Su contrato graficaría el favoritismo del alcalde Juan Álvarez Andrade hacia su socia política y en agravio del Estado, por lo que podría ser denunciado penalmente por un conjunto de delitos, junto a los regidores, por el delito de omisión de funciones.

De acuerdo al informe de control específico, Elizabeth Díaz fue contratada a razón de S/7,000 mil soles mensuales, por lo que, en el 2024, gracias a su amigo Juanelo, se le pagó la jugosa suma de s/77.000 mil soles.

De acuerdo al convenio interinstitucional firmado entre la Municipalidad Provincial de Huaral, Municipalidad Distrital de Chancay, Municipalidad Distrital de Aucallama y el Ministerio de Vivienda, en la cláusula séptima.

Designación de coordinadores: las partes designarán como coordinadores, (por las municipalidades) al gerente municipal (SIC), lo cual demostraría el presunto favoritismo de Juanelo hacia su amiga y socia política   Elizabeth Díaz.

Como es de verse, Elizabeth Díaz nunca debió ser contratada y los chancayanos se hubiesen ahorrado los S/77,000 mil soles anuales, ya que este cargo de coordinadora lo debió de haber asumido la gerente municipal.

Aún están a tiempo de corregir, señores regidores.

Aquí no hay pretextos de copias certificadas.

Continuará.

¡El alcalde está inhabilitado! El abogado y procurador público de Chancay, José Ramos Casazola, se pronunció con respecto a la situación del alcalde de Chancay, Juan Álvarez Andrade, señalando que la autoridad distrital se encuentra inhabilitada, lo cual le impide ejercer el cargo y es motivo suficiente para su suspensión.

En ese contexto, precisó que el pedido de suspensión solicitado por la ciudadana Judith Apolinar es legítimo; sin embargo, observó que hubo un error procesal; puesto que, al solicitar la suspensión, no se tomó en cuenta que el Poder Judicial debía remitir la sentencia condenatoria debidamente certificada. Esta carencia obligó al concejo municipal a suspender la sesión donde se iba a debatir la sanción a la autoridad.

“La ciudadana Judith Apolinar, dentro de sus medios de prueba, plantea que se solicite al Poder Judicial la sentencia condenatoria certificada… Ahí radica el problema de ayer. De acuerdo con la ley, los funcionarios responsables de tramitar dicha copia eran el secretario general y el propio alcalde. Lo que ha hecho el concejo es correcto; no se puede resolver un proceso con una copia simple”, manifestó el abogado.

Durante la entrevista con Enfoque Real, Ramos Casazola cuestionó la postura del abogado de Juan Álvarez, indicando que este intentó justificar la ausencia del documento argumentando que el concejo debía reunirse primero para recién solicitar la copia.

“Trata de justificar la falta de esa prueba señalando que primero debía sesionar el concejo; eso es incorrecto. Si el concejo tiene 30 días para resolver, lo lógico era que la prueba ya estuviera disponible, pues ya había sido solicitada por la peticionante”, agregó Ramos, quien sostuvo que la responsabilidad recae en el secretario y el alcalde, y no en los regidores.

Asimismo, el procurador indicó que a la solicitante le faltó asesoría legal estratégica para evitar estos inconvenientes que, finalmente, le permiten al alcalde ganar tiempo y permanecer en el cargo.

Por otro lado, “Pepe” Ramos argumentó que, en cuanto se obtenga la copia certificada, el concejo municipal deberá convocar obligatoriamente a una nueva sesión. De aprobarse la suspensión, el alcalde podrá ejercer su derecho de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que este resuelva en última instancia.

Además, aclaró que para suspender a una autoridad basta con una sentencia de segunda instancia. Con esto, rebatió los argumentos de otros juristas que sostienen que se requiere un fallo de casación para proceder contra el alcalde portuario.

“No entiendo, la verdad es una sola, hay una condena en segunda instancia y se debe suspender al alcalde, no hay nada más que interpretar. El alcalde tiene derecho a la defensa y a dilatar el proceso, pero para poner orden están los regidores”, sostuvo.

Finalmente, expresó que, si los regidores no hacen cumplir las normas establecidas, deberán asumir una responsabilidad legal e histórica ante el pueblo que les otorgó su confianza mediante el voto.

La situación del alcalde del distrito de Chancay, Juan Álvarez Andrade, conocido como “Juanelo”, ha entrado en una fase crítica tras la confirmación de su sentencia por el delito de peculado doloso por parte de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Este hecho no es menor: se trata de un delito contra la administración pública que compromete directamente la idoneidad del funcionario para seguir manejando recursos del Estado.

Ante este escenario, la ciudadana chancayana Judith Apolinar presentó una solicitud formal de suspensión del burgomaestre, amparada en la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece claramente que un alcalde con sentencia condenatoria en segunda instancia debe ser suspendido mientras se resuelven los recursos extraordinarios, como la casación.

Sin embargo, lejos de actuar con celeridad y transparencia, el alcalde optó por una estrategia que evidencia una clara intención de dilatar el proceso. Esperó el plazo máximo de 30 días para convocar a sesión extraordinaria de concejo, agotando el límite legal. Este primer movimiento ya marcaba una línea de conducta orientada a ganar tiempo.

Lo ocurrido en la reciente sesión extraordinaria refuerza esa percepción. Bajo el argumento de que se requería contar con copias certificadas de la sentencia —documentación que, en esencia, ya es de conocimiento público y administrativo— se solicitó la suspensión de la propia sesión. Este pedido fue respaldado por la mayoría de regidores, evidenciando una preocupante falta de criterio fiscalizador.

Aquí surge un punto clave: el concejo municipal no está actuando como órgano de control político, sino como un bloque que, en los hechos, facilita la postergación de una decisión que la ley orienta con claridad. La única voz discordante dentro del concejo deja en evidencia que no existe un verdadero contrapeso institucional.

Más allá de los tecnicismos legales, el debate es profundamente ético. Un alcalde sentenciado por peculado doloso —delito que implica apropiación indebida de recursos públicos— no solo enfrenta una sanción judicial, sino un cuestionamiento moral directo a su permanencia en el cargo. La inhabilitación impuesta por el Poder Judicial refuerza esta incompatibilidad.

A ello se suma un elemento que ha generado indignación ciudadana: la presencia de personas afines al alcalde durante la sesión, quienes, según diversas versiones, serían trabajadores municipales en horario laboral. De confirmarse, esto configuraría un uso indebido de recursos humanos del Estado para fines políticos.

La percepción ciudadana es clara: existe una maniobra para extender los plazos y sostener al alcalde en el cargo el mayor tiempo posible. Las declaraciones del propio Álvarez Andrade, en las que admite la intención de “dilatar” el proceso, no hacen más que confirmar esta lectura.

El riesgo es evidente. Cada día adicional en funciones implica la continuidad de una autoridad sentenciada administrando fondos públicos, lo que erosiona la confianza en las instituciones y debilita el principio de legalidad.

Chancay enfrenta hoy no solo una crisis política, sino una crisis de gobernabilidad y ética pública. La responsabilidad ya no recae únicamente en el alcalde, sino también en los regidores, quienes tienen el deber legal y moral de actuar conforme a ley y no en función de intereses políticos o personales.

La pregunta de fondo es inevitable: ¿hasta cuándo se permitirá que una estrategia dilatoria prevalezca sobre el cumplimiento de la ley?

La sesión de concejo convocada para debatir la suspensión del alcalde de Chancay, Juan Álvarez Andrade, fue suspendida, generando reacciones encontradas entre autoridades y vecinos del distrito. El tema deberá ser abordado en una nueva convocatoria, cuya fecha será anunciada en los próximos días.

Durante la jornada, el pleno de regidores no llegó a un acuerdo definitivo respecto a la situación del burgomaestre, quien cuenta con una sentencia ratificada en segunda instancia. Ante ello, se optó por postergar la decisión, lo que prolonga la incertidumbre en la gestión municipal.

En medio del debate, la ciudadana Judith Apolinar cuestionó la postura de algunos regidores, señalando que habrían respaldado al alcalde. “El señor está sentenciado y los regidores se han prestado a apoyarlo, a excepción de la regidora Elizabeth Galindo; para ella, es un orgullo para su familia tener a una mujer así”, expresó.

Asimismo, a la sesión acudieron diversos pobladores, algunos de los cuales manifestaron su respaldo al grupo de regidores que estaría a favor de que el alcalde continúe en el cargo, evidenciando la división de opiniones en la ciudadanía chancayana.

Se espera que en la próxima sesión de concejo se retome el debate y se adopte una decisión final sobre la continuidad o suspensión del alcalde, en un contexto marcado por la tensión política y el interés público.

Un total de 30 casas fueron consumidas tras un incendio que se registró en la asociación Asovisem (Asociación de Vivienda El Señor de Los Milagros), ubicado cerca a la plaza de armas del distrito de Chancay, en la provincia de Huaral, departamento de Lima, según ha informado la Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El incendio, que en un inicio fue de código 2, es decir que estaba en progreso y requería de unidades de bomberos, se produjo aparentemente por un corto circuito afectando a treinta familias que han perdido sus casas y ya fueron evacuadas.

El portal de emergencias de los bomberos dio cuenta que hasta la zona llegaron al menos cinco unidades para trabajar en la contención del incendio.

La precariedad de las construcciones, falta de agua y las estrechas calles en la zona, permitieron la rápida propagación del fuego. 

Ayuda humanitaria

Indeci informó que ya se hizo entrega de ayuda humanitaria para los damnificados y en el lugar se encuentra maquinaria para las labores de remoción de escombros.

Previamente, Agencia Andina reportó que bomberos de diversas localidades del Norte Chico y desde Ancón se hicieron presentas para atender la emergencia.

Información de la Municipalidad

La Municipalidad Distrital de Chancay informó que tras el reporte del incendio, «se activaron de manera inmediata todos los protocolos de respuesta ante emergencias».

Informaron que el alcalde del distrito, realizó el monitoreo de la atención en la zona y la supervisión de las medidas de acción.

«En su condición de máxima autoridad, lideró la coordinación del personal municipal y de los equipos de emergencia, articulando esfuerzos para controlar la situación y salvaguardar la integridad de las familias», sostuvieron.

Asimismo, sostuvieron que la municipalidad viene gestionando acciones de apoyo humanitario a los damnificados.