Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Juan José Santiváñez en un nuevo caso de corrupción

El Equipo de Fiscales Contra la Corrupción (Eficcop), con apoyo de la Policía Nacional, allanó la casa del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte y una oficina del ministro de Justicia, Juan José Santivañez, que busca de pruebas de actos de corrupción en el Estado, en el caso los ‘Waykis en la Sombra’.

La operación fiscal se desarrolla horas antes de una audiencia en el Tribunal Constitucional (TC) que evaluará una serie de recursos presentados por el hermano de la presidenta contra la actuación de los fiscales. Además, días después que el TC resolviera que la fiscal de la Nación no puede ser investigada mientras ejerza la presidencia de la fiscalía.

Los fiscales y policías se encuentran en este momento en la casa de Nicanor Boluarte en San Borja y la oficina del Ministro de Justicia y cercano colaborador de la mandataria, Juan José Santiváñez. De acuerdo con la Fiscalía, Nicanor Boluarte es parte de una red de corrupción que habría utilizado su influencia para controlar designaciones en cargos públicos a cambio de pagos económicos por parte de los interesados

El operativo ha sido bautizado como ‘Ícaro’ por los fiscales y es dirigido por el fiscal provincial adjunto Raúl Guerrero Quispe. Fuentes de la fiscalía indican que se están allanando, en forma simultánea, otras viviendas de personas vinculadas a Nicanor Boluarte.

Boluarte comenzó a ser investigado por direccionar nombramientos de prefectos y subprefectos, entre personajes de su entorno político, con el objetivo de apoyar la gestión pública de su hermana. En una nueva ampliación de las indagaciones, se han encontrado evidencias de que el hermano de la presidencia interviene y promueve nombramientos y designaciones en otras dependencias del Estado.

Uno de los nuevos casos, estaría vinculado al nombramiento de Paulo Zevallos Rivarola como Gerente Comercial de la fábrica de armas y municiones del ejército, FAME, en marzo de este año. El nombramiento se habría realizado días después que Paulo Zevallos se reuniera con Jorge Garboza, director de la ONG “Las manos que ayudan de corazón” y cercano colaborador de Nicanor, y el empresario Diego Alfaro Di Natale, importante proveedor de FAME.

Durante las indagaciones se descubrió que días antes de ese encuentro, la empresa «Industrias de Armas de Israel», representada por Alfaro Di Natale suscribió un millonario contrato con el Ministerio del Interior, entonces dirigido por Juan José Santiváñez, para abastecer de armas de la Policía Nacional.

Abogad de Nicanor Boluarte califica allanamiento como «un abuso» por parte de la Fiscalía

Momentos después de iniciarse el allanamiento, Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte llegó al domicilio de su patrocinado y rechazó de forma tajante los señalamientos que buscan relacionar al hermano de la presidenta con una empresa minera con el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. Según indicó, no existe vínculo alguno entre Boluarte y personas ligadas a dicho sector, por lo que considera que la investigación está basada en presunciones infundadas. Además, calificó de «abuso» que la Fiscalía lo vincule con dichas acusaciones.

«Mi patrocinado no tiene nada que ver con una minera, no conoce al señor Santiváñez. No tienen ningún conocimiento con una persona que trabaje en una minera. No conoce a ninguna de esas personas. Esto es un abuso, absolutamente innecesario (…) Mi patrocinado no tiene nada que ver con ese tema (minera en cuestión). El abuso es el caso, vincular a mi patrocinado con un caso que tenga que ver con una minera es un abuso», declaró.

Betssy Chávez: INPE evalúa su traslado a otro centro penitenciario

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a través de un comunicado, informó que la Oficina Regional Lima de esa institución evalúa la solicitud de la expremier castillista Betssy Chávez Chino de trasladarla a otro centro penitenciario.

Según informó la institución, el último miércoles 20, Chávez —y las reclusas Astrid Jinnet Valdivia Huamán y Yajaira Santiago Ascencio— solicitaron a la Oficina Regional Lima ser trasladadas de manera conjunta a otro establecimiento penitenciario. Asimismo, pidieron protección y ser recluidas en un mismo lugar.

De acuerdo con el Reglamento del Código de Ejecución Penal, solicitudes de este tipo deben hacerse de manera personal y no grupal. No obstante, el INPE señaló que «la Oficina Regional Lima viene evaluando tal solicitud».

Chávez, se recuerda, ha denunciado ser víctima de maltratos dentro del penal Anexo Mujeres de Chorrillos, motivo por el cual ha iniciado una huelga de hambre.

Según el INPE, sin embargo, «no existen elementos que corroboren o evidencian las presuntas amenazas o maltratos por parte de otras internas a la procesada Chávez Chino».

«El INPE garantiza el respeto a los derechos fundamentales de los internos y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario conforme a ley y a seguir actuando de acuerdo a los procedimientos regulares para mantener el orden y la seguridad de los establecimientos penitenciarios», refirió en un comunicado.

Precisa también que la exministra viene siendo monitoreada permanentemente por personal médico luego de que inicialmente se negara a ser sometida a una revisión médica «por lo que se le brindó información detallada sobre las consecuencias de su accionar, luego de lo cual firmó el procedimiento informado».

«En una segunda visita, realizada a las 19:50 horas del último lunes, volvió a rechazar la atención; por ello se ha dispuesto el monitoreo permanente a la referida interna», agregó.

Igualmente señala que la Fiscalía de Prevención del Delito de Villa El Salvador y la Defensoría del Pueblo han sido informadas sobre la negativa de la interna a recibir atención médica».

Alcalde fujimorista es sentenciado por violencia familiar, pero aún no es suspendido por el JNE

El alcalde fujimorista de provincial de Zarumilla, en Tumbes, Christian Aguayo Infante fue sentenciado a un año y cinco meses de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de violencia familiar; sin embargo, a pesar de la condena emitida por la Corte Superior de Justicia de Tumbes, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no emite una decisión sobre la suspensión en contra de Aguayo.

El 30 de enero del año 2024, el Juzgado Penal Unipersonal de Zarumilla emitió la sentencia contra el burgomaestre al ser encontrado como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud y se dispuso que lleve terapias psicológicas. En diciembre del mismo año, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tumbes confirmó la sentencia en primera instancia.

En consecuencia, el diciembre del 2024, un ciudadano presentó una solicitud de suspensión contra el burgomaestre; sin embargo, fue desestimada. El 5 de febrero de este año, se presentó un recurso de apelación contra el Acuerdo de Consejo N° 014-20025-MPZ que habría desaprobado el pedido antes mencionado.

A través de oficios y cartas notariales enviadas al presidente del JNE, Roberto Burneo, se solicitó que se «fije inmediatamente fecha y hora para la vista de la causa en audiencia pública del expediente jurisdiccional». Por ello, el 30 de julio de este año el JNE respondió y le otorgó 3 días hábiles al alcalde para remitir el acuerdo del consejo que resolvió el recurso de reconsideración presentado por el señor adherente y la constancia de Secretaría General o resolución de alcaldía que declara consentido el acuerdo.

«Precisar que los pronunciamientos que emita el JNE serán notificados, conforme a lo dispuesto en el Reglamento sobre la Casilla Electrónica, (…) para la presentación de escritos u otros documentos, se encuentra disponible en Mesa de Partes Virtual», finaliza el documento. Sin embargo, pese a la mencionada respuesta del órgano electoral, los ciudadanos de Tumbes se encuentra a la espera de una decisión.

Resolución del JNE, del 30 de julio del 2024.

Un alcalde con pasado en Alianza para el Progreso

De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, cuando el burgomaestre ganó las elecciones municipales y regionales en 2022, pertenecía a las filas de Alianza para el Progreso, partido liderado por César Acuña, desde agosto del 2021. No obstante, en agosto del 2024 se desafilió.

Semanas después, el 1 de octubre del mismo año, se unió a Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, en el que se mantiene hasta la actualidad y se encuentra a la espera de la decisión del organismo electoral quien decidirá su futuro.

Vizcarra denuncia traslado sorpresivo a penal de Ancón II

El expresidente Martín Vizcarra denunció este lunes que fue trasladado de manera sorpresiva del penal de Barbadillo al penal de Ancón II. Según indicó durante la audiencia de su juicio oral, el cambio que se produjo la noche del viernes 22 de agosto, pocas horas después de la sesión judicial realizada ese mismo día.

Vizcarra afirmó que el traslado ocurrió sin recibir resolución o comunicación oficial del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). “Simplemente me subieron a un carro y me trajeron a otro penal. Es un abuso contra mi persona”, manifestó. También señaló que se le ha informado que podría ser trasladado nuevamente, ya sea dentro del mismo establecimiento o a otro penal.

Vizcarra asegura que seguirá participando en las audiencias

Durante su intervención, el exmandatario aseguró que, pese a lo ocurrido, continuará participando en las audiencias de su proceso judicial. “Esté donde esté, siempre me uniré a las sesiones porque confío en la justicia, aunque a veces se comentan actos de injusticia en mi contra”, expresó ante los magistrados.

El exjefe de Estado solicitó dejar constancia del incidente en el marco de su proceso, insistiendo en que los traslados contradicen la clasificación penitenciaria inicial que le asignaba Barbadillo como centro de reclusión.

Poder Judicial aclara competencia sobre traslados

Frente a la denuncia, el tribunal precisó que el Poder Judicial no tiene competencia en los traslados de internos entre establecimientos penitenciarios, ya que esta es una función exclusiva del INPE, institución adscrita al Ministerio de Justicia.

Los magistrados explicaron que su intervención se limita únicamente a coordinar los traslados dentro del penal hacia las salas de audiencia para garantizar la presencia del procesado en el juicio oral.

Próxima audiencia programada

Al cierre de la sesión, se confirmó que la próxima audiencia del juicio contra Martín Vizcarra se llevará a cabo el jueves 28 de agosto, entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

El expresidente se mantiene en el penal de Ancón II mientras el INPE define su situación penitenciaria.

ONPE: Partidos no podrán usar fondos públicos para campaña electoral

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) modificó, a través de una resolución jefatural, diversos artículos del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios que, entre otros puntos, establece precisiones respecto del uso que le darán las organizaciones políticas a los fondos percibidos por concepto del financiamiento público directo (FPD).

En esa línea, el renovado reglamento precisa que dichos recursos —entregados a los partidos políticos y alianzas que mantienen su vigencia y obtienen representación en el Congreso de la República— «no deben ser utilizados con fines de lucro, ni con fines distintos» a los establecidos por ley.

En consecuencia, prohíbe la contratación de personal permanente para funcionamiento ordinario o de servicios diversos con personas naturales condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada, o con mandato de prisión preventiva vigente por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavados de activos, terrorismo o crimen organizado».

De acuerdo a la norma aprobada por la ONPE, las agrupaciones políticos no podrán usar los fondos que reciben por financiamiento público directo para «solventar propaganda política o campañas electorales en medios de comunicación radiales, televisivos, escritos, ni en medios digitales (redes sociales) y tampoco campañas a favor o en contra de candidatos durante los procesos de democracia interna». No podrán, además, promover o difundir la imagen de una o varias personas vinculadas a la organización política.

En el listado se incluye, asimismo, la realización de actividades orientadas al financiamiento proselitista, «realizar servicios de mejoras útiles y de recreo o de renovación reparación, ampliación o reparación en bienes inmuebles adquiridos con financiamiento privado».

El reglamento refiere igualmente que para las actividades de formación, capacitación, investigación y difusión de estas, los partidos no podrán contratar la adquisición de bienes o prestación de servicios con aquellos directivos que tengan poder de decisión respecto al uso del FPD.

«El impedimento comprende también a las personas jurídicas vinculadas a ellos, en calidad de socio, accionista y/o representante legal».

La disposición legal, publicada hoy en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, dispone, de otro lado, que las organizaciones políticas beneficiarias del FPD deben elaborar y aprobar una programación calendarizada de sus gastos de actividades ordinarias y específicas (formación, capacitación, investigación y difusión de estas) y el costo de las mismas.

Mal uso de recursos

A mediados de año, se recuerda, la ONPE detectó serias irregularidades en el uso de los recursos por financiamiento público directo. En su informe de verificación del 31 de mayo de 2025 estableció que Renovación Popular, Perú Libre, Fuerza Popular y Podemos no usaron el dinero para fortalecer los partidos.

Por el contrario, usaron el dinero para pagar a proveedores, como es el caso de Renovación Popular y Perú Libre. En el caso del partido del prófugo Vladimir Cerrón, el ente electoral determinó que desembolsó S/100,000 en favor de una empresa para que dé un curso de diplomado en Gestión Pública para su militancia en convenio con la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. El supuesto convenio, no obstante, no existió.

Algo similar ocurrió con Fuerza Popular, la ONPE reportó la realización de un programa de maestría en la Universidad ESAN por S/100,000 que incluye actividades académicas programadas para ejecutarse después del término del quinquenio, en el año 2027. “Se ha determinado una presunta infracción a la Ley de Organizaciones Políticas y al Reglamento de Financiamiento, que amerita el inicio del procedimiento administrativo sancionado”, manifestó la institución.

Franja electoral

Otro aspecto que aborda el reglamento publicado hoy es el referido a la franja electoral que para las elecciones generales que se llevarán a cabo en abril del 2026, y elecciones regionales y municipales programadas para octubre del mismo año, contempla espacios no solo en estaciones de radio y televisión de propiedad privada o del Estado de señal abierta, canales nacionales de cable de alcance nacional, sino también medios digitales (redes sociales) a los cuales tendrán acceso «de manera igualitaria y proporcional».

Ello con el fin de que «las organizaciones políticas con inscripción definitiva de sus fórmulas y/o listas de candidatos a la Cámara de Diputados y el Senado del Congreso de la República» puedan difundir sus planes de gobierno nacional «desde los 60 días calendarios anteriores a la realización de los comicios y hasta 2 días calendario previos al acto electoral, con la duración, frecuencia y el horario establecido en la Ley de Organizaciones Políticas».

Congreso: proponen citar a Eduardo Arana y advierten que designación de Santiváñez atentaría contra la administración de justicia

El congresista Edward Málaga presentó una moción con la finalidad de citar al primer ministro Eduardo Arana para explicar las razones de la designación de Juan José Santiváñez como titular del Ministerio de Justicia.

El parlamentario sustentó su pedido luego de advertir que el nombramiento de Santiváñez «atentaría contra la administración de justicia al proteger antejuicio político a un funcionario sobre el cual pesan investigaciones fiscales y una medida judicial de impedimento de salida del país, además de los públicos cuestionamientos por su conducta confrontacional con la prensa y el aprovechamiento político del cargo de Ministro del Interior».

La moción de orden del día presentado por el congresista no agrupado recuerda que Juan Santiváñez fue censurado en marzo de este año como ministro del Interior por su «incapacidad en el cargo para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana» y que, a pesar de ello, fue nombrado como titular del Minjus.

Asimismo, Málaga solicitó que Arana explique las razones técnicas y políticas para la designación y que exponga los «criterios de idoneidad, integridad y solvencia que la sustentan».

«(…) Explicar cómo esta decisión se corresponde con la reciente voluntad expresa del Congreso al censurar al mismo funcionario por su incapacidad y deficiente desempeño», se lee en el documento.

Moción de orden del día para citar a Eduardo Arana en el Congreso.

Congreso pudo evitar que Juan José Santiváñez asuma como ministro de Justicia

La República pudo conocer que el nombramiento de Santiváñez como ministro de Justicia pudo ser evitado por el Congreso.

Un conjunto de proyectos de ley, que se agruparon en un dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, sugería realizar cambios en la Ley Orgánica del Ejecutivo y, a la vez, en la Constitución Política, de manera que un ministro que haya sido censurado no pueda «ejercer funciones ministeriales dentro el período constitucional».

Se trata al Proyecto de Ley N° 3083/2022-CR, que cambia los requisitos necesarios para que un ministro de Estado pueda desempeñar sus funciones. «El Ministro de Estado, con arreglo a la Constitución Política del Perú, es el responsable político de la conducción de un sector o sectores del Poder Ejecutivo. Están impedidos para ejercer función ministerial los ministros censurados dentro del período constitucional».

Eduardo Arana deberá responder por designación de Juan Santiváñez

La moción presentada por el congresista Málaga busca que el primer ministro Eduardo Arana responda 12 preguntas sobre la decisión y procedimiento de la designación de Santiváñez, así como el respeto al control político del Congreso tras haberlo censurado en marzo de este como ministro del Interior.

Asimismo, el parlamentario requirió que Arana explique sobre las investigaciones y medidas judiciales que pesan sobre el extitular del Mininter y la política pública y estándares de derechos humanos. Además, propone que se dé mayor detalle sobre la transparencia, integridad y conflicto de intereses del nombramiento, así como la coordinación intersectorial y coherencia del Gobierno.

Precise fecha, acto y sustento con el que propuso y acordó la designación del señor Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Remita la Resolución Suprema de designación y el expediente de propuesta del PCM (conforme al artículo 122 de la Constitución).
Indique qué criterios de idoneidad ética, técnica, experiencia y conducta pública se aplicaron. ¿Existió evaluación de riesgos reputacionales, judiciales y diplomáticos? Adjunte el informe de idoneidad y la verificación de antecedentes (penales, judiciales, policiales, administrativos, de integridad y conflictos de interés).
¿Cómo justifica el PCM que un exministro censurado (marzo 2025) sea designado nuevamente como ministro, ahora en Justicia y Derechos Humanos? Explique por qué esta decisión no vacía de contenido la herramienta constitucional de la censura ministerial.
¿Qué precedentes existen de designaciones similares en los últimos 25 años? Adjunte el análisis comparado y los criterios de decisión utilizados por la PCM.
Informe si, a la fecha de la designación, el señor Santiváñez registraba investigaciones fiscales y/o medidas judiciales (por ejemplo, impedimento de salida del país). ¿Cómo se valoró su impacto en la conducción del sector? Adjunte constancias oficiales
¿Qué plan de mitigación adoptó la PCM para garantizar que eventuales citaciones, medidas o diligencias judiciales no afecten la continuidad del servicio en el MINJUSDH? Adjunte el protocolo aprobado.
¿Cuál es la hoja de ruta del nuevo ministro para garantizar el respeto de los derechos humanos, el fortalecimiento de la defensa pública, la carrera fiscal y judicial y la política penitenciaria? Adjunte el Plan de 100 días del MINJUSDH y sus indicadores.
¿Prevé el Ejecutivo revisar o denunciar tratados, modificar la relación con la Corte IDH u otros órganos del Sistema Interamericano? Precise la posición oficial y sustento jurídico
Remita la Declaración Jurada de Intereses del ministro y los resultados de control de la Oficina de Integridad del MINJUSDH. ¿Qué medidas se han establecido para evitar conflictos con investigaciones que involucren a la propia Presidencia, ministros o altos funcionarios?
Detalle, contrataciones y designaciones realizadas por el nuevo ministro desde su juramentación. ¿Hubo ratificaciones de su círculo cuando estuvo en Interior? Adjunte listados y sustentos.
¿Cómo garantiza el PCM que la designación no profundiza la crisis de confianza ciudadana ni envía señales de blindaje político? Señale acciones y métricas de gobernanza.
¿Qué indicadores de desempeño exigirá la PCM al MINJUSDH (metas trimestrales) para asegurar resultados verificables en justicia, defensa pública, acceso a la justicia y política penitenciaria?