Ciudadanos protestan en Lima y regiones: exigen al Congreso derogar la reforma de pensiones fujimorista

Cansados de las leyes del Congreso que recortan derechos, cientos de afiliados a las AFP, organizaciones de jubilados y ciudadanos en general salieron a las calles a movilizarse contra la reforma de pensiones impulsada por Fuerza Popular en el 2024 y reglamentada por el Poder Ejecutivo hace pocos días.

Bajo consignas como “abajo la estafa de las AFP”, “no a la farsa de la reforma” y “mi plata, tu plata, nosotros decidimos”, los manifestantes hicieron sentir su voz de protesta en los alrededores del Cercado de Lima, así como en las plazas centrales de Trujillo, Piura y Puno. Ellos están convencidos que la Ley de Modernización Previsional debe derogarse.

«Esperamos que los congresistas sean conscientes y no sigan jugando con el dinero y la pensión de los peruanos. Eliminen y reestructuren esta ley para realmente beneficiar a los ciudadanos, porque, así como está, pone en riesgo nuestra plata, sin importar si eres independiente o ya estás afiliado”, dijo una joven a este medio.

Congreso busca derogar la reforma de pensiones

Precisamente, en el Congreso existen tres iniciativas para derogar la reforma previsional. La primera de ellas fue presentada por la parlamentaria Sigrid Bazán en octubre del año pasado y busca crear un nuevo Sistema Integrado Universal de Pensiones para reemplazar al actual. Recientemente, Alfredo Pariona, de la Bancada Socialista y Américo Gonza, de Perú Libre, se sumaron al objetivo de eliminar los alcances de la norma en controversia.

A diferencia de los demás proyectos de ley, el texto Gonza propone autorizar la devolución de los fondos de capitalización individual a los afiliados a las AFP en un plazo máximo de seis meses, según lo estipule la SBS. Dicha entidad deberá fijar el procedimiento operativo para el desembolso respectivo, en un periodo de 90 días.

«El sistema previsional peruano, reforzado por la Ley N° 32123 y su reglamento, presenta tres problemas centrales: 1. Inseguridad para los afiliados, quienes ven cómo sus ahorros pierden valor y no tienen garantizada una pensión digna. 2. Rentabilidad asegurada para las AFP, que obtienen ganancias y comisiones millonarias independientemente de los resultados de los fondos. 3. Restricciones legales regresivas, que eliminan derechos previamente conquistados (retiros extraordinarios, libertad de elección) y consolidan un esquema obligatorio, coercitivo y excluyente», se lee en su exposición de motivos.

Retiro AFP 2025 debe ser priorizado

Además de la oposición a la Ley N° 32123 y su reglamento, desde la Asociación Nacional de Aportantes y Ex Aportantes de AFP (ANAEA – AFP) se pronunciaron a favor de que el Poder Legislativo apruebe un octavo retiro de las AFP. Esta organización considera que los “trabajadores merecen el derecho de acceder a sus fondos, como ha ocurrido con los siete desembolsos anteriores”.

No obstante, la propuesta legislativa parece no avanzar en la Comisión de Economía que preside Víctor Flores. El parlamentario fujimorista se ha limitado a crear tres subgrupos de trabajo y un Consejo Consultivo conformado por especialistas afines a su línea de conducción. Mientras tanto, un grupo de congresistas viene recogiendo firmas para presentar una moción multipartidaria que eleve el pedido de priorizar la elaboración del predictamen.

«Le solicitamos que consulte al pleno de la comisión la preferencia en el debate del predictamen que autoriza el retiro voluntario y excepcional de hasta 4 UIT de los fondos de AFP, respecto de los más de 15 proyectos de ley presentados hasta la fecha y que se encuentran en estudio desde el 5 de junio del 2024, para cuyo efecto también consulte que se declare en sesión permanente para debatir y aprobar el predictamen que se presente», se lee en la carta publicada por el parlamentario Guido Bellido.

Retiro de AFP: ¿Cuántos retiros han sido aprobados hasta la fecha?

Desde el 1 de abril de 2020 hasta la fecha, se han realizado siete retiros de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensionescomo parte de los proyectos de ley aprobados en el Congreso, con el fin de mitigar los efectos de la pandemia en la economía nacional. El primer retiro permitió el acceso a un máximo de S/2.000 en 2020, mientras que el segundo estableció la posibilidad de liberar el 25% de los fondos, con un límite de 3 UIT en ese mismo año.

En abril de 2020, se autorizó un nuevo retiro de S/2.000 para los trabajadores despedidos bajo suspensión perfecta, y en noviembre del mismo año, los afiliados pudieron retirar hasta 4 UIT de sus fondos. En mayo de 2021, se aprobó una nueva liberación de hasta S/17.600, y en 2023, el monto autorizado fue de hasta S/18.400. Finalmente, en abril del año pasado, el Congreso aprobó el séptimo retiro, que permitía acceder a hasta S/20.600 de los fondos privados de pensiones.

Más proyectos del Congreso buscan eliminar la reforma del sistema de pensiones que favorece a las AFP

Dos nuevos proyectos para derogar la Ley de Modernización Previsional ingresaron a trámite documentario del Congreso. Los autores son los legisladores Alfredo Pariona de la Bancada Socialista y Américo Gonza de Perú Libre, quienes consideran que esta norma representa un perjuicio para los afiliados del Sistema Nacional (SNP) y Privado de Pensiones (SPP).

Ambas iniciativas fueron presentadas este 12 de septiembre en respuesta a la reciente publicación del reglamento de la reforma de pensiones a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Y es que, dicho dispositivo legal ha generado la convocatoria a protestas y una serie de críticas por parte de organizaciones de aportantes y especialistas en la materias, ya que prolongaría el modelo de las AFP en el país y no atendería a la población más vulnerable.

«Podemos concluir, tanto la Ley N° 32123 como su Reglamento (DS 189-2025-EF) consolidan un sistema previsional regresivo, inequitativo y contrario a los derechos de los trabajadores. Su derogación es una medida urgente para devolver a los afiliados el control sobre sus fondos y para abrir el camino hacia la construcción de un sistema público, solidario y universal de pensiones que garantice jubilaciones dignas», reza la propuesta legislativa de Gonza.

Reforma de pensiones: presentan más proyectos para derogarla

Además del proyecto de Sigrid Bazán que busca derogar la ley N°32123 y reemplazarlo por un nuevo Sistema Integrado Universal, el congresista de la Bancada Socialista, Alfredo Pariona, plantea un texto de similar naturaleza respecto al primer punto. En sus argumentos recalca que esta norma afectará a todas las personas naturales o jurídicas, en especial, a los peruanos mayores de 18 años que se verán obligados a afiliarse.

Recordemos que, a partir del 1 de junio del 2027, este grupo poblacional tendrá que incorporarse al SNP o SPP. Si es que no adoptaran una decisión dentro del plazo de 12 meses, la afiliación será automática y a partir del 1 de junio del 2028, los que aún no hayan escogido entre ambos regímenes, quedarán inscritos en el SPP.

«En el Reglamento de la Ley N°32123, se observa una grave afectación a los jóvenes de 18 años, pues se establece la afiliación obligatoria a los 18 años, en los siguientes términos», precisa la exposición de motivos del proyecto de Pariona, que además busca eliminar los alcances del reglamento de la Ley de Modernización Previsional, amparado en el Decreto Supremo N°189-2025-EF.

Por su parte, Américo Gonza también se suma a quienes buscan derogar la reforma del sistema de pensiones. A diferencia de Pariona, el legislador de Perú Libre propone autorizar la devolución de los fondos de capitalización individual a los afiliados a las AFP en un plazo máximo de 6 meses, según lo estipule la SBS.

Bajo su análisis, el sistema previsional peruano atraviesa una crisis estructural que se ha profundizado con la promulgación de la Ley N° 32123 y su reglamento, Y es que, este marco legal no solo mantiene los desequilibrios históricos del SPP, sino que además impone nuevas restricciones que vulneran derechos de los afiliados.

«El sistema previsional peruano, reforzado por la Ley N° 32123 y su reglamento, presenta tres problemas centrales: 1. Inseguridad para los afiliados, quienes ven cómo sus ahorros pierden valor y no tienen garantizada una pensión digna. 2. Rentabilidad asegurada para las AFP, que obtienen ganancias y comisiones millonarias independientemente de los resultados de los fondos. 3. Restricciones legales regresivas, que eliminan derechos previamente conquistados (retiros extraordinarios, libertad de elección) y consolidan un esquema obligatorio, coercitivo y excluyente», se lee en su planteamiento.

Hay que recordar que, tanto Pariona como Gonza cuentan con proyectos de ley para autorizar un octavo retiro de hasta S/21.400 de las AFP, que hasta el momento no han podido ser dictaminados en la Comisión de Economía del Congreso.

 Congreso de la República aprueba creación de la Universidad Nacional de Huaral

Por Dante Pacheco

El 10 de septiembre del presente año será considerado como un día histórico para los huaralinos, en razón de que el pleno del Congreso de la república aprobó por amplia mayoría la creación de la universidad nacional de Huaral -UNAH-, la misma que responde a uno de los más caros anhelos de los huaralinos, contar con una universidad propia y particularmente de la juventud estudiosa y a quienes siempre se les negó esa oportunidad.

Para nadie representa un secreto el hecho de que la mayoría de los profesionales y actuales estudiantes universitarios han tenido que realizar grandes esfuerzos por obtener un título universitario, sacrificios y esfuerzos que en casos fueron extremos, tanto por la distancia como por los problemas económicos, todo ello como resultado de tener que trasladarse a otro ámbito geográfico para efectuar los estudios correspondientes. 

El premio a la paciencia y al sacrificio se tradujo con una votación mayoritaria que alcanzó 86 votos y que, por la exoneración de una segunda votación, la iniciativa quedó aprobada formalmente y la ley expedita para empezar la tarea de construir e implementar las facultades con las que contará nuestra casa universitaria de modo inicial. La tarea queda en manos de las autoridades, de la sociedad civil y de la empresa privada para que cada cual haga lo que le corresponde en aras de nuestra juventud estudiosa; obviamente a la espera de que la autógrafa de la ley quede sancionada por el ejecutivo para su publicación en el diario oficial El Peruano.

Este hecho histórico, que si bien es cierto obedece a intereses políticos de sus protagonistas, tenemos que aprovecharlo al máximo, unirnos en un solo objetivo y empujar el carro para que el sueño acariciado por años se convierta en una realidad tangible en el tiempo más corto. Es verdad que existen brechas que cerrar y que el camino que queda no es fácil, por lo que es necesario el compromiso serio y responsable de todos los huaralinos para dejarles a nuestros hijos o nietos, la posibilidad de contar con una gran universidad, porque si Huaral es grande, su universidad también tendrá que serlo.

Gracias a quienes pusieron empeño en sacar adelante el proyecto y mil gracias por quienes votaron a favor del mismo, particularmente de Roberto Sánchez y Vivian Olivos… Hoy empezamos a escribir una nueva historia en las páginas de oro de Huaral.

Congreso: aprueban dictamen para endurecer las penas contra delito de sicariato

El Pleno el Congreso de la República aprobó, por unanimidad (106 votos a favor), el dictamen, que modifica los artículos 108-C y 108-D del Código Penal, Decreto Legislativo 635, para fortalecer la lucha contra el delito de sicariato. La propuesta fue exonerada de una segunda votación.

La modificación señala en su artículo 108-C sobre el sicariato: «El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de treinta años y con inhabilitación establecida en el numeral 6 del artículo 36, según corresponda».

Las mismas penas se imponen a quien ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa como intermediario.

También se establece que será reprimido con pena privativa de libertad de cadena perpetua si el sicariato se realiza valiéndose de un menor de edad o de otro inimputable para ejecutar el delito.

“El sicariato es uno de los delitos más graves y con mayor crecimiento en el país. Según los datos de la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Estadística e Informática, los homicidios dolosos ligados a sicariato han aumentado dramáticamente en los últimos años, con promedios de tres asesinatos por encargo diarios en el año 2024”, sostuvo el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz Solórzano.

“Este fenómeno impacta no sólo en la vida e integridad de las personas sino también en la seguridad ciudadana. El orden interno y la economía afecta el transporte, el comercio y los servicios públicos. El dictamen responde a la obligación del Estado conforme el artículo 44 de la Constitución de garantizar la seguridad y proteger la vida e integridad de los ciudadanos”, acotó.

Añadió que el objetivo de la norma es endurecer las penas tipificadas en el artículo 108C, sicariato y 108D, que es sobre conspiración y ofrecimiento para sicariato, ampliar agravantes.

“Responde a la crisis de seguridad ciudadana considerando que en el año 2023 se registraron más de 570 mil denuncias por delitos con fuerte presencia de homicidios y extorsiones, además cierra vacíos legales, fortalece la punición de las fases previas al sicariato”, indicó.

Cruz Solórzano subrayó que “el dictamen que presenta la Comisión de Justicia y Derechos Humanos es críticamente sólido, constitucionalmente legítimo y socialmente necesario, más aún en estos tiempos y su aprobación permitirá alinear el Código Penal con la magnitud de la amenaza del sicariato y el crimen organizado, sin vulnerar principios como la proporcionalidad o el debido proceso”.

Betssy Chávez queda vetada del Congreso luego de su excarcelación: “Trabajará donde tenga la oportunidad, pero aquí no”

El presidente del Congreso, José Jerí, anunció este lunes que la ex primera ministra Betssy Chávez, procesada por el fallido intento de golpe del expresidente Pedro Castillo a finales de 2022, no podrá trabajar en el Parlamento tras su excarcelación.

En diálogo con la prensa, el legislador explicó que Chávez, suspendida en 2023 de sus funciones mientras dura el proceso penal por el presunto delito de rebelión y conspiración, no puede ser contratada de ninguna forma.

“Ella intentó cerrar el Congreso, eso está en materia de investigación. Para nosotros como Congreso no procede. Trabajará donde seguramente tenga la oportunidad, pero en el Congreso de la República no”, puntualizó.

La declaración se produce luego de que su homólogo Roberto Sánchez, de la bancada Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, presentara un requerimiento para contratar a Chávez como asesora personal de confianza de nivel ocho. “Estaría contentísimo de contar con su apoyo en labores de asesoría”, señaló.

Paralelamente, un informe del Área de Asesoría Laboral del Legislativo concluyó que Chávez no puede ser contratada para desempeñar funciones mientras siga vigente la medida que la aparta de sus funciones parlamentarias.

El documento, dirigido al Área de Administración de Personal del Congreso, señala que el artículo 19 del Reglamento prohíbe a un congresista ejercer otra función pública. Además, destaca que la ex jefa de Gabinete no ha perdido su investidura ni está desaforada.

La semana pasada, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó la excarcelación inmediata de la ex primera ministra, quien enfrenta un pedido fiscal de 25 años de cárcel y cuya defensa presentó un habeas corpus que argumentaba que la ampliación del periodo de prisión preventiva se dictó fuera de plazo.

“Este tribunal considera imperativo resaltar que no se puede ‘sacrificar’ la libertad de una persona para convalidar la falta de diligencia de los operadores del sistema de administración de justicia. Por el contrario, corresponde tutelar su derecho fundamental a la libertad”, afirmó la sentencia.

El TC también destacó que, según el Código Procesal Penal, la prisión preventiva tiene un carácter temporal. Por tanto, si una persona supera el límite máximo de detención sin una resolución válida –incluso cuando se mantengan los motivos que justificaron la medida y el proceso aún no concluya– debe ser puesta en libertad.Betssy Chávez es consciente deBetssy Chávez es consciente de que podría morir en los próximos días si mantiene su huelga de hambre

Impedimento de salida

En tanto, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, ha solicitado al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria el impedimento de salida del país por 12 meses contra la expremier.

Congreso: proponen que candidatos puedan postular con otras organizaciones sin renunciar a su partido

Con la mirada puesta en las elecciones generales del 2026, el parlamentario Jorge Coayla, de Juntos por el Perú-Voces por el Perú, ha propuesto un cambio significativo en la Ley de Organizaciones Políticas.

En este momento en la Comisión de Constitución se encuentra con dictamen aprobado en el paquete de reformas electorales.

La iniciativa busca modificar el artículo 24-B para que los afiliados a un partido político puedan postularse como candidatos de otra organización sin renunciar a su partido de origen. Esta propuesta, según Coayla, fortalecería la democracia y la representatividad política, permitiendo elecciones más competitivas y minimizando conflictos internos en los partidos.

La propuesta también busca minimizar los conflictos al interior de los partidos, al permitir que los políticos puedan buscar alianzas más acordes con sus principios sin abandonar formalmente sus organizaciones.

Los críticos, sin embargo, podrían argumentar que la iniciativa podría llevar a una pérdida de identidad de los partidos y confusión entre los votantes. A pesar de las controversias, la reforma busca abrir un debate necesario sobre la adaptabilidad del sistema político a los tiempos actuales y a las dinámicas cambiantes de la representación ciudadana.