Tres trabajadores civiles perdieron la vida en un aparatoso accidente ocurrido en el kilómetro 138 de la Panamericana Norte, en la ciudad de Huacho. Las víctimas se dirigían hacia el norte para realizar labores de obra cuando, según las primeras informaciones, una motocicleta habría cerrado el paso al vehículo en el que viajaban, provocando que este se empotrara contra un tráiler estacionado a un lado de la vía.
Los fallecidos fueron identificados como Luis Campos (chofer), Jesús Vicharra y Agustín Muñoz Ayulo, quienes se desempeñaban como ingenieros y obreros civiles. Un cuarto ocupante del vehículo resultó con contusiones, logrando sobrevivir al impacto.
Al lugar acudieron los bomberos de la compañía B-20 y personal de rescate, quienes trabajaron intensamente para retirar el automóvil que había quedado incrustado en la parte posterior del tráiler.
Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades del accidente.
Hay dos consejeros que hoy están pasando por agua caliente, y nos referimos directamente a Limsay Bernal y Arturo Uribe, quienes supuestamente representan a la provincia de Huaura ante el Consejo Regional. Sin embargo, en vez de fiscalizar, pareciera que su único trabajo es encubrir los casos de corrupción de Rosa Vásquez. No se pronuncian, no investigan y guardan un silencio que ya huele a complicidad.
Y ojo: Arturo Uribe es el presidente del Consejo Regional, pero más parece un acompañante de Rosa Vásquez que un fiscalizador. Siempre detrás de ella, siempre aplaudiendo, siempre justificando. ¿Dónde está la fiscalización? ¿O es que ya forman parte del mismo círculo de protección?
En el caso de Limsay Bernal, las cosas no son mejores. Según fuentes cercanas, últimamente está más ocupada en líos sentimentales que en cumplir con su labor de fiscalización. Dicen que el poder se le ha subido a la cabeza, y que su círculo cercano ya maneja puestos estratégicos, como su cuñado Jansen, quien ocupa una gerencia sin que nadie diga nada.
Limsay, quien antes de entrar a la política no llevaba precisamente una vida llena de lujos, ahora aparece rodeada de privilegios. Y justo en ese contexto, su mamá termina en la capitanía de Cajatambo organizando un fiestón. ¿Con qué plata? ¿De dónde salió? ¿Dónde está la fiscalía para iniciar una investigación?
Todo se complica más cuando se sabe que Limsay Bernal trabaja con la misma gente de la exconsejera María Pía, quien —por consejo de su asesor— traicionó a quienes la llevaron al cargo. Esos mismos asesores, viejos zorros en esto, son quienes hoy podrían estar detrás del blindaje a Rosa Vásquez, guiando a Limsay por el mismo camino.
ELLA, QUE DECÍA QUE NUNCA SE TRANSFORMARÍA EN LO QUE CRITICABA, TERMINÓ CONVERTIDA EN UNA COPIA DE AQUELLO QUE JURÓ ENFRENTAR.
Y si hablamos de Arturo Uribe, su caso es otro nivel. Como presidente del Consejo Regional, uno pensaría que sería firme, serio, vigilante. Pero no: más parece que le gustan los viajes, las fotos en ferias y los eventos sociales, mientras la fiscalización brilla por su ausencia.
Arturo Uribe, zorro viejo en la política regional, sabe perfectamente cómo se mueven los hilos. Y precisamente por eso su silencio pesa más. Porque calla. Porque encubre. Porque acompaña. Porque le conviene.
Hoy ambos están apañando varias cosas a Rosa Vázquez y la provincia de Huaura exige representantes que fiscalicen, no que aplaudan la corrupción y la acompañen de la mano.
Con el anuncio del presidente de la República, José Jerí, sobre sus próximas visitas a las regiones del Perú, es cuestión de tiempo que llegue a Huacho. Pero la gran pregunta es: ¿tanto Rosa Vásquez, gobernadora regional, como Santiago Cano, alcalde provincial de Huaura, dejarán de lado sus rencillas personales y, por fin, actuarán como verdaderas autoridades? ¿Convocarán a una reunión con los alcaldes distritales para exigir al presidente acciones concretas por la seguridad en la región y la provincia? ¿O solo se quejarán como siempre de que les quitaron las transferencias por obras y seguirán velando por sus intereses personales?
Mientras tanto, Rosa Vásquez se encuentra en Huánuco tomándose fotitos con el presidente Jerí, en lugar de estar gestionando ante el Ministerio del Interior. Santiago Cano, por su parte, sigue más preocupado por las transferencias y su imagen que por trabajar en beneficio de los pobladores de la provincia de Huaura. Y los consejeros regionales, ausentes como siempre: no fiscalizan nada, sus visitas a obras son puro show, un simple saludo a la bandera.
Lo más indignante es que Rosa Vásquez viajó con una gran delegación a Huánuco, gastando dinero de los pobladores de la Región Lima. Todo indica que el objetivo principal fue llenar el álbum de fotos y alimentar su ego político. La acompañaron su oficina de comunicaciones, gerentes y subgerentes; todos, por supuesto, con viáticos pagados con recursos del Gobierno Regional.
Ahora anuncian como si fuera un logro histórico que el 5 de diciembre empezará la descolmatación de los ríos, cuando las lluvias ya están a la vuelta de la esquina. La oficina de comunicaciones celebra este anuncio, dirigida nada menos que por José Montes Valle, el mismo que fue jefe de comunicaciones en la gestión de Chavarría y que ahora sirve fielmente a la “cholita”. Dicen que, de paso, estaría armando la campaña política de su esposo, Ramón Aldave, rumbo al Congreso.
Y como si todo esto fuera poco, la lectura de sentencia de Rosa Vásquez está programada para este 12 de noviembre. Estaremos atentos, porque parece que en el GORE Lima hay más preocupación por las cámaras que por la gente.
La empresa «Señor Cautivo» obtuvo un contrato de S/. 243,780.00 por pollo entero con la Municipalidad de Barranca (Alcalde Luis Ueno). El escándalo inicia con los precios: vendió pollo al Hospital a S/. 20 el kilo, y a la Municipalidad a S/. 15, cifras que disparan la alarma de sobrecosto y presunta irregularidad en el manejo de fondos públicos.
2. El Peligro Sanitario: Sin Permiso Oficial
Lo más grave es la seguridad: esta empresa, proveedora de millones de soles en alimentos a la región, incluyendo a Barranca, no contaría con la autorización sanitaria de DIGESA. Esto implica que los alimentos destinados incluso a comedores populares son adquiridos sin garantía oficial, poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos barranquinos.
3. Presunta Adulteración en Contrataciones
La continuidad de este proveedor que no contaría con registro sanitario oficial sugiere una oscura maniobra. Se presume que especialistas en contrataciones estarían adulterando o falsificando los documentos de registro sanitario para burlar la ley. Esta acción apunta a un esquema de corrupción que requeriría la complicidad de funcionarios dentro del aparato estatal.
4. El Deber de Intervenir de Oficio
Ante las pruebas, se exige la intervención inmediata de la Contraloría Perú y la Fiscalía Anticorrupción de Huaura. Ambas entidades deben actuar de oficio para investigar a fondo esta red. Se cuestiona la inacción de los regidores de Barranca, cuya pasividad fiscalizadora ante este evidente acto irregular resulta sospechosa.
5. La Responsabilidad del Alcalde Ueno
La gestión del alcalde Luis Ueno queda desnuda. La permisividad para que una empresa sin DIGESA se beneficie con contratos millonarios y sobreprecios es una muestra de falta de control y transparencia. La ciudadanía clama por una respuesta contundente y un cese a la impunidad en la Municipalidad de Barranca.
Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento practicada al Gobierno Regional de Lima, se han detectado una serie de irregularidades, que están conllevando a que contraloría recomiende el inicio de acciones administrativas y penales contra un grupo de funcionarios de esta entidad regional.
Según Contraloría, en el marco del Estado de Emergencia declarado mediante Decretos Supremos N° 029 y 035- 2023-PCIV del 03 y 12 de marzo del 2023, respectivamente, funcionarios del Gobierno Regional de Lima, conformado por el titular de la Entidad (Gobernadora Regional de Lima), el área usuaria (Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente y Oficina Regional de Defensa Civil y Defensa Nacional) y el Órgano Encargado de las Contrataciones (Subgerencia Regional de Administración y Oficina de Logística), así como la máxima autoridad administrativa de la Entidad (Gerencia General Regional), consintieron y validaron la prestación del servicio de alquiler de vehículos y/o maquinaria pesada de 15 contratistas, sin observar lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado y/o normativa interna de la Entidad.
Asimismo, funcionarios de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, la Subgerencia Regional de Defensa Civil y Defensa Nacional, la Subgerencia Regional de Administración, la oficina de Logística, la Subgerencia Regional de Asesoría Jurídica, la Procuraduría Pública Regional, la Gerencia General Regional y la Gobernación, gestionaron irregularmente a través de actas de conciliación, el reconocimiento de deuda y compromiso de pago, por la prestación del servicio de alquiler de vehículos y/o maquinaria pesada para la atención del Estado de Emergencia declarados con los Decretos Supremos N°s 029 y 035-2023- PCM de 03 y 12 de marzo de 2023, las cuales fueron realizadas sin observar el marco legal, sin que se dé cumplimiento a los requisitos establecidos en el procedimiento conciliatorio, omitiendo disponer acciones para el deslinde de responsabilidades de los servidores que en nombre de la Entidad, tomaron acciones fuera del marco legal.
Por lo que, los referidos hechos generaron que se consienta y valide la prestación del servicio de alquiler de vehículo y/o maquinaria a pesada de quince (15) contratistas, sin observar las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado; asimismo, ocasionó que se gestione irregularmente el pago de solicitudes de reconocimiento de deuda para quince (15) contratistas por un monto total de S/ 1 ´778, 815.58, como resultado de la prestación de servicios de alquiler de maquinaria pesada para la ejecución de trabajos de limpieza y des colmatación en algunos distritos de las nueve (9) provincias del departamento de Lima declarados en emergencia, que fue realizado fuera del marco legal.
Asimismo, la Gobernación, la Gerencia General Regional, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, la Subgerencia Regional de Defensa Civil y Defensa Nacional, la Subgerencia Regional de Administración, la Oficina de Logística, la Subgerencia Regional de Asesoría Jurídica, la Procuraduría Pública Regional; quienes irregularmente gestionaron el reconocimiento y pago por el monto S/ 1´778, 815.58, a favor de quince (15) contratistas, que brindaron el servicio de alquiler de vehículos y/o maquinaria pesada sin observar las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado, las mismas que fueron consentidas y validadas por la Entidad.
RECOMENDACIONES AL PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL DE LIMA:
Poner en conocimiento el presente informe de Auditoria, a fin que disponga el inicio de las acciones que correspondan.
A LA PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN:
Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y/o servidores comprendidos en los hechos de la observación N° 1 del Informe de Auditoria con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.
FUNCIONARIOS COMPRENDIDOS EN LAS OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1.- Rosa Gloria Vásquez Cuadrado Gobernadora Regional
2.- Leonardo Edison Vílchez Fernández Gerente general Regional
3.- Yuri Rojas Santiago Subgerente regional de Administración
4.- Flor Mery Yauri Ramírez Gerente Regional de Recursos Naturales
Presunta responsabilidad penal
5.- Luis Alberto Huamán Ordoñez Subgerente de Asesoría Legal
Presunta responsabilidad penal
7.- Kelly Cristina Borja Pérez Procuradora Pública Regional ad hoc
Contraloría y Congreso descubren lo que los ojos ciegos de los consejeros no quisieron ver: Caos en el Gore Lima con ejecución presupuestal pobre.
1. La Obstaculización y el Impacto del Control Articulado
Una fiscalización conjunta entre el despacho congresal de Milagros Rivas y la Contraloría General de la República expuso el desorden administrativo en el Gobierno Regional de Lima Provincias (GORE Lima).
La diligencia se inició tras múltiples quejas ciudadanas y requirió el apoyo de la escolta policial, ya que se intentó impedir el ingreso al equipo de control. Esta acción inmediata demostró la urgencia y el nivel de resistencia ante la supervisión de los recursos públicos.
2. Abandono, Ruina y Evidencia de Corrupción
El panorama revelado fue vergonzoso y evidenció el presunto abandono de funciones y el uso ineficiente de fondos. Se encontraron maquinarias abandonadas y puestos de salud en condiciones deplorables, cerrados y «cayéndose a pedazos».
El equipo técnico de la Contraloría documentó múltiples situaciones que sugieren la existencia de presuntos casos de corrupción dentro de la gestión de la gobernadora Rosa Vásquez.
3. Ejecución Presupuestal Pobre y Reversión Millonaria
Uno de los hallazgos más críticos fue la baja ejecución presupuestal, muy por debajo de lo programado para la región. Este indicador de incapacidad de gestión se resumió en la frase que marcó la visita: “Solo se revirtió 3 millones», cuando la realidad es que han sido cerca de 500 millones.
La reversión de esta significativa suma de dinero al tesoro público representa una oportunidad perdida para invertir en sectores vitales como educación y salud, donde las necesidades son urgentes.
4. Condiciones Laborales Inhumanas y Persecución a Denunciantes
La fiscalización también descubrió graves problemas internos que afectan al personal de la entidad. Se identificaron condiciones laborales inhumanas e insalubres, además de la apertura de procesos administrativos y la persecución a trabajadores que se atrevieron a denunciar los presuntos actos de corrupción.
Esto evidencia un ambiente de hostigamiento para quienes buscan la transparencia en la gestión regional.
5. El Silencio de los Consejeros Regionales
Las contundentes revelaciones de la Contraloría y el Congreso desnudan una realidad que los consejeros regionales oficialistas decidieron ignorar. Mientras la población pedía a gritos la fiscalización, los hallazgos demuestran que el control político interno fue deficiente o inexistente.
La Contraloría continuará levantando información para iniciar los procesos correspondientes, asegurando que el dinero del pueblo sea usado para servir al pueblo y no para el enriquecimiento ilícito o el abandono.
ENFOQUE REAL 