El expresidente Ollanta Humala, sentenciado a prisión por el caso Odebrecht, envió un mensaje a través de su cuenta de X (antes Twitter) donde aseguró que su condena es injusta e insistió con que es inocente. Esta líneas se dan luego de que el Poder Judicial declarara infundada la suspensión de su condena.

“Soy el único político en prisión por un presunto aporte de campaña que nunca recibí. No cometí ningún delito y el Poder Judicial insiste en mantenerme secuestrado, con una detención que se inició de manera ilegal. Ambas instituciones han confirmado que no existió delito, entonces, quién reparará el daño causado”, indicó.

Humala, próximo a cumplir un año en prisión, aseguró contar con las pruebas suficientes para demostrar que no ha cometido el delito de lavado de activos por el que se le ha condenado a 15 años de prisión efectiva.

“Estamos listos para la discusión del fondo; pero se me ha negado la posibilidad de defenderme en libertad. Si esa es la situación, insto al Poder Judicial a iniciar la discusión del caso cuanto antes y ponga fin a este acoso judicial. Hace 11 años que venimos exigiendo justicia”, señaló.

Ollanta Humala: Poder Judicial declaró infundada suspensión de condena provisional por 15 años

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial rechazó la solicitud presentada por el expresidente Ollanta Humala para detener la ejecución provisional de la condena de 15 años que se le impuso por lavado de activos agravado.

En su decisión, el tribunal confirmó que el riesgo procesal continúa vigente. La resolución señala que esta evaluación se sustenta en la gravedad del caso y en la alta pena dictada, así como en un arraigo familiar considerado débil, la falta de acreditación de una actividad laboral estable y la presencia de conexiones en el extranjero. Además, se precisa que no han surgido nuevos elementos que permitan reducir dichos riesgos, por lo que el argumento de la defensa sobre la inexistencia de peligro procesal fue descartado.

Asimismo, el Ministerio Público atribuye al exmandatario la presunta utilización de dinero de origen ilícito, proveniente tanto del Tesoro venezolano en 2006 como de actos de corrupción relacionados con las constructoras OAS y Odebrecht en 2011. Según la tesis fiscal, estos fondos habrían sido encubiertos mediante la simulación de aportes falsos destinados a financiar campañas electorales.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial declaró infundado el pedido del expresidente Ollanta Humala Tasso para suspender la ejecución provisional de su condena de 15 años por el delito de lavado de activos agravado.

La resolución judicial ratifica que el riesgo procesal se mantiene vigente. El documento sustenta esta decisión en la gravedad de los hechos y la pena elevada, además de advertir un arraigo familiar debilitado, la ausencia de acreditación laboral y la existencia de vínculos en el extranjero.

El expresidente del Perú Ollanta Humala Tasso aseguró estar secuestrado por parte del Estado peruano y cuestionó la legalidad de su detención, a pesar de haber sido condenado a 15 años de prisión por lavado de activos.

El exmandatario escribió un artículo en el diario La República, titulado ‘La muerte del Estado de Derecho y la Democracia’, donde señala que fue privado de su libertad el 15 de abril sin una sentencia redactada y notificada.

Además, cuestionó a los jueces que dictaron su condena, Nayko Coronado, Juana Caballero y Max Vengoa: «Mi encarcelamiento ilegal constituye una flagrante violación al debido proceso y configura un secuestro por parte del Estado».

Ollanta Humala indicó que el 2 de mayo recién se formalizó su sentencia, lo que considera como una «violación de derechos fundamentales», criticando la imparcialidad del sistema de justicia y denunciando persecución.

Sin embargo, vale recordar que -por ejemplo- su esposa, Nadine Heredia, también sentenciada, se asiló en la Embajada de Brasil en Lima y, posteriormente, se le permitió abandonar el país hacia el gigante sudamericano, donde vive hoy.

Cabe precisar que la Segunda Sala Constitucional reconoció que la detención fue inicialmente inconstitucional, al haberse efectuado sin una sentencia redactada; no obstante, el tribunal declaró que esta irregularidad fue corregida cuando se incorporó el fallo completo, sin que ello implique automáticamente la liberación del procesado.

Humala concluye su columna indicando que, con su encarcelamiento, «el Estado de derecho y la democracia han muerto en el Perú”.