En un operativo ejecutado durante la madrugada, el presidente de la República, José Jerí Oré, lideró el traslado de 45 reclusos catalogados como de alta peligrosidad hacia el nuevo pabellón de extrema seguridad del penal Ancón I.

Este ambiente está destinado a internos sentenciados por graves delitos como sicariato, extorsión, homicidio calificado y robo agravado, y forma parte de las medidas anunciadas por el Ejecutivo para reforzar el control penitenciario y el principio de autoridad en el país.

Entre los presos trasladados destacan figuras vinculadas a organizaciones criminales, como Jhon Jairo Arancibia, presunto integrante de la banda Los Injertos del Norte, y Adam Smith Lucano Cotrina, alias El Jorobado, identificado como cabecilla de una red delictiva dedicada a la extorsión y ataques armados.

Durante la supervisión del operativo, el presidente estuvo acompañado por el ministro de Justicia, Walter Martínez, quien ratificó la implementación del nuevo régimen cerrado especial para los internos reubicados. 

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Este régimen contempla una reducción de visitas familiares a una vez cada 15 días, además del encierro obligatorio dentro de las celdas por 22 horas diarias. Las habitaciones carecen de enchufes o acceso a conexiones eléctricas, con el fin de impedir la comunicación y operación remota de actividades ilícitas.

El operativo estuvo a cargo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y contó con apoyo de 50 agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía Nacional del Perú. Según información oficial, todo el despliegue se realizó sin incidentes.

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La medida se enmarca dentro del estado de emergencia decretado por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao, y busca reforzar el control directo dentro de los penales para impedir la continuidad de redes de extorsión y órdenes de asesinatos que, según investigaciones fiscales y policiales, se gestionan desde centros penitenciarios.

El presidente del INPE, Iván Paredes, así como representantes de la Defensoría del Pueblo, también estuvieron presentes en la supervisión del traslado, como parte de las garantías de transparencia y respeto a los protocolos de derechos humanos dentro del sistema penitenciario.