“Mi papá murió esperando una cita”: denuncia revela que hospital de Chiclayo citó a un paciente fallecido y reaviva debate sobre EsSalud

En medio del debate público sobre el deterioro del Seguro Social de Salud, una denuncia difundida en redes mostró con crudeza la distancia entre la demanda ciudadana y la capacidad de respuesta institucional. La publicación partió de una joven que contó el caso de su padre, un paciente que esperó durante meses una cita especializada que nunca llegó a tiempo. Según relató, la familia recibió recientemente un mensaje oficial con la asignación de una atención programada para el 29 de diciembre en el Hospital Almanzor Aguinaga, en Chiclayo. El nombre del paciente, Abner Rivera Rodríguez, volvió a aparecer en los registros como si siguiera en lista.

La joven precisó que su padre murió hace casi cuatro meses en la misma área de emergencia de ese establecimiento, atendido por última vez por el servicio de Neumología. En su mensaje escribió: “El paciente, Rivera Rodríguez Abner, mi papá… falleció hace casi cuatro meses”. Y añadió que la notificación llegó “justamente del mismo [servicio] que hoy le envía una cita como si aún esperara ser atendido”.

También detalló que su padre vivió con fibrosis pulmonar, una enfermedad que exigía controles constantes. Contó que buscó una cita especializada durante meses sin éxito. Describió que él era un jubilado que aportó al Seguro Social durante toda su vida, con la expectativa de recibir una atención adecuada. En su publicación expresó: “Esperó durante meses una cita que nunca llegó a tiempo”.

La joven mostró su malestar al señalar que, mientras un registro mantiene activo a un paciente fallecido, otra persona con necesidad real sigue sin una oportunidad de atención. En su mensaje afirmó: “Hoy sentimos rabia e impotencia, porque mientras el sistema le asigna una cita a alguien que ya no está, hay otra persona viva que está esperando una oportunidad como la que mi papá necesitaba en vida”. También sostuvo que la situación revela fallas internas: “Todo por la mala gestión y descoordinación del hospital, que ni siquiera tiene un control actualizado de sus pacientes”. Finalmente, describió el caso como una muestra del abandono del sistema público de salud y escribió: “Ojalá que la historia de mi papá no se repita, y que este mensaje sirva para recordar que cada cita médica tardía puede significar una vida menos”.

El testimonio se volvió una referencia dentro del debate sobre los plazos excesivos, que afecta a miles de usuarios. La publicación se convirtió en un ejemplo más de la insatisfacción con un sistema que, según organizaciones civiles y empresariales, mantiene demoras prolongadas para atender necesidades médicas básicas y de especialidad.

El paciente, con fibrosis pulmonar,El paciente, con fibrosis pulmonar, esperó durante meses una cita especializada en el Hospital Almanzor Aguinaga (Chiclayo) que nunca llegó. (Estefanía Rivera)

Alertas sobre el desempeño del Seguro Social

En una conferencia reciente, el presidente de la Confiep, Jorge Zapata Ríos, advirtió que el Seguro Social enfrenta un problema estructural que impide una atención oportuna. Indicó que el retraso en la entrega de citas ya se convirtió en una constante. Informó lo siguiente: “Hay atenciones que demoran 105 días, y actualmente 42 mil pacientes están en espera de atención”. Su observación apuntó, entre otros casos, al tiempo requerido para obtener una cita en endocrinología y a la lista de espera para operaciones.

Zapata Ríos solicitó al presidente José Jerí que priorice el sector. Dijo: “Así como visita cárceles y comisarías, le pedimos que haga lo mismo con los hospitales de EsSalud. No podemos seguir esperando. EsSalud tiene que mejorar y tiene que hacerlo ahora”. Su pedido buscó que el Ejecutivo tome medidas concretas ante un sistema que, según indicó, perdió capacidad de respuesta.

Otra voz crítica provino de Indyra Oropeza, presidenta del colectivo ‘Con L de Leucemia’. Ella remarcó que la institución atravesó múltiples cambios en su presidencia ejecutiva durante el Gobierno de Dina Boluarte, lo que impidió una continuidad mínima en la conducción. Sostuvo: “Ninguna entidad sobrevive a esa rotación. Ninguna gestión puede consolidarse con ese nivel de inestabilidad”.

Oropeza indicó que la falta de respuesta empuja a numerosos trabajadores a buscar alternativas fuera del marco formal. Explicó que muchos usuarios solicitan salir de planilla para acceder al Seguro Integral de Salud, ya que el Seguro Social no cubre diagnósticos de alto costo, como cáncer. Afirmó: “Si un paciente debe elegir entre trabajar de manera formal y salvar su vida, es porque el sistema fracasó”.

Tanto la Confiep como diversos colectivos mostraron preocupación por el impacto de las demoras en programas esenciales, entre ellos PADOMI, dirigido a adultos mayores, y Farmacia Vecina, que permite el acceso a medicinas. La continuidad de estos servicios quedó en duda por la falta de gestión y coordinación interna.

Ejecutivo destina más de S/200 mil para defensa legal de Ollanta Humala en proceso por el caso Gasoducto Sur

El Ejecutivo destinó más de S/200 mil para la defensa legal del expresidente Ollanta Humala, en el proceso que se le sigue por el caso Gasoducto Sur Peruano.

Según documentos a los que accedió RPP, el Despacho Presidencial convocó, el último viernes, a un proceso de contratación directa por la suma de S/291 600 para «contratar el servicio de defensa y asesoría legal» a favor del exmandatario, para el proceso penal que se le sigue por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada. 

El servicio requerido por el Estado tiene como alcance «la defensa técnica del patrocinado, que comprende su defensa por la etapa intermedia en el proceso seguido ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada».

Esto incluye gestión de antecedentes y análisis del caso, patrocinio y asesoramiento integral, actuaciones procesales, ejecución de mecanismos de defensa y asesoramiento y acompañamiento en diligencias y audiencias. 

Cabe destacar que este proceso de contratación directa inició un día después de que el Gobierno emitiera un decreto de urgencia para «establecer medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera que coadyuven a la austeridad y a la eficiencia del gasto público» para el presente año.

Esto debido a que «el déficit fiscal anualizado se encuentra por encima de la meta fiscal para este año, en una situación donde los ingresos fiscales son menores a los estimados y el gasto público continúa incrementándose».

Por ende, el Gobierno destacó que las medidas establecidas en su decreto de urgencia permitirían «el cumplimiento de las reglas fiscales previstas […], a través de medidas que generen una mayor eficiencia y modulen el gasto público».

Defensa legal fue solicitada por Ollanta Humala

RPP pudo conocer que Ollanta Humala, el 11 de agosto pasado, solicitó al Ejecutivo que se le brinde «asesoría y defensa legal» en el proceso que afronta ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada. Para ese entonces, el exjefe de Estado ya había sido sentenciado a 15 años de cárcel, al hallársele responsable del delito de lavado de activos agravado, por el caso de los aportes de dinero ilícitos que recibió su partido político para las campañas presidenciales del 2006 y 2011. 

Su pedido de defensa legal tuvo el visto bueno de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial, que consideró que los hechos imputados ocurrieron cuando Humala Tasso se desempeñaba como presidente de la República, «al favorecer de manera ilícita al Consorcio Odebrecht en la adjudicación del proyecto Gasoducto Sur Peruano». 

«Se le imputa haber intervenido en decisiones que beneficiaron a dicha empresa, mediante la suscripción de resoluciones supremas conjuntas con otros funcionarios, lo que habría ocasionado un perjuicio económico al Estado», indicó la referida oficina. Por lo tanto, determinó «la procedencia del beneficio de defensa y asesoría legal para solventar los costos del patrocinio por la etapa intermedia».

Así las cosas, el último 19 de agosto, 8 días después de que Ollanta Humala ingresara su solicitud, Ysmael Mayuri Quispe, subsecretario general del Despacho Presidencial, emitió la Resolución N° 000075-2025-DP/SSG, a través de la cual se declaró procedente «la solicitud de beneficio de derecho de defensa y asesoría legal» presentada por el exmandatario, y se dispuso que la «Oficina General de Administración realice las acciones pertinentes para la contratación y ejecución de los gastos respectivos, en virtud al beneficio concedido».

Finalmente, dicha resolución sirvió como base para que el Despacho Presidencial iniciara el proceso de contratación directa de la defensa legal del expresidente. 

Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso: «Voy a evaluar con qué partido lo podría hacer»

Harvey Colchado, coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP) y exjefe de la Diviac, anunció su intención de postular al Congreso en las elecciones 2026. El exoficial afirmó que ha decidido ingresar a la política para combatir la corrupción “desde el propio Estado”, luego de años de enfrentarse a organizaciones criminales desde el frente policial.

«Yo quiero y voy a postular al Congreso porque en el Congreso veo que está la corrupción. Ahí está la madre del cordero y por eso es que he decidido postular y lo que voy a hacer ahora es evaluar con qué partido lo podría hacer», declaró vía RPP.

Colchado también criticó duramente al Parlamento, al que acusó de aprobar “leyes pro crimen” y de proteger intereses particulares. Cuestionó la injerencia política en instituciones como el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, y señaló que el Perú necesita “limpiar la política para limpiar la justicia”.

El exjefe de la Divac se hizo conocido por encabezar operativos emblemáticos, entre ellos el allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte en marzo de 2024, en el marco del caso Rolex. Días después, el coronel denunció presiones políticas y terminó siendo pasado al retiro, lo que fue interpretado como una represalia por cumplir con su deber.

Harvey Colchado presentó documento a José Jerí para derogar leyes pro crimen

El coronel en retiro presentó un documento técnico a José Jerí en el que solicita la derogación de varias normas del Congreso de la República que denomina “leyes pro-crimen”, al considerar que estas dificultan las investigaciones de la Policía y del Ministerio Público contra redes de corrupción y crimen organizado.

Según Colchado, dichas leyes —entre ellas la eliminación de la detención preliminar en casos de no flagrancia, la redefinición de “organización criminal”, y el recorte de las competencias de la Fiscalía— debilitan las herramientas institucionales para combatir delitos graves. Además, anunció que publicará las votaciones de todos los parlamentarios que respaldaron esas normas para que la ciudadanía conozca “quiénes legislan contra el país”.

El exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad advierte que mientras permanezcan vigentes esas disposiciones, el Estado “no podrá enfrentar el crimen de forma efectiva”. Con ese argumento, demanda también el relevo de altos mandos policiales que, según él, no han garantizado la operatividad de las instituciones de seguridad.

Arequipa: Serenazgo captura a depravado y evita abu**so sex**ua**l contra joven en descampado

Alrededor de las 8:10 a. m., personal de Serenazgo de Cayma, en Arequipa, logró intervenir y capturar a un sujeto identificado como Carlos Farfán Chura (45), alias “Chuqui”, cuando intentaba abusar sexualmente de una joven de 18 años en un descampado ubicado cerca de la avenida Aviación, límite entre los distritos de Cayma y Cerro Colorado.

Según informó la comuna distrital, el sistema de videovigilancia detectó al individuo junto a la víctima en una zona desolada, observándose movimientos sospechosos que alertaron a los operadores. De inmediato, se dio aviso a las unidades de patrullaje, que acudieron rápidamente al lugar.

Al notar la presencia de los serenos, el presunto agresor intentó huir por una torrentera, pero fue perseguido y reducido en los alrededores de la urbanización Laguna Dorada, en jurisdicción de Cerro Colorado.

El intervenido fue trasladado a la Comisaría de Casimiro Cuadros, donde permanece bajo custodia mientras la agraviada recibe atención médica y psicológica.

La Policía Nacional y el Ministerio Público asumieron las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades correspondientes.

¿Hizo mea culpa? Jerí hace balance de su primer mes en el cargo: «No hemos cumplido el objetivo»

Al cumplir su primer mes al frente de la República, el presidente José Jerí ofreció una entrevista a América Televisión, en la que hizo un balance de su gestión de transición, marcada —según dijo— por un estilo “más directo, presente y cercano a la ciudadanía”. En medio de un contexto político y social complejo, el mandatario destacó su intención de diferenciarse de sus antecesores y fortalecer el vínculo entre el Ejecutivo y la población.

Jerí afirmó que su equipo trabaja “con rapidez en la toma de decisiones” y que la comunicación con los ciudadanos se mantiene de forma constante a través de diversos canales, incluyendo las redes sociales. “Hay un gobierno a cargo del país”, subrayó, enfatizando que su modelo de liderazgo busca transparencia, contacto directo y resultados visibles. “Presencia, escucha y acción” fueron las tres palabras que utilizó para definir su estilo de gestión.

El presidente reconoció que la seguridad ciudadana es una de las mayores preocupaciones de su gobierno. Frente al incremento de homicidios y la sensación de inseguridad, admitió que los indicadores “aún no han mejorado”. Sin embargo, aseguró que el primer objetivo fue evitar que las cifras sigan aumentando, y que la siguiente etapa será lograr una reducción sostenida. “Estamos actuando en la calle, con presencia directa”, afirmó, dejando entrever un enfoque más operativo en las acciones del Estado.

Aunque no presentó cifras ni metas específicas, Jerí adelantó que los ministerios responsables serán los encargados de brindar esos detalles técnicos. Explicó que la prioridad actual es consolidar un plan de intervención inmediata en las zonas más afectadas por la delincuencia, mientras se fortalecen las coordinaciones con gobiernos regionales y locales. “Cada día nos planteamos nuevos objetivos frente a este problema”, aseguró.

«Un gobierno tiene que fijarse objetivos y metas y todo calendarizado porque si no, las buenas intenciones van volándose por ahí», expresó.

Además, cuestionó las críticas de algunas exautoridades: «Nos criticarán personas que su momento tal vez han podido hacer más y no han querido hacer. Y hay un montón de omisiones de parte de autoridades que han podido hacer cambios y nunca han querido hacerlos, pero eso ya lo detallaremos en su momento porque hay información relevante que la población debe saber por transparencia. Me refiero a una serie de funcionarios que no quisieron trabajar».

Asimismo, se refirió a las estadísticas del estado de emergencia hasta el momento. 

«Las cifras que vamos manejando son alentadoras, pero no hemos cumplido con el objetivo todavía, el mínimo objetivo que nos estamos trazando», detalló.

En otro momento, el presidente fue consultado sobre las críticas relacionadas con su salario y respondió tajantemente: “Actualmente no cobro como presidente”. Detalló que mantiene su remuneración como congresista y que cualquier modificación en la escala salarial del Ejecutivo debe ser parte de una política integral. “No se trata de gestos aislados, sino de decisiones que respeten el equilibrio fiscal y el control del gasto público”, enfatizó, buscando poner fin a la controversia sobre el tema.

Asimismo, Jerí anunció el inicio de una gira nacional que se extenderá durante tres meses, con visitas programadas a diversas regiones dos veces por semana. El mandatario adelantó que recorrerá tanto capitales como provincias y distritos, con el objetivo de reforzar la presencia del Estado en el territorio. “La presencia territorial es clave para recoger demandas y mostrar acción concreta desde el Ejecutivo”, afirmó y añadió que la primera parada será Huánuco.

A un mes de haber asumido la presidencia, José Jerí busca proyectar la imagen de un mandatario activo, que escucha y actúa, en medio de un país que exige respuestas rápidas y efectivas. Su promesa de estar “en la calle”, de recorrer el país y de mantener la comunicación abierta con los ciudadanos, marca el tono de una gestión que pretende recuperar la confianza en las instituciones y demostrar que, como él mismo dijo, “hay un gobierno a cargo del país”.

¡ESCÁNDALO EN LA POLICÍA! Difunden video comprometedor de comisario de Chao con hermana de detenido venezolano

Un video difundido en redes sociales ha desatado un nuevo escándalo en la Policía. En las imágenes se observa al comisario del distrito de Chao (provincia de Virú, La Libertad), mayor PNP Randall Jhonattan Quispe Cárdenas, en una situación íntima con una mujer identificada como la hermana de un detenido de nacionalidad venezolana.

El caso involucra a Andrés Gabriel Villarroel Ruiz, quien fue arrestado el pasado 24 de octubre. Según fuentes policiales, el encuentro habría ocurrido poco después de su detención. La mujer, presuntamente, grabó el video y lo difundió en redes sociales, lo que generó indignación y cuestionamientos sobre un posible abuso de autoridad o conducta indebida.

El jefe de la Región Policial de La Libertad, general PNP Guillermo Llerena, confirmó que el comisario fue trasladado a Trujillo mientras se desarrolla una investigación disciplinaria.

“Cada uno es responsable de sus actos. Nadie será protegido; si se confirma responsabilidad, nosotros mismos lo denunciaremos”, señaló Llerena.

La Inspectoría General de la PNP y la Fiscalía han sido notificadas para determinar si hubo algún tipo de presión o intercambio de favores a cambio de beneficios para el detenido.