Las niñas, todas víctimas de violación y vestidas de forma uniforme, forman una fila delante de un escenario junto a la congresista y pastora Milagros Jáuregui (Renovación Popular), quien sonríe mientras la fotografían.
Sostienen en brazos a sus hijos nacidos de embarazos impuestos tras la negativa al aborto terapéutico, un acto que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) equipara a la tortura.
Algunas de las menores, según muestran las imágenes difundidas el año pasado en la página de Facebook del refugio ‘La Casa del Padre’ —administrado por Jáuregui—, cubren sus rostros mientras las exponen ante el público para respaldar un discurso antiderechos.
Los registros fotográficos muestran además que, en agosto de 2025, el Centro de Acogida Residencial (CAR) recibió la visita de la entonces ministra de la Mujer, Ana Peña Cardoza.
En un video, Jáuregui afirma incluso que en ese lugar las sobrevivientes pasan su dolor “con un grupo de personas que ama, aconseja y consuela” para “tener la oportunidad de volver a cantar, reír, jugar y soñar”.
Jáuregui ha defendido públicamente la obligación de que estas niñas continúen con los embarazos, postura que ha provocado rechazo y denuncias de colectivos feministas y organismos de derechos humanos
“Ellas tienen que ser agradecidas por ese niño que va a nacer porque, lejos de ser el recuerdo del dolor, va a ser un sello de esperanza”, añade la parlamentaria, quien provocó una ola de repudio por admitir que obligó a menores víctimas de violación a convertirse en madres con respaldo estatal.
Jáuregui participó la semana pasada en el pódcast Za Gente, transmitido por ILAD Media, y relató que hace una década fundó esta “casa de refugio” a la que llegan niñas de entre 10 y 13 años que sufrieron abuso.
“El Ministerio de la Mujer (MIMP) y el Juzgado de Familia nos las envían y nosotros tenemos todo el proceso de sanidad emocional, física, de estas niñas. Ninguna de las niñas que han dado a luz se arrepienten (…) porque la víctima de todo este cuadro de dolor es el bebé. El bebé es el único que tiene pena de muerte y el resto no”, señaló.
Luego de la avalancha de rechazo, la legisladora publicó un comunicado donde reafirmó su postura de obligar a las niñas sobrevivientes a parir e, incluso, presumió que “varias” ministras acudieron al CAR para “constatar la calidad, idoneidad, pertinencia y excelencia de los servicios integrales que allí se brindan”.
Según el diario La República, la Casa del Padre está dirigida por un grupo evangélico liderado por Jáuregui y su esposo, quien también es pastor. Varios colectivos feministas han calificado esto como algo “peligroso” y han solicitado la intervención del Ministerio Público, sin que hasta ahora hayan recibido respuesta.
La institución Flora Tristán condenó este domingo “la indolencia” de la parlamentaria “ante la abominable violación de derechos de las niñas” al exponerlas de esa manera.
“Rechazamos la utilización del dolor de estas víctimas como parte de su campaña mediática, a fin de desconocer delitos como el de violación sexual a menores de edad, pretendiendo ubicarlo como designio de la vida. Demandamos la investigación y sanción a esta conducta cómplice de los victimarios de menores”, expresó la organización en un comunicado publicado en X, antes Twitter.
La Red de Sobrevivientes Perú advirtió, por su parte, que las publicaciones evidencian “conductas de violencia física, psicológica, económica, espiritual y sexual a menores en un entorno de fe”, por lo que solicitará al MIMP una respuesta inmediata.
Sin respaldo
La oficina de prensa de este portafolio encabezado por Sandra Gutiérrez no hizo comentarios ante la consulta de Infobae Perú, aunque posteriormente anunció que había dispuesto la intervención del refugio. Renovación Popular, por su parte, objetó a la legisladora y actual candidata al Senado, y subrayó que sus actos no tenían “autorización” del partido que lidera el excalcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
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