El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, informó este lunes que la Policía Nacional ya tiene identificados a los que estarían detrás de los atentados a empresas de transporte público. Según detalló, se trata de una banda que está conformada por personas extranjeras y que recibiría ayuda de funcionarios en el Estado.
“La Policía Nacional, en un trabajo arduo, tiene identificada a la organización criminal que estaría detrás de estas extorsiones a los buses de Etuchisa. Y podemos decir es que se trata de una organización criminal internacional conformada por más de 30 personas y en donde tendriamos penosamente la participación de funcionarios públicos”, declaró ante la comisión de Transportes y Comunicaciones en el Congreso.
Santivañez advirtió en la comisión del Parlamento que solo en este año se han registrado más de 14 mil denuncias por extorsión. En ese sentido, precisó que Lima, La Libertad, Piura, Lambayeque y el Callao son las cinco jurisdicciones que acogen más del 80% de los casos.
“En el 2021 alcanzamos 4500 denuncias, en el 2022 a 15,974; en el 2023 a 22,294; y en el 2024, a la fecha, tenemos 14,220 denuncias de extorsión», explicó.
El ministro del Interior anunció también que se ha dispuesto la creación de un equipo policial especial para la investigación, captura y ubicación los delincuentes dedicados al delito de extorsión y sicariato en el país. Sin embargo, señaló que en los próximos días se darán más detalles sobre esta medida.
Atentados al transporte público
La Empresa de Transportes Urbanos los Chinos S.A. (Etuchisa), conocida popularmente como ‘Los Chinos’, es constantemente atacada por extorsionadores.
Desconocidos dejaron la semana pasada en el paradero de los buses, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, un sobre con una granada en su interior junto a un mensaje intimidatorio. Personal de esta empresa alertó de inmediato sobre lo ocurrido a la Policía Nacional, quienes ya se encuentra investigando este caso relacionado al pago de cupos.
La empresa ha recibido hasta seis amenazas contra sus conductores, lo que ha causado una disminución en las unidades que salen diariamente a las calles para brindar su servicio.
El juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho reiteró que se pronunciará sobre el cumplimiento de la nueva ley sobre crimen organizado al concluir la audiencia de prisión preventiva de Nicanor Boluarte Zegarra y otros cinco investigados en el caso “Los Waykis en la sombra”.
Concepción Carhuancho informó que la norma procesal no prevé y no le permite pronunciarse a mitad de la audiencia sobre un cambio normativo, por lo que se pronunciará al resolver el pedido del Ministerio Público.
Enfatizó que dicha medida cautelar de privación de libertad requiere abrir una serie de puertas en cadena, solo si se abre una, se puede avanzar a la siguiente. Esto, supone que al resolver, el primer paso será decidir sobre la ley 32,108.
El fiscal debe decidir que norma penal aplica en un caso
Juez Richard Concepción Carhuancho
La fiscalía y la defensa le habían pedido un pronunciamiento antes de empezar a debatir los cargos penales y los graves elementos de convicción contra los seis investigados. El juez indicó que solo podía escuchar a las partes pues, además, no le corresponde decidir que norma penal se aplica en un caso determinado.
El fiscal Carlos Ordaya, del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder – Equipo 5 , ha pedido al juez que realice un control difuso convencional y constitucional y no aplique la Ley 32,108 en el pedido de prisión preventiva de Boluarte y otros porque, dice, dicha norma contradice la Convención de Palermo, suscrita por el Perú el 2002, y los tratados internacionales de lucha contra el crimen organizado.
Por su parte, los abogados de la defensa señalan que no es posible aplicar el control difuso para cuestionar una ley que se presume constitucional y que tampoco es válido utilizar esa figura legal para resolver un pedido de prisión preventiva. El juez, remarcaron, está obligado a aplicar lo que es más favorable al reo.
El juez ha discutido, junto con el fiscal y los abogados, durante cuatro audiencias la posibilidad de aplicar control difuso que solicita el fiscal frente a la Ley 32108 que establece un nuevo estándar jurídico para el delito de crimen organizado.
Concepción Carhuancho explicó que al resolver responderá si un juez puede aplicar control difuso convencional, control difuso constitucional, ambos controles, si es posible aplicar estos controles en un pedido de prisión preventiva que afecta el derecho a la libertad.
Además, si se cumplen, para el presente caso, los requisitos que define la jurisprudencia para aplicar control constitucional o convencional.
Fiscal aplica el artículo 317 sin la modificación aprobada por el Congreso
Audiencia de prisión preventiva en el caso ‘Los Waykis en la sombra’
Luego de la aclaración del juez, la fiscal adjunta Melisa Angulo Mantilla empezó a presentar los cargos penales y los elementos de convicción contra Nicanor Boluarte, el abogado Mateo Castañeda y otros cuatro investigados para sustentar la prisión preventiva.
Lo hizo, explicó, al amparo del artículo 317 del Código Penal modificado por el decreto ley 1244 de diciembre de 2023, es decir, la norma penal vigente al momento de los hechos y, anterior, a la Ley 32,108 promulgada el 09 de agosto del 2024.
Argumentó que el texto de la norma anterior, vigente hasta el 9 de agosto, es concordante con la Convención de Palermo de las Naciones Unidas de lucha contra el crimen organizado trasnacional.
Crimen organizado con fines político-económicos
Audiencia de prisión preventiva continuará el 4 de septiembre
La fiscalía indicó que Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, es el organizador y líder de una organización criminal constituida el 7 de diciembre de 2022 y vigente hasta la actualidad, dedicada a nombrar prefectos, subprefectos y cargos de confianza en el gobierno, con el objetivo de constituir un partido político, en busca de lograr beneficios económicos al infiltrar el aparato estatal.
Subrayó que Nicanor Boluarte pudo realizar esos actos utilizando el poder de facto que le da ser el hermano de la presidenta Dina Boluarte. Como líder de la organización, planificó y controló las actuación de los mandos medios para el logro de sus objetivos criminales, enfatizó el fiscal.
Como parte de la presentación de los graves elementos de convicción, al fiscal presentó la declaración del ex prefecto de laregión San Martín, Armando Villalobos Leyva. Este testigo ha señalado que Nicanor Boluarte, conocido como «el número dos», era el responsable de coordinar las designaciones de prefectos y subprefectos. A la presidenta Dina Boluarte se le denominaba como «la número uno».
La audiencia de prisión preventiva continuará el 4 de septiembre, a partir de las 9:00 de la mañana. La fiscalía debe concluir con la presentación de los elementos de convicción que acreditarían los delitos que atribuye al hermano de la presidenta, el abogado Mateo Castañeda y otras cuatro personas.
Pese a no tener un cargo político en el Ejecutivo, ni Legislativo, el exparlamentario y presidente del Club César Vallejo de Trujillo, Richard Acuña Núñez, aparece por primera vez entre los 20 peruanos más poderosos del país, según la Encuesta Poder 2024 de Semana Económica.
Acuña es uno de los más jóvenes de la lista de los peruanos más poderosos, ya que cuenta con solo 39 años y está próximo a cumplir 40 el 18 de septiembre. El exparlamentario aparece por encima de políticos, empresarios y lideres de opinión, entre ellos: Alfonso Bustamante, presidente de la Confiep; Mario Vargas Llosa, Gustavo Gorriti, entre otros.
Es importante destacar que Richard Acuña fue dos veces congresistas hasta el año 2019. Posteriormente se ha dedicado a liderar un proyecto educativo en el norte del país, asumir la presidencia de Club de Fútbol César Vallejo, además de participar en las decisiones del negocio de su padre y gobernador de La Libertad, César Acuña.
Richard Acuña fue congresista en dos oportunidades.
Asimismo, cuenta con algunos negocios propios y a la vez es miembro de la Dirección Ejecutiva Nacional del Partido Político Alianza para el Progreso (APP) que actualmente dirige el Congreso de la República, a través del parlamentario Eduardo Salhuana Cavides.
La encuesta Poder 2024 coloca a la presidenta de la República, Dina Boluarte, como la más poderosa del país con un 76%. Le sigue la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien tiene un 75%. Asimismo, con 71% se encuentra en el tercer lugar César Acuña dejando de lado a los titulares del Ministerio Público, Poder Judicial, Banco Central de Reserva, Presidencia del Consejo de Ministros, entre otros.
Los ataques criminales en contra de los transportistas no cesan. En menos de 24 horas se reportaron otros dos atentados en Lima y Callao que dejaron una nueva víctima mortal.
La tarde del domingo, sicarios asesinaron a balazos a Rolando Cervantes Flores, de 50 años, en la avenida Héroes del Cenepa, en San Juan de Lurigancho (SJL). Él trabajaba como ‘colectivero’ y su empresa , que cubre la ruta Santa María-Canto Grande, venía siendo extorsionada. Rolando estaba manejando su miniván, acompañado de su esposa, cuando se dio cuenta de que lo perseguían sujetos en moto. Intentó huir al bajar de su vehículo, pero fue muy tarde.
La mañana de ayer lunes, delincuentes armados trataron de asaltar a dos trabajadores de la empresa de transportes San Sebastián, conocida también como la línea 50, cuando estaban por ingresar a una agencia del BCP, de la avenida Próceres de la Independencia, en SJL.
Según la denuncia policial, el automóvil de Edgar Luis Huamán Rivera (45) y Lorenzo Ormeño Ojeda (75) recibió 16 disparos. Los criminales buscaban apoderarse de los 50.000 soles que los transportistas iban a depositar en el banco tras haberlos reunido durante la semana.
Nueva unidad policial
Horas después, durante la sesión de la Comisión de Transportes del Congreso, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, recién anunció acciones pese a que las extorsiones a los transportistas empezaron a agudizarse desde hace una semana.
Señaló, por ejemplo, que en los próximos días se creará un equipo policial especial para la investigación, captura y ubicación de los delincuentes dedicados a la extorsión y el sicariato.
También aseguró que se establecerán turnos para que los 7.000 policías que realizan labores administrativas salgan a las calles, como lo hacen los demás 130.000 agentes del orden.
“Los operativos de Retorno y Amanecer Seguro se harán ahora también en los focos de extorsión. Y en cuatro semanas se implementará una línea telefónica exclusiva para denunciar extorsiones. Ya se coordinó con el MTC el número gratuito de 3 dígitos”, dijo tras aclarar que será distinto a la línea 1818 de la Policía, que recibe denuncias en general.
Santiváñez adelantó además que en 45 días comenzará la campaña de apagón de celulares prepago que son usados por bandas criminales para cometer extorsiones y sicariato.
La presidenta de la República, Dina Boluarte, tomó juramento esta tarde a cuatro nuevos ministros de Estado.
En una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, la jefa de Estado nombró a los nuevos titulares de cuatro sectores: Relaciones Exteriores; Comercio Exterior y Turismo; Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Cultura.
El embajador Elmer Schialer juró como nuevo canciller, en reemplazo del internacionalista Javier González-Olaechea, quien estaba en el cargo desde el 7 de noviembre de 2023.
Por su parte, la abogada Úrsula Desilú León asumió como nueva titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Reemplazará en el puesto a Elizabeth Galdo Marín.
Mientras tanto, el exsecretario general de Vivienda durante el gobierno de Pedro Castillo,Durich Whittembury, juró como titular del Vivienda, Construcción y Saneamiento, en reemplazo de Hania Pérez de Cuellar, quien lideraba el sector desde el 10 de diciembre de 2022 y era una de las ministras más antiguas del Gabinete Ministerial.
Por su parte, Fabricio Valencia asumió la cartera de Cultura y reemplazará en el cargo a la abogada Leslie Urteaga, quien estaba en el puesto desde el 21 de diciembre de 2022.
Boluarte Zegarra ratificó en el cargo al resto de ministros, entre ellos a César Vásquez (Salud) y a Juan José Santiváñez (Interior), a pesar de que este último se encuentra en el centro de la polémica por supuestos audios, grabados por el capitán PNP Junior Izquierdo, donde habría admitido que el vehículo presidencial habría sido utilizado para la fuga del exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón.
En una reciente actividad junto a la presidenta Dina Boluarte, el ministro de Educación, Morgan Quero, generó polémica al referirse al salario de los docentes en Perú.
Durante su intervención, Quero afirmó que los maestros peruanos son «los mejores pagados» y que se encuentran en «tercer lugar en América Latina» en términos de remuneración.
Estas declaraciones no tardaron en provocar reacciones en la comunidad educativa. Diversos docentes expresaron su malestar, destacando que el salario que perciben no es suficiente para cubrir sus gastos personales y familiares. «Es una falta de respeto decir que estamos bien pagados cuando la realidad es muy diferente», comentó una maestra a RPP.
Sin embargo, no todas las reacciones fueron negativas. Algunos docentes que llamaron a la radio mostraron su apoyo a Quero, resaltando que, si bien es cierto que aún existen brechas por cerrar, se han realizado mejoras significativas en los últimos años en cuanto a la remuneración de los docentes.
Por otro lado, el titular de Educación destacó su compromiso con los niños y niñas del Perú, subrayando los esfuerzos del Gobierno bajo el liderazgo de la presidenta Dina Boluarte para mejorar la infraestructura educativa y los mecanismos pedagógicos.
Exministro de Educación expresó dudas sobre la afirmación de Quero
En diálogo con Perú21, el exministro de Educación, Idel Vexler Talledo, respondió las declaraciones de Morgan Quero respecto a la situación salarial de los maestros en el país. Aunque reconoció una mejora en los sueldos del magisterio, Vexler expresó dudas sobre la afirmación de Quero de que los docentes peruanos son los mejor pagados en la región.
«No tengo elementos de juicio para decir que son los mejor pagados, no sé qué data utiliza el ministro Quero para dar esa información», señaló Vexler, dejando en claro que, aunque se han registrado aumentos, no existe evidencia concluyente que respalde la afirmación del actual titular de Educación.
Vexler detalló que el salario de un maestro de la primera escala ha mejorado en los últimos años, alcanzando los S/3,100 por 30 horas de trabajo pedagógico, una cifra superior a los S/2,000 que se percibían anteriormente. Sin embargo, hizo hincapié en que aún existen sectores dentro del sistema educativo que no han visto una mejora significativa en sus ingresos.
El exministro reveló que los promotores de inicial y auxiliares siguen ganando muy por debajo de lo acordado. Según Vexler, los promotores perciben alrededor de S/550, a pesar de que se había establecido un acuerdo entre el gobierno y el Sutep para que su sueldo se eleve a S/1,100. Una situación similar afecta a las auxiliares, quienes también continúan esperando el cumplimiento de los compromisos salariales.
Finalmente, Vexler hizo un llamado al Ministerio de Educación y al gobierno para que cumplan con los acuerdos económicos pactados, advirtiendo que el incumplimiento podría desencadenar medidas de fuerza por parte del Sutep, lo que afectaría la estabilidad del sector educativo.
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