Los jefes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) han sido citados para HOY, miércoles 4 de marzo (2:00 p.m.), por la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por Elvis Vergara. La citación busca que rindan cuentas sobre el uso de recursos públicos y que expliquen el cumplimiento de fallos judiciales en torno a la inscripción de partidos políticos.
Roberto Burneo, titular del JNE, fue invitado a informar el motivo por el que la institución no habría acatado las resoluciones judiciales del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, que permiten la participación del partido Unidad Popular en los Elecciones Generales 2026.
Mientras que Piero Corvetto, Jefe de la ONPE, tendrá que fundamentar el manejo del presupuesto destinado a la franja electoral.
La sesión se realizará en la Sala N°3 ‘Luis Bedoya Reyes’ del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso de la República.
FRANJA ELECTORAL
La Comisión de Fiscalización del Congreso busca conocer las acciones realizadas por la ONPE en relación a presuntas infracciones en materia de publicidad estatal, neutralidad y propaganda electoral, ante los próximos comicios del 12 de abril. La comisión requiere que se determine la manera en el que se está supervisando los recursos destinados a la Franja Electoral.
Además, se requiere que la ONPE presente un informe sobre el uso de estos recursos por el partido Ciudadanos por el Perú, ante su retiro de las Elecciones Generales 2026.
La fuga de gas registrada el 1 de marzo en el distrito de Megantoni, en la región Cusco, activó una alerta de emergencia en Perú. Como consecuencia, el Ministerio de Energía y Minas del Perú (Minem) dispuso restricciones inmediatas en el abastecimiento de gas natural vehicular (GNV), prohibiendo su venta a vehículos livianos como taxis y autos particulares por 14 días.
Esta medida responde a la emergencia declarada tras el incidente en la infraestructura operada por Transportadora de Gas del Perú (TGP), con el objetivo de preservar el suministro para sectores considerados prioritarios.
Se resolvió el recorte en la distribución del GNV en el país
Prohibición para taxis y autos particulares
Las autoridades confirmaron que ningún grifo o estación de servicio podrá vender GNV a vehículos menores durante la vigencia de la emergencia. La restricción incluye taxis, autos particulares, mototaxis y unidades de transporte ligero. Los establecimientos que incumplan la norma podrían enfrentar sanciones por violar las disposiciones estatales.
Qué usuarios sí tendrán prioridad en el abastecimiento
Según informó la empresa distribuidora Cálidda, la restricción se aplica en cumplimiento de una resolución oficial que establece que el gas disponible debe destinarse principalmente a:
Hogares y comercios esenciales
Transporte público masivo que funciona exclusivamente con GNV.
Se estima que la medida podría generar un aumento en los costos operativos de conductores que utilizan GNV, ya que deberán recurrir a gasolina u otros combustibles durante la emergencia. La mayoría de vehículos livianos cuentan con sistemas duales, lo que permite continuar operando.
El sicario venezolano, Abel David Abreu Guilarte (28), delató al presunto autor intelectual del asesinato y confesó haber sido contratado por S/ 10.000 para eliminar a Iroshi Erick Ureta Campos (44), alcalde del distrito de Coviriali, provincia de Satipo, región Junín.
La hipótesis principal de la policía es que se trataría de un homicidio por encargovinculado al ejercicio de la función pública, es decir, que tendría como posible móvil político o económico. Sin embargo, los investigadores no descartan otras líneas investigativas.
De acuerdo a los agentes del Departamento de Investigación Criminal de La Merced, el asesino a sueldo sindicó como autor intelectual a un sujeto conocido como ‘Ruso’, identificado por los investigadores como Jhon Calderón Iñego.
Este habría coordinado la planificación y entregado el arma. La Policía lo citará para que de su descargo. Explicaron que en el 2023 el ‘Ruso’ estuvo implicado en un accidente en el que murió Emerson de la Cruz Alanya.
Según los agentes a cargo del caso, el extranjero se ha convertido en una pieza clave de la investigación que busca desentrañar las responsabilidades detrás del ataque que ha conmocionado a la selva central.
El 26 de febrero, a las 8.35 de la mañana Ureta Campos fue emboscado cuando se dirigía a la municipalidad a bordo de su motocicleta. Fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en otra moto lineal, por el sector Ricardo Palma.
Abel Abreu, sindicado como el autor material, iba como copiloto. Calculó bien la distancia y efectuó múltiples disparos. Varios proyectiles impactaron a la víctima en la región torácica.
Aún con vida, el alcalde fue trasladado al hospital Manuel Higa Arakaki, de Satipo y posteriormente evacuado a Lima, donde falleció a consecuencia de un “hemoneumotórax bilateral y heridas por proyectil de arma de fuego”.
Aquel día, en la escena del crimen, los peritos en criminalística hallaron cinco casquillos 9 milímetros y un proyectil deformado. Posteriormente se logró la ubicación, detención e incautación del arma empleada. Se trata de una pistola Pietro Beretta calibre 9×19 mm, con serie erradicada. También fue confiscada la motocicleta utilizada en el homicidio.
Fuentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) confirmaron a La República que los tres detenidos en flagrancia son investigados por personal del Departamento de Investigación Criminal de La Merced.
Se trata de Efraín Teodoro Leyte Sedano (28), alias Piliño, quen es sindicado como el conductor de la moto lineal utilizada en el atentado. También el confeso sicario Abel David Abreu Guilarte, autor material, quien confesó haber realizado los disparos por encargo a cambio de S/ 10,000; y Fhut Ricky Barbarán Diques (20) alias Ricky, quien cumplió función de campana/vigilancia.
Los agentes desarrollan las investigaciones luego de convalidar la detención premilitar por siete días.
Las pesquisas están a cargo del Departamento de Investigación Criminal de La Merced con apoyo especializado de la División de Investigación de Homicidios de Lima que se encuentran abocados a la ubicación y detención de los autores intelectuales.
Un ciclista, de nombre Alexis Portocarrero Silva (30), fue atropellado cuando participaba en una competencia deportiva en el carril central del kilómetro 21 de la Panamericana Sur, donde circulaban otros vehículos. Tras el impacto, ocurrido el domingo 1 de marzo en el distrito de San Bartolo, la conductora, identificada como Amanda Fátima Chávez Vera (29), se dio a la fuga en lugar de detenerse para auxiliar a la víctima, según testigos.
“Soy del Team Ventanilla, participé con mi equipo. No habrá pasado ni 5 kilómetros cuando sentí el choque de la camioneta. La mujer, supuestamente dice que no me vio, pero ella siguió. No tuvo la preocupación de estacionarse al lado derecho, darme los primeros auxilios”, señaló el afectado para ATV.
Producto del golpe, el agraviado, quien trabaja como obrero de construcción, sufrió lesiones policontusas en el rostro y los brazos. También se hirió las rodillas y perdió momentáneamente la movilidad en el hombro izquierdo.
La organización del evento trasladó a la víctima rápidamente en una ambulancia hacia el Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, donde le indicaron que deberá mantener reposo por al menos un mes, debido a que no puede caminar con normalidad. “Me sacaron placas, radiografías en la cabeza para ver si tenía sangrado interno. Me dijeron que no tenía ninguna fractura, pero sí que guarde reposo (…). Los gatos médicos los asumió un compañero de mi equipo de Ventanilla”, agregó.
El coronel Villanueva indicó para Canal N que tras ser dado de alta, Alexis se apersonó a la comisaría, donde proporcionó el video que sus compañeros habían grabado. En base a ello, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró identificar el vehículo y, tras montar un operativo, catpurar a la responsable en El Agustino.
Chávez Vera fue detenida junto a su pareja, Artor Jeremy Villegas Ortiz (29) dentro del vehículo de placa F5V053. Ambos fueron conducidos a la dependencia policial de Lurín, acusados de los delitos de los presuntos delitos de lesiones culposas y omisión de socorro. En tanto, Chávez Vega fue denunciada por el presunto delito de encubrimiento personal y lesiones culposas con omisión de socorro. respectivamente. Según el agraviado, la intervenida lo contactó solo después de que el video del incidente se hiciera viral.
Municipalidad de San Bartolo descartó haber organizado la competencia
Ante la difusión de la noticia del accidente, la autoridad edil señaló que la actividad de ciclismo en la Panamericana Sur no fue organizada ni autorizada por la comuna.
Asimismo, cuestionó que el uso del nombre y el escudo institucional en el material promocional del evento se realizó sin la debida autorización municipal, por lo que se adoptarán acciones legales. Por otra parte, precisó que el lugar donde ocurrió el accidente se encuentra fuera de la jurisdicción del distrito y que la municipalidad no autoriza la realización de eventos en la vía de la Panamericana Sur, al tratarse de una vía de competencia nacional.
Por espacio de sesenta días el gobierno de José María Balcázar dispuso la declaratoria de emergencias en Lima Metropolitana y el Callao con la finalidad de enfrentar la inseguridad ciudadana, declaratoria que consideramos innecesarias por la razón de que sesenta días o trescientos no servirán de nada si de por medio no se cambia de estrategia ni se dispone de suficientes efectivos policiales.
Ante el crecimiento de la violencia, la situación de inseguridad crece descomunalmente y obliga a que los candidatos presidenciales hayan incluido en sus planes de gobierno como prioritario el tema de la lucha contra el crimen organizado, lamentablemente todas se parecen entre sí, salvo con algunas diferencias nada destacables. Créenos que todos saben uno de los problemas mayúsculos y sin solución aparente en el corto plazo, es la carencia de un número apropiado de policías, porque uno de las formas de enfrentar la inseguridad es con presencia policial que no los hay. De los 159 mil policías que se tienen a nivel nacional solo sesenta mil salen a las calles y para todo el Perú resulta un número insuficiente, entonces viene la pregunta del millón, ¿Cómo se puede prometer que apenas ingresen al poder solucionarán ese problema?
De otro lado y lo más importante es la estrategia y en ese sentido todos presentan fórmulas, pero nadie habla de endurecer la lucha ni de requerir la presencia activa del Ejército, porque esa es la única manera de lograr frenar el avance de las organizaciones criminales que coparon el sector transporte, sector cuyas empresas son extorsionadas por dos o más bandas criminales a la vez, lo que no solo resulta cruel, si no que revela que las autoridades no tienen capacidad de enfrentar a estos extorsionadores que a diario asesinan a un transportista que mueren sólo como parte del amedrentamiento de los criminales. Endurecer las medidas implica separarnos de la Corte Interamericana de Costa Rica y eso no lo dice ningún candidato presidencial.
Los peruanos no tenemos nada esperanzador respecto a este tema, salvo que con algunas pequeñas señales que nos dan, aspiran a sorprendernos con grandes medidas que tendrían bajo la manga. Esperemos que así sea.
Tras la fuga de gas ocurrida el 1 de marzo en el distrito de Megantoni, en Cusco, la empresa Cálidda informó, mediante un comunicado, que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró el Estado de Emergencia hasta el 14 de marzo, con el objetivo de permitir que la Transportadora de Gas del Perú (TGP) ejecute con la mayor rapidez posible los trabajos técnicos necesarios para superar la contingencia que afecta la entrega de gas natural a los concesionarios de distribución.
Además, a través de la Resolución Directoral N° 020-2026-MINEM/DGH, se establece un mecanismo de racionamiento para el despacho de gas natural, priorizando el suministro a los consumidores residenciales y comerciales, así como al transporte público masivo que utiliza exclusivamente GNV. Esta priorización no incluye a los vehículos de carga ni a los vehículos livianos como taxis, coasters o mototaxis, lo que podría generar una crisis de desavastecimiento de gas natural en Lima y Callao.
Si bien la causa de la interrupción no está relacionada con las operaciones de Cálidda, la empresa indicó que trabajará de manera ininterrumpida y en coordinación con TGP y las autoridades competentes para mitigar el impacto generado.
Buscan contribuir con la estabilidad
En ese escenario, Cálidda resaltó la importancia de la colaboración de los clientes residenciales y comerciales, promoviendo un uso responsable y moderado del gas natural, y manteniendo los consumos en niveles habituales para contribuir a la estabilidad del sistema mientras TGP culmina los trabajos correspondientes.
En el caso de los grandes clientes (estaciones de GNV, consumidores industriales y empresas generadoras), informaron que se vienen realizando coordinaciones y comunicaciones directas para gestionar adecuadamente la situación, priorizando en todo momento la seguridad del sistema y la continuidad del suministro esencial.
ENFOQUE REAL 