Congreso exige explicaciones por presunta filtración policial a ‘El Monstruo’

El impacto que ha generado la captura de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, en Paraguay, no solo ha sacudido a las autoridades del sistema judicial y policial del país, sino que también ha abierto una profunda grieta de dudas sobre la transparencia interna de la Policía Nacional del Perú (PNP). A raíz de ello, el congresista Edward Málaga Trillo ha solicitado de forma oficial la citación del ministro del Interior, Carlos Malaver, y del suspendido comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, ante la Comisión de Defensa del Parlamento.

El motivo de esta solicitud no es menor: existen graves acusaciones de una presunta filtración de información dentro de la PNP que habría favorecido la huida de uno de los delincuentes más buscados del país.


¿Qué dijo Erick Moreno tras su captura?

Erick Moreno Hernández, cabecilla de una organización criminal acusada de secuestro, extorsión y sicariato, fue detenido el 25 de septiembre en San Lorenzo, Paraguay, tras una operación coordinada entre Interpol y las autoridades peruanas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las declaraciones del propio detenido al momento de ser presentado ante el tribunal.

Según sus palabras, habría recibido apoyo de miembros de la Policía Nacional para evadir los operativos que buscaban capturarlo. Estas afirmaciones, aunque no han sido corroboradas oficialmente, encendieron las alarmas dentro del Congreso y la opinión pública, cuestionando el verdadero alcance de la corrupción interna dentro de la institución policial.


¿Qué solicita el congresista Edward Málaga?

Mediante un oficio dirigido a la presidenta de la Comisión de Defensa, Karol Paredes, el congresista Edward Málaga formalizó su pedido para que el ministro Malaver y el general Zanabria comparezcan públicamente. El documento remarca la necesidad urgente de brindar una explicación clara, oficial y sustentada sobre las supuestas irregularidades cometidas por agentes de la PNP en este caso emblemático.

Además, Málaga enfatiza que este caso no debe ser tratado como un hecho aislado, sino como un síntoma de un problema estructural que podría estar afectando directamente la efectividad de las fuerzas del orden en la captura de otros criminales peligrosos que, hasta hoy, siguen prófugos.


¿Cuál es el impacto de estas sospechas en la PNP?

El caso “El Monstruo” ha generado una situación incómoda para la Policía Nacional del Perú, justo en un momento donde el gobierno de Dina Boluarte intenta fortalecer la seguridad ciudadana. De hecho, la presidenta felicitó públicamente a la PNP por la captura internacional durante su intervención en la Convención Minera Perumin 2025 en Arequipa. Sin embargo, la sombra de una posible filtración podría desdibujar ese logro.

Edward Málaga advierte que esta situación mina la confianza ciudadana en la Policía, y resalta que “las declaraciones del detenido no pueden ser pasadas por alto”. En este contexto, considera urgente que se conozcan las medidas preventivas y correctivas adoptadas dentro de la institución para sancionar posibles actos de encubrimiento o corrupción.


¿Qué se espera del ministro Malaver y del general Zanabria?

Ambos funcionarios tienen la oportunidad –y la responsabilidad– de aclarar públicamente las acciones emprendidas por el Ministerio del Interior y la PNP frente a esta grave denuncia. En particular, el Congreso espera conocer:

  • ¿Existieron agentes que filtraron información clave a Erick Moreno?
  • ¿Se han iniciado investigaciones internas?
  • ¿Cuáles son las sanciones previstas en estos casos?
  • ¿Qué estrategias se están implementando para evitar futuras fugas?
  • ¿Se están depurando las filas policiales de agentes corruptos?

De acuerdo con Málaga, una respuesta vaga o evasiva solo alimentaría el escepticismo social y dañaría la legitimidad de toda la institución policial.


¿Qué dice la ciudadanía?

En redes sociales, las reacciones han sido mixtas. Si bien hay sectores que celebran la captura internacional de “El Monstruo”, otros exigen mayor transparencia y justicia real, especialmente cuando se trata de mafias que operan con redes infiltradas incluso dentro del Estado.

“El verdadero logro será cuando sepamos que no hay más policías encubriendo a delincuentes”, escribió un usuario en X (antes Twitter).


¿Por qué es importante esta citación para el futuro de la seguridad ciudadana?

El caso de Erick Moreno Hernández representa mucho más que la detención de un criminal: es una oportunidad crítica para evaluar la integridad del sistema policial y el compromiso del gobierno con una lucha frontal y honesta contra el crimen organizado.

La citación al ministro del Interior y al comandante de la PNP podría abrir la puerta a reformas estructurales que garanticen que este tipo de complicidades no se repitan. De lo contrario, cada operativo exitoso corre el riesgo de ser empañado por dudas legítimas sobre su transparencia y autenticidad.


¿Se atreverá el Congreso a llegar al fondo del asunto?

La Comisión de Defensa tiene una responsabilidad histórica en sus manos. Dejar pasar este caso sin una investigación profunda significaría un grave retroceso en la lucha contra la criminalidad y la corrupción interna. Por ello, la ciudadanía estará atenta a lo que ocurra este lunes en el Congreso, cuando se espera que este y otros temas vinculados a la seguridad nacional sean debatidos con seriedad y rigor.

Congreso presenta moción de censura contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez

El Congreso de la República ha presentado la moción de censura en contra del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, quien ocupa el cargo desde el 23 de agosto de 2025. Esta es la segunda moción de censura contra Santiváñez, quien previamente fue censurado como ministro de lnterior por el Legislativo.

Congreso presenta moción de censura contra Santiváñez

Según la moción de censura 19267 presentada este martes 23 de setiembre, el Congreso de la República presentó la moción de censura al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, por su falta de idoneidad en esta cartera. La moción ha sido firmada por congresistas de diversas bancadas, alcanzando las 35 firmas.

«Que atendiendo a las consideraciones precedentes, se evidencia que el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, ha dejado de reunir las condiciones mínimas de idoneidad, confianza y probidad para encabezar un sector tan crucial como el de Justicia y Derechos Humanos», se lee en el comunicado. 

Juan José Santiváñez viene ocupando el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) desde el pasado 23 de agosto, cuando la presidenta de la República, Dina Boluarte, ratificó su confianza luego de haber ocupado el cargo de ministro del Interior.

La salida del extitular del Ministerio del Interior (Mininter) se sostuvo por su falta de idoneidad en el cargo, luego de mencionar que de no controlar la ola criminal en el país, el ponía a disposición la cartera del Interior. 

Ante la falta de resultados en contra de la criminalidad, el Congreso decidió censurarlo de este puesto el 21 de marzo de 2025, con 79 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones. 

Tres semanas después de su salida del Mininter, la jefa de Estado decidió crear un nuevo puesto en el gobierno que fue ocupado por Santiváñez: jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, que ocupó desde abril hasta fines de agosto. Para finales de agosto, Boluarte volvió a incluirlo como parte de su gabinete.

Aprueban moción de censura contra ministro Santiváñez
Presentan moción de censura contra ministro Santiváñez

Congresistas de diversas bancadas firman moción de censura 

El pasado 17 de setiembre, la congresista Susel Paredes anunció en redes sociales que ya se habían reunido las firmas necesarias para oficializar la moción de censura contra el ministro de Justicia. En ese momento, Paredes indicó contar con las 33 firmas necesarias, no menos del 25% necesario. La moción de censura presentada hoy por el Congreso cuenta con dos firmas adicionales, contando finalmente con 35.

Según el documento presentado por el Congreso, Santiváñez no contaría con la idoneidad para ser ministro de Justicia y Derechos Humanos, en parte, por los actuales procesos judiciales que enfrenta como un posible tráfico de influencias en el Tribunal Constitucional.

Este presunto acto ilícito sería a favor del expolicía y patrocinado Miguel Salirrosas, alias ‘El Diablo’, junto al premier Eduardo Arana. «En la actualidad, enfrenta graves procesos judiciales que comprometen su idoneidad para ejercer el cargo», indica la moción de censura.

Este actual Congreso es el que más universidades públicas ha creado con fines populistas

Este Congreso sumará un nuevo precedente negativo porque en ningún otro periodo parlamentario de la historia republicana se han creado tantas universidades públicas, de forma populista, como en el actual que termina funciones el próximo año.

A través de una revisión de datos, La República ha podido comprobar que, desde julio del 2021 hasta setiembre del 2025, se han promulgado leyes de creación para 20 nuevas universidades públicas en 10 regiones del país, la mayoría con la venia del Gobierno de Dina Boluarte.

De esta cifra total, siete se han creado sobre la base de escuelas artísticas, tales como de Bellas Artes, de Artes de Trujillo, de Arte Escénico, del Folklore, de Música de Arequipa, de Ballet de Lima y de Música de Puno. Las 13 universidades restantes deberán construirse desde cero, que es lo más difícil (ver lista).

Esta ola de instituciones fundadas al caballazo ya supera a la del periodo legislativo 2006-2011, del Gobierno de Alan García, en la que se abrieron 16 universidades nacionales, de las cuales 14 siguen con comisiones organizadoras y dos existen solo en papeles (en SJL y Los Olivos).

De acuerdo con especialistas consultados, el problema es que estas universidades no se abrirán en un corto plazo por falta presupuesto, lo que termina siendo un engañamuchachos.

Los congresistas están en una carrera populista e irresponsable en la búsqueda de su reelección. No pueden jugar con las expectativas de los jóvenes de regiones”, manifestó el exministro de Educación, Idel Vexler.

Sin embargo, la cifra de 20 nuevas universidades ya creadas puede aumentar aún más hasta julio del 2026, mes en que dejan sus cargos los actuales legisladores. El último miércoles, el Pleno aprobó la insistencia de una autógrafa de ley que viabiliza 20 de casas de estudio de un solo porrazo. Se decidió esto a pesar de que el Ejecutivo advirtió que esto implica un gasto creciente para el presupuesto del Estado que puede comprometer la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

Además de ello, el Pleno dio luz verde a otros tres dictámenes de ley para la creación de las universidades nacionales de Huaycán (Lima) y de Kimbiri (Cusco); además de la de Huaral.

Pero eso no es todo. En agosto, el Pleno aprobó también la creación de dos universidades públicas en Arequipa y Ucayali.

Estas 25 posibles universidades se sumarían a las 20 cuyas leyes ya han sido promulgadas. De esta manera, el actual Congreso podría irse con 45 de estas instituciones recién creadas. Este es un número muy preocupante.

“Bomba de tiempo”

“Este Congreso dejará una bomba de tiempo al siguiente Gobierno. Las poblaciones locales van a estar exacerbadas cuando vean que las nuevas universidades no se abrirán en el corto plazo”, respondió el exfuncionario del Minedu, Jorge Mori, quien es hoy director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes).

Mori explicó que 14 universidades creadas entre el 2006 y 2011 tardaron siete años, en promedio, para entrar en funcionamiento y aún siguen con comisiones organizadoras por la poca oferta de docentes investigadores en esas localidades.

“Si el Congreso se va creando 45 nuevas universidades públicas habrá 94 en el Perú, si sumamos a las 49 ya existentes y licenciadas. Eso es inviable. Acá hay populismo y aprovechamiento político y se burlan de las poblaciones de regiones”, cuestionó.

El especialista lamentó el papel del Minedu, ya que al no mostrar una postura firme ante este embate del Congreso perjudica y deja sin recursos a las 49 universidades estatales existentes.

“Lo primero que tendrá que hacer el nuevo Congreso es elaborar un proyecto de ley para que estas instituciones recién creadas se conviertan en filiales de las universidades públicas ubicadas en sus regiones. Esa será la única opción para evitar que las poblaciones locales protesten por las falsas promesas”, sostuvo preocupado.

El exministro Idel Vexler lamentó que se generen ilusiones a los jóvenes con universidades con fines electorales. «La creación de más de 20 universidades ,y las creadas hace algunos meses, precariza económica y técnicamente las condiciones básicas de calidad educativa del sistema universitario», advirtió.

En menos de tres horas, Congreso aprobó creación de 22 universidades públicas

La noche del miércoles, mientras la ciudadanía esperaba que se viabilizara un nuevo retiro de su AFP, el Pleno del Congreso aprobó, por insistencia, la autógrafa de ley que crea 20 universidades públicas de un solo zarpazo. Esto, pese a que había sido observada por el Poder Ejecutivo por no contar con sustentos técnicos.

Al promediar las 7:30 de la noche, con 74 votos a favor, 5 en contra y 30 abstenciones, el presidente del Congreso, José Jerí formalizó la aprobación de esta iniciativa inviable, populista y electorera, en opinión de especialistas.

Minutos antes, entre las 5:30 y 6:30 de la tarde, el Pleno había aprobado también la apertura de otras dos universidades nacionales en Huaycán (Lima) y Kimbiri (Cusco), por lo que en menos de tres horas creó 22 nuevas casas de estudios.

La fiebre por estas 22 nuevas casas de estudio se extiende por 15 regiones del país. En Puno, pretenden que se abran cuatro: las universidades de Sandia, de Huancané, de Ayaviri y de Azángaro. En Lambayeque, plantean dos: las universidades autónomas de Chiclayo y de Olmos. Y en Junín también dos: las universidades de Pangoa y de Jauja.

Las otras 14 futuras universidades son las de Coracora (Ayacucho); de Camaná (Arequipa); de Padre de Abad (Ucayali); de Chincheros (Apurímac); de Chumbivilcas, de Kimbiri (Cusco); de Nasca (Ica); así como de Juan Vélez de Moquegua; de Alto Mayo (San Martín); de Nuevo Occoro (Huancavelica); de La Esperanza (La Libertad), la del Ejército y la de Huaycán (Lima).

Los congresistas más entusiastas en proponer la creación de estas universidades sin presupuesto fueron Wilson Quispe, Waldemar Cerrón, Guido BellidoJosé BalcázarJorge Marticorena y Paul Gutiérrez. Según ellos, la propuesta “contribuirá al cierre de brechas socioeconómicas, educativas y culturales, que impulsará el desarrollo de la competitividad de las regiones y al desarrollo de la ciencia y tecnología”.

Este no es un hecho aislado. Desde julio del 2021 hasta setiembre del 2025, según pudo comprobar La República, ya se ha promulgado la creación de 20 universidades públicas en 10 regiones del país.

El Ejecutivo, en su observación, respondió que no cuenta con presupuesto porque, para viabilizar la propuesta, se necesitan recursos para la construcción, ampliación y adecuación de la infraestructura de las universidades; además de los sueldos de los docentes y trabajadores administrativos, los gastos de servicios básicos y de mantenimiento.

“Irresponsables y populistas”

Al respecto, tres exministros de Educación han mostrado su rechazo. Idel Vexler consideró que los congresistas están en una carrera irresponsable en la búsqueda de su reelección. “Es una decisión populista e inviable en el corto plazo. No se puede jugar con las ilusiones de los jóvenes”.

El extitular del Minedu, Ricardo Cuenca, sostuvo que esta es una muestra más de la falta de conocimiento que tienen los legisladores. “Crear una universidad de cero toma entre 7 y 8 años, y eso es porque depende de la infraestructura, la plana docente, el presupuesto”, aseveró.

Cuenca lamentó que se piense en esas iniciativas en vez de dotar de mayor presupuesto a las 49 universidades públicas existentes para que abran filiales.

La exministra Miriam Ponce afirmó que, de aprobarse 50 universidades, se necesitarían S/5.000 millones solo para el año cero, sin considerar los gastos del licenciamiento. Este monto representaría casi la cuarta parte del presupuesto del sector Educación en el 2025.

“Según un estudio del Minedu, para abrir una sola universidad con tres carreras y sin laboratorios se requieren S/105 millones, ya que el 90% va para infraestructura. Eso se debe tomar en cuenta”, explicó.

Ponce agregó que los proyectos de ley contienen artículos sobre presupuesto, carreras y plazos de adecuación que son competencia del Minedu. “He visto algunas en lugares bastante lejanos donde va a ser difícil que tengamos profesores con maestrías y doctorados”.

Lista de 22 universidades recién aprobadas por el Pleno

  • U. de Sandia (Puno)
  • U. de Huancané (Puno)
  • U. de Ayavirí (Puno)
  • U. de Azángaro (Puno)
  • U. Autónoma de Chiclayo
  • U. Autónoma de Olmos
  • U. Intercultural de Pangoa
  • U. de Jauja (Junín)
  • U. de Coracora (Ayacucho)
  • U. de Camaná (Arequipa)
  • U. de Padre Abad (Ucayali)
  • U. de Chincheros (Apurímac)
  • U. de Chumbivilcas (Cusco)
  • U. de Nasca (Ica)
  • U. Juan Vélez de Moquegua
  • U. de Uctubamba (Amazonas)
  • U. de Alto Mayo (San Martín)
  • U. de Nuevo Occoro (Huancavelica)
  • U. La Esperanza (Trujillo)
  • U. del Ejército (Lima)
  • U. de Kimbiri (Cusco)
  • U. de Huaycán (Lima)

Lista de 20 universidades ya creadas por este Congreso

  • U .de Cutervo (Cajamarca)
  • U. San Ignacio (Cajamarca)
  • U. de Huancabamba (Piura)
  • U. de Sechura (Piura)
  • U. de Carabaya (Puno)
  • U. de Yunguyo (Puno)
  • U. de Vilcanota (Cusco)
  • U. del Vraem (Cusco)
  • U. de Chincha (Ica)
  • U. de Chupaca (Junín)
  • U. de Bellas Artes (Lima)
  • U. del Folklore (Lima)
  • U. de Arte Escénico (Lima)
  • U. Aimara Ilave Collao (Puno)
  • U. de San Marcos de Áncash
  • U. de Artes de Trujillo
  • U. de Desaguadero (Puno)
  • U. Luis Duncker Lavalle (Arequipa)
  • U. de Ballet (Lima)
  • U. de Música de Puno

Congreso: proponen elevar de S/300 a S/1.130 el aguinaldo para trabajadores del sector público

El congresista Alfredo Pariona, de la Bancada Socialista, presentó el proyecto de ley n°12345/2025 que busca mejorar los beneficios de los trabajadores del sector público. La iniciativa propone que el aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad se incremente de los actuales S/300 a un monto equivalente a una Remuneración Mínima Vital (RMV), es decir, S/1.130, conforme al incremento aprobado desde enero de 2025.

De acuerdo con la propuesta, este beneficio alcanzaría a funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo distintos regímenes laborales del Estado, incluyendo el Decreto Legislativo 276, el régimen CAS (D.L. 1057), la Ley de Reforma Magisterial (Ley 29944), la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior (Ley 30512), así como a docentes universitarios, personal de salud, obreros del sector público, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y pensionistas de regímenes especiales.

El financiamiento del aguinaldo se realizaría con cargo al presupuesto institucional de cada entidad pública, en el marco de las leyes anuales de presupuesto. Para acceder al beneficio, los trabajadores deberán cumplir requisitos como encontrarse laborando —o en vacaciones/licencia con goce de haber— al 30 de junio y noviembre de cada año, y tener al menos tres meses de antigüedad. De esta manera, el concepto por aguinaldo que recibirían los trabajdores del sector público sería de un total de S/2.260, habida cuenta que este beneficio aplica dos veces al años.

Alega brechas frente a ingresos de altos funcionarios

El congresista Pariona justificó la iniciativa señalando la desigualdad que existe entre los beneficios de los altos funcionarios del Estado y los de los servidores públicos. Recordó que, desde julio de 2025, el sueldo de la presidenta Dina Boluarte se elevó a S/35.568, lo que significa que en Fiestas Patrias y Navidad recibirá dos sueldos adicionales, es decir, S/71.136, cifra muy superior a la de docentes y trabajadores públicos.

“En el caso de los funcionarios bajo el régimen del Servicio Civil (Ley 30057), las compensaciones económicas también son de montos elevados, lo que genera aún más brechas con los trabajadores de base”, añadió.

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El proyecto busca nivelar estas diferencias, garantizando que el aguinaldo para todos los servidores públicos sea equivalente a la RMV, con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales.

Recordemos que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) envió al Congreso de la República el proyecto de ley de Presupuesto del Sector Público para el 2026, con un importe que asciende a S/257.562 millones, lo que implica un incremento de 2,2% frente al registrado para el 2025.

Según el MEF, dicha iniciativa fue diseñada bajo los criterios de descentralización y sostenibilidad fiscal, cuya meta de déficit está fijada en 1,8% del producto bruto interno (PBI) para el próximo año. Como se recuerda, este tema resulta fundamental para la sostenibilidad de las finanzas públicas, puesto que el Perú ha incumplido durante dos años continuos la regla del déficit fiscal.

Comisión de Economía del Congreso aprueba dictamen que dispone el octavo retiro de los fondos de las AFP

La Comisión de Economía del Congreso aprobó este miércoles, por mayoría, el octavo retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)  En total, 24 congresistas votaron a favor, ninguno en contra y tres se abstuvieron. 

La medida no contempla ninguna excepción, así los trabajadores podrán disponer de hasta S/21.400 (4 UIT) de forma voluntaria.

Víctor Flores, presidente de la Comisión de Economía, manifestó en conferencia de prensa que de todas maneras este dictamen, hoy mismo, pasará a ser debatido en el Pleno del Congreso.

«Ya estamos haciendo la recolección de firmas de todos los congresistas de la comisión para que hoy mismo, en la noche, se agende en el Pleno y se toque para después votarlo. De tal manera que hoy mismo tendremos un consenso de ideas mayoritario para que la población
se vea beneficiada», expresó. 

Flores también añadió que con lo aprobado se ha quitado esa norma que obligaba a los trabajadores independientes pagar, de manera gradual, aportes a las AFP.