¡ESCÁNDALO EN LA POLICÍA! Difunden video comprometedor de comisario de Chao con hermana de detenido venezolano

Un video difundido en redes sociales ha desatado un nuevo escándalo en la Policía. En las imágenes se observa al comisario del distrito de Chao (provincia de Virú, La Libertad), mayor PNP Randall Jhonattan Quispe Cárdenas, en una situación íntima con una mujer identificada como la hermana de un detenido de nacionalidad venezolana.

El caso involucra a Andrés Gabriel Villarroel Ruiz, quien fue arrestado el pasado 24 de octubre. Según fuentes policiales, el encuentro habría ocurrido poco después de su detención. La mujer, presuntamente, grabó el video y lo difundió en redes sociales, lo que generó indignación y cuestionamientos sobre un posible abuso de autoridad o conducta indebida.

El jefe de la Región Policial de La Libertad, general PNP Guillermo Llerena, confirmó que el comisario fue trasladado a Trujillo mientras se desarrolla una investigación disciplinaria.

“Cada uno es responsable de sus actos. Nadie será protegido; si se confirma responsabilidad, nosotros mismos lo denunciaremos”, señaló Llerena.

La Inspectoría General de la PNP y la Fiscalía han sido notificadas para determinar si hubo algún tipo de presión o intercambio de favores a cambio de beneficios para el detenido.

Gestión del alcalde Luis Ueno paga el kilo de pollo más caro del norte chico

​1. El Negocio Turbio y los Sobrecostos

​La empresa «Señor Cautivo» obtuvo un contrato de S/. 243,780.00 por pollo entero con la Municipalidad de Barranca (Alcalde Luis Ueno). El escándalo inicia con los precios: vendió pollo al Hospital a S/. 20 el kilo, y a la Municipalidad a S/. 15, cifras que disparan la alarma de sobrecosto y presunta irregularidad en el manejo de fondos públicos.

​2. El Peligro Sanitario: Sin Permiso Oficial

​Lo más grave es la seguridad: esta empresa, proveedora de millones de soles en alimentos a la región, incluyendo a Barranca, no contaría con la autorización sanitaria de DIGESA. Esto implica que los alimentos destinados incluso a comedores populares son adquiridos sin garantía oficial, poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos barranquinos.

​3. Presunta Adulteración en Contrataciones

​La continuidad de este proveedor que no contaría con registro sanitario oficial sugiere una oscura maniobra. Se presume que especialistas en contrataciones estarían adulterando o falsificando los documentos de registro sanitario para burlar la ley. Esta acción apunta a un esquema de corrupción que requeriría la complicidad de funcionarios dentro del aparato estatal.

​4. El Deber de Intervenir de Oficio

​Ante las pruebas, se exige la intervención inmediata de la Contraloría Perú y la Fiscalía Anticorrupción de Huaura. Ambas entidades deben actuar de oficio para investigar a fondo esta red. Se cuestiona la inacción de los regidores de Barranca, cuya pasividad fiscalizadora ante este evidente acto irregular resulta sospechosa.

​5. La Responsabilidad del Alcalde Ueno

​La gestión del alcalde Luis Ueno queda desnuda. La permisividad para que una empresa sin DIGESA se beneficie con contratos millonarios y sobreprecios es una muestra de falta de control y transparencia. La ciudadanía clama por una respuesta contundente y un cese a la impunidad en la Municipalidad de Barranca.

Fuente: Gilber Macedo

Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

La expresidenta Dina Boluarte se presentó en una audiencia ante el Poder Judicial donde confirmó la apertura de una cuenta mancomunada durante el periodo en que militaba en Perú Libre. La comparecencia buscó despejar dudas sobre su papel en la recaudación de fondos vinculados a la campaña electoral de 2021 y otras actividades partidarias.

La exmandataria explicó que su única actuación fue formalizar la creación de la cuenta conjunta con otra persona y que no participó en la captación ni en el registro de aportes. Dijo que no realizó depósitos personales y que la cuenta se habilitó con un fin concreto del partido, insistiendo en que no tuvo rol administrativo en la gestión de donaciones o gastos.

«Mi labor sencillamente fue abrir una cuenta mancomunada conjuntamente con otra persona, solo eso. Yo no buscaba aportantes, no lo registraba. De hecho, señores jueces, yo tampoco aporté a esa cuenta. Se creó simplemente para esa finalidad», declaró.

Boluarte figura como investigada en el caso Los Dinámicos del Centro debido a su vínculo con el partido Perú Libre, organización que, según la Fiscalía, habría utilizado aportes de origen desconocido para financiar su campaña presidencial de 2021. El Ministerio Público sostiene que la exmandataria, en su calidad de integrante del partido y en ese entonces candidata a la vicepresidencia, participó en la apertura de una cuenta mancomunada empleada para recibir fondos sin sustento documentado, lo que encajaría en la presunta red de lavado de activos encabezada por dirigentes cercanos a Vladimir Cerrón.

Poder Judicial rechazó pedido de impedimento de salida del país de 36 meses en contra Boluarte

El pasado 15 de octubre, el Poder Judicial rechazó el pedido de impedimento de salida del país de 36 meses en contra Dina Boluarte, solicitado por la Fiscalía en el marco del caso Los Dinámicos del Centro. El juez Lolo Valdez concluyó que no existen elementos suficientes que acrediten riesgo de fuga ni una participación comprobada de la exmandataria en presuntos actos de lavado de activos relacionados con las finanzas del partido Perú Libre.

Durante la audiencia, Valdez cuestionó la solidez de la imputación y sostuvo que los aportes bajo sospecha eran de montos “irrisorios”, que oscilaban entre S/100 y S/150, sumando alrededor de S/15.000. Según el magistrado, con esas cifras no se puede sostener la existencia de una organización criminal creada para lavar dinero.

El juez también valoró que Boluarte ha asistido a las citaciones judiciales y no ha mostrado intención de evadir el proceso. Pese a la decisión, la investigación fiscal por lavado de activos continúa abierta y el Ministerio Público anunció que presentará una apelación ante una instancia superior.

Alcalde de Ihuari pierde vigencia de importante proyecto de riego para Ñaupay y la agricultura

Los comuneros de Ñaupay expresaron su indignación luego de conocerse que la actual gestión municipal, encabezada por el alcalde Elmer Calderón, permitió la pérdida de vigencia del proyecto de inversión pública “Mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego del canal Marampampa – Sayán Alto y Pilpintay de la comunidad campesina de Ñaupay, distrito de Ihuari, provincia de Huaral, departamento de Lima”, con CUI N° 2542057.

El mencionado proyecto era largamente esperado por los agricultores de Ñaupay, quienes dependen al cien por ciento del cultivo de frutas. Sin embargo, la Municipalidad Distrital de Ihuari no continuó con los trámites administrativos necesarios para su ejecución.

Según el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 12972-2025-CG/PC/PREV-AOP, la Contraloría General de la República identificó un hecho con indicio de irregularidad, debido a que la entidad municipal permitió la pérdida de vigencia de la declaratoria de viabilidad de dos proyectos de inversión, valorizados en un monto total actualizado de S/ 838,851.55.

El informe señala que la municipalidad no registró el expediente técnico ni el documento equivalente en el Banco de Inversiones, lo que limitó la continuidad del ciclo de inversión y desaprovechó los recursos destinados a su formulación, además de postergar el cierre de brechas en la provisión de servicios básicos para la población.

Conclusiones de la Contraloría

De acuerdo con la revisión efectuada al Sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la información de la Dirección General de Programación de Inversiones, la Contraloría confirmó que los proyectos perdieron su vigencia de declaratoria de viabilidad en el año 2025, luego de transcurrir el 100% del plazo sin haberse registrado el expediente técnico.

Esto significa que las inversiones no podrán ejecutarse en el corto plazo, y en caso de que se busque reactivar el proyecto, será necesario actualizar los estudios de preinversión, generando mayores costos y retrasos en su implementación.

Responsabilidad del alcalde

La Contraloría recordó que el plazo de vigencia del proyecto venció el 18 de febrero de 2025, y que el alcalde Elmer Calderón fue notificado mediante el Oficio N° 016294-2025-CG/PREV, de fecha 9 de octubre de 2025, sobre la situación del proyecto. Pese a ello, no se adoptaron las medidas necesarias para salvaguardar la continuidad de la inversión pública.

Los comuneros de Ñaupay lamentaron la falta de gestión y advirtieron que esta negligencia afecta directamente su producción agrícola, al privarlos de un sistema de riego moderno que hubiera mejorado la eficiencia del uso del agua y su calidad de vida.

Guido Bellido enfrenta juicio oral por terr***orismo: agente ‘Sacha’ asegura que congresista era enlace con los Quispe Palomino

El congresista Guido Bellido Ugarte se encuentra a puertas del inicio de su juicio oral por el delito de afiliación al terrorismo, enfrentando la posibilidad de una pena de 20 años de cárcel. La Fiscalía lo acusa de estar relacionado con los terroristas del VRAEM y se le imputa haber pertenecido a la organización terrorista Sendero Luminoso, del autodenominado “Militarizado Partido Comunista del Perú” que opera en el VRAEM.

Bellido ha negado las acusaciones ante ‘Panorama’, calificándolas de un «invento» y un complot político que surgió durante la segunda vuelta electoral. El juicio oral está solo a falta de que se le ponga fecha.

Testimonio del agente ‘Sacha’

El testigo principal en el caso es Bobby Eddy Villarroel Medina, conocido como el agente ‘Sacha’. Villarroel afirma haberse desempeñado como «embajador» o enlace de los Quispe Palomino, líderes terroristas, y asegura que Bellido recibió encargos y paquetes de su parte. Los hechos habrían ocurrido en el 2018, en Cusco.

En enero de 2018, según la Fiscalía, Bellido recibió memorias USB que contenían «documentación de carácter terrorista». Sacha precisó ante Panorama que los paquetes lacrados contenían «chips» (memorias de celulares) con información, números telefónicos y contactos, y también USB. Estos elementos habrían sido utilizados por Bellido para lograr sus objetivos políticos y cumplir la misión encomendada por los Quispe Palomino, que era llevar el terrorismo al poder a través de la política.

Eddy Villarroel, quien fue nombrado agente especial por la Fiscalía, ha detallado que Bellido lo citaba en una oficina en el segundo piso, frente a la Universidad Nacional del Cusco. El testigo está dispuesto a ratificar en el juicio oral lo que tiene en conocimiento y sus conversaciones que se dieron en el campamento terrorista de los Quispe Palomino.

Bellido, visiblemente nervioso ante las cámaras de ‘Panorama’, negó haber tenido esa oficina o haber recibido el USB, desestimando la versión de Sacha. El exjefe de la DIRCOTE, Máx Anhuamán, respalda la credibilidad de Sacha, indicando que está probado que él estuvo con los Quispe Palomino.

Bellido y Bermejo, casos similares

El caso de Bellido ha sido comparado con la sentencia por terrorismo contra Guillermo Bermejo, quien fue condenado a 15 años de cárcel. Bellido ha tratado de distanciarse de este caso, señalando que «lo de Bermejo es otro proceso».

Por otro lado, la Fiscalía de la Nación abrió otra investigación contra Bellido por obstrucción a la justicia. Esto se debe al presunto intento de sobornar al testigo Sacha cuando Bellido ya era congresista, mediante una reunión confirmada en video en un baño turco, con un abogado de Perú Libre actuando como mensajero.

Finalmente, aunque Bellido insiste en que no hay ningún juicio oral y que lo que existe es una apelación, se señaló que en 2024 él votó a favor de la Ley 32130, que permitió precisamente a los acusados como él apelar el “auto de enjuiciamiento” (la resolución que faculta el inicio del juicio oral).

Congreso: Proponen penalizar hasta con 10 años de cárcel a quienes total o parcialmente se cubran el rostro durante protestas

La congresista Elizabeth Medina Hermosillo (Somos Perú) presentó un proyecto de ley con el objetivo de modificar el Código Penal, a fin de sancionar el ocultamiento de rostro y la manipulación de menores de edad y personas con discapacidad durante un contexto de protestas sociales.

En ese sentido, el Proyecto de Ley N.º 13104/2025-CR, presentado el jueves 6 de noviembre, a través de la plataforma institucional del Congreso, propone evitar la impunidad de quienes usen objetos prendas que cubran el rostro para delinquir en manifestaciones. Asimismo, tiene por finalidad resguardar la integridad física y psicológica de los menores de edad y personas con discapacidad.

Proyecto de ley.
Proyecto de ley.

¿A cuánto ascenderían las penas?

De acuerdo con el texto formulado por el ‘partido del corazón’, plantea la modificatoria de los artículos 315° y 452° del Código Penal. En el caso del primero, detalla como agravante que si el agente utiliza objetos y/o prendas para cubrir su rostro o parte del rostro, la pena privativa de la libertad será no menor de ocho ni mayor de diez años y con 365 a 500 de multa.

Para el artículo 452°, la fórmula plantea dos sanciones: la prestación de servicio comunitario de 20 a 40 jornadas o con 60 a 90 días-multa, en los siguientes casos:

  1. El que oculta su rostro en protestas sociales, marchas y/o reunión tumultuaria donde se cometan disturbios.
  2. El que autorice y/o lleve a menores de edad o personas con discapacidad a protestas sociales, marchas y/o reunión tumultuaria donde se cometan disturbios.
Proyecto de ley.
Proyecto de ley.

Fundamentos del proyecto de ley

El documento hace referencia a que en países como ChileEstados UnidosCanadáAlemaniaAustriaDinamarcaEspañaFranciaReino UnidoSueciaSuiza Ucrania, existen «leyes anti máscara» reguladas como prohibiciones o tipos penales, con el fin evitar el ocultamiento de rostros y lograr la identificación de quienes ocasionen daños a la propiedad pública o privada o lesionen la integridad de las personas en protestas sociales.

Del mismo modo, aclara que, si bien es cierto que el derecho a la protesta está reconocido en la Constitución Política del Perú, este no es ilimitado, puesto que, sanciona cuando se realizan actos de violencia contra la autoridad.

Asimismo, puntualiza que actualmente no se contempla en el Código Penal cuando se usan prendas u objetos para ocultar el rostro durante una movilización, por lo que, considera que debería agregarse esos agravantes a fin de que puedan ser sancionados, previa identificación y que los delitos cometidos no queden impunes.

La congresista plantea entonces sancionar a quienes oculten sus rostros en protestas, haciendo hincapié en las manifestaciones registradas desde finales del 2022 hasta octubre último.