Rosa Vásquez deja fuera a alcaldes de Huarochirí y provoca dura reacción del congresista Guido Bellido

Una mesa de trabajo sobre obras clave, pero sin los alcaldes directamente afectados. Así resume el nuevo episodio de descoordinación política y desprecio institucional que se vive en el Gobierno Regional de Lima, luego de que la gobernadora Rosa Gloria Vásquez Cuadrado convocara a una reunión de seguimiento sobre importantes proyectos viales, excluyendo a varios alcaldes distritales de Huarochirí, actores centrales en el corredor vial alimentador N.° 27.

El hecho no pasó desapercibido. Mediante el Oficio N.° 2013-2024-2025-GBU/CR, fechado el 30 de enero de 2026, el congresista Guido Bellido Ugarte envió una carta directa y políticamente incómoda a la gobernadora regional, exigiendo la inclusión inmediata de los alcaldes omitidos en la convocatoria a la mesa de trabajo del 03 de febrero de 2026 en Huacho, donde se abordarán los proyectos de las rutas departamentales LM-116, LM-117 y LM-118.

Una exclusión que no es casual, es política

Bellido deja claro que no se trata de un simple error administrativo. Según el documento, tras revisar el padrón de autoridades invitadas, se detectó la omisión de diversos alcaldes distritales de la provincia de Huarochirí, pese a que:

  • Son actores fundamentales del proceso.
  • Participaron en reuniones previas de coordinación.
  • Forman parte directa del impacto territorial de los proyectos viales.

Es decir, se habla de carreteras sin invitar a quienes gobiernan los territorios por donde pasan esas carreteras. Una práctica que, más que torpeza, parece una forma de ninguneo político.

Los alcaldes excluidos:

El congresista solicita formalmente la inclusión de los siguientes burgomaestres, inexplicablemente dejados fuera por el despacho de Rosa Vásquez:

  • Eduardo Quintano Huamán, alcalde de Lahuaytambo.
  • Jorge Vidal Obispo Huapaya, alcalde de Santo Domingo de los Olleros.
  • Óscar Eladio Alvarado Campuzano, alcalde de Huampana.
  • Brayan Alonso Bullon Ruiz, alcalde de Ricardo Palma.
  • Mario Lacuta Alanoca, alcalde de San Damián.
  • Eber Lenin Joaquín Moreno, presidente del Comité de Desarrollo Sostenible de Huarochirí.

La lista es contundente: cinco alcaldes y un representante clave del desarrollo provincial, todos fuera de una mesa donde se decide el futuro vial de su propia provincia.

Democracia de papel, exclusión en la práctica

En su oficio, Bellido recuerda algo elemental pero que parece olvidado en el Gobierno Regional:

“El éxito de los proyectos de infraestructura depende directamente de un enfoque participativo y democrático.”

Sin embargo, la gestión de Rosa Vásquez parece optar por una versión recortada de la democracia: reuniones sin los directamente afectados, decisiones sin los alcaldes, obras sin territorio.

La pregunta es inevitable:

👉 ¿Qué se pretende cocinar en estas mesas de trabajo si se deja fuera a quienes conocen la realidad local?

👉 ¿Se trata de eficiencia técnica o de control político?

Huarochirí: provincia invitada solo para la foto

Este episodio vuelve a colocar a Huarochirí en el papel incómodo de provincia útil para discursos, pero incómoda para decisiones reales. Se habla de articulación, pero se practica la exclusión. Se predica participación, pero se convoca a puertas cerradas.

La carta de Bellido no solo es un reclamo administrativo. Es un jalón de orejas político que deja en evidencia una gestión regional que, una vez más, parece preferir manejar obras desde el escritorio y no desde el territorio.

El mensaje es claro

Si la gobernadora Rosa Vásquez insiste en armar mesas de trabajo sin los alcaldes de Huarochirí, el mensaje que envía es demoledor:

las decisiones se toman sin la provincia, no con la provincia.

Y eso, en cualquier democracia que se respete, no es gestión: es imposición.

Nuevo juicio por corrupción a gobernadora de Lima: fiscal pide 18 años de cárcel para Rosa Vásquez

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria -Sede La Molina- aprobó el inicio de un nuevo juicio por corrupción contra Rosa Vásquez Cuadrado, actual gobernadora regional de Lima Provincias, ya condenada en primera instancia por otro caso.

“Peculado doloso, malversación y colusión agravada”, son los cargos que debe enfrentar la aún funcionaria. Esta vez, tiene cinco coacusados y cinco presuntos cómplices.

Pago irregular

Al igual que con los actos que le han valido una condena de nueve años (aún en apelación), los hechos delictivos se habrían cometido en el periodo 2012-2014, cuando Vásquez era alcaldesa de Huarochirí.

Esta vez no se trata de un centro de convenciones, sino del Mercado Municipal de Matucana-Huarochirí, ejecutado bajo la modalidad de administración directa.

Entre los hallazgos de la Fiscalía Anticorrupción, figuran la compra de 1,096 metros cuadrados de cerámicas, de los cuales solo se han encontrado 472 m2.

También se acusa un desvío de pagos que no correspondían a la construcción del mercado, sino al centro cívico de Matucana. Esto incluye una sobrevalorización de la obra, con un perjuicio de 712,813 soles.

Como si fuera poco, hay dos resoluciones diferentes con la misma fecha, y el mismo numero, pero con montos de pago diferentes.

En el Callao cierran filas contra Ciro Castillo y en Lima provincias prolongan el show para no suspender a la ‘choraza’

Mientras el discurso oficial habla de lucha contra la corrupción y respeto a la institucionalidad, la realidad política en el Callao y en Lima provincias exponen patrones distintos: En Lima Provincias el consejo regional se convierte en muralla de protección.

En el Callao, los consejeros regionales han optado por cerrar filas y bloquear, en la práctica, el ingreso de Ciro Castillo, gobernador suspendido, pese a que el Poder Judicial levantó medidas que le permitirían presentarse en la sede del GORE. La escena fue clara: seguridad impidiendo el ingreso, consejeros evaluando “procedimientos” y una institucionalidad que piensa en el daño político que generara que Castillo tome control del gobierno.

Pero si en el Callao el cerrojo es frontal, en Lima provincias la estrategia es más sutil: dilatar, alargar y marear.

El Consejo Regional de Lima viene estirando la sesión sobre la suspensión de Rosa Vásquez, gobernadora sentenciada por corrupción por el caso del Centro Cívico de Huarochirí, con condena de nueve años y cinco meses de prisión. En lugar de actuar con celeridad, el consejo parece apostar por el desgaste, el trámite eterno y la ambigüedad política.

La pregunta es inevitable:

👉 ¿Por qué tanta rapidez para bloquear y tanto cálculo para suspender?

👉 ¿Por qué el rigor depende del nombre, el color político o las alianzas internas?

Callao y Lima provincias muestran hoy dos caras del mismo problema: consejos regionales que ya no fiscalizan y otros en donde parece tener claras la lucha contra la corrupción. No es institucionalidad, es conveniencia. No es legalidad, es blindaje.

Y mientras tanto, la ciudadanía vuelve a mirar el espectáculo de siempre:

cuando la justicia toca la puerta, el poder regional corre a ponerle doble cerrojo.

Denuncian en Contraloría por irregularidades en procesos de selección convocados por el Gobierno Regional de Lima

Presentan denuncia ante la Contraloría General de la República por graves presuntas irregularidades en el uso del mecanismo de Obras por Impuestos (Ley N.° 29230) en procesos convocados por el Gobierno Regional de Lima, vinculados a la adquisición de pantallas para instituciones educativas, por un monto que supera los S/ 81 millones.

PROCESOS DE SELECCIÓN OBSERVADOS

1. Proceso N.° 001-2026-GRL-OXI-PANTALLAS-PRIMARIA

• CUI: 2681429

• Objeto: Ejecución IOARR – 477 II.EE. Primaria

• Monto: S/ 55 283 500

2. Proceso N.° 002-2026-GRL-OXI-PANTALLAS-PRIMARIA

• CUI: 2681429

• Objeto: Supervisión IOARR

• Monto: S/ 160 000

3. Proceso N.° 001-2026-GRL-OXI-PANTALLAS-SECUNDARIA

• CUI: 2697130

• Objeto: Ejecución IOARR – 224 II.EE. Secundaria

• Monto: S/ 26 060 000

4. Proceso N.° 002-2026-GRL-OXI-PANTALLAS-SECUNDARIA

• CUI: 2697130

• Objeto: Supervisión IOARR

• Monto: S/ 160 000

Observación crítica

Se advierte que los números de proceso N.° 001-2026 y N.° 002-2026 se repiten para distintos objetos contractuales y distintos CUI, lo cual vulnera las reglas mínimas de identificación y trazabilidad de los procesos de selección, generando confusión administrativa, riesgo de direccionamiento y falta de seguridad jurídica.

Esta duplicidad constituye un vicio de origen, por lo que los procesos devienen en no válidos, al incumplir los principios de transparencia, legalidad y predictibilidad que rigen la contratación pública y el mecanismo OxI.

Hechos adicionales denunciados

Procesos sin Términos de Referencia ni Especificaciones Técnicas.

Uso indebido de la modalidad IOARR para inversiones de alcance regional.

Fraccionamiento indebido por nivel educativo y por tipo de servicio.

Supervisiones sin objeto definido.

Presuntas responsabilidades

Los hechos descritos podrían configurar responsabilidad administrativa funcional, omisión de funciones y un riesgo cierto de perjuicio económico al Estado.

Se solicita a la Contraloría:

Disponer control concurrente o posterior.

Declarar la nulidad de los procesos observados.

Determinar y denunciar responsabilidades funcionales.

Emitir recomendaciones de cumplimiento obligatorio.

Obras por Impuestos no es carta blanca. Sin planificación, sin sustento técnico y con procesos duplicados, no hay inversión pública válida.

Alcalde Manás – Cajatambo, interpone denuncia penal contra Rosa Vásquez cuadrado y otros por presuntas irregularidades

El alcalde del distrito de Manás – Cajatambo, Johel Iván Graciano Arce, interpuso denuncia penal por presuntas irregularidades en el proyecto de inversión “CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE CAQUIOC Y QUINLLAN”, del distrito de Manás.

Figuran como denunciados la gobernadora regional Rosa Vásquez Cuadrado, el gerente general regional Leonardo Edison Vílchez Fernández, servidores y funcionarios.

Se señala como presuntos delitos: malversación, abuso de autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Señala la denuncia que con el formato N° 07-A de fecha 22 del mayo del 2023, se dio la viabilidad del proyecto denominado “CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE CAQUIOC Y QUINLLAN, DISTRITO DE MANAS DE LA PROVINCIA DE CAJATAMBO DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2595239”.

Asimismo, mediante formato N° 08-A, se registró en el banco de proyectos en fase de ejecución, el proyecto denominado “CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE CAQUIOC Y QUINLLAN, DISTRITO DE MANAS DE LA PROVINCIA DE CAJATAMBO DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2595239”, por un monto ascendente de S/ 2´740,396.34 soles, tal como consta en la resolución de alcaldía N° 127-2023-MDM/ALC. de fecha 28 de agosto del 2023.

En el acta de taller regional de acuerdos y compromisos del presupuesto participativo en resultados 2025 del gobierno regional Lima – zona norte, de fecha 19 de marzo del 2024, en su anexo 1, se aprobó la cartera de inversiones para el presupuesto participativo 2025 (Gobierno regional de Lima), donde uno de los proyectos priorizados y aprobados por agentes participantes, era el proyecto denominado “CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE CAQUIOC Y QUINLLAN, DISTRITO DE MANAS DE LA PROVINCIA DE CAJATAMBO DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2595239”.

Mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 147-2024-CR/GRL de fecha 14 de junio del 2024, se incluye en el presupuesto inicial de apertura del gobierno regional Lima, de los nueve proyectos con asignación presupuestal por el consejo regional de coordinación regional (CCR), por un monto ascendente de S/31´500,000.00 soles para las nueve provincias de la región Lima y en la provincia de Cajatambo, estaba priorizado el proyecto denominado “CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE CAQUIOC Y QUINLLAN, DISTRITO DE MANAS DE LA PROVINCIA DE CAJATAMBO DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2595239”.

Señala el denunciante que su despacho ha agotado todos los mecanismos administrativos ante las personas hoy denunciadas, solo encontrando negatividad que solo busca perjudicar a los beneficiarios del proyecto.

Además la entidad municipal ha realizado inversiones en la elaboración del expediente técnico del proyecto denominado “CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE CAQUIOC Y QUINLLAN, DISTRITO DE MANAS DE LA PROVINCIA DE CAJATAMBO DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2595239” y su actualización respectiva por un monto ascendente a S/ 6´734,628.25 soles.

Señala el alcalde de Manas, que los hoy denunciados haciendo uso de su poder y cargo que ocupan, vienen administrando los recursos del presente proyecto de manera irregular y deficiente, perjudicando a los beneficiarios del distrito de Manás. Más aún transgrediendo la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, donde se debe tener en cuenta que el Presupuesto Participativo, es un instrumento de planificación y gestión pública, mediante el cual la sociedad civil, en coordinación con las autoridades regionales y locales, decide sobre parte de la asignación de recursos públicos y fija prioridades de inversión.

Agrega Graciano Arce, que los centros poblados de Caquioc y Quinllan del distrito de Manas, al no ejecutarse el proyecto, vienen padeciendo de muchas necesidades, al no tener vías de comunicación, por lo que hoy denunciados de manera dolosa vienen administrando los recursos de dicho proyecto de una menra irregular y omisiva.

La normativa establece que los titulares de los gobiernos locales y regionales deben rendir cuentas periódicamente sobre los avances de los acuerdos alcanzados en el presupuesto participativo y el uso de los recursos públicos.

Con oficio N° 534-2023-MDM/ALC. de fecha 06 de setiembre del 2023, la entidad edil remite el expediente técnico del PIP en mención, para la firma del convenio y posterior financiamiento y ejecución.

En enero del 2025, se solicitó nuevamente el financiamiento y ejecución del PIP y en abril del 2025, se subsana las observaciones del expediente técnico, pero nuevamente es observado por los denunciados y funcionarios, haciendo las correcciones del caso.

Estas acciones han sido consideradas por los denunciantes como un abuso del poder con el objeto de ejecutar el proyecto.

Y después sucedió algo increíble. Según la denuncia del alcalde se señala que los denunciados y habían manifestado que el expediente se les había extraviado y no contaban con los documentos originales y primigenios que fueron presentados desde su inicio.

En agosto del 2025 con oficio 950-2025, el gobierno regional Lima remite un informe donde dan a conocer que el expediente técnico aprobado forma parte del presupuesto participativo 2025 del gobierno regional Lima.

Nuevamente el 30 de setiembre se reitera el pedido de financiamiento y ejecución del proyecto en mención.

Sin embargo señala el denunciante, que ha tomado conocimiento que el monto de S/ 6´734,628.25 soles, programado y presupuestado para la obra del distrito de Manas, habría sido destinado para otra inversión, dejando sin su obra a los pobladores del distrito de Manás.

Por esas consideraciones, el alcalde distrital de manás a nombre de su pueblo está solicitando al Ministerio Público de Huaura, proceda a investigar este hecho que afecta a todo un pueblo abandonado y esperanzado en contar con una obra que beneficie a su pueblo.

Sin embargo estos malos funcionarios denunciados, se habrían burlado de la necesidad de esta población cajatambina.

Hasta fines del 2026, Cajatambo cuenta con dos consejeros regionales: Susana Gregoria Solórzano Muguruza y Tomás Emiliano Chavarría Húngaro. ¿ Qué han hecho estos dos consejeros por la población de Manás ?

¿ O creen que su función es blindar a la Gobernadora regional Lima ?

Fuente Opinión regional

Fiscalía tras los pasos de la directora regional de Educación, Rufina Cisneros

Denuncia en Fiscalía avanza y pone al descubierto presuntos delitos penales cometidos durante la gestión de la gobernadora Rosa Vásquez Cuadrado

Huacho.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura avanza firmemente en la investigación contra la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias (DRELP), colocando en el centro de la polémica a su actual directora, Rufina Cisneros, por una serie de omisiones, demoras y presuntas irregularidades administrativas que hoy son materia de la Carpeta Fiscal N.° 182-2025.

Documentos fiscales oficiales revelan que el Ministerio Público ha tenido que emitir hasta cuatro oficios reiterativos y urgentes para exigir información clave a la DRELP, situación que evidencia una resistencia institucional alarmante frente a una investigación por presuntos actos de corrupción ocurridos durante la gestión de la gobernadora regional Rosa Vásquez Cuadrado.

🔎 Fiscalía insiste, DRELP no responde

El fiscal a cargo del caso, Elio Willian López Parí, ha requerido información sobre:

Los requerimientos abarcan varios frentes sensibles de la administración pública:

• Procesos de concurso público realizados en 2025, incluyendo cronogramas, resultados y documentación completa.

• Situación laboral y funciones de servidores y funcionarios específicos, entre ellos:

o Zamora Pérez Hilari Judit

o Katherine Liset Aponte Bermúdez

o Mayra Leonardo Ortiz

• Identificación de los integrantes del órgano instructor y órgano sancionador durante el año 2025.

• Información detallada sobre procedimientos disciplinarios, resoluciones jefaturales y expedientes administrativos relacionados con Martha Pilar Gabriel Tuya, incluyendo descargos presentados y el estado actual de varios expedientes ingresados en noviembre de 2025.

• Reportes oficiales del Sistema de Gestión Documentaria, pieza clave para verificar plazos, movimientos y eventuales retrasos administrativos.

⚠️ Apercibimiento penal

Todos los documentos advierten que la falta de respuesta podría configurar el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal, lo que comprometería responsabilidades penales directas.

🧠 Responsabilidades políticas y administrativas

Aunque los hechos investigados se habrían originado durante la gestión regional encabezada por Rosa Vásquez Cuadrado, hoy la responsabilidad recae en la actual conducción de la DRELP, liderada por Rufina Cisneros, quien está obligada legalmente a transparentar información, colaborar con la justicia y responder a la Fiscalía.

El silencio, la demora o la entrega parcial de documentación no solo agravan la situación legal, sino que refuerzan las sospechas sobre una red de irregularidades administrativas en el sector educación de Lima Provincias.

🟥 La investigación continúa

La Fiscalía no ha cerrado el caso y todo indica que, de persistir las omisiones, el proceso podría escalar a nuevas diligencias y responsabilidades penales, marcando un punto de quiebre en la gestión educativa regional.

Fuente Diario El Chaski