Categoría: Regionales

Tello advierte que Rosa Vásquez estaría vulnerando la ley electoral y que su condena de 9 años y 5 meses incluye inhabilitación

El precandidato al Gobierno Regional de Lima por el partido Somos Perú, Andrés Tello Velazco, se pronunció sobre la situación legal de la gobernadora regional Rosa Vásquez, quien cuenta con una sentencia de 9 años y 5 meses de prisión efectiva por delitos de corrupción, dictada por el Poder Judicial, así como sobre el presunto proselitismo político que vendría realizando junto a su esposo y funcionarios del Gobierno Regional de Lima, todos vinculados al partido Alianza para el Progreso (APP).

En un primero momento, Tello Velazco manifestó que la titular de la región está infringiendo todas las normas electorales, al salir en los medios de comunicación y redes sociales, así como los funcionarios, realizando gestiones que están prohibidas por la ley de neutralidad.  

“Ella sale todos los días en los medios de comunicación, en las redes sociales, poniendo primeras piedras o celebrando gestiones que están prohibidas… Su esposo es candidato al Congreso y al mismo partido que ella está y diversos funcionarios del GRL están en campaña, utilizando sus cargos y recursos públicos”, manifestó en diálogo con Enfoque Real.

Por otro lado, el político cañetano se refirió a la situación legal de Rosa Vásquez desde su perspectiva como abogado. Indicó que, de acuerdo con la normativa vigente, la condena de 9 años y 5 meses de prisión efectiva incluye una inhabilitación para ejercer cargos públicos. No obstante, precisó que, al encontrarse pendiente la resolución de su apelación, la gobernadora mantiene el derecho a esperar el pronunciamiento de la segunda instancia judicial.

Sin embargo, Tello Velazco afirmó que la sentencia ya emitida impediría a Rosa Vásquez postular en las próximas elecciones generales y municipales.

JNE debe acatar fallo judicial y declarar la vacancia de Rosa Vásquez

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) está legalmente obligado a declarar la vacancia de Rosa Vásquez como gobernadora regional de Lima Provincias, tras haber sido condenada e inhabilitada para ejercer función pública. No obstante, pese a estar debidamente notificado desde el 23 de diciembre, el organismo electoral aún no ha emitido pronunciamiento alguno.

El Juzgado Penal de Ate ha sido enfático al precisar que la apelación interpuesta por Vásquez únicamente suspende la restricción de su libertad personal, mas no la sanción de inhabilitación. En consecuencia, la prohibición para ejercer cargos públicos continúa plenamente vigente.

Esta aclaración fue comunicada formalmente al JNE mediante el Oficio N.° 004087-2025-P-CSJLE-LE, documento al que tuvo acceso el diario Expreso, suscrito por la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, Polonia Fernández Concha. En dicho oficio se detalla la condena impuesta por el juez Percy Bellido, así como la eventual apelación presentada por la sentenciada.

Como es de conocimiento público, Rosa Vásquez fue condenada a nueve años y cinco meses de prisión efectiva por el delito de peculado, cometido durante su gestión como alcaldesa de la provincia de Huarochirí.

El magistrado precisa que, bajo una interpretación garantista del debido proceso, la notificación de sentencias o resoluciones que restrinjan severamente la libertad personal debe realizarse mediante cédula. Sin embargo, esta disposición no afecta la vigencia de la inhabilitación impuesta por el mismo período, conforme al artículo 36 del Código Penal, que establece la privación de la función pública como pena autónoma.

En ese sentido, corresponde al Jurado Nacional de Elecciones cumplir y hacer cumplir el fallo judicial, procediendo sin más dilación a declarar la vacancia de la gobernadora sentenciada, en respeto del Estado de derecho y del principio de legalidad.

Karina Leandro no cumpliría perfil para ocupar el cargo en el Gobierno Regional de Lima

Crece la controversia en el Gobierno Regional de Lima tras conocerse que Karina Leandro solo es encargada en la Gerencia Regional de Desarrollo Social, y que no cumpliría con el perfil profesional requerido para asumir dicho cargo. Esta figura administrativa estaría siendo utilizada como una vía alterna para esquivar la ley, práctica que ya genera cuestionamientos dentro y fuera de la entidad regional.

La situación resulta aún más delicada al tratarse de una precandidata a la Alcaldía Provincial de Huaura, lo que despierta sospechas sobre un posible uso político del aparato estatal. Especialistas y ciudadanos se preguntan si este tipo de maniobras reflejan la verdadera forma de trabajo de quien aspira a gobernar una provincia.

No es la primera vez que en el GORE Lima se denuncian designaciones cuestionables, lo que refuerza las críticas hacia la gestión de la gobernadora Rosa Vásquez, hoy sentenciada, y su entorno cercano. ¿Está Karina Leandro replicando estas prácticas? ¿Está aprendiendo de una gestión marcada por la controversia?

Advertimos sobre estos hechos para evitar repetir gestiones que no aporten al desarrollo de Huacho ni de la región.

Dra. Pilar Aguirre Morales es retirada de la jefatura del Centro de Salud de Huaura tras defender a pacientes y personal médico

La salud pública en el distrito de Huaura atraviesa uno de sus momentos más críticos y vergonzosos. Lo ocurrido en el Centro de Salud de Huaura no solo indigna, sino que enciende todas las alertas sobre el uso político del poder en perjuicio de miles de ciudadanos.

Tras un reclamo legítimo y público de los profesionales de la salud —quienes denunciaron que atienden a pacientes en plena calle, sin reubicación, sin apoyo y sin condiciones mínimas de dignidad— la respuesta del Gobierno Regional no fue la solución, sino el castigo.

En una decisión que muchos califican como represalia, se dispuso la remoción de la Dra. Pilar Mónica Aguirre Morales, médica reconocida por su firmeza, profesionalismo y defensa de la salud pública, del cargo de jefa del Centro de Salud de Huaura.

Su “falta” habría sido alzar la voz y exigir condiciones humanas para atender a la población.

Lo más alarmante es que, en su lugar, se habría designado a Alex Edgar Lugo Loza, bachiller en Derecho, una persona sin formación médica, para asumir una jefatura que requiere conocimiento técnico en salud pública.

Una decisión que, de confirmarse, resulta incomprensible y peligrosa, y que pone en evidencia una preocupante improvisación en la gestión sanitaria.

Mientras tanto, el alcalde distrital de Huaura guarda un silencio cómplice e incapaz, sin pronunciarse ni defender a su población ni a los profesionales que hoy trabajan en condiciones indignas. La ausencia de liderazgo municipal agrava aún más la crisis.

Pero el escenario se vuelve todavía más grave: se pretende fusionar el Centro de Salud de Huaura con el de Socorro, una medida que atenta directamente contra el derecho a la salud de miles de huaurinos, incrementando la sobrecarga, reduciendo la atención y alejando los servicios básicos de quienes más los necesitan.

Aquí no estamos ante un simple cambio administrativo.

Estamos frente a una decisión política que castiga la dignidad, silencia la protesta justa y pone en riesgo la vida de la población.

La pregunta es inevitable:

👉 ¿Quién responde si mañana una atención deficiente cuesta una vida?

👉 ¿Quién asume la responsabilidad de convertir la salud en un botín político?

Huaura merece respeto.

La salud no se negocia.

Y quienes defienden al pueblo no deben ser castigados, sino respaldados.

Fuente: Juan Michuy

Esta semana se decide la suerte de «los intocables» y la mafia de brevetes

​El Fiscal de Crimen Organizado de Huaura acorrala a la defensa: revela que el cabecilla «limpió» su celular y fugó de su casa tras ser alertado. La Juez Sandy Basilio Isidro emitirá su fallo antes de acabar la semana.

La tensión es máxima en los pasillos judiciales de Huaura. Las audiencias de prisión preventiva contra la presunta organización criminal «Los Intocables» han entrado en su etapa definitiva. El Ministerio Público y la defensa técnica han jugado sus últimas cartas frente a la magistrada Sandy Basilio, quien tendrá la última palabra en los próximos días.

Durante la réplica, el abogado José Burgos Alfaro intentó desvincular a su patrocinado, Jorge Chávez (a) «Comanche», «Chávez» o «Payasito», argumentando falta de pruebas: «En su teléfono no se encontró ninguna comunicación ilícita ni nexos con funcionarios regionales al momento de su detención», alegó, cuestionando además a los testigos protegidos.

​🛑 La contundente respuesta del Fiscal

El fiscal de Crimen Organizado, Luis Salas Ostos, fue lapidario. Aclaró que la investigación sobre los funcionarios de la Dirección Regional de Transportes del GRL continúa, pero destapó un hecho alarmante: «Comanche» tenía poder económico y nexos políticos.

Según el fiscal, Chávez fue alertado de las escuchas hace algunos años por un coronel Remi y dejó entrever que también fue alertado del operativo del 12 de diciembre. Esto explicaría por qué, el día del allanamiento, ni él ni su familia estaban en casa (incluso dejaron las llaves a una vecina) y por qué su celular estaba «limpio»:

👉«Qué coincidencia que ninguno de su familia involucrada estaba en casa ese día… Al momento de su intervención, Chávez no tenía registro de mensajes, llamadas, ni archivos de Yape o Plin; sin embargo, estos pagos SÍ fueron encontrados en los celulares de los otros coacusados», sentenció Salas Ostos.

La Fiscalía sostiene que la mafia cobraba altas sumas para emitir licencias de conducir en un solo día. Pese al intento de fuga y la «limpieza» de evidencias, la inteligencia policial logró capturar al cabecilla caminando por Lima.

​⏳ El Dato:

Se espera que antes del fin de semana, la juez Sandy Basilio Isidro dicte la resolución final sobre la prisión preventiva.

Mientras Ciro Castillo enfrentará 24 meses de prisión preventiva, Rosa Vásquez sigue en el poder a pesar de una condena de 9 años

En el último giro de la tragicomedia judicial peruana, el Poder Judicial ha demostrado una inquietante capacidad para aplicar dos varas de medir cuando se trata de procesar a altos cargos públicos. Por un lado, Ciro Castillo Rojo, suspendido gobernador regional del Callao y acusado de liderar una red de organización criminal y colusión agravada en el caso Los Socios del GORE Callao, enfrentará una orden de 24 meses de prisión preventiva y búsqueda y captura, tras permanecer prófugo de la justicia desde diciembre de 2025.

Castillo, señalado de direccionar contrataciones irregulares al amparo del cargo que ocupaba y de supuestamente manipular más de 60 adjudicaciones públicas por más de 1.4 millones de soles, finalmente recibe del sistema judicial lo que parece ser un correctivo enérgico, aunque tardío y, hasta ahora, letra muerta, dado que continúa no habido.

Pero basta con voltear la vista un poco más allá de Callao para observar una realidad aún más grotesca: la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, ha sido condenada por el mismo Poder Judicial a 9 años y 5 meses de prisión efectiva por el delito de peculado agravado, por irregularidades en contrataciones públicas vinculadas, entre otros, al caso del Centro Cívico de Matucana.

Aquí viene la parte verdaderamente ridícula: a pesar de tener una sentencia firme en primera instancia que la condena a años de cárcel, Vásquez sigue libre y ejerciendo como gobernadora regional, manejando presupuestos, nombrando funcionarios y tomando decisiones que afectan a miles de ciudadanos. La defensa ha apelado la sentencia, y mientras el proceso sigue su tortuoso camino por las instancias superiores, la funcionaria goza de impunidad muy distinta a la aplicada a Castillo.

Esta dicotomía no es menor. Un gobernador regional reclamado por organización criminal queda prófugo y es buscado con órdenes de captura, un proceso que debería concluir en prisión efectiva si es hallado. Mientras tanto, otra autoridad con una sentencia de casi una década de prisión por corrupción ni siquiera es retirada de su cargo, ni tampoco enfrenta de inmediato la justicia física. No se puede echar la culpa simplemente a la “carga procesal”: este contraste es demasiado burdo y clama por una explicación más profunda.

Lo que ocurre aquí va más allá de la lentitud de los tribunales o la saturación del sistema penal. La situación deja en evidencia un Poder Judicial que prioriza la forma por sobre la sustancia, que acelera medidas cautelares para unos y deja a otros campar en libertad pese a condenas contundentes. Este doble estándar no solo socava la confianza en las instituciones, sino que embota la percepción misma de justicia en el país.

La justicia no puede ser un espectáculo de doble piso donde el ciudadano común ve cómo unos van directo a prisión mientras otros, con sentencia en mano, mantienen el poder, los recursos y la impunidad. Así, no sorprende que la indignación ciudadana crezca y que la frase “justicia para unos, impunidad para otros” deje de ser un cliché y se convierta en una descripción precisa de la realidad judicial peruana.

Fuente: Alterna TV