Una obra valorada en más de S/194 millones, anunciada con ceremonia y colocación de primera piedra por el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, ha quedado bajo serias sospechas tras revelarse que fue adjudicada a un consorcio integrado por empresas sin experiencia comprobada en infraestructura hospitalaria. De acuerdo con una investigación de ‘Cuarto Poder’, la licitación fue ganada por el Consorcio Hospital Virú, conformado por JM Constructores Peruanos S.A.C., de propiedad del ingeniero inhabilitado Joel Yangari Cartolín, y LC&EC Constructora, de la joven empresaria Lucero Cocca Condori, de 23 años.

Ambas compañías carecen de historial en el sector salud y, según los registros, nunca antes habían ejecutado obras de gran envergadura ni obtenido contratos con el Estado. A pesar de ello, se impusieron sobre otros 55 postores tras la eliminación de su principal competidor por un error subsanable. La adjudicación ha generado cuestionamientos por presuntas irregularidades y favorecimientos, mientras que consejeros regionales denuncian amenazas por investigar estos contratos millonarios.

Irregularidades en la adjudicación de la obra hospital de Virú

El contrato fue otorgado al Consorcio Hospital Virú, integrado por tres compañías: JM Constructores Peruanos S.A.C., de propiedad del ingeniero civil Joel Yangari Cartolín, LC&EC Constructora, de la joven empresaria Lucero Cocca Condori, de 23 años, y la empresa extranjera Riva S.A. Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú. Según el Registro de Proveedores del Estado, ni Yangari ni Cocca tenían experiencia en construcción de hospitales. De hecho, la empresa de Yangari solo registra pequeños servicios previos al Estado, como estudios topográficos y mecánica de suelos por montos que no superaban los S/33.000.

A pesar de ello, JM Constructores obtuvo el 49% de participación en el consorcio y LC&EC Constructora el 50%, mientras que Riva S.A., la única firma con historial en obras de gran envergadura, figura con solo el 1% del accionariado. Para el especialista en contrataciones del Estado, José Trelles, esto representa un riesgo grave: “Es peligroso porque la empresa al tener el 1% no tiene poder de ejecución. Quienes ejecutarán son empresas sin experiencia, y eso compromete directamente la calidad de la obra”, advirtió.

El proceso de licitación, al que se presentaron 55 postores, terminó con solo dos consorcios en competencia. Uno de ellos, Consorcio Brontes, fue eliminado por no presentar correctamente los datos del representante común, un error que, según Trelles, era subsanable. “Ambas empresas tenían observaciones similares. Mientras al Consorcio Hospital Virú se le permitió subsanar dos veces, al otro se le excluyó sin opción”, sostuvo. Incluso se reveló que el Gobierno Regional solicitó formalmente al consorcio de Yangari y Cocca que redujera el monto de su oferta económica para ajustar el presupuesto, lo que representa otra grave irregularidad.

Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra, César Acuña declaró: “Yo dije que el hospital lo hacemos sí o sí en nuestro gobierno. No tenía perfil, no tenía expediente, pero ahora lo estamos haciendo”, en referencia al compromiso asumido desde 2014. La afirmación, lejos de generar tranquilidad, fue usada por opositores como evidencia de un direccionamiento político en la adjudicación.

A esto se suman denuncias de consejeros regionales sobre amenazas de muerte y agresiones tras exponer irregularidades. “He sido víctima de agresión por parte de un gerente de la región. Responsabilizo al partido Alianza para el Progreso de lo que me pueda pasar”, denunció públicamente uno de los consejeros.

Frente a la presión mediática y las alertas de la Contraloría sobre otras obras adjudicadas a las mismas empresas —como el corredor vial a Huanchaco por más de S/121 millones—, el gobernador Acuña solicitó públicamente una auditoría a los procesos de selección desde 2023. No obstante, el documento fue borrado horas después de la cuenta oficial en la red social X, alimentando aún más las sospechas sobre la transparencia de su gestión.

¿Corrupción al norte del país? Un reportaje del dominical Panorama ha revelado que Lucero Nicole Coca Condori, una joven de apenas 23 años y sin experiencia comprobada en el rubro de la construcción, ha obtenido millonarios contratos con el Gobierno Regional de La Libertad, presidido por César Acuña Peralta. La empresa que representa, LC y EC Constructora, se adjudicó dos obras públicas por más de 300 millones de soles, a pesar de haber sido constituida recién en 2023 y sin historial técnico relevante.

El equipo periodístico de Panorama intentó ubicar a Coca Condori en la dirección registrada en su ficha del Reniec, en el distrito chalaco de “Mi Perú”. Sin embargo, el intento de entrevista terminó en una agresión física al periodista Brian Matías por parte de un sujeto que más adelante se confirmó como Juan Carlos Coca Rojas, padre de la joven. En reiteradas oportunidades, el hombre negó conocerla, a pesar de que él figura como su progenitor y se identificó oficialmente como tal en documentos.

De hecho, el padre de la empresaria se reunió oficialmente con César Acuña en marzo de este año, según consta en registros públicos expuestos por el dominical. Meses después de ese encuentro, la empresa de su hija logró adjudicarse contratos para el “Mejoramiento y ampliación del Corredor Vial Norte” por S/121 millones, y para la “Obra de mejoramiento y ampliación de los servicios del Hospital de Virú” por S/194 millones.

En su perfil de LinkedIn —previo a la emisión del reportaje— Lucero Coca se presentaba únicamente como estudiante de Derecho y asistente legal en una notaría. Tras el intento de contacto por parte de Panorama, modificó su perfil para figurar como gerente de proyectos en el sector construcción. La notaría en la que dijo trabajar, sin embargo, negó que formara parte de su personal desde hace al menos dos años.

Gobierno Regional de La Libertad minimiza denuncia en contra de gestión de César Acuña

Desde el Gobierno Regional de La Libertad, el gerente de infraestructura, Jorge Luis Bringas, minimizó los cuestionamientos y aseguró que en los procesos de selección “no se evalúa quién está detrás de las empresas”, aunque reconoció que no se investiga el historial de los representantes legales.

«Yo no manejo la agenda del gobernador, pero sí podría decirle que, conociéndolo, es bien difícil que se esté reuniendo por esos intereses. (…) No me genera ruido, porque tenemos un líder de nivel nacional y hay mucha gente que quiere reunirse con él. Con decirle que los días miércoles y jueves el gobernador atiende hasta las dos o tres de la mañana a las personas que se anotan; ingresan uno por uno», respondió ante Panorama.

Consultado por el reportaje, Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, expresó su preocupación: «Una jovencita de esa edad realmente tendría que ser un genio del derecho y de la actividad empresarial para obtener una ganancia así en su primera incursión. ¿Cómo le explicamos a los vecinos de la región La Libertad que sus 300 millones destinados a infraestructura están en manos de una persona que acaba de terminar la carrera? No tiene sentido.»

A través de un mensaje por WhatsApp, la joven empresaria respondió al medio señalando que estaba siendo asesorada por abogados, pero no aceptó una entrevista grabada. Tampoco explicó cómo fue posible que una empresa con tan poco tiempo de constituida accediera a contrataciones de gran envergadura.