En un acto oficial en homenaje a las fuerzas del orden —Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas—, la presidenta Dina Boluarte anunció la próxima presentación de un proyecto destinado a “defender la soberanía nacional”. Este pronunciamiento responde a la intención expresada por la mandataria y miembros de su entorno político de impulsar la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“Es imperativo que el Estado se defienda, no solo en términos de integridad territorial, sino también en la plena aplicación de nuestra Constitución y nuestras leyes. (…) No vamos a permitir que organismos internacionales interfieran en nuestras decisiones soberanas. Por ello, se requiere una norma que amplíe los alcances de este concepto jurídico a la realidad contemporánea, de manera que el Perú reafirme, sin ambigüedades ni concesiones, su derecho a decidir su propio destino (…)”, declaró.
La intención de salida de Dina Boluarte de la Corte IDH es algo que viene desde hace varias semanas, luego de que el Gobierno aprobara una ley que permitía la amnistía para policías y militares que fueron sentenciados por delitos contra los derechos humanos en el marco del Conflicto Armado Interno ocurrido entre 1980 y el 2000. La iniciativa legislativa ha sido observada por distintas entidades internacionales, quienes aseguran que es un atropello directo a la democracia nacional. Al respecto, Dina Boluarte aseguró que el Perú es libre para promulgar las leyes que considere adecuadas.
«No aceptaremos que se intente socavar la independencia de nuestras instituciones del Estado con llamados a no aplicar la legislación peruana que emana de una nación libre. Llamados irresponsables que sospechosamente son difundidos por entidades interesadas en destruir nuestro sistema democrático», señaló entonces la presidenta.
Juan José Santiváñez: pieza clave de Boluarte en el retiro de la CIDH
El pasado sábado 23 de agosto, el censurado exministro del Interior, Juan José Santiváñez, regresó al Poder Ejecutivo. En esta ocasión, asumió el cargo de titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esto implica que la posición oficial del Estado en materia legal —tanto a nivel nacional como internacional— quedará bajo su rectoría ministerial.
El 20 de marzo, cuando Santiváñez acudió al Congreso para enfrentar la moción de censura en su contra, tenía previsto cerrar su intervención con un planteamiento polémico: proponer la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En aquella oportunidad, además de lanzar críticas contra la Fiscalía y destacar gestiones previas en seguridad ciudadana, buscaba abrir el debate sobre la continuidad del país en dicho tribunal internacional, cuestionando su relevancia.
Aunque finalmente no llegó a pronunciar esa parte de su discurso, la filtración del texto completo reveló sus intenciones. Por ello, no se descarta que su retorno a la escena política esté vinculado con la intención de materializar esa propuesta. El planteamiento cuenta con respaldo presidencial: Dina Boluarte, además de responder a los intereses políticos de sus aliados, vería en ello un mecanismo para evitar disposiciones en su contra por casos como la masacre de más de 50 civiles durante las protestas registradas entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
No es la primera vez que un mandatario peruano propone salir de la CIDH
En 1999, el dictador Alberto Fujimori planteó la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, en consecuencia, de la Corte IDH. Durante el fujimorato, el país desacató en varias ocasiones las recomendaciones emitidas por dicho organismo internacional en materia de derechos humanos.
Ese mismo año, el Congreso de la República aprobó, mediante una resolución legislativa, el retiro de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, de su facultad para intervenir en casos judiciales.
Dina Boluarte también atacó a la Fiscalía tras allanamiento a casa de su hermano
La mandataria también cuestionó la legalidad y la seriedad de las investigaciones, a las que calificó como “un muñeco armado”. A su juicio, los implicados en la supuesta red criminal no tienen relación entre ellos. En ese contexto, expresó su respaldo a su hermano, Nicanor Boluarte, quien volvió a ser objeto de un allanamiento.
Boluarte relató que se enteró por la prensa del operativo en la vivienda de su hermano y calificó la medida como una acción arbitraria de algunos fiscales que, según dijo, fabrican expedientes sin fundamento legal ni penal. En sus palabras, la acusación de pertenencia a una organización criminal carece de sustento, pues los investigados ni siquiera se conocen entre sí. Por ello, manifestó su solidaridad, respeto y afecto hacia Nicanor, a quien elogió por la fortaleza mostrada frente a la situación.
Además, la jefa de Estado intentó poner en entredicho la credibilidad de los fiscales y jueces a cargo de las diligencias. Criticó su supuesta falta de integridad y sugirió que deberían ser investigados por sus bienes de alto valor, los cuales —dijo— no se corresponden con sus ingresos. Incluso planteó irónicamente que, en lugar de allanar casas ajenas, deberían someterse a un “autoallanamiento”, pues, en su opinión, existen serias dudas sobre el origen de su patrimonio.
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