José Luis Mamani Pucya (45), chofer de un bus de transporte público de la empresa Norteamérica S.A., fue baleadopor un sujeto que se hizo pasar como pasajero para abordar la unidad.
El violento ataque ocurrió en el cruce de las avenidas Guardia Peruana y Guardia Civil, en el distrito de Chorrillos. Al pistolero no le importó que el bus se encontraba lleno de pasajeros, quienes aterrados vieron cómo se producía el atentado.
Testigos consultados por RPP indicaron que el atacante realizó dos disparos contra el conductor, tras lo cual escapó con un cómplice a bordo de una motocicleta.
“La moto se ha parado a la derecha. Uno hizo ‘la finta’ (el ademán) que va a subir, ha pisado una grada y ha disparado; y se ha subido en la moto lineal y se han ido”, refirió un hombre.
Chofer condujo herido
Pese a resultar herido en el tiroteo, Mamani Pucya continuó conduciendo el bus hasta llegar a un policlínico, donde fue atendido de emergencia. Sin embargo, el hombre fue derivado al Hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores, según confirmaron sus familiares.
La Policía Nacional inició las investigaciones del caso. La principal hipótesis que se maneja es que el ataque esté vinculado a un posible caso de extorsión dirigido a la empresa de transporte Norteamérica S.A., conocida también como ‘La 57’.
Los casos de inseguridad ciudadana se reportan a diario en Lima. En las últimas horas, los vecinos de una calle de Los Olivos, al norte de la capital, fueron sorprendidos por una potente explosión, que causó daños en al menos siete casas. El atentado estaría vinculado a un caso de extorsión contra el dueño de un restaurante, que tiene su casa en el barrio.
El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto sentenció a cadena perpetua a Jesús Bautista Saldaña y Vanesa Cachique Isac, tras determinar su culpabilidad en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud – sicariato, en agravio de su hijo de 11 meses de nacido, ocurrido el 6 de mayo de 2023, en el puente Nanay de la ciudad de Iquitos.
Tras un riguroso análisis, el tribunal de justicia conformado por los jueces José Neil Chumbe Silva, Tania Elena Niño de Guzmán y Samuel Martín Soldevilla Escudero resolvió imponer la drástica sanción contra la pareja, quienes se encontraban bajo prisión preventiva, medida que coadyuvó a garantizar el curso del proceso penal.
Inicialmente, los padres denunciaron el asesinato de su bebé durante un supuesto asalto en el puente Nanay. Sin embargo, las pruebas recopiladas ayudaron a esclarecer a los responsables del execrable crimen: Jesús Bautista y Vanessa Cachique estaban directamente implicados.
El fallo de la Corte ha evidenciado una respuesta judicial efectiva al sancionarse con el rigor que la ley exige tan atroz acto que cobró la vida un menor de meses de nacido.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), informó que el proyecto de Ferrocarril Lima-Barranca no solo pasará por el distrito Ancón, sino que también contemplaría su conexión con las líneas 2, 3 y 4 del Metro de Lima y Callao, a través de estaciones de intercambio, lo que consolidará el Sistema Integrado de Transporte (SIT).
La entidad sostuvo que este proyecto es una iniciativa que transformará la movilidad y conectividad en el corredor costero de Lima. En ese sentido, este sistema ferroviario representará un avance significativo hacia la modernización del transporte en una de las regiones más pobladas del país.
Para ello, el ferrocarril Lima-Barranca se extenderá a lo largo de localidades densamente pobladas en el corredor costero como Barranca, Supe, Huaral, Chancay y Ancón, con una extensión aproximada de 245 km. Estará diseñado para ser un ferrocarril de tráfico mixto, es decir, para el transporte masivo de pasajeros y mercancías.
Su recorrido se iniciará en el cruce de las avenidas Atalaya y Guardia Chalaca (en la plaza Garibaldi, próxima a la estación Puerto del Callao de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao) para luego continuar por la av. Néstor Gambeta, el óvalo 200 millas (próxima a la estación Gambetta del Ramal de la Línea 4), las avenidas Carlos Izaguirre y Canta Callao, la Panamericana Norte (donde conectaría con la Línea 3, en la futura estación Huandoy). Asimismo, se tiene prevista un ramal que permitirá la conexión de este ferrocarril con el Metropolitano (estación Chimpu Ocllo) hasta llegar a Ancón y continuar hacia Barranca.
La creación del Ferrocarril Lima-Barranca beneficiará de forma directa a4.5 millones de ciudadanos y de manera indirecta a más de 12.5 millones de personas.
Este sistema de transporte permitirá un servicio rápido y seguro, disminuirá los accidentes, la congestión vehicular, la emisión de gases contaminantes de efecto invernadero y la contaminación ambiental por ruido.
Otra gran ventaja que tendrá la construcción y puesta en operación de este sistema de transporte es que se conectaría con los puertos del Callao y Chancay, facilitando nuevas áreas de desarrollo urbano, productivas, logísticas y de servicios en la zona de influencia del sistema interurbano.
Cabe señalar que, en febrero del 2024, el MTC, a través del comité de selección, otorgó la buena pro al Consorcio Ferrocarril del Norte para desarrollar el estudio de preinversión a nivel perfil de este proyecto, el cual se espera esté listo para fines del 2025.
La Alianza Nacional de Transportistas ha convocado a un paro de transportistas en Lima y Callao, para el próximo jueves, 6 de febrero. Julio Campos, vicepresidente de dicha organización, en diálogo con RPP, sostuvo que la medida es en protesta por los actos criminales que sufren los trabajadores de su sector.
«El año pasado cerramos con más de 2140 asesinatos. Cerramos al 31 de enero, más de 180 asesinatos. ¿Cuántas víctimas más? ¿Cuántos hermanos trabajadores espera este gobierno de hacer algo por nuestro país? No hay voluntad política, no hay liderazgo», expresó.
No obstante, otras organizaciones de transportistas, representantivas en el sector, han anunciado que no acatarán dicha medida de fuerza; aunque también han coincidido en las críticas contra el Gobierno respecto a la lucha contra la criminalidad.
¿Cuáles son estas organizaciones y por qué no se sumarán al paro convocado por el gremio que lidera Campos? Estos fueron sus argumentos.
Héctor Vargas: «Quienes están convocando este paro son los sectores informales e ilegales»
Héctor Vargas, presidente del directorio de la Coordinadora de las Empresas de Transporte de Lima y Callao, en entrevista con RPP, ratificó que el transporte «está siendo objeto de amenazas constantes, del chantaje, de la extorsión, incluso de muertes», pero que quienes convocan al paro «no son gente que representa al sector».
«Nosotros combatimos la informalidad [y] quienes están convocando este paro son los sectores del taxi colectivo, informales e ilegales […] No son gente representativa del transporte formal y regular […] Ellos -enarbolando la plataforma que, con justa razón, la enarbolamos también nosotros- han convocado a un paro, pero, como ya se ha visto en anteriores oportunidades, hay intereses detrás de ellos», señaló.
Consultado sobre los intereses que habría detrás de los convocantes, Vargas Egas sostuvo que ellos, cuando se «sienten con las autoridades, probablemente no articulen un lenguaje que vaya» en dirección a la «defensa del derecho a la vida de todos los ciudadanos en general».
«Así es, [hay politización] Eso lo hemos visto en los anteriores paros o movilizaciones que han convocado estos señores. Recordemos que, después del día 26 [de septiembre del 2024], se convocaron a tres o cuatro paros donde ellos fueron convocantes y se ha visto los intereses que están detrás de ellos. Gente que está agrupada en partidos políticos donde, en el momento que tengan que plantear estos temas, enarbolan banderas de tinte político radical», señaló.
«[Partidos como] el de Antauro. Hay otro señor, el de Anitra, que quiere ser candidato, que está ofreciendo la posibilidad de que alguien los llame. Creo que no debería ser esta la actitud responsable de quienes invocamos el derecho a la vida, a la paz y a la tranquilidad, de que podamos reclamarle al Gobierno no estando en esa línea […] Nosotros no estamos de acuerdo con esta convocatoria», agregó.
No obstante, Vargas enfatizó que «hay una responsabilidad política de parte del Ministerio del Interior por no combatir estos crímenes», y criticó a la presidenta Dina Boluarte por no tener «liderazgo» para articular una respuesta firme ante esta situación.
«Nosotros consideramos que falta liderazgo de la presidenta de la república, ella no reúne a todos los entes que tienen que ver con el tema de la seguridad y decirles quién falla, quién no falla y, por lo menos, discutir y promover acciones», refirió.
«Nosotros estamos pensando en pedir la renuncia de la presidenta de la república, del ministro del interior, quienes son responsables de esto […] Lo que vamos a hacer de manera inmediata es pedir una reunión con la presidenta de la república antes de ir a una medida de fuerza de ese tipo y que nos explique qué es lo que está pasando, por qué estamos en esta situación tan difícil que estamos atravesando actualmente», puntualizó.
Martín Ojeda: «No vamos a participar con los ilegales»
Por su parte, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, en diálogo con RPP, consideró que si bien la motivación de la protesta “es digna”, su organización no acatará el paro porque, según dijo, tiene intereses políticos y participarán transportistas “ilegales”.
“No vamos a participar con los ilegales. No son informales, son ilegales. El falso ‘chalequeo’ comenzó con ese tema, luego evolucionó a la extorsión […] Estamos en contra de la extorsión, estamos en contra del falso chalequeo y de la politiquería barata”, señaló.
“Qué desesperación por hacer un paro tan rápido solo con ilegales y un minúsculo gremio al cual pertenece y que no forma parte del total de ocho gremios urbanos que no se han manifestado”, agregó.
En otro momento, Ojeda criticó la afiliación política de Julio Campos al partido vinculado al sentenciado Antauro Humala.
«Quien presume su posición pertenece a un partido violentista, como es el del señor Antauro Humala y, aparte de eso, representa al 100 %, eso sí, al transporte de auto colectivo ilegal, que es lo que tanto daño hace al país y a Lima y Callao», aseveró.
“No vamos a participar […]. Los corredores complementarios no van; el Metropolitano no va; UNT no va; ANATE no va”, acotó.
No obstante, Ojeda destacó que la decisión de su gremio no significa un respaldo a la gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.
«Esto no quiere decir que estamos con este ministro del Interior. Estamos totalmente en desacuerdo, nos ha dejado plantado dos veces. Una con la congresista Patricia Juárez, que se ha puesto la camiseta del transporte, y otra con la ATU, indicando que tenía otras situaciones más urgentes. Si él considera que no es urgente 9 atentados a 7 empresas en una zona focalizada como Huaycán, no sabemos qué tipo de ministro tenemos”, refirió.
“Con el ministro, no, para nada. Consideramos que sus políticas públicas en el Mininter están siendo socavadas por él mismo”, remarcó.
En una charla privada, Mayalen Fray Moya le reveló a su pareja, Kleiber Espinoza Palomino, que la familia de su amiga del colegio, Leydi P. G., era adinerada y se dedicaba a la agricultura. Sin embargo, eso no era cierto.
Con la información proporcionada por Mayalen Fray, Kleiber Espinoza Palomino y su hermano Aarón Espinoza Palomino, ambos con antecedentes criminales por robo, planificaron el secuestro de Leydi P. G. bajo la creencia de que los padres de la joven de 17 años eran personas adineradas. Nada más falso.
A las 7:30 p.m. del lunes 6 de enero, cuando Leydi P. G. se encontraba en casa de su novio en Constitución (Oxapampa, Pasco), recibió la llamada de un hombre que le dijo que quería entregarle una información confidencial. La citó en la localidad de Puerto Súngaro (Puerto Inca, Huánuco), a una hora y media de distancia en vehículo.
La muchacha subió a su moto lineal y se dirigió hacia el punto de encuentro, sin saber que quien la había convocado era Aarón Espinoza Palomino, hermano de Kleiber Espinoza Palomino, pareja de su amiga Mayalen Fray.
Delincuentes amenazaron a los padres de la víctima
En pleno trayecto por la carretera Fernando Belaúnde Terry, en el centro poblado San Juan de Pachitea, en la jurisdicción de Puerto Inca, Leydy fue interceptada por tres sujetos que la secuestraron y la mantuvieron en cautiverio.
A las 11:45 a.m. del día siguiente, martes 7 de enero, la madre de la adolescente, Marcelina Girón Carbajal, recibió la primera llamada de los plagiarios. Los delincuentes le exigieron que pagara un rescate de S/500.000 en un plazo de 24 horas. Si no lo hacía, mataban a su hija.
Para acreditar que hablaban en serio, uno de los sujetos envió al padre de la adolescente, Sebastian Pastrana Rojas, un video en el que se le observa a Leydi P. G., muy asustada y atada con una soguilla. El individuo que le apuntaba en la sien con una pistola sería identificado como Delmer Lino Abad. Si Leydi no respondía al llamado de un desconocido, esto no habría ocurrido.
Amiga. Mayalen Fray Moya, pareja de Kleiber Espinoza Palomino, uno de los integrantes de la banda. Foto: composiciónLR/difusión
“¡Acá tenemos a tu hija! Hoy 7 de enero. Señor, ahí la tenemos. Todo tranquilo y sano. Lo que queremos es el dinero. Muy pronto le estamos poniendo el precio para poder conversar bien. ¿Ya señor?”, se le escucha decir al secuestrador.
El delincuente después sería identificado como Aarón Espinoza Palomino, hermano de Kleiber Espinoza Palomino, el novio de Mayalen Fray, amiga del instituto de la víctima. Los dos son de Satipo, Junín. Aarón, de 24 años, no concluyó la primaria. Kleiber, de 29 años, tampoco terminó la secundaria.
Muerte en la oscuridad
Inmediatamente, ocurrido el hecho, los padres denunciaron el caso ante la División de Investigación Antisecuestros y Extorsiones de la Dirincri, cuyos agentes viajaron a Cerro de Pasco. Ni los papás ni lo policías sabían en esos momentos que Leydi P. G. había sido asesinada.
El mismo día que enviaron el video, los plagiarios mataron a la joven, supuestamente porque los reconoció. Introdujeron el cuerpo en un costal y lo enterraron a un kilómetro del lugar de cautiverio. El autor del homicidio fue identificado como Delmer Lino Abad.
Preso. Aarón Espinoza Palomino, señalado como autor intelectual del secuestro y asesinato de la joven. Foto: composiciónLR/difusión
Dinero por nada
“¡Está viva, señor, está viva; ¡si no paga, le cortaremos los dedos a su hija!”, decían los asesinos cada vez que se comunicaban con los padres para exigirles el pago.
Durante las negociaciones, los agentes antisecuestros, al mando del coronel PNP Franco Moreno Panta, lograron rastrear mediante el sistema de geolocalización que las llamadas incriminadoras provenían de la zona de Satipo, en Junín. Y desde ese punto se conectaban en Lima. Precisamente, en el distrito de San Juan de Lurigancho.
Tumba. A un kilómetro de distancia, enterraron clandestinamente a la joven Leydi P. G.
El martes 21 y el miércoles 22 de enero, los padres de Leydi depositaron consecutivamente S/500 y S/200 a una cuenta bancaria, proporcionada por los plagiadores. Los progenitores de la víctima aún tenían la esperanza de volver a ver a su hija.
La policía rápidamente identificó al titular: Jonathan Yacila Silva, un limeño de 40 años, residente en La Victoria. Interrogado por los agentes antisecuestros, Yacila confesó que quien le dio el encargo de recibir el dinero fue José Agapito Farro, un monsefuano de 46 años, con domicilio en la urbanización Azcarrunz, en San Juan de Lurigancho. Justamente de donde salían algunas de las llamadas de los hampones a los papás de Leydi P. G.
El monsefuano José Agapito, capturado el 22 de enero, no tardó en cantar. Afirmó que la pareja de convivientes, Miller Mautino Espinoza, huanuqueño de 32 años, y Estafane Trejo Melgarejo, limeña de 30 años, residentes en Las Terrazas, en San Juan de Lurigancho, fueron quienes le pidieron que hiciera el cobro del dinero. Una vez arrestado Miller Mautino, este acusó a Kleber Espinoza Palomino y a su pareja, Mayalen Fray Mora, la amiga de Leydi P. G., la víctima del secuestro.
En los interrogatorios policiales, Kleber Espinoza y Mayalen Fray dieron los nombres y apellidos de los otros implicados. Aarón Espinoza Palomino, detenido en Satipo; y Rabdy Vargas Mateo, Rodrigo Romero Tejada y al asesino de Leydi P. G., Delmer Lino Abad; así como a su tío, Vicente Aquino Lino. Revisando los archivos policiales, los agentes detectaron que Vicente Aquino Lino era un prófugo de la justicia. Lo estaban buscando en Pucallpa, donde cometió un asesinato. Por lo tanto, el secuestro no fue un plan fortuito de un grupo de amigos e interesados, sino la obra al completo de una organización criminal. Detenido el 25 de enero, Aarón Espinoza confesó los delitos y reveló a la policía dónde había ocultado el cadáver de Leydi P. G.: en las inmediaciones de la comunidad nativa San Juan de Pachitea, en la jurisdicción de Puerto Inca (Huánuco). La necropsia indicó que la joven había recibido golpes contundentes en el cráneo. No tenían intenciones de devolverla viva. Solo querían el dinero.
El exjefe de la Brigada Especial Contra la Criminalidad (BRECC Norte), Francisco Rivadeneyra, denunció que un operativo liderado por su unidad en 2024 ya tenía todo listo para capturar a «El Monstruo»; sin embargo, ello se vio frustrado debido a decisiones internas de la Policía Nacional del Perú (PNP) y falta de apoyo.
Decisiones internas de la PNP frustraron captura de ‘El Monstruo’
El comandante PNP Francisco Rivadeneyra reveló en un medio local que en diciembre del año pasado lideró a su unidad y tras un intenso operativo lograron, con la geolocalización, ubicar al temido delincuente Erik Moreno Hernández, alias «El Monstruo».
Ya tenían todo listo para poder ‘dar el golpe’ y lograr la captura del facineroso acusado de robo agravado, ordenar crímenes, extorsiones, cobro de cupos en Lima norte; sin embargo, sus acciones se vieron frustradas por falta de apoyo que el comandante Rivadeneyra había solicitado anticipadamente.
«Simplemente no se realizó el apoyo específico debido a que en ese momento el suscrito fue considerado dentro de la lista de oficiales a quienes se dieron de baja y perdí cierta ascendencia. Entonces, ya no se le pudo hacer, siquiera, un operativo de búsqueda en el sector en el que se le había ubicado», reveló el exjefe policial a ‘Panamericana Televisión.
Seguidamente, deslizó la posibilidad de que desde dentro de la propia PNP no quisieran capturar al temido criminal, ya que detalló que «la unidad que él lidera hacía un seguimiento previo de sus pasos, pero de «un momento a otro, un comando en específico prohibió que todo el personal vaya a apoyar al equipo que vigilaba a ‘El Monstruo’, por lo cual, tuvieron que pedir apoyo a Serenazgo de Comas».
Denuncian irregularidades dentro de la PNP
El exjefe policial Francisco Rivadeneyra indicó que «pareciera que hay grupos que quieren mantener en vivo las actividades de estas organizaciones delincuenciales» y que «no podría darle crédito directo al ministro del Interior porque es un civil y no tiene un comando directo en la policía«, por lo cual, dejó entrever que se podría tratar de acciones «de generales en diferentes niveles».
«No se están haciendo las acciones específicas que se deberían hacer porque ese fulano (El Monstruo) ya debería estar preso hace rato», agregó.
Para finalizar, reveló que un suboficial de la PNP fue retirado de la Dirincri tras haber proporcionado información sobre un operativo para capturar a una banda criminal; sin embargo, «habría sido reasignado al Servicio de Inteligencia Nacional sin un procedimiento disciplinario y solo con una investigación fiscal».
De esta manera, el comandante Francisco Rivadeneyra denunció irregularidades dentro de la PNP que incluso habrían frustrado el operativo que su unidad lideraba para lograr la captura de Erik Moreno Hernández, alias «El Monstruo».
ENFOQUE REAL 