La salud pública en el distrito de Huaura atraviesa uno de sus momentos más críticos y vergonzosos. Lo ocurrido en el Centro de Salud de Huaura no solo indigna, sino que enciende todas las alertas sobre el uso político del poder en perjuicio de miles de ciudadanos.
Tras un reclamo legítimo y público de los profesionales de la salud —quienes denunciaron que atienden a pacientes en plena calle, sin reubicación, sin apoyo y sin condiciones mínimas de dignidad— la respuesta del Gobierno Regional no fue la solución, sino el castigo.
En una decisión que muchos califican como represalia, se dispuso la remoción de la Dra. Pilar Mónica Aguirre Morales, médica reconocida por su firmeza, profesionalismo y defensa de la salud pública, del cargo de jefa del Centro de Salud de Huaura.
Su “falta” habría sido alzar la voz y exigir condiciones humanas para atender a la población.
Lo más alarmante es que, en su lugar, se habría designado a Alex Edgar Lugo Loza, bachiller en Derecho, una persona sin formación médica, para asumir una jefatura que requiere conocimiento técnico en salud pública.
Una decisión que, de confirmarse, resulta incomprensible y peligrosa, y que pone en evidencia una preocupante improvisación en la gestión sanitaria.
Mientras tanto, el alcalde distrital de Huaura guarda un silencio cómplice e incapaz, sin pronunciarse ni defender a su población ni a los profesionales que hoy trabajan en condiciones indignas. La ausencia de liderazgo municipal agrava aún más la crisis.
Pero el escenario se vuelve todavía más grave: se pretende fusionar el Centro de Salud de Huaura con el de Socorro, una medida que atenta directamente contra el derecho a la salud de miles de huaurinos, incrementando la sobrecarga, reduciendo la atención y alejando los servicios básicos de quienes más los necesitan.
Aquí no estamos ante un simple cambio administrativo.
Estamos frente a una decisión política que castiga la dignidad, silencia la protesta justa y pone en riesgo la vida de la población.
La pregunta es inevitable:
¿Quién responde si mañana una atención deficiente cuesta una vida?
¿Quién asume la responsabilidad de convertir la salud en un botín político?
Huaura merece respeto.
La salud no se negocia.
Y quienes defienden al pueblo no deben ser castigados, sino respaldados.
El Fiscal de Crimen Organizado de Huaura acorrala a la defensa: revela que el cabecilla «limpió» su celular y fugó de su casa tras ser alertado. La Juez Sandy Basilio Isidro emitirá su fallo antes de acabar la semana.
La tensión es máxima en los pasillos judiciales de Huaura. Las audiencias de prisión preventiva contra la presunta organización criminal «Los Intocables» han entrado en su etapa definitiva. El Ministerio Público y la defensa técnica han jugado sus últimas cartas frente a la magistrada Sandy Basilio, quien tendrá la última palabra en los próximos días.
Durante la réplica, el abogado José Burgos Alfaro intentó desvincular a su patrocinado, Jorge Chávez (a) «Comanche», «Chávez» o «Payasito», argumentando falta de pruebas: «En su teléfono no se encontró ninguna comunicación ilícita ni nexos con funcionarios regionales al momento de su detención», alegó, cuestionando además a los testigos protegidos.
La contundente respuesta del Fiscal
El fiscal de Crimen Organizado, Luis Salas Ostos, fue lapidario. Aclaró que la investigación sobre los funcionarios de la Dirección Regional de Transportes del GRL continúa, pero destapó un hecho alarmante: «Comanche» tenía poder económico y nexos políticos.
Según el fiscal, Chávez fue alertado de las escuchas hace algunos años por un coronel Remi y dejó entrever que también fue alertado del operativo del 12 de diciembre. Esto explicaría por qué, el día del allanamiento, ni él ni su familia estaban en casa (incluso dejaron las llaves a una vecina) y por qué su celular estaba «limpio»:
«Qué coincidencia que ninguno de su familia involucrada estaba en casa ese día… Al momento de su intervención, Chávez no tenía registro de mensajes, llamadas, ni archivos de Yape o Plin; sin embargo, estos pagos SÍ fueron encontrados en los celulares de los otros coacusados», sentenció Salas Ostos.
La Fiscalía sostiene que la mafia cobraba altas sumas para emitir licencias de conducir en un solo día. Pese al intento de fuga y la «limpieza» de evidencias, la inteligencia policial logró capturar al cabecilla caminando por Lima.
El Dato:
Se espera que antes del fin de semana, la juez Sandy Basilio Isidro dicte la resolución final sobre la prisión preventiva.
El fiscal José Domingo Pérez quedó fuera del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, tras la desactivación del Equipo Especial Lava Jato dispuesta por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez.
La decisión fue oficializada el 6 de enero y comunicada durante la audiencia realizada el jueves 8, lo que impidió la continuidad de Pérez en este y otros procesos vinculados a dicho equipo especial.
Durante la audiencia, la fiscal adjunta provincial Isabel del Águila informó que Alexander Daniel Taboada Guardián fue designado como fiscal encargado del caso Villarán de manera temporal. A diferencia de Pérez, Taboada sí fue reubicado en la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, lo que le permitió asumir el proceso bajo el nuevo esquema de organización del Ministerio Público.
Ante el cambio de fiscal, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional aceptó dosificar la sesión del 8 de enero y limitó la audiencia a la culminación de una sola declaración, reprogramando los interrogatorios para la próxima fecha.
La siguiente sesión del juicio fue fijada para el martes 13 de enero a las 8:30 a. m., mientras que la situación administrativa de José Domingo Pérez continúa sin definirse, al no haber sido reasignado a ningún despacho fiscal.
La Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú convocó a un paro nacional de 72 horas a partir del próximo lunes 19 de enero, en rechazo al noctámbulo decreto de urgencia N.° 010-2025, publicado por el transitorio régimen de José Jerí, el cual conduce la privatización de la empresa petrolera.
Las movilizaciones arrancarán con una jornada de protesta desde este miércoles 14 de enero, la cual incluye plantones y concentraciones en la Plaza San Martín, el edificio corporativo de Petroperú (San Isidro) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). También se han programado vigilias descentralizadas en el norte, centro y sur del país. El paro nacional comenzará a las 00:00 horas del 19 de enero y comprenderá a todos los trabajadores de la empresa.
Un día después, el 20 de enero, los sindicatos llevarán a cabo una marcha con concentración en la Plaza Dos de Mayo, en coordinación con la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Las protestas culminarán el 21 de enero con nuevos plantones frente al MEF.
«Gobierno está llevando a Petroperú al colapso»
El Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) denunció que el Gobierno de José Jerí y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comandado por Denisse Miralles están conduciendo deliberadamente a la empresa estatal hacia una situación de colapso financiero.
Según los trabajadores, el Poder Ejecutivo ha optado por negar respaldo explícito, retrasar decisiones importantes y mantener a Petroperú en un prolongado estado de incertidumbre que destruye su credibilidad ante los mercados. «Esta incertidumbre no es casual ni inevitable; ha sido fabricada desde el propio Estado mediante una política sistemática de abandono y asfixia financiera», señalaron.
El gremio responsabilizó directamente al MEF, bajo la conducción de la ministra Denisse Miralles, por no haber diseñado un plan serio de estabilización y por transmitir al mercado la señal de que Petroperú es una empresa prescindible.
Fitch retira todas las calificaciones crediticias a Petroperú
En las últimas horas, en atención al decreto de urgencia que encamina la privatización de la petrolera, la calificadora de riesgo Fitch Ratings retiró todas las calificaciones crediticias de Petroperú y dio por terminada su cobertura analítica, al señalar que no cuenta con información suficiente y confiable para adoptar una decisión de calificación.
La agencia precisó que la medida se tomó sin emitir una acción de calificación, en un momento en el que la posición de liquidez de la empresa es débil y las conversaciones con el Gobierno aún se encuentran en curso.
Esta situación podría ser replicada en cadena en los próximos días por demás calificadoras como Standard & Poor’s (S&P) y Moody’s, lo que profundizaría el aislamiento financiero de la petrolera estatal.
Para el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP), la decisión de Fitch no es un hecho aislado, sino una alerta sobre la falta de conducción y gobernanza. «Lo más grave es que este escenario era evitable con una conducción seria: cronogramas claros, transparencia oportuna, vocería técnica, y un plan de estabilización coherente, comunicable y verificable», indicaron.
Además, criticaron las irresponsables declaraciones, casi a diario, de la ministra de Economía Dennise Miralles y el premier Ernesto Álvarez, que trajeron abajo la cotización de los bonos de 82% a 72% y que han agravado no solo la incertidumbre, sino que, en solo dos meses de gobierno, han originado una crisis sin precedentes en la historia de Petroperú.
«Cinco presidentes de directorio, cuatro gerentes generales y una contra campaña que, pareciera, orquestada con toda la mala intención de quebrar la petrolera estatal», señalaron.
Privatización de Petroperú se financiará con recursos públicos
Este domingo, el Gobierno autorizó que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) transfiera S/86,4 millones a ProInversión para financiar estudios y asesorías vinculados al proceso de privatización de Petroperú.
La medida fue oficializada en el diario oficial El Peruano y corresponde al primer desembolso de los S/144 millones autorizados para que ProInversión asuma la debida diligencia, valorización de activos y estructuración legal y financiera de los bloques patrimoniales de la empresa estatal. Aún resta transferir S/57,6 millones.
Según el expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez, el decreto no busca rescatar a la empresa, sino «desmembrarla y venderla en condiciones desfavorables para el Estado peruano«.
El decreto contempla dividir en uno o más bloques patrimoniales los bienes de Petroperú, que pueden incluir activos estratégicos como la Nueva Refinería de Talara, una de las infraestructuras más modernas de América Latina y una vida útil económica estimada de 70 años, la cual es mirada con apetito por los privados.
Días antes de la resolución ministerial, ProInversión había solicitado «con carácter de urgencia» que Petroperú realice directamente la transferencia del monto, pese a la crítica situación financiera de la empresa, cuyo flujo de caja se destina principalmente al pago de acreencias, bonos y proveedores.
Tras los cuestionamientos, la agencia retrocedió y el requerimiento fue trasladado al Minem. Según la resolución, los recursos provendrán del presupuesto del Pliego 016 (Minem) y serán registrados como gastos corrientes en el rubro de donaciones y transferencias.
A estos montos se suman otros S/240 millones necesarios para financiar la ola de despidos, que podría afectar a cerca de 1.800 trabajadores, equivalente a casi el 70% de la planilla, pese a que el gasto laboral representa menos del 5% de los ingresos de la petrolera, según datos auditados y revisados por este diario en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). En total, el proceso implicaría el uso de hasta S/297 millones en recursos públicos.
Agentes de la Policía Nacional capturaron al presunto cabecilla de la banda de extorsionadores ‘Los Amigos del Sur’, que estaría integrada por remanentes de la peligrosa organización criminal ‘Los Trujillanos’.
El sujeto fue identificado por la PNP como José Carlos Rodríguez Fernández (39), alias ‘Chon’; quien fue intervenido en un operativo realizado en la urbanización Prolongación Benavides, en el distrito limeño de Surco.
En su poder, el sospechoso tenía un arma de fuego, municiones, cartuchos de dinamita, teléfonos celulares y otros documentos, según fuentes policiales consultadas por RPP.
Para la Policía Nacional, ‘Los Amigos del Sur’ está vinculada a actos de extorsión contra diversas empresas de transporte formales e informales.
Cabe mencionar que, días atrás, fueron detenidos tres presuntos integrantes de la organización criminal, en un operativo realizado en Villa María del Triunfo.
“Del mismo nivel de Erick Moreno Hernández”
Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional, destacó la captura de alias ‘Chon’, al que puso a la misma altura que el peligroso cabecilla criminal Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, actualmente recluido en Paraguay.
“Estamos hablando de la captura de uno de los principales cabecillas del Cono Sur, del mismo nivel de Erick Moreno Hernández, quien operaba en el norte”, resaltó el alto mando.
El jefe policial indicó que este sujeto no solo estaría detrás de atentados contra empresas de transporte, sino también de otros cabecillas criminales.
“Sobre él también parte de las otras organizaciones que pugnan por la hegemonía habían decretado su sentencia de muerte y, por eso, estaba yéndose de un distrito a otro”, manifestó.
“Ha caído efectivamente con un arma de fuego, con dinamita, que son los objetos materiales para finalmente concretar un hecho criminal de sangre. Pero lo más importante es la valiosa información que tiene en los tres equipos de celulares que ha caído y una laptop”, sentenció.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional destacó la captura de alias ‘Chon’, líder de una banda criminal “dedicada a la perpetración de actos extorsivos en agravio de empresas de transporte formal e informal”.
En el último giro de la tragicomedia judicial peruana, el Poder Judicial ha demostrado una inquietante capacidad para aplicar dos varas de medir cuando se trata de procesar a altos cargos públicos. Por un lado, Ciro Castillo Rojo, suspendido gobernador regional del Callao y acusado de liderar una red de organización criminal y colusión agravada en el caso Los Socios del GORE Callao, enfrentará una orden de 24 meses de prisión preventiva y búsqueda y captura, tras permanecer prófugo de la justicia desde diciembre de 2025.
Castillo, señalado de direccionar contrataciones irregulares al amparo del cargo que ocupaba y de supuestamente manipular más de 60 adjudicaciones públicas por más de 1.4 millones de soles, finalmente recibe del sistema judicial lo que parece ser un correctivo enérgico, aunque tardío y, hasta ahora, letra muerta, dado que continúa no habido.
Pero basta con voltear la vista un poco más allá de Callao para observar una realidad aún más grotesca: la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, ha sido condenada por el mismo Poder Judicial a 9 años y 5 meses de prisión efectiva por el delito de peculado agravado, por irregularidades en contrataciones públicas vinculadas, entre otros, al caso del Centro Cívico de Matucana.
Aquí viene la parte verdaderamente ridícula: a pesar de tener una sentencia firme en primera instancia que la condena a años de cárcel, Vásquez sigue libre y ejerciendo como gobernadora regional, manejando presupuestos, nombrando funcionarios y tomando decisiones que afectan a miles de ciudadanos. La defensa ha apelado la sentencia, y mientras el proceso sigue su tortuoso camino por las instancias superiores, la funcionaria goza de impunidad muy distinta a la aplicada a Castillo.
Esta dicotomía no es menor. Un gobernador regional reclamado por organización criminal queda prófugo y es buscado con órdenes de captura, un proceso que debería concluir en prisión efectiva si es hallado. Mientras tanto, otra autoridad con una sentencia de casi una década de prisión por corrupción ni siquiera es retirada de su cargo, ni tampoco enfrenta de inmediato la justicia física. No se puede echar la culpa simplemente a la “carga procesal”: este contraste es demasiado burdo y clama por una explicación más profunda.
Lo que ocurre aquí va más allá de la lentitud de los tribunales o la saturación del sistema penal. La situación deja en evidencia un Poder Judicial que prioriza la forma por sobre la sustancia, que acelera medidas cautelares para unos y deja a otros campar en libertad pese a condenas contundentes. Este doble estándar no solo socava la confianza en las instituciones, sino que embota la percepción misma de justicia en el país.
La justicia no puede ser un espectáculo de doble piso donde el ciudadano común ve cómo unos van directo a prisión mientras otros, con sentencia en mano, mantienen el poder, los recursos y la impunidad. Así, no sorprende que la indignación ciudadana crezca y que la frase “justicia para unos, impunidad para otros” deje de ser un cliché y se convierta en una descripción precisa de la realidad judicial peruana.
¿Quién responde si mañana una atención deficiente cuesta una vida?
La contundente respuesta del Fiscal
El Dato:
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