Fiscalía pide 8 años de prisión para PPK por colusión en el caso IIRSA Norte

La Fiscalía solicitó ocho años y seis meses de prisión para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), tras presentar una acusación formal por presunto delito de colusión en el marco del caso IIRSA Norte. La fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda, integrante del Equipo Especial Lava Jato, entregó el requerimiento al Poder Judicial para su control de legalidad.

El Ministerio Público sostiene que Kuczynski habría favorecido indebidamente a la constructora Odebrecht durante el proceso de promoción y concesión del Eje Multimodal Amazonas Norte, entre 2003 y 2005. Según la acusación fiscal, estas coordinaciones se habrían realizado mientras PPK ocupaba los cargos de ministro de Economía y presidente del Consejo Directivo de Proinversión.

Reuniones con Jorge Barata para supuestamente beneficiar a Odebrecht

La Fiscalía señala que Kuczynski sostuvo reuniones con Jorge Henrique Simoes Barata, entonces representante de Odebrecht en el Perú, con el objetivo de asegurar la adjudicación del proyecto a la compañía brasileña y a sus socios Andrade Gutiérrez y Graña y Montero. Dichas acciones habrían derivado en un perjuicio económico al Estado ascendiente a US$ 108 439 773,97.

Penas solicitadas y acusados

Además de PPK, la acusación incluye a José Ortiz, para quien también se solicita ocho años y seis meses de cárcel. Para Sergio Bravo, Alberto Pasco-Font, Glodomiro Sánchez, David Lemor, René Cornejo, Aldo Bresani y Vicente Campodónico, el requerimiento fiscal asciende a nueve años de prisión.

Todos ellos formaron parte de los órganos responsables de la evaluación, promoción y concesión del proyecto IIRSA Norte, una de las obras emblemáticas ejecutadas por consorcios vinculados a Odebrecht durante la etapa investigada.

Acusación número 31 del Equipo Especial Lava Jato

Con este caso, el Equipo Especial suma ya 31 acusaciones presentadas ante el Poder Judicial dentro de las investigaciones por presuntos actos de corrupción asociados a empresas brasileñas.
La fiscal Canchihuamán reafirmó que esta nueva presentación forma parte del compromiso institucional de perseguir delitos que afecten los intereses del Estado y el uso adecuado de los recursos públicos.

Hija de excongresista de APP toma las riendas del IRTP

Cinthia Ramírez Santillana —presidenta, con licencia, de la Confederación Nacional de Radio y Televisión— es la nueva jefa institucional del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP), que tiene a su cargo el manejo de todos los medios de comunicación del Estado. Pero también es hija de la excongresista por Alianza para el Progreso (APP) en el periodo 2020-21, Robertina Santillana Paredes, quien tiene militancia activa en el partido de César Acuña Peralta.

Ramírez Santillana es licenciada en Administración de negocios internacionales y su madre es la fundadora de Vía Televisión S.A.C., empresa encargada de la creación de programas para TV en la región San Martín.

Hugo Coya expresidente del IRTP, en tanto, advirtió que el Instituto Nacional de Radio y Televisión que desde ahora conducirá Ramírez es todo un conglomerado que integran: TVPerú, Radio Nacional, Radio La Crónica, entre otros, por lo que la exigencia —indicó— debería ser tener una jefa que “garantice absoluta independencia en el tratamiento de la información”. Más aún cuando se han flexibilizado los requisitos para dicho cargo, añadió.

Recordó, en esa línea, que anteriormente la máxima autoridad del IRTP era un presidente, pero además había un consejo directivo; “ahora hay un jefe y no hay grupo que supervise, asesore o ratifique las decisiones que toma”, advirtió.

Cinthia Ramírez toma las riendas del IRTP casi en simultáneo a la disposición para que dicho organismo transmita en vivo y durante todo su desarrollo las sesiones plenarias y permanentes del Congreso, lo que —según Coya— “es gravísimo porque le da más exposición a los congresistas candidatos que están buscando su reelección en desmedro de partidos y candidatos que no tienen representación parlamentaria y utilizando recursos públicos”.

Congreso captura espacios de TV Perú y Radio Nacional para transmitir el Pleno durante campaña electoral

De contrabando. Una disposición en la ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2026, aprobada por el Congreso de la República, obliga al Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) a transmitir las actividades parlamentarias en vivo por un espacio mínimo de dos horas a través del Canal 7 y Radio Nacional.

La medida también establece que los medios de transmisión emitan un resumen diario de las labores legislativas y los debates del Pleno del Parlamento. Asimismo, la norma indica que, a través de los canales de televisión digital terrestres (TDT) se transmita todo el desarrollo de las audiencias plenarias.

«Esta transmisión complementa el resumen diario establecido en el artículo 1, priorizando el acceso universal y la transparencia de los actos plenarios, sin perjuicio de otras señales del IRTP», se lee en la norma.

Disposición beneficiaría a Congresistas que buscan la reelección

En diálogo con La República, el exjefe del IRTP, Hugo Coya, expresó su sorpresa de que el Congreso haya aprobado esta medida mediante una ley de endeudamiento, algo que —según dijo— nunca había ocurrido. Además, explicó que, con este cambio, el canal del Parlamento pasaría a integrarse al IRTP, con lo que se elimina la separación que existía entre los canales del Ejecutivo y del Legislativo.

Asimismo, Coya cuestionó que, con esta disposición, los congresistas que buscan la reelección en 2026 tendrán mayores espacios para hacerse notar, mientras que los nuevos aspirantes a un cargo público no, pues solo contarían con unos pocos segundos en la franja electoral.

Por otro lado, el extitular del IRTP advirtió que los más perjudicados con esta medida serían los ciudadanos que viven en las zonas más alejadas del país. Según detalló, al solo contar las señales de TV Perú o Radio Nacional para informarse de otros candidatos, se verían obligados a escuchar las sesiones del Pleno o de las comisiones del Congreso.

«Se están cambiando las reglas de la equidad que debería haber en un proceso electoral», criticó.

Los niños y jóvenes serán los más perjudicados por la aprobación del Congreso

Por otra parte, Coya advirtió que los niños y jóvenes serían los más afectados por la decisión del Congreso. Explicó que, al no destinarse un presupuesto para transmitir las sesiones parlamentarias, el IRTP se vería obligado a desplazar su programación infantil, educativa y cultural para dar espacio a los contenidos del Legislativo.

Y no solo eso, se tendría que trasladar al personal al recinto legislativo para que se puedan transmitir todas las sesiones de las comisiones. «Es un gasto enorme de recursos que deberían ser destinados para otros fines», dijo.

«Todos esos programas de educarse en casa que son importantes van a ser desplazados. Imagínate estar viendo un programa ‘Aprendo en Casa’ para los niños y, de pronto, tiene que entrar la sesión del Pleno del Congreso, van a tener que interrumpir la programación y van a tener que ver a los congresistas. Es un aberración, pero más preocupante es que se haga en pleno proceso electoral», acotó.

«Los que se benefician son los congresistas que van a la reelección. Los que se perjudican son niños, jóvenes, pueblos originarios, la cantidad de ciudadanos que van a ser perjudicados por esa decisión es enorme, sobre todo las zonas alejadas que solo tienen una señal de información», sentenció.

Junta de Fiscales Supremos adelanta designación de nuevo fiscal de la Nación para el 2026

La Junta de Fiscales Supremos acordó que la designación del próximo fiscal de la Nación será evaluada a inicios del 2026, lo que supone un adelanto respecto al periodo regular de la gestión de Delia Espinoza, cuyo mandato estaba proyectado hasta el 2027. La sesión realizada este miércoles no incluyó una elección, sino un análisis exclusivo sobre las implicancias de la inhabilitación impuesta a la magistrada por el Congreso.

En declaraciones para La República, el fiscal interino Tomás Gálvez aclaró que nunca estuvo previsto elegir a un nuevo titular en esta reunión y negó que hubiera un proceso inmediato en marcha. Sin embargo, confirmó que la Junta retomará la discusión en enero o febrero del 2026, lo que adelanta un debate sucesorio que, en condiciones normales, recién habría empezado cuando Espinoza se acercara al final de su mandato.

Gálvez explicó que la inhabilitación de Espinoza es temporal y no cancela su título, lo que genera un escenario jurídico complejo para designar a un reemplazo definitivo. Precisó que el colegiado debe revisar jurisprudencia y precedentes antes de decidir si corresponde cubrir la titularidad pese a que la plaza de fiscal suprema de Espinoza continúa formalmente vigente.

El magistrado enfatizó que no adoptarán decisiones apresuradas. Remarcó que la Junta tomará una determinación basándose en jurisprudencia y precedentes internos, con el fin de garantizar que el Ministerio Público mantenga decisiones ajustadas a ley.

Tomás Gálvez seguirá como fiscal interino mientras la Junta pospone la decisión

Tomás Gálvez confirmó que continuará como fiscal de la Nación interino tras la inhabilitación temporal de Delia Espinoza. En el diálogo, señaló que su permanencia se mantiene mientras la Junta de Fiscales Supremos retoma la evaluación del caso en los primeros meses del 2026.

El magistrado indicó que será la propia Junta la que analice la jurisprudencia y los precedentes antes de decidir si corresponde avanzar con una designación. Reiteró que no adoptarán decisiones apresuradas y que el debate continuará el próximo año.

¿Quiénes podrían ocupar el cargo de fiscal de la Nación?

El puesto de fiscal de la Nación puede ser ocupado por cualquiera de los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos. Los fiscales que la conforman actualmente son: Tomás Gálvez, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Patricia Benavides. Estos tres últimos ya han ocupado anteriormente el máximo cargo del Ministerio Público.

Quien también llega a ser un posible candidato es Luis Arce, fiscal restituido por la Junta Nacional de Justicia el pasado 5 de diciembre. La restitución se produjo el mismo día en que el Congreso aprobó la inhabilitación por diez años de Delia Espinoza como fiscal de la Nación. Arce mantiene cuestionamientos vigentes pese a su restitución. Fue destituido por la JNJ en 2021 tras abandonar su cargo en el JNE durante la segunda vuelta, y su nombre apareció en pesquisas del caso Cuellos Blancos. Además, afronta una denuncia por enriquecimiento ilícito, aunque el Congreso archivó una acusación constitucional y el Poder Judicial rechazó suspenderlo.

Tribunal Constitucional falla a favor de la JNJ y suspende resolución que reponía a Delia Espinoza

El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la medida cautelar solicitada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), suspendiendo los efectos de varias resoluciones del Poder Judicial que buscaban el regreso de Delia Espinoza a su cargo. La decisión frena temporalmente la restitución de la suspendida e inhabilitada fiscal mientras el TC emite su sentencia definitiva, reforzando la postura de la JNJ frente al caso.

Entre las resoluciones suspendidas se incluyen expedientes de amparo emitidos que buscaban revertir la suspensión de Espinoza tras sanciones de la JNJ. Esta medida bloquea de manera efectiva cualquier intento del Poder Judicial por reinstalarla antes de que se resuelva el fondo del proceso.

La decisión del TC mantiene a Tomás Gálvez al frente de la institución, en tanto la Junta de Fiscales Supremos adelante la discusión sobre la designación del próximo fiscal de la Nación, que podría asumir en 2026, un año antes de lo previsto por el mandato de Espinoza.

Congreso oficializó inhabilitación de Delia Espinoza

El Congreso de la República publicó en El Peruano la Resolución Legislativa 008‑2025‑2026‑CR, que inhabilita por 10 años a Delia Espinoza Valenzuela. La medida ha sido tomada como un acto de venganza por parte del Parlamento, ya que varios de los congresistas que votaron a favor de la medida presentan investigaciones abiertas en el Ministerio Público.

Esto se reflejó en la Denuncia Constitucional 528, presentada en octubre de 2024 por un grupo de legisladores que acusaba a Espinoza de presuntos delitos como abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó su informe final y el Pleno del Congreso respaldó la sanción.

Junta de Fiscales Supremos elegirá al nuevo Fiscal de la Nación el otro año

La Junta de Fiscales Supremos (JFS) decidió este miércoles que el nuevo fiscal de la nación, será elegido el otro año, tras la inhabilitación de Delia Espinoza por 10 años, quien había asumido el cargo en 2024.

El fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez, convocó a la JFS a una sesión ordinaria para esta mañana para abordar este tema, pero también decidir sobre la incorporación de Luis Arce Córdova como fiscal supremo titular. Sin embargo, al terminar la sesión privada, se tomó la decisión de elegir al titular del Ministerio Público en 2026.

Como se recuerda, el 3 de diciembre, la Junta Nacional de Justicia habilitó a Arce como fiscal supremo, luego de que el Poder Judicial declaró fundados dos amparos que anularon sus destituciones por presuntas irregularidades cuando fue parte del Jurado Nacional de Elecciones.

Los convocados a la sesión fueron los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Patricia Benavides, Juan Carlos Villena y Tomás Gálvez.

El Congreso de la República aprobó la inhabilitación de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el pasado 3 de diciembre de 2025. La sanción, que se extiende por diez años, fue respaldada por 71 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones, luego de que una primera votación no alcanzara la mayoría requerida.

Con esta decisión, Espinoza queda impedida de ejercer cualquier cargo público hasta 2035 y se abre la posibilidad de que enfrente procesos penales por presuntos delitos como abuso de autoridad, usurpación de funciones y falsedad genérica.

JEE ordena a López Aliaga no invocar temas religiosos y da 5 días para retirar propaganda electoral

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Este 1, ordenó al candidato presidencial Rafael López Aliaga y su partido Renovación Popular abstenerse de invocar temas religiosos de cualquier credo durante la campaña electoral de las Elecciones 2026.

Dicha medida se da debido a que, a través de un informe de fiscalización de la entidad, se alertó sobre el uso de palabras de connotación religiosa por parte del partido político y su líder en un mitin en un local partidario en Santa Anita el pasado 31 de octubre. Asimismo, el documento del JEE mostró fotografías en la que el exburgomaestre levantó un cuadro del Señor de los Milagros.

Decisión del Jurado Electoral Especial sobre Rafael López Aliaga y Renovación Popular

De igual manera, la entidad electoral le otorgó 5 días calendario a la organización política y a su candidato presidencial para que retire de su cuenta de Facebook la propaganda electoral de connotación religiosa. En caso no se cumpla con dicho mandato, se le impondrá una sanción de multa al partido.