El Gobierno de Estados Unidos afirmó que «el único impedimento» para ejecutar la orden de extradición del expresidente Alejandro Toledo era que no estaba detenido cuando el secretario de Estado, Anthony Blinken, autorizó el 21 de febrero la entrega del exmandatario a las autoridades peruanas. Por ello, piden al juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, revocar la libertad bajo fianza del exjefe de Estado y enviarlo a prisión preventiva.

«Después de más de tres años de litigio, tiempo durante el cual esta corte y el Tribunal de Habeas determinaron que la solicitud de extradición de Perú cumplía con el tratado pertinente, el Tribunal de Habeas y el Noveno Circuito se negaron a suspender la extradición de Toledo, y el Secretario de Estado autorizó la entrega de Toledo a las autoridades peruanas en virtud del tratad; el único impedimento para ejecutar la orden de entrega que quedaba en el momento en que Estados Unidos presentó la presente moción era el hecho de que Toledo permanecía fuera de custodia», se lee en el escrito de la fiscal de EE. UU. Stephanie M. Hinds.

En el documento al que accedió La República, la fiscal recuerda que luego de que el Gobierno norteamericano autorizó la extradición, Toledo ha buscado sin éxito suspender nuevamente el proceso de repatriación hasta que se resuelva su hábeas corpus en segunda instancia. La jueza Laurel D. Beeler, solo accedió a paralizar el procedimiento temporalmente para darle una chance al expresidente de buscar una suspensión mayor en un tribunal superior, en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.

«Toledo debe ser detenido porque, a medida que cada vía para evitar su extradición por medios legales termina en callejones sin salida, su incentivo para huir aumenta. Toledo ha expresado reiteradamente su profunda preocupación por estar en prisión preventiva en Perú», alega Hinds.

«Tal como lo determinó otro tribunal con respecto a otro jefe de estado extranjero pendiente de extradición de los Estados Unidos, ‘independientemente del costo para él o su familia, (Toledo) puede optar por buscar asilo en otro lugar y abandonar su defensa en (Perú). Si tienen éxito, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en (Perú), que pueden ser igualmente sinceras en su creencia de que participó en una conducta ilegal, pueden verse privadas de la oportunidad de probar su caso’. Como tal, la detención es necesaria», agrega la letrada.

Alternativamente, el Gobierno estadounidense requiere al magistrado Hixson que ordene Alejandro Toledo a entregarse inmediatamente al Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos una vez que el Noveno Circuito rechace su pedido de suspensión, así como el hábeas corpus, «lo que ocurra antes».

«A fin de cumplir con las obligaciones que le impone el tratado, los Estados Unidos se encargarán de ejecutar su entrega a las autoridades peruanas con la mayor celeridad posible, suponiendo que no existan impedimentos legales para ello», adelantó la fiscal de EE. UU. Stephanie M. Hinds.