Un colectivero fue asesinado a balazos la noche del último martes en la provincia de Barranca, en un nuevo hecho de violencia que evidencia la creciente inseguridad ciudadana en el norte chico.
La víctima fue identificada como Richard Jhonatan Idelfonso Ortiz, de 27 años, quien cubría la ruta Barranca–Lima. De acuerdo con información preliminar, el conductor habría recibido una llamada telefónica que lo llevó hasta los exteriores del policlínico de EsSalud, donde fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en reiteradas ocasiones.
Tras el ataque, los presuntos sicarios huyeron a bordo de una mototaxi de color celeste con blanco.
Fuentes policiales informaron que el fallecido registraba antecedentes policiales. La Policía Nacional del Perú ha iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen e identificar a los responsables.
Candidato a senador es acusado del presunto delito de peculado.
La política peruana ha cruzado una línea peligrosa: la de la normalización de lo moralmente inaceptable.
Hoy no basta con preguntarse si un candidato cumple requisitos formales; la pregunta de fondo es otra, más incómoda y urgente: ¿TIENE AUTORIDAD MORAL PARA REPRESENTAR AL PAÍS?
El caso de Javier Alvarado Gonzales del Valle obliga a plantear esa pregunta sin rodeos. Alvarado, candidato a senador, está formalmente acusado por el delito de PECULADO y ha sido citado a juicio oral inaplazable para este viernes 9 de enero de 2026, a horas 9:00 am, por disposición de la Corte Superior de Justicia de Cañete, dentro del Expediente N° 00170-2021-2.
EL DELITO DE PECULADO: ATAQUE DIRECTO AL ESTADO
El delito imputado no es menor ni accesorio. EL PECULADO está tipificado en el artículo 387 del Código Penal peruano, que sanciona al funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, para sí o para terceros, caudales o efectos del Estado que le han sido confiados por razón de su cargo.
En términos simples: el peculado es usar o apropiarse de dinero público, es traicionar la confianza del Estado y de la ciudadanía.
El bien jurídico protegido es claro: la correcta administración pública. Por eso, el PECULADO no es un delito cualquiera, es un acto de corrupción, una ruptura frontal del deber ético de quien administra recursos públicos y es precisamente por este delito que JAVIER ALVARADO se sentará en el banquillo de los acusados.
Aquí el problema deja de ser solo legal y se convierte en un escándalo moral.
SI JAVIER ALVARADO LLEGARA A SER ELECTO SENADOR, SURGEN UNA SERIE DE PREGUNTAS IMPOSIBLES DE ESQUIVAR:
¿Con qué autoridad moral podría legislar sobre el uso del dinero público?
¿Con qué cara podría fiscalizar a ministros, gobernadores o alcaldes?
¿Cómo podría exigir transparencia cuando él mismo enfrenta un juicio por presunto desfalco al Estado?
La función parlamentaria no es solo votar leyes. Es fiscalizar, controlar, interpelar, denunciar, es pararse frente al poder y exigir cuentas, pero nadie puede fiscalizar con solvencia ética cuando arrastra un expediente penal por presunta corrupción.
Un Congreso integrado por personas en juicio oral no fortalece la democracia, la degrada.
Lejos de actuar con prudencia o dar explicaciones claras al país, Alvarado se promueve activamente como candidato al Senado, impulsa su movimiento “Patria Joven” y busca colocar cuadros políticos en el próximo proceso electoral regional y municipal.
Todo indica que la política se estaría usando no como vocación de servicio, sino como escudo frente a los tribunales, como plataforma de supervivencia personal.
Javier Alvarado, goza de presunción de inocencia. Nadie lo discute, pero la presunción de inocencia no equivale a idoneidad moral.
Un juicio oral en curso —por peculado— debería ser razón suficiente para dar un paso al costado, no para escalar políticamente. El Congreso no es un refugio, no es un blindaje, no es un salvavidas para procesados.
LA DEMOCRACIA NO SE DEFIENDE SOLO CON VOTOS, SE DEFIENDE CON MEMORIA, CON INFORMACIÓN Y CON EXIGENCIA ÉTICA
Resulta cuestionable y éticamente inviable, que un candidato a senador, acusado supuestamente de apropiarse de recursos públicos, sea presentado como una opción moralmente válida para asumir acciones de control y fiscalización en el congreso-.
La provincia de Huaura registró una jornada marcada por la violencia luego de que seis personas fueran asesinadas con armas de fuego en un lapso menor a doce horas, según información policial. Los hechos han generado alarma entre los vecinos y motivaron el refuerzo del patrullaje policial en zonas consideradas críticas.
Dos de las víctimas fueron atacadas a balazos cuando se encontraban en una losa deportiva del sector Paraíso. Se trata de Walter Ramos Leyva y Edequiel Torres Villadeza, quienes realizaban ejercicios de calentamiento con una pelota cuando fueron sorprendidos por dos sujetos encapuchados.
De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, los atacantes portaban cascos y armas de fuego, y dispararon directamente contra ambos hombres. En el lugar, peritos de Criminalística hallaron más de 14 casquillos de bala, evidencia que fue recogida para las investigaciones correspondientes.
Ramos Leyva falleció de manera instantánea en el campo deportivo, mientras que Torres Villadeza, de 29 años, fue trasladado de emergencia al hospital de la ciudad, donde murió horas después debido a la gravedad de las heridas.
Horas antes de este ataque, otro homicidio fue reportado en la avenida San Martín, en el distrito de Huaura. La víctima fue identificada como José Gregorio Poñero Romero, ciudadano extranjero, quien fue interceptado por sicarios a bordo de una motocicleta cuando caminaba cerca de un instituto tecnológico.
Según testigos, el hombre intentó huir tras los primeros disparos, pero fue alcanzado y posteriormente rematado en plena vía pública. Las primeras diligencias policiales señalan que no se produjo el robo de pertenencias, por lo que se presume un posible ajuste de cuentas. El cuerpo fue trasladado a la morgue para los exámenes forenses.
Con estos hechos, la cifra de asesinatos por arma de fuego en menos de doce horas ascendió a seis en la provincia de Huaura.
Efectivos policiales reforzaron la presencia en las calles, mientras los peritos analizan los casquillos hallados para determinar si los ataques fueron perpetrados por una misma banda criminal.
Tras la caída de la organización conocida como “Los Terribles de Serrín”, un nombre ha comenzado a generar especial atención: Diego Beker Trinidad Abarca. De acuerdo con información proporcionada por una fuente que solicita reserva, Beker habría laborado anteriormente en la gestión de Rosa Vásquez, gobernadora regional sentenciada, presentándose inicialmente como coordinador, cargo del que posteriormente habría sido retirado o cambiado.
La versión que circula señala que, durante los primeros años de dicha gestión, Beker Trinidad habría sido sindicado informalmente como una de las personas que presuntamente habría cobrado cupos a trabajadores, bajo el argumento de que se trataba de aportes vinculados al partido político del entorno de la gobernadora. Estas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente, pero coinciden con otros señalamientos recientes que también involucran a personas cercanas a ese círculo político, COMO UN CASO QUE MENCIONARÍA A UNA TAL JANET, sobre el cual según la fuente aún estaría por revelarse mayor información.
Ante este escenario, surgen interrogantes inevitables: ¿qué tipo de personas conformaron o conforman el entorno cercano de Rosa Vásquez? ¿Existen más actores con poder informal dentro del Gobierno Regional, manejándolo según las críticas como si se tratara de un espacio privado?
De corroborarse estas versiones, se abriría un serio cuestionamiento sobre los criterios de confianza, control y responsabilidad política en la administración regional, así como sobre la presencia de personas de procedencia y conductas éticamente cuestionables en puestos de influencia. Por ahora, los hechos descritos permanecen en el terreno de las denuncias y versiones de fuente, a la espera de esclarecimiento oficial.
El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura, Javier Abad Herrera Villar, oficializó la conformación de las Salas Superiores que operarán durante el año judicial 2026. Mediante la Resolución Administrativa N° 000001-2026-P-CSJHA-PJ, se establecieron los grupos de magistrados encargados de administrar justicia en las especialidades laboral, civil y penal. Esta medida, emitida el 5 de enero, busca optimizar el servicio a los justiciables y asegurar el correcto funcionamiento de las dependencias jurisdiccionales en la provincia.
La designación de los jueces se realizó bajo criterios de especialidad y antigüedad, tomando como referencia el cuadro de méritos nacional y los registros oficiales de la institución. Para la conformación de estas salas, se priorizó a los Jueces Superiores Titulares; no obstante, debido a que la Corte de Huaura no cuenta con suficientes titulares para cubrir todas las vacantes, se procedió a la promoción de magistrados provisionales que cumplieran con los requisitos de ley.
ASÍ QUEDARÓN CONFORMADOS
La Sala Laboral Permanente ha quedado conformada por el Juez Superior Titular Jaime Constantino Llerena Velásquez en calidad de presidente, junto al Juez Superior Titular Hernán Eloy Juan de Dios León y la Jueza Superior Provisional Eva Graciela Sánchez Angulo. Por su parte, la Sala Civil Permanente será integrada por el Juez Superior Titular Víctor Raúl Mosqueira Neira, quien asume la presidencia, acompañado por los jueces superiores provisionales Cruz Edwin Manrique Ramírez y Germán Guzmán Ostos Luis.
En el ámbito penal, la Sala Penal de Apelaciones en adición de funciones Sala Penal Liquidadora será presidida por el Juez Superior Titular Víctor Raúl Reyes Alvarado e integrada por el Juez Superior Titular Wilian Timaná Girio y el Juez Superior Provisional Galileo Galilei Mendoza Calderón. Estos magistrados tendrán la responsabilidad de resolver los procesos correspondientes a su especialidad durante el periodo de un año que dura la designación.
Asimismo, la Sala Penal de Apelaciones Transitoria cuenta con el Juez Superior Titular Carlos Orlando Gómez Arguedas como presidente, el Juez Superior Provisional Walter Sanchez Sanchez y la Jueza Superior Provisional Juana Mercedes Caballero García. No obstante, debido a que la magistrada Caballero García se encuentra con licencia por descanso médico, su lugar será ocupado temporalmente por el Juez Superior Provisional Rubel Chelem Cotrina Paredes hasta que ella se reincorpore a sus funciones.
Finalmente, la disposición administrativa ordena dejar sin efecto cualquier resolución previa que se oponga a este nuevo cuadro de conformación. La decisión ha sido comunicada formalmente a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, a la Gerencia de Administración Distrital y a todas las dependencias jurisdiccionales para asegurar el cumplimiento inmediato de las funciones asignadas a cada magistrado.
Un trágico accidente de tránsito se registró la madrugada de este martes en la carretera de la ruta Poquian – Copa, en la provincia de Cajatambo, dejando como saldo tres personas fallecidas y tres heridas.
El hecho ocurrió a unos metros más arriba del puente de Tumac, cuando el vehículo de placa CFX-089, se despistó y dio varias vueltas de campana, cayendo aproximadamente 200 metros. Los ocupantes del vehículo se dirigían al distrito de Copa.
Según información oficial, las víctimas mortales fueron identificadas como Rodrigo Kaled Polin Chávez, Luis Ángel Rojas Toledo y Roque Tiberio Polin. En tanto, los heridos son Gomer Tadeo Polin, Vilma Caquipoma Espejo y Fidel Polin, quienes fueron evacuados de emergencia al hospital de Barranca, donde reciben atención médica.
Tras el accidente, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) de Cajatambo, junto con representantes del Ministerio Público y otras autoridades, acudieron al lugar para realizar las labores de auxilio y las diligencias correspondientes.
Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente, por lo que la PNP y las autoridades competentes han iniciado las investigaciones para determinar las responsabilidades del caso.
ENFOQUE REAL 