En local de la amiga de “Chibolín” se celebró la fiesta de los 46 generales de la PNP

La organizadora de la gran fiesta de rompe y raja a la que asistieron 6 tenientes generales, 40 generales y 5 coroneles de la Policía Nacional, es Graciela Loya Aquije, de 67 años. Es una empresaria muy conocida por los altos mandos de la institución policial porque es una activa participante del Comité Cívico de la PNP, pero también por sus amistades con políticos, magistrados y famosos, como Andrés Hurtado, “Chibolín”.

Graciela Loya Aquije y su esposo Roberto Cosentino Soler, de 73 años, son los propietarios de “Villa Cosentino”, tres fastuosos locales ubicados en San Isidro, Surco y Chorrillos, diseñados exclusivamente para eventos de gala a gran escala. El comandante general de la Policía Nacional, teniente general Víctor Zanabria Angulo, escogió el establecimiento chorrillano para celebrar Fiestas Patrias con el alto mando y sus parejas, sin el consentimiento del ministro del Interior, Carlos Malaver Odias.

Un reportero del programa dominical “Panorama” llegó hasta “Villa Cosentino” de Chorrillos y pudo registrar la gran rumba que se inició a las 9 de la noche del sábado 26 de julio y concluyó a las 3 de la mañana del domingo 27 de julio.

Las imágenes del bailetón de gala causaron molestia porque se supone que los altos mandos de la Policía Nacional están concentrados en la lucha contra la ola de crímenes que sacude al país. De hecho, según las cifras oficiales de la policía, los asesinatos en Lima entre junio de 2024 y 2025 escalaron en un 6,8%. No había motivo de celebración.

Las amistades

Fotografías obtenidas por La República confirman que Graciela Loya Aquije es amiga de Andrés Hurtado “Chibolín”, el presentador de televisión que protagoniza un escándalo de presunto tráfico de influencias y lavado de activos, que involucra a la suspendida fiscal Elizabeth Peralta.

En este caso por el que “Chibolín” y Peralta se encuentran sometidos a prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones, también ha sido involucrada la directora de la revista “VIP Diplomática”, Ana Altamirano García, por sus presuntas vinculaciones con el presentador de televisión. La madre de esta, María Teresa García, fundadora de la publicación, también ha sido mencionada.

María Teresa García y su hija Ana Altamirano García fueron invitadas y presentadas por “Chibolín” en su programa de televisión. Pero García sostiene que no son amigas del presentador.

Ana Altamirano es amiga de “Chibolín” y fue quien organizó la entrega de “condecoraciones” en Lima y Ciudad de Panamá a varios altos mandos de la Policía Nacional, entre ellos a algunos de los que participaron en la fiesta de “Villa Constantino”.

Chibolín | PNP | Andres Hurtado | policia nacional

La jueza Enma Benavides, de rojo, y a la derecha, Graciela Loya y la fundadora de VIP Diplomática, María Teresa García. Foto: difusión

El comandante general Víctor Zanabria y otros generales reconocieron haber sido invitados por “VIP Diplomática” de Ana Altamirano. Por cierto, Ana Altamirano y Graciela Loya, la dueña de “Villa Costantino”, también son amigas, de acuerdo con fotografías a las que tuvo acceso La República.

De acuerdo con la investigación fiscal, supuestamente Andrés Hurtado “Chibolín” usaba sus vínculos con la directora de “VIP Diplomática” para relacionarse con sus contactos, entre ellos, los de la Policía Nacional.

La juez Enma Benavides Vargas, hermana de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, es otra de las figuras conocidas en el álbum fotográfico de Graciela Loya. Enma Benavides, procesada por un presunto caso de corrupción, fue reincorporada como jueza titular mediante una cuestionada resolución de la Junta Nacional de Justicia.

La administradora de “Villa Constantino” también es reconocida por sus actividades como integrante de diferentes comités cívicos de apoyo a la Policía Nacional, como el que promovió la Comisaría de Mujeres de Chorrillos.

Abogado de ‘Chibolín’ respalda pase a clandestinidad de Elizabeth Peralta: «Se ha puesto a buen recaudo»

Elio Riera, abogado del humorista y conductor de televisión, Andrés Hurtado, argumentó que el pase a la clandestinidad de la suspendida fiscal Elizabeth Peralta responde a la inexistencia de «elementos fundados y graves de convicción». En tal sentido, señaló que la funcionaria del Ministerio Público se «puso a buen recaudo«.

«Yo particularmente considero que la doctora Peralta se ha puesto a buen recaudo porque la resolución que ha sido emitida en este momento no reúne un requisito importantísimo: la norma dice ‘graves y fundados elementos de convicción’. Eso no existe, se estaría privando de su libertad a la doctora Peralta por sencillamente una noticia que no está avalada en nada», mencionó el letrado en entrevista con Exitosa.

Justifica a Peralta

Riera argumentó que la decisión de Peralta de pasar a la clandestinidad le permite a su defensa, el abogado Benji Espinoza, cuestionar el fallo del Poder Judicial con miras a obtener un pronunciamiento favorable. Asimismo, señaló que él, «lógicamente como humano«, apoyaba lo hecho por la fiscal.

«Hemos tenido una ausencia de reconstrucción de hechos. El señor (Iván) Siucho no fue, se frustró. ¿Por qué no se probó en ese momento dónde se dio el dinero? En ese caso la doctora Peralta, y lógicamente debo apoyarla como ser humano, se puso a buen recaudo», indicó.

Prisión preventiva

Cabe precisar que este 3 de diciembre, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra la fiscal Peralta, quien previamente había sido separada de su puesto debido a su presunta participación en una red de tráfico de influencias y sobornos, la cual mantendría junto a ‘Chibolín‘.

El juez supremo Gustavo Álvarez, encargado del caso, declaró fundado el recurso de apelación de la Fiscalía de la Nación e impuso la prisión preliminar contra la fiscal con la finalidad de garantizar su participación en el proceso, eliminando los riesgos de fuga dada la gravedad de los cargos.

Ante ello, el abogado de la fiscal, Benji Espinoza, reveló en la tarde que su defendida pasará a la clandestinidad. Según la defensa, su patrocinada no considera que la decisión del Poder Judicial responda a un fallo dictado desde la legalidad.

«La doctora Peralta va a ejercer su derecho a resistir una detención que considera arbitraria hasta que se agoten los mecanismos legales para poder cuestionar la misma», mencionó a la prensa.

Al momento, se desconoce el paradero de Elizabeth Peralta, fiscal suspendida quien es acusada del presunto delito de tráfico de influencias junto al conductor de televisión, Andrés Hurtado, quien hoy se encuentra en prisión.

Abogado de Elizabeth Peralta confirma que su clienta sí estuvo en la casa de las hijas de ‘Chibolín’: «Eran amigos»

Benji Espinoza, abogado de Elizabeth Peralta, confirmó que su cliente sí estuvo en la casa de las hijas de Andrés Hurtado, quien está cumpliendo 18 meses de prisión preventiva en el penal Lurigancho.

«Eran amigos, ese video demuestra que eran amigos, nada más. No hay ninguna novedad a diferencia de la presidenta de la Corte que dijo: ‘Bueno, yo lo conocía como conozco a todos’. Mi cliente siempre dijo que era su amigo. Lo de la doctora Peralta me parece que llueve sobre mojado», manifestó el letrado en el programa ‘Milagros Leiva, Entrevista’.

Bajo esa línea, el letrado sostuvo que no sabe exactamente cuántos días estuvo su clienta en la vivienda de Josetty y Génnesis Hurtado.

«Sí (estuvo en la casa de las hijas de Andrés Hurtado), en enero del 2022. Entiendo que es en enero del 2022», indicó.

Al ser consultado si la familia Hurtado le pagó el pasaje a su patrocinada, Benji explicó que Peralta saca dos montos y uno que tenía de ahorros de su cuenta de Scotiabank, que son próximos a la fecha del vuelo.

«Y ese dinero se lo da a Hurtado y Hurtado lo ingresa a la agencia y la agencia compra el pasaje. Claro, la agencia lo compra, pero ¿con qué dinero? Con el dinero de la doctora Peralta de su trabajo», expresó.

Dueño de ‘Mi Barrunto’ involucrado en trama de compra y venta del porsche abandonado de ‘Chibolín’

El programa Cuarto Poder reveló la compleja cadena de transferencias de un Porsche Cayenne Turbo, inicialmente propiedad del clan Sánchez Paredes y que pasó por varias manos hasta llegar a Andrés Hurtado, propietario de AH Entertainment Company S.A.C. En julio de 2023, Hurtado vendió el lujoso vehículo a Luis Enrique Sánchez Aranda, propietario de la cevichería ‘Mi Barrunto’, por 30 mil dólares. Sin embargo, Sánchez Aranda lo devolvió a Hurtado en noviembre de 2023, apenas cuatro meses después, por el mismo monto. Desde ese momento, el vehículo no ha tenido nuevos traspasos, y recientemente fue hallado abandonado y cubierto de polvo en una cochera de Miraflores, en medio del escándalo que rodea a Hurtado, también conocido como Chibolín.

En 2010, Carlos Alberto Sánchez Alayo adquirió un lujoso Porsche por 135 mil 340 dólares. En 2012, lo transfirió a su primo, Orlando Sánchez Miranda, por 105 mil dólares. Ambos pertenecen a la familia Sánchez Paredes, implicada en investigaciones relacionadas con el narcotráfico. En 2014, el vehículo fue vendido a Miguel Zegarra Macchiavello por 72 mil dólares. Posteriormente, en 2020, Zegarra lo vendió a la empresa de Chibolín por 100 mil soles. Finalmente, en julio de 2023, la empresa de Andrés Hurtado traspasó el Porsche a Luis Enrique Sánchez Aranda, conocido como ‘Luchito Mi Barrunto‘, por 30 mil dólares.

Durante el reportaje de Cuarto Poder indicaron que tuvieron acceso al registro fiscal de todos los propietarios que han tenido el Porsche. A excepción de Chibolín, tanto los primos de la familia Sánchez Paredes, ‘Luchito Mi Barrunto’ y el empresario Miguel Zegarra presentan una investigación preliminar por actos de conversión y transferencia, en la misma fiscalía y casi en las mismas fechas. Este es el factor común entre ellos. El viernes, la fiscalía inició diligencias relacionadas con los autos abandonados.

Volvo C70 del año 2009, el otro vehículo que fue hallado en la cochera en Miraflores

En otra parte del reportaje del documental, se reveló que otro vehículo de alta gama bajo la mira de la fiscalía es un Volvo C70 del año 2009. En su interior se encontró únicamente una botella. Según los registros públicos, en 2011, IAMI Inversiones S.A.C. adquirió el vehículo por poco más de 100 mil soles. Años después, en 2018, Segundo Alejandría Villegas lo compró por solo 5 mil 500 dólares y lo revendió casi al doble, es decir, por 10 mil dólares, a la empresa AH Entertainment Company S.A.C. de Chibolín en 2020. Además, se destacó que no sería la primera vez que Segundo Alejandría Villegas se ve involucrado en estas extrañas operaciones; su nombre también apareció en la cadena de transferencia de la camioneta Cadillac que utilizaba Chibolín sin ser el propietario en los documentos.

Camioneta de US$60.000 de Chibolín figura como propiedad de hombre de 80 años que no reconoce vehículo

La camioneta Cadillac Escalade, conocida como “La Bestia” y utilizada por Andrés Hurtado, tiene una cadena de transacciones sospechosas. Aunque su costo original es de 60 mil dólares, está registrada a nombre de Juan Yucpuy Ramírez, un hombre de 80 años que afirma no reconocer el vehículo como suyo. Este caso ha generado sospechas de un posible esquema de lavado de activos, según un informe de Cuarto Poder.

Yucpuy, quien asegura no haber visto nunca la camioneta y no tener licencia para manejar, es el actual propietario en documentos. La camioneta ha cambiado de dueño varias veces en un corto periodo, siempre a precios reducidos, lo que plantea dudas sobre la legitimidad de las transacciones. Abraham Mina Recabarren, tesorero y colaborador cercano de Hurtado, compró el vehículo inicialmente por 36 mil 500 dólares. Posteriormente, pasó por varias transferencias, incluyendo ventas a 10 mil y 7 mil dólares, antes de ser transferida a Yucpuy por solo 3 mil soles. Este historial ha suscitado inquietudes sobre el uso indirecto de la camioneta por parte de Hurtado.

Escándalo: Jueza María Vidal, vinculada a ‘Chibolín’, intentó regresar al PJ con medida cautelar fraudulenta

La jueza superior titular y suspendida presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Vidal la Rosa Sánchez habría pretendido reincorporarse a sus actividades jurisdiccionales, vía una medida cautelar «fraudulenta», en una acción de Amparo presentada contra la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.

El asunto ha generado un escándalo y una nueva investigación disciplinaria. La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial ha intervenido el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima donde, en las últimas 72 horas, se habría estado «tramando» la reincorporación de Vidal la Rosa. En tanto, la presidencia de la Corte Superior de Lima apresuró el cambio de magistrado en ese despacho.

Hasta el jueves 17 de octubre de 2024, el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima estaba a cargo de la jueza supernumeraria Cinthia Erika Páucar Boza, nombrada por Vidal La Rosa Sánchez. Páucar había trabajado antes con la destituida jueza superior Enma Benavides Vargas. Su nombramiento es uno de los asuntos por los que la ANC investiga a Vidal la Rosa.

Por esos antecedentes, el cambio de Páucar Boza ya estaba programado y decidido. Ella lo sabía. Solo restaba la entrega de cargo, lo que recién se pudo realizar el viernes a primera hora. El presidente interino de la Corte de Lima, Ricardo Vinatea, en cumplimiento de sus funciones, ya había designado a la jueza supernumeraria Ana del Rosario Osorio Sosa, quien asumió de inmediato

En paralelo, la Autoridad Nacional de Control intervino y paralizó todas las actividades del Cuarto Juzgado Constitucional y se están revisando las computadoras de todo el personal, secretarios, especialistas y del despacho judicial. La intervención continúa en este momento.

La jueza María Vidal la Rosa está vinculada a las investigaciones a Andrés Hurtado ‘Chibolín’ y a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En el caso de la fiscal por supuestamente intervenir para que se expida una medida cautelar para que Benavides se reincorpore en el Ministerio Público.

La historia de la medida cautelar fraudulenta

De lo que se sabe hasta esta hora, entre el lunes 14 y martes 15 de octubre, se habría producido un ruleteo de una demanda de amparo presentada por el abogado de Vidal la Rosa Sánchez, Elías Jesús Silva Huallanca en la que se cuestiona la suspensión de seis meses que la ANC impuso a la presidenta de la Corte Superior de Lima. La idea era que la demanda llegue a manos de Cinthia Paucar.

Efectivamente, la demanda llegó al referido juzgado. A las 8:30 de la mañana del miércoles 16 de octubre, Elías Silva se apersonó al despacho de Páucar a pedirle celeridad en el trámite de su demanda: «una indefensa ciudadana demanda a una entidad estatal por violación al derecho constitucional: trabajo, debido proceso, ne bis in idem y la garantía de la cosa decidida».

La admisión de una demanda de Amparo puede tardar semanas o meses, en una situación normal. En este caso todo fue rápido. Al día siguiente, jueves 17 de octubre, a las 13:10:57, la jueza Páucar Boza admitió a trámite la demanda de Amparo presentada por María Vidal la Rosa contra la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y el Procurador Público del Poder Judicial.

A continuación, en la misma resolución, dispuso que se les notifique a su casilla judicial y, en tanto, la ANC no cuenta con casilla electrónica, que se le entregue la resolución físicamente, otorgando un plazo de 10 días para responder y citandolos a una audiencia para resolver el fondo del asunto, el próximo 15 de enero a las 11:00 de la mañana.

La resolución se subió al sistema, para conocimiento público, a las 14:52:40 horas. Al poco tiempo, el abogado habría regresado al Cuarto Juzgado Constitucional con el pedido de medida cautelar urgente para evitar, dijo, un daño irreparable a la «indefensa ciudadana».

De acuerdo con el personal del juzgado, según pudo conocer La República, la jueza se encerró en su despacho a preparar la resolución de medida cautelar. Pasadas las 6:00 de la tarde, intentó que alguno de los especialistas judiciales firmara el documento, pero todos se negaron. Argumentaron estar fuera del horario de trabajo.

Lo normal es que sea el especialista el que prepara y redacta una resolución siguiendo las instrucciones del juez. Luego, el magistrado le da el visto bueno, con su firma y se dispone su publicación. Nunca al revés como pretendió imponer Páucar Boza.

Al ver que nadie la apoyaba, según las fuentes, la misma magistrada habría procedido a subir la medida cautelar al sistema. A las 8:30 de la mañana del viernes 18 de octubre, Elías Silva y la misma Vidal La Rosa se habrían apersonado al juzgado a reclamar que se les notifique la medida cautelar físicamente.

Se produce la intervención de las Autoridades

Alertados de lo estaba sucediendo, la Autoridad de Control evitó la notificación final, que permanece sin firma del especialista. La medida cautelar habría sido encontrada en un expediente aparte de la Acción de Amparo, sin la firma del especialista judicial, lo que le resta valor y el motivo por el que no fue notificada. La resolución judicial debe tener las dos firmas.

La doctora María Vidal La Rosa Sánchez puede interponer una demanda de Amparo y pedir una medida cautelar para intentar anular la suspensión que la ha impuesto la Autoridad Nacional de Control. Eso es normal. Lo que las autoridades están cuestionando es el presunto ruleteo de la demanda y al celeridad y nocturnidad con lo que la jueza supernumeraria, nombrada por Vidal, habría actuado.

«Igual para todos»: INPE niega trato preferencial para ‘Chibolín’ en el Penal Lurigancho

Desde que Andrés Hurtado ingresó al Penal de Lurigancho el pasado jueves, los rumores sobre un supuesto trato preferencial comenzaron a circular hasta hoy, que el INPE lo desmintió.

En medio de una una jornada cívica de sembrado de árboles y limpieza, en Magdalena, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, aclaró que ‘Chibolín’ conviviría como uno más.

“El trato a los internos es el mismo para todos. No habrá ninguna diferencia», comenzó respondiendo el máximo directivo penitenciario ante la consulta de los medios de prensa por el exconductor de TV.

Luego, al ser insistido por si Andrés Hurtado iba a tener alguna especie de carceleta dorada en el Penal de Lurigancho, la autoridad también lo descartó, pues la distribución no dependería del apellido.

«Tenemos entre 20 y 30 ingresos diarios: los internos son clasificados (según tipo de sentencia y delitos cometidos) y se les determina el pabellón correspondiente”, sentenció el jefe del INPE.

Sin embargo, el abogado Elio Riera ya habría negado que esta clasificación fuera posible, ya que los presos estarían hacinados en los penales y no habría cómo diferenciar a los de prisión preventiva o definitiva.

«No tienen recursos. Y, por ello, todos (los presos) están en una zona común. No hay forma de que estén separados. Duermen en el piso», mencionó el letrado el jueves pasado en ‘Amor y Fuego’.

Como se recuerda, el reconocido ‘Chibolín’ purga prisión preventiva en el mencionado centro penitenciario desde el 3 de octubre hasta el 18 de marzo del 2026, cuando se cumplan los 18 meses pendientes.