Expolicía revela que sembraron agentes terna con avellanas para deslegitimar protestas contra Dina Boluarte en Juliaca

Jhon Torres Yataco, es ahora un suboficial de la Policía Nacional que, tras el asesinado de 18 personas el 09 de enero de 2023 a manos de efectivos policiales y militares, renunció a la institución policial.

En diálogo con La República reveló que los supuestos enfrentamientos con la policía fueron creados por la propia policía. Detalló que el jefe de la Unidad de Servicios Especiales (Use), a quien identificó como el “Mayor Tapia”, días antes le pidió cuotas para comprar avellanas.

Estos aparatos explosivos, utilizados comúnmente en fiestas patronales, fueron utilizados por agentes terna contra los propios miembros del orden. Explicó que de ese modo se instigaba a manifestantes hacer lo mismo pero a la vez se tenía el argumento perfecto para decir que los miembros del orden eran atacados por vándalos con el propósito de deslegitimar las protestas.

“Yo lo he visto. Yo he estado ahí. Yo se todas las órdenes que han dado. (…) Yo doy fe que dentro de la Use estaba vestido de civil. Los oficiales lo planearon. En la formación [dentro del aeropuerto] nos dijeron que los que estaban protestando eran terroristas de sendero”, aseguró a La República.

Torres Yataco aseguró los manifestantes nunca ingresaron al interior del aeropuerto y que los enfrentamientos tuvieron lugar en el exterior del primer terminal aéreo pero, desde un sector de medios de comunicación, se vendió tal como mensaje con el propósito que el gobierno tenga el argumento adecuado para justificar la represión que terminó con la muerte 18 civiles en un solo día.

Contó que decidió renunciar porque le pareció injusto todo lo que sucedió. “No podía aceptar que el Estado, mate con impunidad violando los Derechos Humanos de los asesinados. Después que vi las fotos de las personas que habían muerto, lo pensé y decidió renunciar al día siguiente, el 10 de enero de 2023 y veinte días después emití un video con mi versión de los hechos”, aseguró.

John Torres, que ahora espera graduarse como abogado tras culminar sus estudios de derecho, afronta un proceso en la fiscalía policial militar por los delitos de deserción, ofensas e insultos al superior, por pedir la renuncia Boluarte, en su condición de jefa suprema de las Fuerzas Armadas. El proceso sigue en curso. Contra él pidieron cuatro años de cárcel.

Niega pedido de reconsideración e indica que ‘son historias creadas por personas que quieren llamar la atención’

El regidor de la Municipalidad Provincial de Huaral, Julio Obando Guizabalo, desmintió los rumores sobre un supuesto pedido de reconsideración contra el acuerdo de concejo que aprobó el cuadro de comisiones municipales para el año 2026, asegurando que dicha versión carece de sustento.

En declaraciones a Enfoque Real, el concejal señaló que en ningún momento se ha planteado una reconsideración y atribuyó estas versiones a intereses políticos personales. “Nunca hemos pensado en un pedido de reconsideración. Hay personas que quieren ser candidatos y comienzan a inventar historias para llamar la atención”, afirmó.

Obando sostuvo que se trata de información falsa difundida con la intención de generar una percepción de divisionismo dentro del concejo municipal. “Es un invento total de estos personajes que buscan protagonismo”, remarcó.

Asimismo, recordó que en el año 2024 sí se presentó un pedido de reconsideración respecto a las comisiones municipales por parte de otros regidores, situación que en su momento no generó mayor cuestionamiento público.

Finalmente, el regidor indicó que respetará la decisión adoptada por la mayoría del concejo y aseguró que continuará trabajando desde la comisión que le ha sido asignada. “Si la mayoría del concejo ha decidido estas comisiones, nosotros lo aceptamos y vamos a trabajar desde el lugar donde estamos”, concluyó.

Jerí sobre agresión de Alcarraz a agente de la SAT: «Hay que entender también los momentos en que se encontraba la congresista»

El presidente de la República, José Jerí, se pronunció respecto al hecho de violencia que protagonizó la congresista no agrupada Kira Alcarraz, quien agredió físicamente e increpó a un trabajador del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), que intervino el vehículo en que se desplazaba.

Como se recuerda, los hechos ocurrieron el pasado 5 de enero, en las inmediaciones del puente Atocongo, San Juan de Miraflores, durante un operativo para identificar unidades con deudas en estado coactivo. La parlamentaria se encontraba a bordo de un vehículo de su propiedad, en calidad de acompañante, el cual tenía «orden de captura» por presentar «deuda por infracción de tránsito», por lo que fue intervenido por el agente.

No obstante, tal como se muestra en videos difundidos el último domingo por Cuarto PoderAlcarraz Agüero agredió con manotazos al trabajador municipal, le arrebató el celular, y entorpeció la intervención, llegando incluso a contactar por teléfono a un supuesto coronel de la Policía para que actúe a su favor.

«Hay que entender también los momentos en que se encontraba la congresista»

Al respecto, en declaraciones a la prensa brindadas ayer, lunes, el jefe de Estado criticó el comportamiento de la congresista, al que calificó de «lamentable», y sostuvo que no supo «controlar adecuadamente la situación». 

«Creo que ha sido un momento lamentable, creo que no ha podido controlar adecuadamente la situación. Este tipo de comportamientos, como autoridades, no deben darse. Nosotros tenemos que aspirar a tener un comportamiento adecuado y correcto», indicó.

No obstante, Jerí Oré indicó que «hay que entender también los momentos en que seguramente se encontraba la congresista». Finalmente, señaló que quedará en el fuero parlamentario las acciones correspondientes.

«Pero vuelvo a decir: las circunstancias. Hay que entender también los momentos en que seguramente se encontraba la congresista, pero ese tipo de comportamientos no deben repetirse y, finalmente, ya queda en el Congreso las acciones correspondientes», enfatizó.

Vale destacar que, ayer, la Comisión de Ética del Congreso aprobó de manera unánime iniciar una indagación de oficio contra la parlamentaria Alcarraz, por los hechos de violencia que protagonizó.

Elvis Vergara, presidente de dicha comisión, manifestó ante los medios de comunicación que se cumplirán los plazos establecidos antes de emitir un informe sobre la situación de la parlamentaria.

«Nosotros tenemos que respetar los plazos que corresponde a la Comisión de Ética, de acuerdo al reglamento que tenemos, y esos plazos son cinco días hábiles, después de haberse notificado a la congresista [Alcarraz], para que ella presente sus descargos. Una vez recogidos los descargos, tenemos, además, para la audiencia que tiene que someterse a ese proceso, cinco días más y otros cinco días para votar el informe», precisó.

Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastre de Aucallama atiende emergencia por aniego en el sector el Rincón

La Municipalidad Distrital de Aucallama intervino de manera inmediata tras un aniego registrado esta madrugada en el Sector Rincón. La emergencia, causada por labores de mantenimiento en un canal de regadío, movilizó al personal de Serenazgo y a la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres para proteger las viviendas de los vecinos.

Por disposición del alcalde, se enviaron bombas succionadoras para retirar el agua estancada y un camión cisterna para garantizar el abastecimiento de agua potable en la zona afectada. Asimismo, el equipo de fiscalización inició las gestiones ante la Comisión de Subcuenca Hídrica para determinar responsabilidades y evitar nuevos incidentes.

La gestión municipal se mantiene en alerta para brindar apoyo logístico y técnico hasta que la situación se normalice por completo. Con esta acción, la municipalidad reafirma su compromiso de actuar con rapidez ante cualquier desastre natural o fortuito que ponga en riesgo la tranquilidad de las familias de Aucallama.

Dra. Pilar Aguirre Morales es retirada de la jefatura del Centro de Salud de Huaura tras defender a pacientes y personal médico

La salud pública en el distrito de Huaura atraviesa uno de sus momentos más críticos y vergonzosos. Lo ocurrido en el Centro de Salud de Huaura no solo indigna, sino que enciende todas las alertas sobre el uso político del poder en perjuicio de miles de ciudadanos.

Tras un reclamo legítimo y público de los profesionales de la salud —quienes denunciaron que atienden a pacientes en plena calle, sin reubicación, sin apoyo y sin condiciones mínimas de dignidad— la respuesta del Gobierno Regional no fue la solución, sino el castigo.

En una decisión que muchos califican como represalia, se dispuso la remoción de la Dra. Pilar Mónica Aguirre Morales, médica reconocida por su firmeza, profesionalismo y defensa de la salud pública, del cargo de jefa del Centro de Salud de Huaura.

Su “falta” habría sido alzar la voz y exigir condiciones humanas para atender a la población.

Lo más alarmante es que, en su lugar, se habría designado a Alex Edgar Lugo Loza, bachiller en Derecho, una persona sin formación médica, para asumir una jefatura que requiere conocimiento técnico en salud pública.

Una decisión que, de confirmarse, resulta incomprensible y peligrosa, y que pone en evidencia una preocupante improvisación en la gestión sanitaria.

Mientras tanto, el alcalde distrital de Huaura guarda un silencio cómplice e incapaz, sin pronunciarse ni defender a su población ni a los profesionales que hoy trabajan en condiciones indignas. La ausencia de liderazgo municipal agrava aún más la crisis.

Pero el escenario se vuelve todavía más grave: se pretende fusionar el Centro de Salud de Huaura con el de Socorro, una medida que atenta directamente contra el derecho a la salud de miles de huaurinos, incrementando la sobrecarga, reduciendo la atención y alejando los servicios básicos de quienes más los necesitan.

Aquí no estamos ante un simple cambio administrativo.

Estamos frente a una decisión política que castiga la dignidad, silencia la protesta justa y pone en riesgo la vida de la población.

La pregunta es inevitable:

👉 ¿Quién responde si mañana una atención deficiente cuesta una vida?

👉 ¿Quién asume la responsabilidad de convertir la salud en un botín político?

Huaura merece respeto.

La salud no se negocia.

Y quienes defienden al pueblo no deben ser castigados, sino respaldados.

Fuente: Juan Michuy

Esta semana se decide la suerte de «los intocables» y la mafia de brevetes

​El Fiscal de Crimen Organizado de Huaura acorrala a la defensa: revela que el cabecilla «limpió» su celular y fugó de su casa tras ser alertado. La Juez Sandy Basilio Isidro emitirá su fallo antes de acabar la semana.

La tensión es máxima en los pasillos judiciales de Huaura. Las audiencias de prisión preventiva contra la presunta organización criminal «Los Intocables» han entrado en su etapa definitiva. El Ministerio Público y la defensa técnica han jugado sus últimas cartas frente a la magistrada Sandy Basilio, quien tendrá la última palabra en los próximos días.

Durante la réplica, el abogado José Burgos Alfaro intentó desvincular a su patrocinado, Jorge Chávez (a) «Comanche», «Chávez» o «Payasito», argumentando falta de pruebas: «En su teléfono no se encontró ninguna comunicación ilícita ni nexos con funcionarios regionales al momento de su detención», alegó, cuestionando además a los testigos protegidos.

🛑 La contundente respuesta del Fiscal

El fiscal de Crimen Organizado, Luis Salas Ostos, fue lapidario. Aclaró que la investigación sobre los funcionarios de la Dirección Regional de Transportes del GRL continúa, pero destapó un hecho alarmante: «Comanche» tenía poder económico y nexos políticos.

Según el fiscal, Chávez fue alertado de las escuchas hace algunos años por un coronel Remi y dejó entrever que también fue alertado del operativo del 12 de diciembre. Esto explicaría por qué, el día del allanamiento, ni él ni su familia estaban en casa (incluso dejaron las llaves a una vecina) y por qué su celular estaba «limpio»:

👉«Qué coincidencia que ninguno de su familia involucrada estaba en casa ese día… Al momento de su intervención, Chávez no tenía registro de mensajes, llamadas, ni archivos de Yape o Plin; sin embargo, estos pagos SÍ fueron encontrados en los celulares de los otros coacusados», sentenció Salas Ostos.

La Fiscalía sostiene que la mafia cobraba altas sumas para emitir licencias de conducir en un solo día. Pese al intento de fuga y la «limpieza» de evidencias, la inteligencia policial logró capturar al cabecilla caminando por Lima.

⏳ El Dato:

Se espera que antes del fin de semana, la juez Sandy Basilio Isidro dicte la resolución final sobre la prisión preventiva.