Dentro de las instalaciones del colegio 22 de Setiembre, ubicado en Huaycán, distrito de Ate Vitarte, una familia ha establecido su vivienda en el propio plantel. Un hombre, acompañado de sus familiares, ocupa desde hace cuatro años la zona posterior del centro educativo y permanece allí pese a que se trata de un espacio destinado exclusivamente a la formación académica de los estudiantes.
Con una construcción de madera, han habilitado espacios destinados a cocina y dormitorios. Durante este período, según indicó uno de los ocupantes en un reportaje de Latina, han utilizado los servicios básicos de la institución estatal, como electricidad, agua potable y baños, mientras se aprecia ropa tendida y diversos utensilios domésticos.
Asimismo, se informó que cuentan con una pequeña mascota que circula libremente por las instalaciones del establecimiento. “(La luz) lo jalan del colegio. Usamos (los baños) del fondo”, relató.
Cerco improvisado y falta de medidas permiten ocupación prolongada en colegio de Ate
De acuerdo con lo mencionado por Nelly Cisneros, directora de este centro educativo, pese a la intervención de la Fiscalía para evaluar el caso y adoptar las medidas correspondientes, el ocupante no se ha retirado del lugar. Asimismo, precisó que representantes del Ministerio Público ya acudieron al lugar; sin embargo, hasta ahora no se ha concretado su retiro.
El problema se originaría por la precariedad del cerco perimétrico, elaborado con materiales improvisados, lo que no garantiza una adecuada delimitación ni protección del área. Aunque mencionó que solicitó apoyo al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) del Ministerio de Educación para reforzar la seguridad, su solicitud fue denegada.
“Hay aberturas en el cerco y por esos espacios ingresan perros y otras personas. Lo que se pide es apoyo. Me da un poco de pena porque está descuidado. No es como otras instituciones que tienen buena infraestructura”, detalló.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó el último sábado la aprobación del Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2026-2031 a través de un decreto supremo (N° 039-2026-EF) publicado en el diario oficial El Peruano.
El documento prioriza 72 proyectos a desarrollarse en los próximos 5 años con una inversión total de S/144,117 millones. No obstante, este plan oficial ha generado impacto al confirmar la exclusión de megaproyectos de transporte críticos para la capital del país, como la Línea 3 del Metro de Lima y el Antepuerto del Callao, debido al incumplimiento de requisitos técnicos obligatorios.
El documento oficial puntualiza que los proyectos mencionados “no cumplieron con las condiciones mínimas” para ser incluidos en el PNI que entró en vigencia, así como otras 11 propuestas que formaban parte del anterior plan sostenible (PNISC 2022-2025).
El filtro técnico detrás de la exclusión
Para que una obra fuera considerada expedita en esta nueva edición del plan, debía satisfacer obligatoriamente tres condiciones mínimas de priorización.
En primer lugar, los proyectos debían encontrarse registrados en el Programa Multianual de Inversiones, en el Informe Multianual de Inversiones en APP aprobado por los ministerios, en la cartera de Proinversión o en el portafolio de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).
Como segundo requisito, la propuesta debía demostrar sostenibilidad fiscal bajo los marcos presupuestales vigentes para los años 2027 y 2028.
Finalmente, el proyecto no podía ser una inversión de optimización o rehabilitación menor, y debía estar ya en ejecución física o tener previsto el inicio de obra como máximo en los próximos cinco años.
No obstante, el documento oficial del MEF aclara que los proyectos que no alcanzaron la lista de priorizados “no pierden su valor estratégico”, por lo que las entidades responsables deben continuar impulsando su ejecución.
Entre las obras que sí lograron su inclusión destacan la creación de la Nueva Carretera Central, valorizada en S/ 24,653 millones, y la continuación de la Línea 2 del Metro de Lima junto a su ramal Av. Faucett-Gambetta, que representa una inversión de S/ 20,092 millones.
La Línea 3 del Metro y el Antepuerto del Callao en suspenso
La exclusión de la Línea 3 del Metro de Lima representa una pausa significativa en la conectividad masiva de la capital. Este proyecto contemplaba la creación de un sistema completamente subterráneo de 34.8 kilómetros que uniría los distritos de San Juan de Miraflores y Comas.
De acuerdo con datos de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la infraestructura permitiría realizar este trayecto en solo 56 minutos, beneficiando a más de cinco millones de personas que residen en jurisdicciones como Los Olivos, Independencia, Rímac y San Isidro.
Pese a que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) estimaba iniciar las obras en 2027, el incumplimiento de las condiciones mínimas del plan 2026-2031 ha dejado el cronograma en la incertidumbre.
En una situación similar se encuentra el proyecto del Antepuerto del Callao, una infraestructura logística estratégica diseñada para albergar hasta 729 camiones en un área de más de 20 hectáreas entre las avenidas Néstor Gambetta y Contralmirante Mora.
El objetivo central de esta obra es ordenar el flujo de carga pesada hacia los terminales portuarios de APM Terminals y DP World mediante un sistema de citas tecnológicas, reduciendo la congestión vehicular en las vías urbanas del primer puerto.
Al no cumplir con los filtros del MEF, este proyecto también ha quedado fuera de las prioridades inmediatas del Ejecutivo.
Recorrido proyectado para la Línea 3 del Metro de Lima.Fuente: ATU
Proyectos que lideran el PNI
A pesar de estas ausencias, el sector Transportes sigue siendo el eje central de la inversión estatal con 28 proyectos priorizados que suman más de S/ 100,897 millones.
Entre las obras que sí lograron su inclusión destacan la creación de la Nueva Carretera Central, valorizada en S/ 24,653 millones, y la continuación de la Línea 2 del Metro de Lima junto a su ramal Av. Faucett-Gambetta, que representa una inversión de S/ 20,092 millones.
También figuran el Anillo Vial Periférico, la modernización del Aeropuerto de Chiclayo, el Terminal Portuario de San Juan de Marcona y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco.
Otros proyectos
El Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031 no se limita al transporte y extiende su alcance a otros sectores.
En Agricultura y Riego se han priorizado 9 proyectos, destacando la rehabilitación del Reservorio de Poechos y la tercera etapa de Chavimochic.
Asimismo, en el rubro de Agua y Saneamiento se impulsan 8 iniciativas como las Obras de Cabecera en Lima y diversas plantas de tratamiento de aguas residuales en Trujillo, Huancayo y Chincha.
El plan también abarca Salud con el Hospital Regional Docente de Trujillo, Educación a través de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), y Turismo con el Teleférico de Choquequirao.
En total, 52 proyectos del plan anterior han quedado fuera de esta planificación por diversos motivos. Además de los 13 que no cumplieron las condiciones mínimas, existen 17 propuestas que no fueron presentadas por las entidades responsables, 19 que no obtuvieron el puntaje de priorización necesario según los indicadores de sostenibilidad y 2 obras que ya se encuentran culminadas, como es el caso de la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez.
La Contraloría General de la República informó que, tras una auditoría de cumplimiento, identificó a cerca de 70 servidores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) que habrían gestionado de manera irregular más de 700 Documentos Nacionales de Identidad (DNI) durante 2023 y 2024. Según el reporte, los trámites favorecieron a conocidos, terceros y también a personal de la propia entidad.
Las observaciones se concentraron en dos prácticas: registros de emisión de DNI sin sustento de pago y el uso de la gratuidad del DNI sin cumplir requisitos o sin adjuntar la documentación correspondiente, pese a que el beneficio está dirigido a poblaciones en condición de vulnerabilidad.
DNI emitidos sin pagar: así se habría usado el sistema para registrar trámites como “pérdida”
De acuerdo con el informe de control citado por la Contraloría, se detectaron 436 trámites de DNI ingresados en el Sistema Integrado Operativo (SIO) sin que se acreditara el pago exigido en el TUPA. Para permitir el avance del proceso, algunos usuarios del sistema seleccionaban la opción de pago “pérdida”, como si se hubiese extraviado la constancia, y el campo “recibo de banco” quedaba completado con ceros, lo que evitaba que el sistema solicitara vincular un comprobante válido.
Bajo esa modalidad se registraron gestiones para trabajadores, compañeros de oficina y otras personas. La entidad fiscalizadora señaló que la mayor cantidad de casos se ubicó en la oficina descentralizada de San Pablo (Loreto) y en la Oficina Registral de Lurín (Lima). En esta última, se advirtió un ejemplo con cuatro trámites para un mismo servidor. Además, los registros pasaron por revisión y aprobación sin que se detectara la falta de pago, en procedimientos cuyas tasas pueden llegar hasta S/41, según el tipo de trámite.
Uso irregular de la gratuidad del DNI: observaciones en trámites por pobreza, discapacidad o emergencias
La auditoría también reportó 266 casos vinculados al uso indebido o sin sustento de la gratuidad del DNI destinada a sectores vulnerables. En estos expedientes, se habrían ingresado solicitudes en el SIO amparándose en resoluciones internas que habilitan exoneraciones de manera excepcional y temporal para supuestos como discapacidad, afectación por desastres o siniestros, adultos mayores y personas en pobreza o extrema pobreza, pero sin adjuntar los documentos que respalden esa condición.
Entre los ejemplos, se mencionó que en la Oficina Registral de Chosica dos trabajadores habrían tramitado DNI gratuitos para compañeros sin acreditar afectación por emergencias. En Huancayo (Junín), se advirtió un caso similar en beneficio propio sin sustento. También se identificaron debilidades en la evidencia de trámites por discapacidad: en algunos registros no figuraban documentos como el carné del Conadis o no quedaba respaldo ni en el sistema ni en el archivo físico. La Contraloría informó que halló indicios de presunta responsabilidad penal en tres trabajadores y responsabilidad administrativa en 69 servidores.
¿Qué dijo Reniec al respecto?
Al respecto, el RENIEC emitió un comunicado en el que indica que se han implementado diversas medidas de seguridad y se incorporaron controles adicionales para evitar accesos indebidos a los sistemas que tramitan y entregan DNI gratuitos. Asimismo, se han iniciado investigaciones internas y se adoptarán acciones frente a los presuntos involucrados. Finalmente, se aprobó un Plan de Acción para implementar las recomendaciones de la Contraloría.
Al menos 11 policías fueron detenidos durante un operativo del primer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno debido a que habrían cometido los presuntos delitos de organización criminal y cohecho propio en la función policial en agravio del Estado.
Este sábado, por la madrugada, se ejecutó diversos allanamientos con fines de detención preliminar porque, de acuerdo con la investigación, a cargo del fiscal provincial Arturo Zirena Asencio, los efectivos policiales habrían cobrado entre S/30 y S/300 para permitir el paso de camiones con mercadería de contrabando desde la frontera con Bolivia hasta Juliaca, donde era comercializada como legal. Las acciones contaban con órdenes judiciales.
De esta manera, se intervino dependencias policiales, tales como el puesto de auxilio rápido Samán, la unidad de emergencia Juliaca, el destacamento de protección de carreteras de Juliaca y Huancané; así como las comisarías de Conima, Huancané, Taraco, Pusí, Sanán, Pusi y San Miguel.
También se allanó locales comerciales de la sexta cuadra del jirón Mariano Melgar, en Juliaca, donde se decomisó mercancía de contrabando y se detuvo a 12 personas civiles por el presunto delito de contrabando agravado en agravio del Estado.
Se conoció que entre los agentes detenidos se encuentran altos jefes policiales de Juliaca que habrían apoyado el delito de contrabando y receptación aduanera. Según la tesis fiscal, los policías habrían estado recibiendo dádivas desde el 2024.
Ante estas pruebas, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar contra los 23 acusados, a quienes se les atribuye ser presuntos autores o partícipes del ingreso de camiones con mercadería de contrabando.
Un nuevo ataque contra transportistas se registró la tarde de este martes 17 de marzo luego de que un delincuente disparara contra una combi de la empresa San Pedro de Pamplona, conocida como ‘Los Rojitos’, en el distrito de San Juan de Miraflores. Producto de los impactos, el chofer Jorge Luis Félix Vargas (23) y dos pasajeras, Olinda Quispe (49) y Asunción Quispe (28) —quien recién había abordado la unidad— perdieron la vida.
De acuerdo con información preliminar, el vehículo de placa CRN-345 cubría su ruta habitual hasta Villa María del Triunfo cuando fue interceptado en el cruce de las avenidas Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres. Tras abrir fuego, el sujeto huyó a bordo de una motocicleta de color negro.
Tres fallecidos
En un principio, se confirmó el deceso de una pasajera que estaba sentada en la parte trasera del copiloto, Olinda Quispe (49). Sin embargo, posteriormente se conoció la muerte del chofer cuando se dirigía a la Clínica Santa Marta, y de la usuaria que iba sentada a su lado, quien también fue alcanzada por las balas.
El familiar del conductor informó que el joven se había endeudado con el banco solo hace 3 meses para comprarse el vehículo. ‘‘Lo estaban extorsionando, al igual que a varias otras empresas. Le estaban pagando cupo a dos organizaciones criminales», manifestó.
Identifican a las víctimas del ataque a la combi Los Rojitos en SJM.
La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó hasta la zona y procedió a aislar la escena del crimen para realizar las primeras diligencias. Además, informó que ha activado un plan cerco para dar con los responsables. El general Óscar Arriola también se acercó, resguardado de varios efectivos, en medio de reclamos y rechazos de parte de la población.
El atentado se registró la tarde este martes 17 de marzo
Video registró ataque
Una cámara de seguridad ubicada en la zona captó los precisos momentos en que el sicario comete su acto delictivo. En las imágenes, se aprecia al hombre —quien vestía una capucha negra y pantalones jeans— salir de una esquina y cruzar la pista en dirección hacia su objetivo.
Ya estando cerca de la unidad, saca el arma de un morral que llevaba colgado en el pecho y dispara sin escrúpulos hasta en 4 ocasiones para luego huir corriendo hacia una motocicleta en la que lo esperaba su cómplice. La combi, por su parte, avanza unos pocos metros y se detiene. De inmediato, los pasajeros bajan conmocionados por lo ocurrido.
En diálogo con Exitosa, el ingeniero y experto en gas Noel Ñiquen, señaló que el abastecimiento normal de gasolina y GLP se vería recién dentro de 15 días en Lima. Explicó que esto se debe a que estos productos deben ser trasladados desde Pisco a diferencia del gas natural que llega directo por tuberías.
15 días estimados
Ñiquen explica que se presentaron roturas en dos ductos: de gas natural seco y el de líquido de gas natural, ambos dañados y reparados. En el primer caso este llega directamente a Lima: primero a Lurín y luego se distribuye por ductos subterráneos hacia cada punto. La reparación de este ducto se ha completado en su totalidad. «Al día de hoy todos los grifos a GNV ya cuentan con este producto«, precisó.
Sin embargo, en el caso del ducto de líquido de gas natural este no llega directamente a la capital, sino hacia laPlanta de Fraccionamiento de Pisco. Es en este punto que se produce gasolina y GLP y su traslado hacia Lima se realiza por camiones o por barco, etapa que aún no ha podido normalizarse.
«Esta otra etapa de los productos GLP y gasolina aún no han podido regularizarse, aún hay desabastecimiento. Se calcula que aproximadamente en 15 días ya debe estar regularizándose el abastecimiento de GLP y gasolina en su totalidad en Lima», precisó.
Precio de GNV debería estar normalizado
El ingeniero Ñiquen indicó que el «precio del GNV debe encontrarse en su precio regular» hasta antes de haber ocurrido la rotura de ductos en Megantoni, Cusco.
«El precio del GNV, gas natural vehicular, no tiende a incrementarse puesto que es un precio regulado. Tanto el distribuidor, ya sea Cálidda o Contugas, no pueden incrementar el precio«, precisó.
En cambio, el precio del GLP y gasolinas «sí es un precio libre» el cual se ha visto incrementado producto del desabastecimiento producido en Cusco y a razón del aumento de precios por la guerra en Irán.
Durante la crisis energética por GNV, hubieron ciertas estaciones de gas que sí contaban con tal combustible. Ante ello, el experto indicó que hay grifos que no se abastecen por ductos sino por camiones. «Estos grifos, de forma virtual, aún tenían stock y podían abastecer a ciertos vehículos pero lo vendían a un precio mayor«, señaló.
Ante la reparación de ductos en la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), el traslado de GLP y gasolina hacia Lima aún demoraría un plazo de 15 días, indico el ingeniero Noel Ñiquen.
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