evidencias que permitan esclarecer el crimen.

Los familiares exigen una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares para los responsables. La comunidad ha expresado su indignación y demanda mayor seguridad para proteger a los menores en zonas rurales.

INDIGNANTE: Colocan bandera de Colombia en la Isla Chinería

Un grupo de ciudadanos provenientes de Leticia, Colombia, arribó en al menos tres yates hasta la Isla Chinería (Isla Santa Rosa de Yavarí), territorio peruano situado en la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil, donde izó una bandera de unos tres metros de Colombia. 

La acción fue interpretada por algunos sectores como un gesto provocador en un contexto político delicado. 

La bandera fue hallada en la ribera del río Amazonas, en el extremo de la isla Santa Rosa de Yavarí, territorio que pertenece al Perú conforme a los tratados internacionales vigentes. 

Hasta el momento, las autoridades peruanas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el hecho, aunque se espera una respuesta diplomática que busque encauzar la situación y evitar una escalada de tensiones. 

Organizaciones civiles y ciudadanos de ambos países han exhortado a mantener la calma, respetar los tratados internacionales y preservar los lazos históricos y culturales que unen a Perú y Colombia. 

«Lo tomamos como un acto de provocación», dijo a RPP Julio Kahn, alcalde de Mariscal Ramón Castilla. 

El exalcalde de Santa Rosa, Iván Yovera, informó que se comunicó con las autoridades locales y con representantes del Ejército para reportar el hallazgo, lo cual calificó como una “provocación”.

Según declaró a RPP Noticias, la bandera habría sido colocada por tres ciudadanos colombianos que llegaron a la zona a bordo de un deslizador. 

“No tenemos información de quiénes son realmente porque no los conocemos. El presidente de la asociación de transportistas fluviales, que filmó el video, me dijo que no sabían quiénes eran, pero evidentemente sí son colombianos porque incluso tenían más banderas en la embarcación”, precisó.

Respuesta inmediata de las Fuerzas Armadas

Tras recibir el aviso, personal de la Marina y de la Policía se desplazó de inmediato al lugar para retirar la bandera. Un equipo de Canal N, que se encontraba realizando labores periodísticas en la zona, acompañó la operación y registró imágenes del procedimiento. Hasta el momento, se desconoce quién colocó la bandera en ese punto de la isla, ubicada en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil. 

La isla Chinería forma parte del territorio peruano conforme al Tratado Salomón-Lozano de 1922 y al Protocolo de Río de Janeiro de 1934, acuerdos que establecen los límites con Colombia. No existe controversia limítrofe oficial sobre la zona, pese a las recientes declaraciones  de Petro. 

Las autoridades locales han solicitado mantener vigilancia constante en la isla y en todo el distrito de Santa Rosa para evitar incidentes similares.