La Comisión de Constitución del Congreso aprobó una propuesta de ley del fujimorismo que modifica el reglamento de esta institución para que sea posible suspender a todos los altos funcionarios del Estado: ministros, fiscales supremos, jueces supremos, magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La iniciativa empodera los procesos de acusaciones constitucionales del Congreso y permite, además, que todos los altos funcionarios sean suspendidos con 50 votos, lo que equivale a la mayoría simple de congresistas presentes en el Pleno, sin contar a los miembros de la Comisión Permanente (que son 30).

Fuerza Popular y Perú Libre respaldaron contrarreforma

El dictamen fue aprobado con 14 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. Los congresistas que respaldaron la contrarreforma son de las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular, Alianza Para el Progreso, Avanza País, Somos Perú y Bloque Magisterial. Todo el pacto que gobierna el Parlamento.

El proyecto fue presentado por la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, quien planteó modificar el artículo 89 del reglamento del Congreso. Este texto establece que los parlamentarios acusados constitucionalmente puedan ser suspendidos mientras son investigados en el Ministerio Público.

Juárez propuso ampliar ese universo para todos los altos funcionarios investigados y que son acusados por el Congreso. «Mientras dure el proceso, se les suspende en el cargo», enfatizó.

La sesión de la Comisión de Constitución en la que se aprobó esta ley fue presidida por Luis Aragón, de Acción Popular, quien puntualizó el impacto que tendrá dicho dictamen. «El parlamentario no es el único que puede ser acusado. Puede ser acusado un miembro de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación o de la Junta Nacional de Justicia», manifestó.

La legisladora del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, cuestionó el proyecto. «Me preocupa. Aquí se está incorporando una disposición que aplica en los procesos en trámite. ¿A quién quieren bajarle la cabeza sino tienen los votos? Lo que más me viene a la mente es lo que pasó con la JNJ y ahora se pretende quitar el tema de congresistas para que se aplique a funcionarios. Yo quisiera tener claridad sobre el fondo de este tema», comentó.

Congreso: altos funcionarios corren peligro de ser suspendidos con 50 votos

La otra crítica a esta propuesta es que el Pleno del Congreso, sin contar a los miembros de la Comisión Permanente, podrá suspender con mayoría simple a los altos funcionarios. «Aquí se abre la puerta a que con 50 votos uno puede suspender indefinidamente por infracción a la Constitución porque a mí me parece que se vulneró la Constitución. Lo único que he pedido es evitar que las suspensiones se hagan pasar por destituciones», expresó.

Actualmente para inhabilitar a un alto funcionario se requiere dos tercios de votos (67) a favor en el Pleno, sin contar a los integrantes de la Comisión Permanente. El proyecto de Juárez permite suspenderlos con menos votos. La congresista Luque por eso recordó el caso de la JNJ, cuando los exmagistrados Aldo Vásquez e Inés Tello fueron inhabilitados con 67 votos exactos.

Con una ley como la planteada por Juárez, Vásquez y Tello hubieran podido ser suspendidas con 17 votos menos en el Congreso.

Delia Espinoza, Janet Tello y Salas Arenas en riesgo

Esta ley fujimorista recibió luz verde de la Comisión de Constitución el mismo día que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) votará el informe final para acusar al expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, por presunta negociación incompatible, sobre la base de declaraciones del exjuez Walter Ríos.

Con el dictamen naranja todavía no es discutido en el Pleno, pero de ser aprobado Salas Arenas está expuesto a ser suspendido del cargo de juez supremo con la mayoría de simple de votos.

El mismo riesgo corren la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, quienes son atacadas constantemente por el fujimorismo y sus aliados. A eso se suma que incluso los ministros del régimen de Dina Boluarte, los miembros del TC y otros funcionarios como el contralor y el defensor del Pueblo están expuestos a ser sometidos por una mayoría simple parlamentaria.