La Fiscalía de la Nación solicitó una pena de tres años, cinco meses y 27 días de prisión efectiva contra el expresidente de la República, Francisco Sagasti, por el presunto delito de abuso de autoridad. La acusación se centra en la decisión adoptada en noviembre de 2020 de pasar al retiro a un grupo de generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) para viabilizar el nombramiento de César Cervantes como comandante general de la institución.

El requerimiento fue presentado por el despacho de la fiscal suprema Zoraida Ávalos (Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos). Además del exmandatario, la Fiscalía ha solicitado dos años y seis meses para los exministros del Interior, Rubén Vargas y José Elice, quienes formaron parte del gobierno de transición.

Defensa de Sagasti señala que pedido de la Fiscalía “no tiene sustento”

La República se comunicó con el abogado, Carlos Rivera, quien señaló que la acusación contra Sagasti no tiene sustento y es arbitraria.

“El argumento que que desarrolla la fiscalía es que supuestamente Sagasti y el ministro Vargas, primero, y luego con el ministro Élice desarrollaron un acto abusivo contra el ex comandante general de la policía, Velasco, y contra otros dieciocho generales de la PNP al haberlos pasado al retiro. Dice, según la causa justificada, y que ese hecho constituiría un delito de abuso de autoridad… Pero no fue consecuencia de un acto arbitrario sino como consecuencia de tener a la mano una norma legal que es el decreto legislativo 1267, ley de la Policía Nacional del Perú (PNP)”, indicó.

Según la defensa, la normativa de la Ley (artículo 8) permitía que, al designar a un nuevo comandante general de armas, aquellos oficiales con mayor antigüedad en el escalafón pasaran automáticamente a la situación de retiro.

“El primer procedimiento es el regular donde el presidente de la República elige entre los tres primeros oficiales generales de la PNP, pero hay un segundo procedimiento que se denomina excepcional donde no solo se escoge un comandante general dentro de los tres primeros generales de la PNP sino que se puede escoger entre otros generales de la PNP. La propia ley establece que cuando se escoge entre los otros generales se establece un procedimiento muy concreto que se ejecutó por parte de Sagasti y Rubén Vargas que ascendió a teniente general que fue elegido como nuevo comandante general de la PNP y luego se dio de baja a todos los otros que estaban por debajo o por encima del escalafón del nuevo comandante general”, agregó.

Carlos Rivera sostuvo que el pase al retiro de los oficiales no constituyó un acto delictivo, ya que la Ley de la PNP habilitaba dicha facultad. Rivera subrayó que la Fiscalía ha omitido el «contexto excepcional» de aquel momento, marcado por la renuncia de Manuel Merino y las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las protestas sociales.

Asimismo, señaló que la Fiscalía ha firmado el pedido sin que haya presentado argumentos o elementos de prueba de lo que sostiene, por el contrario “ha decidido poner frases cliché que pareciera que son frases que son medias rimbombantes y muy atarantadoras”.

Defensa de Sagasti asistirá a audiencia de acusación

El juez supremo Juan Carlos Checkley ha programado para este jueves 26 de marzo la audiencia de control de acusación. En esta instancia judicial se determinará si el caso cuenta con los fundamentos necesarios para pasar a juicio oral o si se dictará el sobreseimiento (archivo), tal como lo ha solicitado formalmente la defensa del expresidente.

El abogado Rivera señaló que comenzará un procedimiento de control de acusación y que es probable que el exmandatario Sagasti no asista al seguimiento del caso debido a que se encuentra en Europa.

“Es un procedimiento en el cual no es obligatorio la presencia del acusado porque el acusado más allá de que diga su nombre, su número de DNI y número de celular en realidad no tiene ninguna participación”, mencionó.