Como parte del proceso de la adquisición de 24 aeronaves de combate, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) presentó a la Contraloría General de la República el expediente sustentatorio de la ejecución del proyecto de inversión para reemplazar la actual flota de Mirage-200P, MiG-29 y Sukhoi Su-25. Sin embargo, la Contraloría hizo observaciones a la documentación que entregó el instituto castrense, alegando que estaba incompleta y se lo retornó para que cumpla con proporcionar la información faltante.

De acuerdo con el Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero, publicado el 8 de enero de este año, la FAP necesita que la Contraloría valide el llamado “expediente de inicio”, para luego transferir el mismo a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), entidad que entrará en contacto con el proveedor elegido.

El 5 de marzo de este año, el presidente José María Balcázar aprobó mediante Decreto Supremo que la adquisición de los 24 cazas se cumpla mediante la modalidad de Secreto Militar, una fórmula de contratación no competitiva que se aplica cuando la entidad usuaria -en este caso la FAP- ha identificado a un solo proveedor, cuya oferta cumple con los requisitos técnicos y económicos.

Pero para seguir con este proceso, la institución armada, según el mencionado decreto, “debe contar con la opinión favorable de la Contraloría General de la República, conforme lo dispone la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento”.

Cuestión de fondo

La Contraloría no dejó pasar el expediente que elevó la FAP porque detectó carencia de información en el ámbito presupuestal, señalaron fuentes de La República con conocimiento del proceso.

“El documento ha sido denegado por no adjuntar la documentación completa”, precisaron las fuentes.

Según la documentación que suministró la FAP a la Contraloría, el presupuesto asignado son S/7.580 millones que deben ser transferidos entre 2026 y 2030, “lo que requiere adjuntar al expediente el certificado de crédito presupuestario y la precisión presupuestal”.

Empero, el Plan Operativo Institucional de la FAP necesita una actualización con el propósito de garantizar la disponibilidad de los recursos que serán necesarios para el cumplimiento del objetivo: la compra de 24 cazas de última generación.

“No se ha rechazado la compra. Lo que se le ha dicho a la institución armada es que debe completar varios documentos que aseguren los fondos públicos, para que de esta manera la ACFFAA pueda entablar negociaciones con fuentes seguras de financiamiento”, explicaron las fuentes.

Normas aprobadas

El 31 de diciembre de 2025, el entonces gobierno de José Jerí aprobó una operación de endeudamiento interno mediante la emisión de bonos soberanos hasta por S/7.580 millones (alrededor de US$2.000 millones, al cambio de S/3,79 establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas) lo que representa el 57% de los US$3.500 millones de la inversión total), para financiar parcialmente el proyecto de adquisición de aviones de guerra.

El 16 de febrero de este año, José Jerí aprobó la transferencia de S/1.137 millones (US$300 millones, aproximadamente) para la FAP, fondos destinados a la compra de los cazas.

Y el 17 de marzo último el gobierno de Balcázar autorizó un crédito suplementario para el año fiscal 2026 por S/522.353.665 (más o menos US$137,8 millones al cambio del MEF) para la ejecución del proyecto de inversión CUI N°2573425, denominación oficial de la compra de los aviones de guerra.

Si tenemos en cuenta que para la primera fase se necesita una inversión de US$2.000 millones (el 30% del total) para arrancar con la primera fase del procedimiento de contratación, al día de hoy se contaría con US$437,6 millones. Esto es, con el 21,8% del total previsto para la primera fase (US$2.000).

Este sería uno de los motivos que explicarían por qué la Contraloría devolvió el expediente a la FAP, para que documente de dónde van a provenir los fondos que financiará el proceso de compra.

Son 24 unidades, no 12 u otra cifra

De acuerdo con las fuentes consultadas por La República, la FAP ha comunicado que en breve volverá a elevar la documentación a la Contraloría con la información solicitada. El órgano de control tendrá 15 días para emitir un nuevo pronunciamiento. Si la FAP consigue la validación, entonces el expediente será transferido a la ACFFAA para comenzar con la negociación con el productor de la aeronave.

Como se ha informado, la fábrica sueca SAAB propone el Gripen E/F, la estadounidense Lockheed Martin oferta el F-16 Block 70 y la francesa Dassault Aviation el modelo Rafale F4.

Según el Proyecto de Inversión Pública (PIP) aprobado por el Ejecutivo, la compra consiste en 24 aeronaves de combate por US$3.500. Cualquier otro número de cazas menor a lo que establecido por las normas aprobadas por los gobiernos de Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar, será desestimado por la Contraloría porque no cumple con lo expresado por el usuario. La FAP.