El Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Gobierno Regional de Lima permanece en absoluto silencio tras el polémico incidente ocurrido durante el inicio de la obra en la emblemática Institución Educativa Santa Rita de Cassia, donde la gobernadora Rosa Vásquez habría ordenado retirar el micrófono a la consejera Blanca, en un acto considerado por muchos como un desplante y una falta de respeto a una autoridad electa.
Más allá de las diferencias personales o políticas, el hecho de censurar públicamente a una consejera regional vulnera no solo el protocolo institucional, sino también los principios básicos de respeto entre autoridades. Resulta aún más cuestionable que, como supuesto “respaldo”, se encontrara el consejero José Caico, recordado por haber sido detenido anteriormente en estado etílico.
Lejos de quedarse callada, la consejera Blanca denunció que estos hechos evidencian que ya estaríamos en plena campaña política, y cuestionó la actitud reiterada de la gobernadora frente a cualquier intento de fiscalización. No es la primera vez que Rosa Vásquez reacciona de esta manera: episodios similares se han registrado con una congresista donde incluso se llegó a un enfrentamiento físico y con la Contraloría General de la República.
La pregunta es inevitable: si todo es transparente, como se afirma desde el gobierno regional, ¿por qué incomoda tanto la fiscalización? ¿Hay algo que se pretende ocultar?
Mientras tanto, el Área de Comunicaciones sigue sin emitir ningún pronunciamiento oficial, pese a la gravedad del hecho. Cabe recordar que dicha área está a cargo de José Montes, exjefe de Imagen del exgobernador Ricardo Chavarría, gestión que terminó envuelta en múltiples cuestionamientos. Hoy, su silencio parece responder más a la necesidad de aferrarse al cargo que a una defensa de la institucionalidad.
En paralelo, se observa una acelerada ejecución de obras “express” en distintos puntos de la región, lo que refuerza la percepción de un uso político de la gestión pública. Todo ello en medio de versiones que apuntan a una estrategia para impulsar la candidatura congresal del esposo de la gobernadora, Ramón, dejando en el aire una interrogante clave:
¿de dónde provienen los recursos que estarían financiando esta campaña?
Finalmente, la consejera Blanca también alertó que la obra en cuestión estaría a cargo de una empresa que no goza de buena reputación, lo que suma un nuevo elemento de preocupación a un escenario ya marcado por la censura, el silencio oficial y las dudas sobre la transparencia.
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