La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha destinado más de S/ 830 millones a tres proyectos de alto perfil que aún no se traducen en mejoras concretas para la ciudad. En lugar de avanzar en infraestructura, salud o transporte, estos proyectos enfrentan serios problemas técnicos, legales y administrativos, lo que ha motivado observaciones de la Contraloría General de la República y sanciones por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Los proyectos incluyen la inconclusa Vía Expresa Sur, la compra de tres puentes metálicos en la avenida Ramiro Prialé, y un hospital SISOL en Miraflores que no opera pese a los altos costos de alquiler para mantener el inmueble. Estos casos evidencian no solo una mala ejecución, sino también una gestión deficiente y poco eficaz del presupuesto público en una de las municipalidades más importantes del país y que más necesitan de inversión pública.

Una vía sin camino: Vía Expresa Sur, sin certificación ambiental ni tramos completos

Con un costo que se proyecta en S/ 800 millones, la Vía Expresa Sur fue anunciada como una solución al congestionado sistema vial de Lima, conectando distritos clave como Barranco, Santiago de Surco y San Juan de Miraflores. No obstante, en lugar de progreso, el proyecto ha generado controversia por carecer de certificación ambiental vigente, lo que constituye una falta grave según las leyes peruanas.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) confirmó que la certificación ambiental para la ejecución de la Vía Expresa Sur había vencido hace varios años y no fue renovada por la actual gestión municipal. Esta omisión llevó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a iniciar un proceso sancionador contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), que incluye una multa de S/ 160 millones. En respuesta, la MML acusó al MTC de actuar con sesgo político y calificó la sanción como un acto de “acoso político”.

A través del teniente alcalde Renzo Reggiardo, la municipalidad anunció que emprenderá acciones legales y exhortó al Ejecutivo a retomar el diálogo para alcanzar una solución consensuada que garantice la continuidad del proyecto.

Mientras tanto, varios tramos de la vía aún presentan deficiencias en su construcción, lo que ha generado preocupación sobre la seguridad de la obra y su verdadero impacto en la mejora del transporte.

Una falla estructural en la gestión

La falta de planificación en este proyecto no es un caso aislado. Para comprender mejor los factores detrás de estas deficiencias, conversamos con Miguel Villaverde Cisneros, especialista en Políticas Públicas, quien explica que los problemas no residen solo en el financiamiento, sino en cómo se gestiona.

“Confluyen diversos factores: falta de liderazgo, ausencia de dirección, escasa transparencia e incluso indicios de corrupción”, afirma. “Hoy, contar con recursos no es suficiente si estos terminan generando costos desproporcionados en obras que no benefician a la población”.

Villaverde advierte que la ausencia de una planificación estratégica, sumada a la falta de experiencia técnica entre los funcionarios, contribuye a este tipo de resultados. La Vía Expresa Sur se convierte así en un ejemplo emblemático de cómo el presupuesto puede ser malgastado sin cumplir sus objetivos sociales.

Puentes metálicos sin licitación: el atajo que genera sospechas

El segundo proyecto cuestionado es la adquisición de tres puentes metálicos destinados a reemplazar antiguas estructuras en desuso en la avenida Ramiro Prialé. El monto invertido fue de S/ 28.195.440, y si bien el objetivo era atender una necesidad urgente, lo que encendió las alarmas fue la forma en que se realizó la compra: sin licitación pública ni contratos formales. Esto fue revelado por el programa Punto Final.

Las adquisiciones se hicieron mediante órdenes de compra directas, un mecanismo permitido por ley, pero que fue utilizado de forma irregular para evadir los procesos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. Esta práctica ha sido duramente criticada, ya que reduce la transparencia y aumenta el riesgo de corrupción.

La empresa proveedora, Acrow Corporation of America, con sede en Estados Unidos, llegó a emitir varias comunicaciones solicitando la formalización de los encargos. Sin embargo, la Empresa Municipal Administradora de Peajes de Lima (EMAPE), que ejecutó la compra, no reconoció contratos formales, generando un limbo legal y administrativo.

Hospital SISOL en Miraflores: un local vacío que sigue costando

El tercer caso corresponde a la adquisición de un inmueble para el hospital SISOL en Miraflores, que pertenece a la red de hospitales de la Municipalidad de Lima. Pese a las necesidades urgentes en salud pública, el local no está en funcionamiento y presenta deficiencias estructurales.

De acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República emitido en mayo de 2025, se ha pagado S/ 490.000 en concepto de alquiler mensual (S/ 70.000 por mes) desde 2024, sin que el establecimiento preste ningún tipo de servicio. El contrato total asciende a S/ 2.5 millones.

Además, el informe alerta que el inmueble pone en riesgo la vida de los usuarios debido a sus fallas estructurales. Un dato preocupante es que la propietaria del local tiene vínculos con el partido político Acción Popular, al cual pertenece el alcalde López Aliaga, lo que refuerza las sospechas sobre posibles conflictos de interés.

Para Villaverde, situaciones como esta representan una gestión irresponsable del presupuesto, con consecuencias directas para los ciudadanos. “Los presupuestos deben estar alineados con el Plan Operativo Institucional y los objetivos del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). Si se ejecutan sin planificación real, terminan afectando el desarrollo de nuevos proyectos y deteriorando la confianza ciudadana”, explica.