Alejandro Toledo: jueza de Estados Unidos suspende de forma temporal extradición del expresidente

El proceso de extradición del expresidente Alejandro Toledo aprobado por el Departamento de Estado de EE.UU. demorará luego que la jueza estadounidense Laurel Beeler suspendiera temporalmente este jueves 23 la medida que haría regresar al exlíder de Perú Posible para ser procesado por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.

De acuerdo con una resolución difundida por La República, la magistrada, quien pertenece a la Corte del Distrito Norte California-División San Francisco, denegó el pedido principal de Toledo para suspender la extradición hasta que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito resuelva —en segunda instancia— un habeas corpus que su defensa legal presentó para anular todo el proceso.

Sin embargo, la jueza Laurel Beeler sí aprobó el pedido secundario de Toledo Manrique y ordenó suspender la extradición por siete días o hasta que el Noveno Circuito se pronuncie respecto al habeas corpus presentado por la defensa del exmandatario. Para que ello proceda, el recurso debe interponerse en la instancia superior en el plazo de una semana.

Además, la resolución indica que Alejandro Toledo tiene hasta el lunes 27 de febrero para presentar su requerimiento de suspensión en el Noveno Circuito, fecha en que el propio expresidente aseguró que presentará el pedido para suspender su extradición al Perú.

Al respecto, en declaraciones a 24 horas de Panamericana Televisión, el abogado Julio Rodríguez señaló que la magistrada «ya tiene definida la posición que tiene la justicia norteamericana que tiene un proceso de extradición cumplido» ya que el debido proceso del sistema norteamericano «se respeta rigurosamente».

En esa línea, al ser consultado sobre si la suspensión tendría algún efecto vinculante o determinante en que Toledo ya no sea extraditado, el letrado indicó que solo se trata de «una revisión de situaciones coyunturales».

Pese a que Alejandro Toledo, argumentó que no pueden extraditarlo por la crisis social y política en el país, Julio Rodríguez aseguró que ello «en su real dimensión el resultado será negativo ya que es el caso más emblemático de corrupción».

Acuerdo fianza revocado

En tanto, según la agencia AFP, un juez de San Francisco revocó este jueves 23 de febrero el acuerdo de fianza que garantizaba el arresto domiciliario al expresidente Alejandro Toledo.

Para ejecutar el proceso de extradición, los fiscales estadounidenses pidieron el miércoles revocar el acuerdo de fianza que Toledo consiguió en 2020 y su presentación ante las autoridades.

Los fiscales argumentaron que en las condiciones actuales «su riesgo de fuga se ha incrementado», por lo tanto «Toledo no debe seguir más en libertad».

Alejandro Toledo se resiste a entregarse a las autoridades norteamericanas, asegura el fiscal Rafael Vela

A pesar de que el expresidente Alejandro Toledo ya conoce que la justicia norteamericana aprobó su extradición a tierras peruanas para que continúen las investigaciones que recaen sobre él, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, señaló a RPP que el exmandatario «se niega a entregarse voluntariamente», por lo que esto demuestra que la justicia peruana ha realizado un buen trabajo respecto al caso Toledo.

Sucede que las autoridades de Estados Unidos han decidido variar el arresto domiciliario que cumplía Toledo Manrique, por una detención, una situación que terminará luego que sea extraditado al Perú. Para que esta circunstancia ocurra, se realizará una audiencia el próximo 9 de marzo en la que el juez Thomas Hixson decidirá el futuro del expresidente Toledo, quien deberá ser procesado por lavado de activos y colusión por el caso Interoceánica. Es importante mencionar que, Hixson, fue el juez que dio la venia para la extradición.

Se niega a la extradición

En ese sentido, Rafael Vela, sostuvo que Alejandro Toledo, al ser notificado por las autoridades que deberá ser extraditado a territorio nacional para que las pesquisas sigan su curso, este podía optar «voluntariamente» por entregarse y ser detenido inmediatamente, sin embargo, Toledo Manrique se rehusó a acatar esta normativa y «ha decidido no ponerse a derecho».

Por otro lado, el fiscal superior (coordinador) del Equipo Especial Lava Jato, rechazó este accionar del exmandatario, pues recuerda que la población peruana «reclama que venga a responder por los graves cargos que penden contra él, de lavado de activos, de colusión, de tráfico de influencias (…)».

Además, destacó la labor que ha realizado, desde que inició este caso, el fiscal José Domingo Pérez y demás funcionarios, ya que esto refleja el buen trabajo que viene ejerciendo la justicia nacional.

La parte legal de Toledo puede apelar

A su vez, el mencionado medio también consultó sobre este caso al fiscal superior Alfredo Rebaza, jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía.

Rebaza menciona que este proceso de extradición contra Toledo no debe sobrepasar las siete u ocho semanas próximas, «esperemos incluso que sea menos», pues aún la parte legal puede apelar este caso.

Sin embargo, afirma Rebaza, que el proceso de extradición ya «pasó por todas sus etapas», es decir, se debería ejecutar lo más pronto posible, pero antes de eso, Toledo deberá ser detenido para que se lleven a cabo las decisiones sobre su traslado.

Toledo compartiría prisión en Barbadillo con Pedro Castillo y Alberto Fujimori

Con anterioridad, este medio de comunicación consultó con el abogado penalista Andy Carrión sobre la posible coincidencia de los pasados mandatarios. El experto cree «altamente probable que Toledo sea derivado al penal de Barbadillo». Una vez repatriado, debe apersonarse a la diligencia de identificación ante el Poder Judicial. «Mientras eso sucede —continúa Carrión— el INPE debe decidir a qué penal lo derivan».

Alejandro Toledo: Estados Unidos aprobó la extradición del expresidente al Perú

Este 21 de febrero, la Fiscalía de la Nación informó, a través de sus redes sociales, que Estados Unidos concedió la extradición del expresidente de la República Alejandro Toledo Manrique, quien es investigado por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos. Asimismo, indicaron que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones viene realizando las coordinaciones con las autoridades nacionales y extranjeras para la próxima ejecución de su extradición.

Como se recuerda, el ex jefe de Estado es investigado por la justicia del Perú por presuntamente haber recibido una coima de más de 30 millones de dólares de la empresa Odebrecht a cambio de que la constructora sea favorecida en la licitación de la obra de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica. Es por ello que el Ministerio Público ha pedido 20 años y seis meses de cárcel contra Alejandro Toledo.

Además, la Fiscalía también lo acusa de, presuntamente, haber favorecido a la empresa Camargo Correa en el tramo 4 de la misma vía, a cambio del pago de coimas que habrían sido entregadas a través del empresario israelí Josef Maiman. Por ello, se le imputa los presuntos delitos de colusión y lavado de activos. Como se recuerda, Alejandro Toledo señaló que Maiman habría recibido el dinero usando su nombre.

Como parte de ese proceso, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la prisión preventiva por 18 meses en contra el expresidente, así como su captura a nivel internacional, en febrero del 2017. En diciembre de ese mismo año, la Fiscalía presentó ante el mismo magistrado el requerimiento de extradición de Toledo Manrique. Cabe precisar que en ese mismo año el expresidente se fue a Estados Unidos.

Como se conoce, el exmandatario apeló a una serie de recursos legales para impedir su extradición a territorio peruano. Sin embargo, estas fueron denegadas por la Corte de California. Incluso estuvo en prisión por 8 meses y luego obtuvo arresto domiciliario por la pandemia.

Se destaca que en la jurisprudencia de Estados Unidos, una vez que el departamento de Estado se pronuncia, Alejandro Toledo aún tiene la posibilidad de presentar una demanda de habeas corpus contra la decisión del Ejecutivo.

Alejandro Toledo y Eliane Karp esperan extradición tras quedarse sin pasaportes

El viernes 21 de octubre, la ciudadana peruana Ludith Ortiz Ríos, de 59 años, se acercó al consulado de Perú en San Francisco, California (Estados Unidos), con un solo propósito: recoger los pasaportes diplomáticos del acusado expresidente Alejandro Toledo y de su esposa Eliane Karp, también acusada por lavado de activos.

Perú21 conoció que Ortiz, oriunda de Rioja, en la región San Martín, acudió ese día con una carta poder que la acreditaba como representante de la pareja que afronta un proceso de extradición.

De acuerdo a su ficha Reniec, Ludith Ortiz vive en el 656 de la calle Blythe, en la ciudad Sunnyvale, también en California, a una hora de distancia en auto de la sede diplomática.

Según fuentes de este diario, es la primera vez que su nombre aparece vinculado a Toledo en los últimos cinco años que este se encuentra en EE.UU. evitando a la justicia peruana.

El exmandatario tentaba tener su pasaporte desde junio de este año. En ese mes, Perú21 informó del pedido que había realizado para acceder a esos documentos.

Su solicitud movió tanto a la Cancillería como al equipo especial Lava Jato de la Fiscalía, que quiere la repatriación del exjefe de Estado para procesarlo por recibir US$35 millones en coimas de la empresa Odebrecht.

El temor era que Toledo, de 76 años, pudiera viajar fuera de territorio norteamericano, y es que no existía ningún impedimento legal para que accediera al pasaporte.

Negarle el documento, además, podría haber perjudicado la extradición ya que se trata de un registro de identidad al que tienen derecho todos los peruanos.

Pero solo un día después del trámite hecho por Ortiz Ríos, el sábado 22 de octubre, Alejandro Toledo y su cónyuge entregaron sus pasaportes a las autoridades estadounidenses, de acuerdo con fuentes de primera mano que fueron consultadas. En realidad, no tenían otra salida pues la Fiscalía de ese país ya había sido notificada por la embajada peruana de la inminente entrega de los documentos, y se puso en contacto con los abogados de Toledo y Karp para recordarles que están obligados a ceder los pasaportes.

Una oposición a esa orden habría motivado a los fiscales a pedir al juez de California, Thomas Hixson, a variar el arresto domiciliario en el que se encuentra el expresidente por cárcel efectiva.

¿Y la extradición?

Han pasado cuatro años desde que la justicia peruana requirió a Estados Unidos la extradición del exlíder de Perú Posible, y si bien el juez Hixson aprobó el pedido en setiembre de 2021, el prófugo exmandatario se las ha arreglado para retrasar su inevitable retorno al país.

Luego de haber intentado con innumerables recursos, Toledo apostó por apelar el rechazo de hábeas corpus que resolvió el juez Hixson en abril de este año. A como dé lugar quiere que quede anulada su repatriación.

El tribunal que verá la impugnación podría pronunciarse en diciembre, antes de que culmine el año. De ratificar el fallo de primera instancia, solo quedará que el Departamento de Estado de EE.UU., en una decisión política, conceda o no la pretensión del Perú.

Fuentes diplomáticas estimaron que podría haber un pronunciamiento en febrero del próximo año, o, en todo caso, dentro del primer semestre de 2023.

Mientras tanto, el equipo Lava Jato que lidera el fiscal Rafael Vela presentó una tercera acusación contra Toledo y pide 35 años de cárcel.

Esta vez el caso es por las coimas que habría recibido el entonces mandatario para conceder el tramo IV de la carretera Interoceánica Sur al consorcio que encabezó la empresa brasileña Camargo Correa.

La otra acusación, además de los sobornos entregados por Odebrecht, se refiere a las propiedades que este y Eliane Karp adquirieron con los sobornos recibidos.

Según las autoridades norteamericanas, Toledo usó US$1 millón 200 mil para comprar bienes inmuebles en ese país. De todo el dinero que habría intentado ocultar, la justicia de EE.UU logró incautar US$686 mil que están en proceso de entrega al Perú.

Alejandro Toledo: Fiscalía pide 35 años de prisión por el tramo 4 de la carretera Interoceánica

El equipo especial Lava Jato presentó una tercera acusación penal contra el prófugo expresidente Alejandro Toledo, esta vez por favorecer al consorcio Intersur con la concesión del tramo IV de la carretera Interoceánica a cambio de presuntas coimas.

La Fiscalía requiere al Poder Judicial imponer 35 años de cárcel contra el exjefe de Estado, acusado en este proceso por colusión y lavado de activos, quien afronta un proceso de extradición desde Estados Unidos.

La acusación se extiende contra otras cuatro personas, entre ellas el exjefe de seguridad presidencial Avraham Dan On y el exrepresentante de la empresa Camargo Correa, Marcos De Moura Wanderley.

Por Dan On se pide 16 años y 8 meses de prisión, mientras que por De Moura Wanderley se solicita 29 años de cárcel.

El exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, contó al Ministerio Público que coordinó con Toledo para que esa licitación sea ganada por el consorcio que integró la brasileña Camargo Correa.

Los fiscales requieren también que esta última constructora sea disuelta y pague una multa superior a los US$553 millones. El control de acusación iniciará este 27 de diciembre.

Fuentes fiscales indicaron que el equipo encabezado por el fiscal Rafael Vela requerirá un tercer pedido de extradición contra el exmandatario, y por ello se solicitó su prisión preventiva.

Sobre Alejandro Toledo ya recaen otras dos acusaciones: por recibir US$35 millones en sobornos de Odebrecht para la adjudicación de los tramos II y III, y por adquirir propiedades con el dinero ilícito entregado por la empresa brasileña.

En el caso de compra de bienes está incluida la exprimera dama Eliane Karp, a quien al igual que su esposo se le imputa el delito de lavado de activos.

La justicia de EE.UU. ya aprobó la repatriación de Toledo, solo queda esperar la decisión del Departamento de Estado de ese país que debe evaluar la ratificación de ese fallo judicial.

Fiscalía presenta acusación penal contra Alejandro Toledo por licitación del Tramo 4 de la Carretera Interoceánica

El Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato presentó una acusación penal contra el expresidente Alejandro Toledo por el caso de la licitación del tramo cuatro de la Carretera Interoceánica.

La instancia fiscal comprendió dentro de esta acusación fiscal a Avrahan Dan On , exjefe de Seguridad de Alejandro Toledo, al empresario brasileño Marcos de Moura Wanderley, a Sergio Rafael Bravo Orellana y a Alberto Pasco-Font Quevedo, así como a la empresa Construcoes e Camargo y Correa S.A – Sucursal Perú.

Asimismo, en el documento se solicita el sobreseimiento o archivo del delito de lavado de activos que se atribuía en este caso al empresario y colaborador eficaz Josef Maiman Rapaport, quien falleció el 08 de octubre del año 2021, a los 75 años, por complicaciones en su estado de salud, así como a su hermana Michele Maiman Rapaport.

En manos del Poder Judicial

La acusación fiscal fue remitida al despacho del juez Richard Concepción Carhuancho, quien programó la audiencia de control de requerimiento mixto para el 27 de diciembre, a las 9 de la mañana, en la sede del Poder Judicial ubicada en la cuadra 7 de la avenida Tacna, en el Centro de Lima.

El magistrado dispuso que esta audiencia sea de carácter “inaplazable” y de asistencia obligatoria para las partes que intervienen en este caso.

Asimismo, el juez Concepción Carhuancho dispuso remitir este requerimiento mixto a las partes para que, en un plazo de 30 días útiles, puedan presentar sus observaciones y oposiciones sobre su contenido.

Cabe resaltar que sobre el expresidente Alejandro Toledo ya pesan dos acusaciones fiscales en su contra de 20 años y 6 meses de prisión y de 16 años y 8 meses de cárcel por los casos Carretera Interoceánica Sur, tramos dos y tres, así como el denominado caso Ecoteva.

Además, la Justicia peruana ya pidió a las autoridades de los Estados Unidos que aprueben las solicitudes que presentaron para que se ordene la extradición del exmandatario peruano a nuestro país para que respondan por los cargos que se le atribuyen en estos dos casos.